Por Mario Ávila //

Una semana intensa, de mucho debate, con sesiones nocturnas, acusaciones de ida y vuelta y una sola realidad vista desde diferentes ópticas, fue lo que ocurrió la semana próxima pasada en la Cámara de Diputados, en donde se analizó y se aprobó la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para el 2021 y en esta semana, justo ese será el gran tema en el Senado de la República.

Los opositores de hoy denunciaron que el mandatario nacional no permitió que se moviera una coma en su iniciativa, reclamaron que los legisladores de la fracción política del presidente, no atendieron ninguna de las sugerencias de modificación que se plantearon al documento y vaticinaron que su voto en contra, a sabiendas de que perderían en votación final, era con la intención de que no se les responsabilizara de la catástrofe a la que lleva al país el actual régimen.

Particularmente los diputados federales del Partido Movimiento Ciudadano por Jalisco, Mirza Flores Gómez y Manuel Herrera Vega, expusieron para los lectores del semanario Conciencia Pública, su posicionamiento con relación a la semana de trabajo más intensa que han tenido en el mes y medio que llevan de trabajo.

Particularmente Mirza Flores se dice con la conciencia tranquila, ya que considera que hizo lo que tenía que hacer, manifestar sus argumentos para votar en contra de la propuesta, pero a la vez confió en que en el Senado de la República, se pueda enmendar la plana de los errores que se cometieron en la Cámara Baja.

En tanto que el empresario y diputado federal, Manuel Herrera Vega, expuso tres puntos en particular que dañarán a la economía del país, por las determinaciones recién tomadas, pero a la vez consideró que en la evaluación que se hace desde la Presidencia de la República siempre está presente la intención de recurrir al endeudamiento, sobro todo si los pronósticos matemáticos no le resultan al presidente y a su partido.

Pese a la postura de los opositores, con 260 votos a favor y 218 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó finalmente la miscelánea fiscal para 2022 que contiene reformas a las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Código Fiscal de la Federación, entre otras disposiciones.

De la misma manera, en el maratón legislativo de cuatro días, después de sesiones de media noche, tras 44 horas de debate parlamentario y a las 5:27 de la mañana del viernes, quedó aprobada también la Ley de Ingresos 2022 en la que se estiman ingresos por 7 billones 088 mil 250 millones de pesos; un crecimiento de la economía de 4.1%; una inflación del 3.4% para el año venidero; un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar; un precio del barril del petróleo a razón de 55.1 dólares y una producción petrolera de 1 millón 826 mil barriles diarios.

Se estima también que el gobierno pueda endeudarse hasta 845 mil millones de pesos. Los recursos que se obtengan por la regularización de los autos extranjeros en la frontera norte no serán parte de las participaciones que reciben las entidades federativas, es decir se habrán de quedar en los estados fronterizos para ser utilizados para la pavimentación de calles y avenidas.

Con ello, Morena dice que busca reactivar la economía, sin embargo, para la oposición están subestimadas estas proyecciones económicas; en tanto que en el dictamen de la Miscelánea Fiscal, lo que más destacó fue la incorporación al régimen federal de contribuyentes de los jóvenes de 18 años sin actividad económica y sin que sean sancionados en caso de no hacerlo. Una redacción especial para evitar sanciones de 3 mil 600 pesos hasta 11 mil 600 pesos a quien no se registre.

LOS SECTORES MÁS PERJUDICADOS

Para el diputado federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Manuel Herrera Vega, la de esta semana en la Cámara de Diputados “fue una discusión intensa, nosotros consideramos desde la bancada naranja que desafortunadamente Morena el partido en el poder, con sus aliados, no propiciaron ni permitieron un debate real de muchos de los temas que preocupaban tanto al sector académico como al sector productivo y como algunos de los expertos sobre la miscelánea fiscal”, expuso.

Tuvimos un debate muy intenso -dijo-, y también hubo cosas buenas, cosas que nos hubiera gustado como bancada haber acompañado en su aprobación, como por ejemplo votando a favor del dictamen de la miscelánea fiscal, sin embargo, tuvimos que votar en contra justamente porque muchos de estos temas no tuvieron el análisis necesario ni los diputados del partido en el gobierno se abrieron al debate para poder llegar a una miscelánea que realmente cumpliera con las expectativas de nuestro país.

