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OPINIÓN

Justicia por mano propia

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Opinión de Isabel Venegas //

Uno de los logros más grandes del ser humano, más allá de haber llegado a la luna o de crear grandes rascacielos, es el de renunciar a tomar justicia por mano propia. Es natural que se admire mucho más el invento del internet o la evolución de los celulares, pero nada de esto se habría logrado de no haber creado y creído en las instituciones; esas que sirven para fomentar la ciencia, la investigación y por ende la tecnología, más aún, para forjar la conciencia de ciudadanía, la organización social y la lógica del bien común.

Nuestra esencia más primitiva nos orienta a la lucha por la supervivencia, y es normal que active mecanismos de defensa en cuanto se ve atacado por cualquier miedo o ante la acechanza de una agresión. Hoy vivimos inmersos en espacios de gran inseguridad e injusticia, tal parece que no hay políticas esperanzadoras para que esto pueda mejorar, y como en otros gobiernos, los grupos de auto-defensa parecieran tener una justificación: “de algún modo nos tenemos que proteger, porque la autoridad no es capaz de controlar la situación”

¡Obviamente no puede hacerlo! No habría una cantidad suficiente de policías para cuidar a todos los ciudadanos de cada robo, abuso sexual, extorsión, trata de personas y la lista sigue, porque el crimen organizado ha encontrado cómo diversificar su empresa de muchas maneras, aunque en realidad no es tanta la creatividad, solo es una premisa “tomas lo que no es tuyo y lo usas como si sí lo fuera, con un poco de suerte y astucia nadie te va a castigar”

La crítica hacia los cuerpos policiacos, al poder judicial, los políticos con sus partidos, y a casi todas las instituciones, es enormemente generalizada y negativa. La mayoría piensa que no tiene sentido ir a poner una denuncia ante la procuraduría, llegando a un aproximado del 90% de los delitos sin ni siquiera un expediente de investigación abierto, pero por otro lado, te invito a que veas los escritorios y los legajos del 10% que sí lo hace, faltaría quintuplicar el presupuesto para tener más o menos al personal suficiente que diera seguimiento a cada caso y llevar al día esas investigaciones.

¿En qué momento la ciudadanía dejó de creer en las instituciones? En cierto sentido, eso sucedió cuando se empezó a perder la fe en las escuelas. Es lapidaria la frase, ¡pero es real! La escuela es la primera institución con la que te encuentras en la vida; tiene mecanismos de organización social que deberían ser factor de formación con una visión de ciudadanía global, el respeto al otro, en la necesidad de la armonía para el desarrollo óptimo, y por supuesto, en el cumplimiento de las normas básicas para conseguir esos anhelos. Podríamos decir que es el mejor simulador como antesala de la vida. Un niño de preescolar tiene una inmersión de por lo menos 4 horas diarias, 5 días a la semana, y uno de secundaria suele estar entre 6 y 7 horas, conviviendo o aprendiendo a sobrevivir al ambiente.

Si en ese ejercicio de práctica social, los estudiantes observan que las reglas que se han impuesto no operan o no tienen consecuencias, comienza a asumirse una actitud más o menos complaciente con la ilegalidad; tal vez por la necesidad de reducir el índice de reprobación-deserción, o simplemente por no tener conflictos de varios tipos, muchos profesores o directivos omiten la sanción a faltas graves de los estudiantes, a pesar de tener muestras claras de responsabilidad. No se trata de querer enjuiciar a los alumnos, ni querer que vivan en estados de represión, por el contrario ya quedó muy atrás la cultura de la violencia (o por lo menos eso deseamos).

Cuidar el cumplimiento de la normatividad significa hacer un ejercicio de reflexión y apreciación de la ciudadanía. Esa es la verdadera razón de ser de la escuela, generar ese espacio al que sólo se accede con la conciencia y la paz; pero si contrario a eso, y para quitarnos de problemas vamos “perdonando” conductas negativas en los alumnos, permitiendo que infrinjan los reglamentos, descuidando el respeto a sus compañeros y profesores sin consecuencia alguna, tarde o temprano queda grabado ese aprendizaje, negativo y desgraciadamente, muy bien afianzado.

En los fines de la educación que ha trazado el gobierno, habla de la intención de formar individuos que aprecien y respeten la diversidad, que rechacen y combatan toda forma de discriminación y violencia, -para ello- es preciso que los estudiantes aprendan a reconocerse como personas que actúan en lo local, forman parte de una sociedad global y plural, y habitan un planeta cuya preservación es responsabilidad de todos.

Justo ahora estamos cerrando el ciclo escolar 2018-2019, y no es nada sencillo hacer ver a los estudiantes, e incluso a muchos de los padres de familia, que no es tan importante aprobar un curso, como sí lo es llevar una formación sólida para la vida. Entender que el respeto a los demás y a su propiedad privada no es un bonito deseo, sino el mecanismo de organización que se ha querido establecer desde hace años, como la mejor vía para lograr una prosperidad sostenida.

