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OPINIÓN

En la Mira: Ministerio de la verdad

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Por Óscar Constantino Gutiérrez //

Después de dos décadas y media del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el balance de nuestro Estado de Derecho es deprimente: en 25 años no se han modificado el autoritarismo, la arbitrariedad, el «golpear en lugar de investigar» y la construcción de posverdades.

El fenómeno no es nuevo. George Orwell, en Recuerdos de la Guerra de España, publicada en 1942, dice que «ya de joven me había fijado en que ningún periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas, pero en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. Vi informar sobre grandiosas batallas cuando apenas se había producido una refriega, y silencio absoluto cuando habían caído cientos de hombres. Vi que se calificaba de cobardes y traidores a soldados que habían combatido con valentía, mientras que a otros que no habían visto disparar un fusil en su vida se los tenía por héroes de victorias inexistentes; y en Londres, vi periódicos que repetían estas mentiras e intelectuales entusiastas que articulaban superestructuras sentimentales sobre acontecimientos que jamás habían tenido lugar. En realidad vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas “líneas de partido”. Sin embargo, y por horrible que fuera, hasta cierto punto no importaba demasiado».

Y no, nadie espera que la objetividad y neutralidad periodística sea total, pero hay una distancia muy grande entre la honestidad intelectual de buscar esos valores y el cinismo idiota de algunos voceros que defienden la posverdad, aduciendo un supuesto origen propagandístico de la prensa. Los orígenes no justifican presentes, valga el ejemplo: el talión histórico no justifica actualmente la justicia por propia mano, ni la arcaica lapidación palestina valida la actual violencia de género. Así como sería absurdo defender esas barbaridades, lo es respaldar a la prensa como órgano de propaganda.

Lo tratado en los párrafos precedentes viene a cuento de que una de las posverdades más invocadas —y torpe— es que la corrupción es hija de la impunidad. En realidad, los padres de la corrupción son el autoritarismo y la ineficiencia: el primero la causa y la segunda la facilita.

La ineficiencia disminuye el costo de oportunidad de la corrupción. Pero, sobre todas las cosas, el autoritarismo engendra a la sinvergüenzada: la corrupción tiene el rostro de su padre, el poder ejercido sin limitaciones, abusivamente.

La corrupción no es más que la cara económica del poder abusivo: implica saltarse las reglas porque se puede, porque hay poder sin restricciones, sin consecuencias negativas por ejercerlo. Y hay que recordar que democracia es el poder con límites y controles. Así, se cierra el círculo entre gobierno democrático-de leyes-honesto y se explica su versión perversa de gobierno autoritario-delincuente-deshonesto.

Por tanto, un gobierno autoritario es necesariamente corrupto. No hay despotismo honesto, por más que los manufactureros de posverdades se empeñen en disociar la relación causal entre el autoritarismo y la corrupción.

Colosio fue mártir tres veces: durante una campaña dirigido a sobajarlo, al ser asesinado y al deformarse la verdad jurídica de su homicidio. Fue víctima del autoritarismo y la posverdad en tres momentos.

Más que conmemoraciones dolorosas, a Luis Donaldo le debemos la intolerancia total a la arbitrariedad. Hay que recordar que una autoridad que abusa de su poder se convierte en un delincuente en flagrancia y no merece consideración alguna. No permitamos que los gobiernos constituyan ministerios de la verdad, como el descrito por Orwell en 1984: los últimos 25 años de mentiras fueron demasiado y el caudillaje bueno es otra posverdad barata.

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OPINIÓN

¿Y los enfermos por el Río Santiago, cuándo?

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Jalisco tiene dos problemas muy graves que reclaman atención urgente: uno es el de los desaparecidos que durante el pasado año fueron contabilizados 2,100 personas que ya no regresaron a sus hogares y que muy posiblemente estén ya sin vida la mayor parte de ellos; y el segundo gran problema lo constituye la población que está en la ribera del río Santiago y que son aquejados, principalmente, por el cáncer y enfermedades renales.

El tema de los desaparecidos marca agenda, tanto que este fin de semana el gobernador volvió a descalificar el trabajo de los periodistas, como el del columnista de El Informador Rubén Martín, por poner el dedo en la llaga al subrayar con la enjundia y el valor que lo distingue la desaparición de 7 jóvenes y que por fortuna, hasta la información que teníamos la noche de este domingo, 5 de estos ya habían regresado a sus hogares, faltando dos aún y que quiera Dios vuelvan a sus casas.