Los 18 años nos preocupa -particularizó-, porque tenemos que obligar a un joven a tener su registro federal de contribuyentes cuando éste es un mecanismo de tributación en el momento en que una persona entra en la actividad económica. Nos parece una cosa innecesaria y nos parece un mecanismo total de control del Estado, donde evidentemente se pone en juego la libertad de los jóvenes de decidir el momento necesario de comenzar con ese tema.

Por otro lado -abundó-, nos preocupa el tema de los autos chocolate. La industria automotriz será gravemente perjudicada, ya que prácticamente van a chatarrizar a México. Toda esa chatarra que Estados Unidos ya no quiere nos la van a mandar acá con autos que son muy contaminantes, que van a contaminar al medio ambiente además de ser una competencia desleal.

Otro de los temas -expuso-, es el de la industria maquiladora, la manera como se generan los precios de referencia para tributar, tienen dos opciones que es los Apas y el Harbor, hoy también se le da un golpe a la competitividad en nuestro país en la industria maquiladora inhibiendo la inversión y generando distorsiones para este sector que es tan importante para la generación de empleos en nuestro país.

“Hay un mecanismo que se llama APA mediante el cual el SAT a través de una metodología puede identificar, verificar los precios de referencia para poder tazar la utilidad en la maquila y cobrar los impuestos a este sector”.

“Hay otro mecanismo que tiene establecido Estados Unidos que se llama Harbor, que lo que hace es lo mismo solamente que la metodología es diferente porque ellos se basan en los activos totales dentro de la fórmula. Y como hoy viene funcionando es que la empresa dependiendo de su situación y porque hay empresas por ejemplo estadounidenses instaladas en México, o mexicanas instaladas en Estados Unidos, la manera de tributar es que las empresas escogen la metodología que les acomoda mejor”.

“Pero hoy en esa miscelánea fiscal prácticamente quieren desaparecer la metodología del APA y eso sería un golpe para muchas maquiladoras ya que el otro sistema no está realmente adecuado para su manera de operar”.

Para el diputado, Manuel Herrera Vega, un tema que también afecta al gremio empresarial y en particular al sector logístico y de transporte, se aprobó en este paquete de la miscelánea fiscal planteó: “Aquí también se generan distorsiones con las nuevas disposiciones para la Carta-Porte, un mecanismo por el cual los transportistas de mercancías tienen que tener en tiempo y forma una serie de documentos que estén avalando muchas situaciones desde quién es el chofer, de quién es el vehículo, cuál es la mercancía que tiene en ese momento y eso con las modificaciones que se dan en la miscelánea fiscal, un chofer que vaya transportando mercancía, si no lleva todo en orden puede incluso ser detenido por la autoridad.

“Este sistema como lo está planteando la miscelánea fiscal, lo hace totalmente inoperante porque podría, imagínate tú cuando estamos hablando de una empresa de transporte digamos grande, que trabaja con los grandes almacenes de nuestro país, pues tienes sistemas de información muy sofisticados que les permite ir haciendo los cambios en tiempo real, porque en la logística se presta a muchas cosas. Por ejemplo, cuando los trayectos son largos llega el momento en que se tiene que sustituir un chofer por otro y llega un momento incluso en el que se tienen que hacer cambios de equipo, pasar algunas mercancías a otro vehículo, los transportes van dejando mercancías en diferentes lugares y para el hombre-camión o para las compañías de transporte más pequeñas, que son las que normalmente dan servicio a la micro pequeña y mediana empresa, esto prácticamente se vuelve inoperante y no solo inoperante sino que podrían pagar justos por pecadores, porque esta disposición se creó para combatir el contrabando; nosotros estamos totalmente a favor de que se combata el contrabando y las prácticas ilegales, pero esta medida de la Carta-Porte de la miscelánea fiscal sin duda es inoperante y pone en riesgo al sector del transporte y la logística en nuestro país.