En la Constitución, el artículo 3° (II,C) dice que la educación deberá contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos.

El pasado 22 de Mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe en el que mostraba cómo van a la alza los linchamientos, poniendo de manifiesto cómo la ciudadanía concibe un estado fallido.

La investigación de percepción sobre seguridad ciudadana y convivencia vecinal, mostró cómo el 77% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en golpear a una persona cuando es sorprendida en un acto delictivo.

A dos jóvenes que realizaban un estudio sobre hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz, es decir, que eran “encuestadores” alguien los llamó así, pero otros entendieron la palabra “secuestradores”, la población de la localidad se confundió, y eso bastó para que los lincharan quemándolos vivos, después de haberles propinado una tremenda paliza. Ese absurdo y escalofriante hecho sucedió en el 2015, lo más sorprendente es que ahora la CNDH venga a decir que este tipo de acciones se haya incrementado en los últimos cuatro años.

Los indicadores de una creciente ola de violencia, junto con los resultados de las pruebas académicas, ponen de manifiesto muchas carencias en la formación de los individuos, pero antes de querer linchar a la propia escuela, habrá que darle la mano para que se levante, abrazarla en una figura de reconciliación y ayudarla a retomar el paso.

Ya nadie debería seguir manejando la idea de que la formación escolar es el mecanismo para tener un estado económico mejor (hay quien gana mucho dinero siendo sicario o vendiendo drogas); la escuela es la que debería garantizar que en nuestro país, nadie podría ser ejecutado a media plaza como en el medievo. Este es otro argumento para luchar con todas nuestras fuerzas por cuidar los espacios académicos como el bastión del alma, el ágora para el espíritu.

Que este fin de ciclo y el receso escolar, sirvan para abrir la reflexión a la escuela que queremos; si los niños van felices a la escuela, los maestros tienen el espacio de realización personal y profesional, y la comunidad educativa marcha como debiera, la proyección de esas imágenes positivas, necesariamente irá construyendo el entorno en el que esos egresados habrán de ser los ejecutores de la realidad.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail: isa_venegas@hotmail.com

Junio, 2019

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OPINIÓN

La pobreza crece

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La tasa de crecimiento de la población en pobreza extrema se incrementará 6.3% en México al cierre de este año, la mayor expectativa para los países de América Latina. El índice de las personas en esta situación pasará de 11.1% de la población a 17.4%, detalló el Informe especial COVID-19 N⁰ 5 de la CEPAL.

Por su parte CONEVAL en su reporte “Medición de pobreza 2020” expone que la población en situación de pobreza creció, de 51.9 millones de personas en 2018, a 55.7 en 2020. De ellos, en pobreza extrema se encontraron en 2020, 10.8 millones, contra 8.7 que había en 2018, y en pobreza moderada 43.2 millones de personas en 2018, contra 44.9 en 2020. En cuanto a la población vulnerable por el nivel de ingresos, la misma comisión señala que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema creció de 17.3 millones de personas en 2018 a 21.9 millones en 2020 y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza no extrema se fue de 61.8 millones en 2018 a 66.9 en 2020.

El presidente López Obrador al ser cuestionado sobre estos números, dio la respuesta que niega pero no precisa, simplemente, él tiene otros datos, añadiendo que nunca se había entregado tanto dinero a los pobres como en esta administración, y puede tener razón si se piensa en una forma de entrega directa, más no en la acción institucional programada y por tanto susceptible de evaluar, pues el programa PROSPERA tenía alcances mayores y brindaba más oportunidades a las familias que las dispersas ayudas individuales que este régimen auspicia. Lo que se ha logrado indiscutiblemente, es ponerle color al dinero que se regala, pues toda la estructura que lo canaliza tiene el mismo color del partido en el gobierno.

Para el presidente, cumplir sus compromisos de campaña es una prioridad y lo está haciendo sin importar los costos. Rescatar Pemex y volver a hacerlo palanca del desarrollo, no subir las tarifas de luz, gas y gasolina, no tener un gobierno rico con pueblo pobre, rescatar la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos y no incrementar la deuda gubernamental ni los impuestos, serían los principales, sin embargo en todos ellos, a pesar de sus afanes no ha logrado cumplir más que uno de ellos y eso parcialmente, que es el de no tener un gobierno rico con pueblo pobre.

El gobierno ya no es tan rico pero el pueblo sigue siendo pobre y creciendo su pobreza. La pandemia cayó como anillo al dedo, así lo expresó en su momento, y se ha convertido en la justificación para los pobres o nulos resultados en materia económica. La economía nacional ya venía en un severo deterioro desde antes de la pandemia y la persistencia de la misma hace difícil adjudicar a la ineficiencia gubernamental el fracaso de las intenciones.