Sobre el malestar del gobernador Alfaro podemos interpretar como un buen indicador el que se irrite con la denuncia y crítica periodística, lo que lo obliga a que el tema le ponga atención especial para cuando menos taparnos la boca a quienes tanto molestamos por la forma reiterativa como cincelamos estos sucesos que en un país con un gobierno de a deveras no pasan, cuando las instituciones y órganos de gobierno funcionan, países en los que no hay impunidad.

El otro gran tema son los enfermos por la contaminación del río Santiago, que es el asunto número uno en la agenda del gobernador que tine como bandera la refundación del Estado. Bien que Alfaro luche por rescatar el río Santiago, el río de la muerte. Bien que tenga un programa de obras de infraestructura cuyo avance mostró hace unos días cuando encabezó la macro excursión para que sus críticos de la prensa y autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) conocieran lo que están haciendo.

Sin embargo, queremos que ese temperamento del gobernador aflore con la misma enjundia para que se atienda el problema de salud que tienen cientos o miles de ribereños por la contaminación de este río que tantas muertes ha ocasionado y que provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga y exija atención urgente y extraordinaria en materia de salud que, por cierto, no se ve.

Sí, que se enoje Alfaro por las injusticias que las mafias del poder han hecho con los habitantes de estas zonas pobres; que se irrite con las autoridades anteriores y con los monigotes inútiles que están al frente de la Secretaría de Salud que tienen a Jalisco en el primer lugar por muertes de dengue e influenza.

Sí, que a ellos les grite y hasta, les hable directo y de frente, de que son unos inservibles que no sienten el dolor humano, que están picados por la ponzoña de la soberbia por ser parte del poder de la gran burocracia.

¿Por qué Alfaro no organiza una macro-excursión para que de viva voz los enfermos que genera la contaminación del río Santiago le relaten cómo son ignorados y cómo poco a poco se van muriendo por falta de atención médica adecuada?

Todo lo que nos rodea está en un problema mayor, que se llama devastación y despojo socioambiental porque nos han quitado la tranquilidad, la sangre, la vida, el derecho de vivir donde queremos estar”, grita con impotencia la activista Graciela González Torres, quien forma parte de la asociación civil un Salto de Vida y que reclama esa agención urgente y extraordinaria.

ESTUDIO A CINCO AÑOS

En el marco de la macro-excursión el gobernador Enrique Alfaro al lado del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunció que la casa de estudios con sus investigadores realizará un estudio -otro más- para conocer las causas que han generado estas enfermedades en la población y que estará listo en cinco años, o sea, cuando el sexenio concluya, lo que hace pensar que estarían pateando el bote y que la UdeG se presta al juego perverso.

El gobernador Alfaro debe convocar a una macro-excursión exclusiva para ver el tema de salud y las enfermedades que sufre esta población del río Santiago y que le quite presupuesto a áreas superfluas de su gobierno para destinarlas a la atención de esta población en forma urgente como lo indica las Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sí, que el gobernador por este tema de contaminación y salud se pelee con el gobierno central y después, cuando haga las pases, lleve al Presidente López Obrador a esta zona y lo comprometa a que le entre el Gobierno Federal. Creo que ese pleito por la salud de esta gente jodida los jaliscienses se lo aplaudirían.

¡Qué se enoje el gobernador por el abandono y por el crimen que se ha cometido con estas familias y ese político de echado para adelante lo veamos defendiendo a los sin voz, a aquellos que no tienen dinero, medicinas ni servicios de salud para seguir viviendo!

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OPINIÓN

La delegación federal ¿naranja?

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Muchos se preguntaron por qué el ingeniero Enrique Alfaro, durante la más reciente visita que realizó Andrés Manuel López Obrador a Los Altos de Jalisco, elogió el trabajo de quien cobra aquí como delegado federal, Armando Zazueta. Pues bien, la respuesta parece que tiene que ver con un acuerdo entre el gobierno naranja y la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo.

Fuentes allegadas al primer cerco alfarista aseguran que el pacto fue planteado desde la Ciudad de México y consiste en mantener una coordinación tal, que promueva y empodere a personajes que tengan posibilidades reales de contender en las elecciones del 2021, con la mira puesta en el 2024.

Un ejemplo muy claro de ello, es el que se miró justo hace una semana, cuando el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus y la diputada federal emecista Fabiola Loya, encabezaron la entrega de apoyos a adultos mayores, invitados por el subdelegado regional, Demetrio Almeda Hernández.

Sobre lo anterior hay que destacar que no sólo contraviene la instrucción del presidente, quien en octubre giró un oficio mediante el cual pidió a los delegados evitar hacer uso de los programas sociales con sesgo partidista o para la auto promoción personal, sino que además se configura un delito, según lo establecen los Lineamientos Generales que Regulan las Funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar.