SI A LÓPEZ OBRADOR LE FALLAN SUS PRONÓSTICOS LOS RESOLVERÁ ADQUIRIENDO DEUDA: HERRERA VEGA

En particular sobre La Ley de Ingresos 2022, el diputado Herrera Vega dejó en claro: “Nosotros creemos que es un proyecto de ingresos optimista, me parece que el crecimiento de 4 puntos del PIB y 8% de los ingresos, es probable que sí se alcance, pero la verdad es que no se está midiendo con un mecanismo para largo plazo, esta ley de ingresos que viene a partir de la miscelánea fiscal, va a poder a lo mejor arreglar algunos asuntitos en el corto plazo, pero el riesgo de que por algún cambio en los indicadores macroeconómicos no lleguemos a esas meta, también es real y entonces el gobierno siempre acude a la deuda”.

“Y a mí, lo que me llama mucho la atención y es muy importante aclarar, es que en nuestro país sí sigue incrementándose la deuda, han tratado de engañar a la gente diciendo que no estamos incrementando la deuda, cuando en nuestro país se ha venido incrementando en su nivel de endeudamiento de manera muy importante, no solo en los últimos años sino en los últimos meses; eso es lo que nos preocupa porque además el dinero no se está invirtiendo en proyectos realmente productivos que garanticen que está bien invertido el dinero. Esa sería la mayor preocupación, el nivel de endeudamiento si no logramos llegar a esos objetivos que se han planteado en la Ley de Ingresos 2022”, sentenció el legislador federal jalisciense.

Por lo que toca al papel que espera se realice en el Senado de la República, a donde se turnó el paquete económico, Manuel Herrera estableció: “No me queda duda que el nivel del debate en el Senado será igual de apasionado que en la Cámara de Diputados, porque tanto la miscelánea como la Ley de Ingresos dejan mucho que desear, no es lo que nuestro país necesita y tendremos que seguir tratando de incidir en los temas que no se lograron sacar”.

“Yo resaltaría uno muy importante, este golpe tan fuerte que se le da a las organizaciones de la sociedad civil, cuando se limita la manera como las personas físicas pueden donar a las asociaciones que realmente tienen una repercusión muy importante en muchos temas, en donde sabemos que el gobierno a veces por incapacidad no logra llegar y me refiero obviamente a las organizaciones que ayudan en todo el tema de salud como el cáncer de niños, cáncer de mama, los orfanatorios, las casas hogar; todas estas organizaciones que se dedican a combatir la corrupción, a promover el deporte, a promover la cultura. Son muchas luchas de miles de mexicanas y mexicanos a los que hoy desafortunadamente se les está agraviando con esta miscelánea fiscal”, advirtió.

Opinión, por Cayetano Frías Frías //

La reforma energética de 2013 consolidó su proceso de negociación en los sótanos del Congreso de la Unión, donde funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y líderes de legisladores intercambiaron votos por maletas y bolsas repletas de billetes, además de promesas de apoyo para fortalecer los cacicazgos regionales a través de los gobiernos estatales.

Como el prometer no empobrece, dijeron que con la reforma iban a crear 3.5 millones de nuevos empleos, uno entre 2013 y 2018, en tanto que de 2019 a 2025 se crearían 2.5 millones más. Las maravillas de la reforma alcanzarían para sumar un crecimiento porcentual en el Producto Interno Bruto del 1 por ciento al año de 2018, mientras que para 2025 ya se sumarían 2 puntos porcentuales más.

En materia petrolera, prometieron que se lograría elevar la producción hasta 3 millones de barriles diarios, gracias a que en conjunto con los proyectos privados en generación de electricidad, aseguraban que llegarían carretadas de billones de dólares en inversiones, además de reducir significativamente los precios de los combustibles para automotores e industrias, así como para el consumo doméstico de electricidad.

¿Y cuál ha sido el resultado?

Entre 2015 y 2016, en las sedes petroleras de Ciudad del Carmen se perdieron 22 mil empleos, en tanto que en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, fueron canceladas 3 mil 500 plazas, según reportes del IMSS.