Se debe reconocer que la distribución directa de recursos ha sido un eficaz instrumento para que la presión social no se desborde, sin embargo es mayor el mérito de las remesas que mandan nuestros paisanos a sus familias, lo que mantiene el consumo interno como sostén de la economía, junto con la bocanada de aire que representan las exportaciones automotrices y agropecuarias.

A la luz de los resultados que arrojan las evaluaciones de los organismos oficiales e independientes, las políticas y acciones gubernamentales que ha puesto en práctica el régimen no son, ni serán, suficientes para disminuir la pobreza y la desigualdad. Alarma que ante la evidencia se oponga la imprecisión de los otros datos y sobre todo que se piense que la transferencia directa de efectivo será suficiente para mejorar el nivel de vida y proporcionar bienestar, que se niegue la posibilidad de reconsiderar y rectificar y se empeñen en la continuidad y el acrecentamiento de esta política clientelar y paternalista, a pesar de que las finanzas nacionales se encuentran severamente presionadas por la creciente necesidad de flujos de capital para cubrir las ayudas individualizadas y los costos crecientes de las obras emblemáticas de la administración.

Ante la dimensión que adquiere el crecimiento de la pobreza y la nula efectividad de las políticas sociales para procurar un mejor equilibrio social, se hace necesario buscar mejores formas de mejorar el ingreso, más allá de los decretos que eleven el salario mínimo. Bien que las nuevas formas de democracia sindical que están emergiendo como consecuencia del TMEC repercutan en mejoras salariales, mal que esto se haya impuesto desde el exterior por un acuerdo y no como consecuencia de una política nacional. La línea seguida por el actual gobierno actúa sobre los efectos de la pobreza mientras desatiende las causas. Absorto en obtener rentabilidad electoral con la política social se descuida la política económica y a los actores determinantes de la economía nacional, se sataniza a la clase media y empresarial y se escatiman apoyos a las actividades productivas, micros y medianos empresarios.

Se ha comprobado históricamente, que el gobierno no puede sustituir a la libre empresa como generador de riqueza y desarrollo, insistir en recuperar ese papel podrá dar rentabilidad política electoral, pero mantendrá creciendo el número de pobres.

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OPINIÓN

Los muchos frentes de Enrique Alfaro: Entre la espalda y la UdeG

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

El gobernador de Jalisco parece estar buscando cerrar frentes, apagar fuegos y concentrarse en las batallas que no puede eludir. A nivel discurso últimamente toma decisiones basadas en el bien común, en la sensatez e incluso en la democracia, pero en realidad está metiendo reversa en algunas cosas para reducir los frentes de combate y eso es finalmente sensato.

El anuncio de la imposición de un Basurero en Tala fue un problema desde el principio. No había claridad en los estudios, ni objetivos o tiempos claros y la cantaleta de que se trataba de un Centro de Economía Circular no convenció ni a propios ni a extraños. Los pobladores de Tala armaron un frente de resistencia que se podría convertir en un problema serio, con apoyo amplio a nivel estatal y esto podía implicar poner a Caabsa en el centro del huracán mediático y Caabsa no tiene muchos argumentos con qué defenderse. 

Se trataba de un masivo dolor de muelas en potencia.

Y ya hay un dolor de muelas organizado, capaz, bien avituallado y bastante entrenado para los conflictos: La UdeG. El grupo cuenta con amplia experiencia en enfrentar gobernadores desde hace varios sexenios y las hostilidades del Gobernador con la UdeG lejos de estarse enfriando están escalando y en esta circunstancia lo mejor es no tener la atención dividida en varios problemas a la vez.

Así que el gobernador decidió salir en un video afirmando que había escuchado a la gente de Tala y que iban a buscar un nuevo lugar para poner la basura. El tiempo corre y aunque se desactivó una bomba, no estamos del otro lado, porque donde pongan el basurero va a generar resistencia. Tal vez si socializan lo suficiente y si hacen un proyecto de calidad, un verdadero Centro de Economía Circular e involucran a las comunidades en la toma de decisiones, a lo mejor la cosa se vuelve más manejable. Tristemente conociendo los antecedentes de Caabsa y de Alfaro, esto es de dudarse.

También tomaron medidas para desinflar el problema y el fiasco que se veía venir con la famosa reforma 2.0 y el ataque al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción que incluía quitarles el sueldo, una medida que ya ha resultado inconstitucional en otras entidades federativas y antes de que le viniera el batazo federal que corrigiera la plana, salió de nuevo en un video el Gobernador a decir que siempre no se les quitaba el sueldo pero puso ahí unas cláusulas que, a falta de estudiarlas, parecen traer destinatario claro al interior del CPS. Recula a medias pues y sigue buscando desactivar al CPS pero ya dio un paso atrás.