Hay más. Detrás del trato se escondería una apuesta que puede provocar una crisis de pronóstico reservado entre los militantes de Morena en la entidad. Resulta que en virtud de que viene la renovación de los mandos tanto a nivel nacional como local, se habría puesto en marcha una estrategia con la finalidad de apoderarse de la dirigencia estatal y así controlar las finanzas del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero por si faltara algo, existe la promesa de caminar de la mano con el gobierno estatal, a fin de evitar la derrota de Movimiento Ciudadano, en especial en el área metropolitana.

Nadie me sabe decir si de por medio habría varios millones de pesos de compensación, sin embargo, lo que sí me aseguran, es que de esto nada sabe López Obrador. Bueno, hasta hoy.

La lógica que mueve a los promotores de esta tenebra, tendría que ver con el hecho de que buscan ampliar sus espacios de poder político y económico, sin importar los principios que rigen a la 4T. Debido a que ya dominan la dependencia federal más importante de Jalisco, su siguiente objetivo es imponer candidaturas abyectas y consensuadas con los operadores anaranjados.

Así, ahora que trasciende la existencia de esta conjura, es preciso que AMLO atienda el asunto, puesto que los ánimos entre muchos de sus seguidores en el Estado están al borde del hartazgo.

Para terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad para comentar tan sólo un caso que describe con toda precisión el perfil de quienes están al frente de la delegación federal.

Me cuentan que hay días que alrededor de la oficina principal de Becas Benito Juárez huele a perro, y es que un “alto” funcionario suele hacerse acompañar de un can de la raza Dachshund (conocido como salchicha); lo bueno de esto, es que ya no lleva a sus otras mascotas, porque antes apestaba a orines de gato.

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OPINIÓN

Reforma al Ipejal a la vista

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Siguen en curso los foros en el Congreso del Estado para la construcción de una reforma integral a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, mismo que sigue en problemas de abasto en medicamento, así como con egresos millonarios que ponen en peligro la salud financiera del Instituto.

Llama la atención cómo se ha modificado el discurso del director general, Iván Argüelles, quien ya comienza a hablar de la expectativa de derecho, lo que pone alerta a todos los trabajadores, pues a diferencia de las modificaciones que se hicieron en 2009 quizá se esté pensando, entre las modificaciones, la derogación del artículo cuarto transitorio, referente a los requisitos para las pensiones.

El Congreso se impulsa la propuesta que para el cálculo del monto de dicha pensión se tomaría el promedio de los últimos 10 años de cotización, con la justificación de que sería una forma de impedir a los políticos jubilarse con el sueldo de un puesto de elección o cargo de confianza en algún poder del Estado, sin embargo con esto se seguirá beneficiando al político y el trabajador de trayectoria vería mermado el cálculo de su pensión simplemente por la actualización de los incrementos salariales durante esos 10 años.

En el discurso se sigue diciendo que las pensiones VIP no afectan al instituto, sin embargo, los 76 jubilados que reciben entre 100 mil y 200 mil pesos mensuales, hoy representan el 9% del total del gasto del Ipejal para el pago de pensiones y se seguirá actualizando, al momento este monto representa 10 millones 819 mil 662 pesos, mientras el promedio de pensión por este rubro está en 7 mil pesos, esta cantidad sería suficiente para el pago de 1545 pensiones promedio del Instituto. Pero el candado no puede ser el promedio de los últimos años 10 de cotización, sino que debe haber un tope de cotización para quienes en una función de confianza de primer nivel en alguno de los poderes del estado, de elección popular o derivada de elección popular reciban un sueldo superior al tope salarial que se determine en la propia ley para la pensión.

Los foros posiblemente serán, como para otros objetivos, solo el parapeto que legitime la decisión del gobernador en acuerdo con el director del Ipejal y los diputados del Congreso del Estado. El Congreso está obligado además a garantizar que las inversiones del Instituto no se apuesten por proyectos con evidentes riesgos, un organismo con autonomía en el que participe el congreso para validar cualquier inversión del instituto, así como para que revise la viabilidad de los activos del Ipejal y su posible futuro.

Realizar un plan que permita adelgazar la nómina del Ipejal y verificar el gasto en servicios médicos del personal que laboral en el Instituto, así como impedir el incremento de sueldos a funcionarios de confianza del Instituto sin justificación y que excedan del 10%, pues entre las primeras acciones del actual director general se realizó un incremento de entre 33 y 76% del sueldo con la justificación del cambio de nombre a la función de los directivos del Ipejal.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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