Hay competencia en la distribución de combustibles, pero los precios se han elevado en lugar de reducirlos, lo cual desmonta la promesa de que bajarían los costos al usuario final. En cuanto a producción diaria de barriles de petróleo, a septiembre de 2021 Pemex reportó un promedio de 1 millón 666 mil barriles diarios, de los cuales solo el ridículo 1.8% fueron extraídos por los contratistas privados con 30 mil barriles diarios, a ocho años de aprobada la reforma. En cuanto al gas doméstico, el monopolio de unos cuantos a nivel nacional, triplicó el precio de un tanque de 30 kilos entre 2016 y 2020.

Aún así se quejan los empresarios de que están detenidos decenas de proyectos, cuando no han mostrado interés por invertir en otros tantos que tienen autorizados desde el gobierno de Peña Nieto.

Un análisis elaborado por los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, concluye que “la reforma se orienta más bien hacia la extracción de hidrocarburos como estrategia para la obtención de divisas, de recursos fiscales y de beneficios que dañan las posibilidades reales de crecimiento en el largo plazo, en parte porque conduce a una excesiva dependencia de la demanda externa y a una alta vulnerabilidad ante los cambios en los precios de las materias primas”.

En el documento “Reforma Energética 2013/2014”, Francisco Martínez Hernández, Mónica Santillán Vera y Ángel de la Vega Navarro, cuestionan que “el planteamiento de contenido nacional de la reforma energética como garante de desarrollo industrial para el país, más allá de aprobable o reprobable, es anacrónico respecto a las formas actuales del comercio internacional e incluso de la legislación mexicana vigente”.

Apuntan, entre otros errores, que los tratados internacionales firmados por México, están por encima por ejemplo del 3 por ciento a que obligan a las trasnacionales, como cuota de contenido nacional en los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas.

Habrá que hacer notar que el desmantelamiento de Pemex fue más agresivo a partir del 16 de julio de 1992, al publicarse la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos subsidiarios, los cuales serían en adelante Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. A partir de entonces se abrieron las puertas a la iniciativa privada sin aval de una reforma constitucional, por orden de Carlos Salinas de Gortari. En 2018 ya sumaban más de 60 empresas creadas como apéndices de Pemex, todas dedicadas al saqueo del erario en mayor o menor medida.

En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, tema que ha provocado mayor escozor en el ala conservadora de los políticos y empresarios, la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para una nueva reforma en materia energética, en la cual entran además los hidrocarburos y el litio, se precisa que de seguir el mismo marco legal, la Comisión Federal de Electricidad va a desaparecer.

Pintan un panorama de caos, al señalar que tan solo en los rubros de la energía no despachada que equivale al 45 por ciento de la capacidad de generación de la CFE, la compra anual de energía a permisionarios privados y el pago de certificados de energías limpias, se registran pérdidas anuales por 444 mil 459 millones de pesos.

El 29 de marzo de 2016, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para fragmentar a la CFE en nueve empresas, las cuales operan con autonomía, pero en la Ley sigue apareciendo como responsable de ellas el director general, sin que pueda intervenir en la administración de éstas.

Actualmente la reforma peñista avala cuatro modalidades de operación a la inversión privada: Productores Independientes, Sociedades de Autoabastecimiento, Subastas de Largo Plazo y centrales construidas tras la reforma energética. Las dos primeras son ilegales, dado que fueron rescatadas de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual fue abrogada al entrar en vigor la reforma de 2013. Con base en ese esquema ilegal, se tolera que las empresas privadas se hayan apropiado del 43 por ciento de la generación de energía, cuando sus inversiones no van más allá de una capacidad del 19 por ciento y esto causa un quebranto económico que no es precisado en la iniciativa de reforma.

Otro daño a las finanzas de la CFE, lo cometen los permisionarios que no pagan la tarifa de porteo tipo estampilla postal, al no cubrir el costo real del transporte de la energía, alteran el orden del despacho de energía y le da ventaja a las ofertas de localidades más distantes las cuales saturan las redes eléctricas sin el correspondiente pago. Una consecuencia de lo anterior, es la simulación de los operadores privados, pues en 239 centrales eléctricas de autoabastecimiento tienen 77 mil 764 grandes consumidores “socios-clientes” con acciones de un dólar y que tienen acceso a los subsidios, además de que les facturan los servicios, incurriendo en fraude fiscal.

El servicio de energía tiene cuatro sistemas en el país: Sistema Eléctrico Nacional, Sistema Interconectado Nacional, Sistema Eléctrico Aislado de Baja California y Sistema Eléctrico Aislado de Baja California Sur, lo cual provoca las dificultades cuando un permisionario reclama a la CFE que envíe energía de un sistema a otro independiente.

Algo increíble, es que más de cien centrales de generación de energía han sido financiadas mayoritariamente con recursos públicos, tanto desde la Banca de Desarrollo e incluso para disponer del patrimonio que los trabajadores tienen en las Afores, pues ha apalancado 123 proyectos entre 2014 y 2020, con tasas preferenciales y aportando por arriba del 50% de los recursos invertidos.

Bancomext aportó el 64 por ciento en 69 proyectos, Nafin el 71 por ciento en 36 proyectos y Banobras el 66 por ciento en 18 proyectos. Aunque en la iniciativa no se precisan cantidades invertidas, el Consejo Coordinador Empresarial informó el jueves pasado que los empresarios mexicanos han canalizado 21 mil 500 millones de dólares en el desarrollo de parques fotovoltaicos y eólicos entre 2010 y marzo de 2021, por lo cual la aportación de la Banca de Desarrollo y de las Afores, debe ser muy superior a esa cantidad. Sumados todos los rubros en que se escamotean recursos a la CFE, sin exagerar hay pérdidas superiores al medio billón de pesos, gracias a la reforma energética peñanietista.

En esa crónica del caos, merece medalla especial la ausencia de planeación para responder a las necesidades reales de cada región y subsanar carencias en las zonas de mayor rezago. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía con Peña Nieto, otorgó permisos de generación sin el menor respaldo de un documento que visualizara la demanda en esa fecha y los requerimientos a futuro.

La demanda estimada a 2024 es de 52 mil 410 MW, pero ellos autorizaron permisos por 104 mil 372 MW, es decir, que los permisos duplican la demanda. A 2021, la CFE reporta que ya están instalados 86 mil 039 MW, cuando la demanda real máxima en 2020 fue de 46 mil 628 MW.

Eso sin contar que están pendientes de aprobación solicitudes de generación instalada para llegar a 134 mil 409 MW, que equivale al triple de la generación requerida, cuando la CFE considera que con una capacidad de reserva entre el 15 y 20 por ciento, es suficiente para operar el sistema eléctrico nacional en condiciones de seguridad. ¿Dónde irán a colocar casi 80 mil MW si se aprueban todas las solicitudes?

LA INICIATIVA DE AMLO

Como lo precisa en su presentación, es una “reforma en materia energética”, en la cual sobresalen las modificaciones a la Constitución, para que el Estado recupere la exclusividad en la explotación y administración de los recursos naturales -el petróleo, el litio, energía nuclear, el agua-, así como preservar a la Comisión Federal de Electricidad como institución dominante en el mercado y rector de la distribución de la energía eléctrica, que en adelante se tendría contemplado como asunto concerniente a la seguridad nacional y emblema de soberanía, no solo como empresa proveedora de servicios o supeditada a entes externos como los permisionarios privados, que es la situación actual.

Las empresas privadas abastecen el 62 por ciento de la demanda de energía eléctrica, privilegiadas por contratos ilegales y actos de simulación entre proveedores y clientes, en tanto que la CFE solo aporta el 38 por ciento, con el quebranto natural al desperdiciar el 19 por ciento de su capacidad de generación. En la iniciativa se plantea que la CFE genere por lo menos el 54 por ciento de la energía, en tanto que los privados podrán participar con un tope del 46 por ciento de la demanda.

Se propone desaparecer las nueve empresas autónomas que crearon durante el gobierno de Peña Nieto, además de integrar ya sin autonomía a la CENACE a la CFE, en tanto la CRE también deja de ser autónoma y se integra en la Secretaría de Energía.

“Tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”, puntualiza la iniciativa.

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”, se precisa para rechazar las concesiones de los gobiernos neoliberales.

Opinión, Por Pedro Vargas Avalos //

Desde que se instaló la electricidad en el país, año con año se incrementó su importancia hasta llegar a ser vital, puesto que se le necesita en casi toda actividad humana. En consecuencia, es un servicio público que indispensablemente debe estar legislado en sus cuatro etapas: Generación, Transmisión, Distribución y Utilización.

Si la patria entera depende de que se posea suficiente energía eléctrica, es indiscutible que la rectoría en tal materia debe corresponder al Estado, que es el único ente que garantiza sin intereses lucrativos ni desviados, la continuidad del suministro de tan esencial fluido. Una nación sin soberanía eléctrica, es una nación a la deriva.

A fines del siglo XIX se inicia la actividad electricista en nuestra República: La primera planta generadora data de 1879, instalada en León, Guanajuato, y utilizada por la fábrica textil “La Americana». Luego, en diciembre de 1881 se instalaron las primeras lámparas en la ciudad de México y paulatinamente, muchas compañías mineras, textiles e industriales fueron forjando sus generadoras de energía eléctrica, vendiendo sus excedentes a los gobiernos para que el alumbrado público se extendiese.

En 1892 se fundó la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctrica por el señor J. María Bermejillo, que fue el antecedente de la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala Sociedad Anónima, cuya enorme importancia para el Estado de Jalisco, es semejante a la de la planta poblana “Necaxa” para el valle de México. En ambos casos, el objetivo final no solo era dar un servicio, sino obtener utilidades de orden económico. Ante tal situación, en 1926 se expidió el Código Nacional Eléctrico, que, con disposiciones muy generales, permitió a las empresas se desarrollaran y los servicios residenciales fueran más integrales, dándole un trato diverso al de índole industrial-comercial.

Hubo compañías que dominaron a empresas de menor peso, y así, en los años treinta de la centuria pasada, había dos sociedades (con mayoría de capital extranjero, ya de Canadá, Inglaterra o Estados Unidos y Francia) con matices de duopolio: el gobierno forcejeó con ellas para mitigar los precios. El panorama subsiguiente fue que las inversiones en esa área disminuyeron y extensos territorios carecían de electrificación, pues todo estaba sujeto a que fueran negocio redituable. Por ello como respuesta a tal situación, en 1934 se decretó que la Federación pudiera crear la Comisión Federal de Electricidad, la cual tardó en concretizarse, y hasta 1937 empezó a funcionar debidamente, teniendo al notable ingeniero jalisciense, Carlos Ramírez Ulloa, como primer director (1937-1947).

Ahora la mística consistió en llevar electricidad a todos los rincones de México, por lo que para 1940 dicha CFE inició la construcción de su primera central eléctrica –(la de Valle de Bravo, en el Estado de México). Según el investigador Luis Aboites Aguilar: “Allí está la semilla de la nacionalización de la industria ocurrida 20 años después. Sólo por el creciente involucramiento gubernamental puede entenderse la construcción de Infiernillo”, y luego las sucesivas hidroeléctricas que surgieron en el resto del país. En nuestra Entidad federativa, la compañía Hidroeléctrica de Chapala (desde 1940 propiedad federal) junto a la CFE, tuvieron estelar participación, pues aportaban el 66 por ciento del aumento de energía para el servicio público en 1959. (Enciclopedia de México, T. 5, pág. 2460).

Así las cosas, ante la urgencia de que todos los mexicanos pudieran tener acceso al servicio eléctrico, y la productividad nacional creciera para fortalecer a la república, el 27 de septiembre de 1960 se decretó la nacionalización de la industria eléctrica; el presidente Adolfo López Mateos, en esa memorable ocasión dijo al pueblo de México: “Les devuelvo la Energía Eléctrica, que es de la Exclusiva Propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del País intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el Petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al Nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la Energía Eléctrica… Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación…”

Entonces hubo dos grandes compañías propiedad del Estado mexicano: CFE y Luz y Fuerza del Centro, ésta para la región central y aquella para el resto del país. Los malos mexicanos (a los que aludió López Mateos) lograron en el gobierno de Felipe Calderón, que éste decretara el 11 de octubre de 2009 la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; ahora todas sus baterías (de esos pésimos dizque connacionales) se enderezarían a la CFE.

Ese objetivo, perseguido por organismos extranjeros y codiciosos negociantes nacionales, encontraron aliados oficiales gracias a la corrupción que imperó en el régimen de Enrique Peña Nieto. Este, un verdadero cabecilla de latrocinadores, se valió de todas las argucias para que la CFE se debilitara y ya deteriorada, se pudiera desestimar y dar cabida al capital privado, donde el de procedencia extranjera tendría prioridad y además, subsidios. De esa manera se instrumentó la “reforma energética” de 2013, misma que sin pudor alguno, echando mano hasta del soborno, se impuso, en contra de los intereses del pueblo y desde luego, del Estado nacional.

Son incontables los mecanismos que ahora se aplican para burlar al fisco, debilitar a la CFE, favorecer a los empresarios sin escrúpulos y comprar a los comentócratas que se desvelan, un día sí y otro también, por estigmatizar los esfuerzos para que México recobre su soberanía energética. Un ejemplo de estos, es Sergio Sarmiento, quien, a sabiendas de mentir, pregona que cuando se nacionalizó la electricidad en 1960, ya no se pudo electrificar por falta de capital, siendo que, a partir de ese hecho, es cuando el servicio eléctrico llegó y cubrió, casi completa, la faz de nuestra patria, beneficiando a todos sin distinción, trátese de personas o poblados.

El tramposo sistema de autoabasto de energía, que imperó tras la malhadada “reforma” peñista, (que evidentemente fue contrarreforma) optó luego por la atracción de socios de “un peso”, con lo cual logró que grandes empresas (realmente sus clientes, pues es un mercado paralelo) aparezcan como autogeneradores (lo cual es falso) y con ello pagar sumas ridículas por el servicio eléctrico (aquí están Bimbo, Oxxo, Cemex, Kimberly Clark, etc.). Por si eso fuera poco, la introducción de Certificados de Energías Limpias (CEL) dizque para incentivar la generación de energía limpia, han sido un negociazo de esas compañías rapaces, que según informó la secretaria Rocío Nahle, si no se atajan, costarán al país cien mil millones de pesos en dos décadas.

Los enemigos de la actual iniciativa sobre electricidad, dicen que los paneles solares de particulares serán cancelados, lo cual es monumental mentira, pues nada de eso se prevé en el proyecto. Otra falsía es que la CFE no producirá energía limpia, siendo que actualmente tiene capacidad de generar un 55% de tal electricidad, además de que con la reforma podrá tener a sus plantas hidroeléctricas (que producen energía limpia) a toda su capacidad, la cual por los frenos que se le impusieron el sexenio pasado, está a media funcionalidad.

El ejemplo que tenemos con lo que pasó en Texas (donde los privados hacen lo que les place) hace uso meses; lo que actualmente padece España (por tener toda su generación en manos privadas) y en muchos otros países, es una severa advertencia para México, que por fortuna posee a la CFE, la cual se debe fortificar a la par que la republica asuma la rectoría energética.

No hay vuelta de hoja: los particulares solo buscan ganancias a cualquier costo, en tanto que los organismos públicos tienen como objetivo servir al pueblo. Ver la electricidad como simple negocio es fatal para la nación. Conservar una porción para los empresarios es lo que reviene la actual iniciativa en tal ramo, pues respeta a la inversión privada reservándole un 46 por ciento, lo cual es más que suficiente para que se hagan buenos negocios, pero eso sí, dejando la rectoría al Estado.

Lo que declararon algunos exdirigentes del priísmo, es porque unos fueron dirigentes entreguistas de la CFE, otros, tienen cuentas pendientes por sus conductas y los demás, porque del nacionalismo que sostuvo el tricolor, no tienen memoria es menester recordarles la parte final del discurso del presidente Adolfo López Mateos en 1960: “En México la Constitución es muy clara: ¡¡¡los Recursos Energéticos y los yacimientos petroleros son a PERPETUIDAD PROPIEDAD UNICA Y EXCLUSIVA DEL PUEBLO MEXICANO!!!

Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en Manos de Extranjeros.

El resto de las especulaciones al respecto son Traición a la Patria. Industrializar el País no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la Patria”.

Esa vehemente exhortación del gran conciudadano que fue López Mateos, debería vibrar en la conciencia de los actuales y futuros ciudadanos de nuestra gran nación, que en materia energética debe salvaguardar a toda costa, su plena soberanía.