Otro frente está en el escenario nacional. En la medición de presidenciables de El Universal, Alfaro no pintó y por primera vez desde antes de que comenzara la pandemia, la encuesta de Mitofsky que circuló la semana pasada, coloca al gobernador con más desaprobación que aprobación.

Según Mitofsky algo cambió de febrero a la fecha pues la tendencia de Alfaro ha sido desde entonces a la baja y por primera vez se encuentra en un punto de cruce de popularidad con Amlo que ha venido ganando terreno poco a poco a pesar de que la 4t es prácticamente inexistente en Jalisco. Alfaro registra 45 puntos de aprobación y AMLO 44.7. 

Falta entender cuál es la estrategia de AMLO el mayor y más difícil de entender entre todos los frentes. ¿Qué se negoció para iniciar el conflicto con la UdeG? Si hacemos caso a la voz popular que afirma que “amor que no se refleja en el presupuesto no es amor del bueno” veremos que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco está registrada en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no tiene recursos asignados.

La presa El Zapotillo, que este año recibió 300 millones de pesos, tampoco aparece con una partida definida.

¿Dónde está entonces el amor?

Las partes, los expertos y los mirones en el conflicto Alfaro-UdeG, hemos estado muy atentos a las acciones del Gobierno Federal cuyo poder, de accionarse, sería el fiel de la balanza. Pero quien pide una auditoria al Museo de Ciencias Ambientales no es la federación, es el Congreso Estatal mientras AMLO brilla por su ausencia incluso a nivel presupuestal.

Es curioso que Alfaro, tan enamorado de quejarse de que la Federación trata mal a Jalisco, hoy hace mutis ante el apretón presupuestal. ¿Sabe algo o ejerce prudencia? ¿Va con un libreto o juega obligado, cada vez más encerrado entre la Espalda del Presidente y el Conflicto con la UdeG?

Es una posición difícil.

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OPINIÓN

Más poder al Consejo Directivo del Ipejal

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Los defensores de la reciente Reforma al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) tienen como principal argumento el que nada de lo aprobado afecta retroactivamente a ningún afiliado ni pensionado que no esté dentro de los considerados VIP. Dichos defensores han desacreditado a quienes están procediendo al amparo, auguran que serán desechados e improcedentes pero ninguno garantiza ni el rescate al Ipejal, ni mayores afectaciones en un futuro a los pensionados y afiliados del Instituto.

La semana pasada manifesté mi preocupación particularmente por el artículo 153, al que se hace un agregado, una nueva fracción que da otra facultad al Consejo Directivo del Ipejal ahora sobre la posibilidad de modificar y reducir el monto de las pensiones, adecuándolas a lo establecido en el artículo 39 y 70 fracción II, aquí es donde hay verdadero riesgo de lo que puede pasar en un futuro.

Si bien es cierto que todos los artículos deben quedar armonizados, en el caso del 153 básicamente era innecesario, para la aplicación de las modificaciones al 39 y sobre todo al 70 fracción II, en el que se establece el tope salarial, el Consejo no debe tener la facultad de reducir el monto de las pensiones, puesto que es una función ya expresa en el mismo artículo fracción I y IX, incluso para efectos de la reducción de las consideradas pensiones VIP objeto de ésta iniciativa, nunca se determinó la causa de utilidad pública ni en la justificación de la iniciativa, ni en el estudio actuarial, entonces esta adhesión de fracción a dicho artículo, ¿fue diseñada para su aplicación en un futuro?.

Apegándonos a la redacción de ésta nueva facultad en la fracción XIX de la nueva reforma al Ipejal, son dos facultades, la de modificar y la de reducir, ésta última sobre todo que puede ser la llave de solución rápida para el futuro inmediato ante el inminente escenario visible y justificado del quebranto financiero, pues los artículos sobre los que habrán de adecuar las reducciones establecen los máximos de cotización y por consiguiente el máximo de pensión, es decir los topes, pero en ninguno de esos artículos se establece un mínimo de reducción de una pensión. Por lo anterior, mientras no apliquen el tope máximo, podrían ser reducidas todas las pensiones en cualquier momento que así lo determine el Consejo Directivo del Instituto. Pero la desconfianza de interpretación y aplicación de la ley se eleva aún más porque la facultad se la dan al mismo organismo que ha permitido el quebranto del propio Instituto.

En la reforma de 2009 se vendió la salud financiera del Instituto por los siguientes 50 años, un fracaso tangible a menos de la mitad de ese tiempo, el verdadero trasfondo fue precisamente hacer a un lado al Congreso de Jalisco de toda injerencia sobre el manejo del Ipejal, para concentrar las facultades básicamente en el presidente del instituto, un personero del gobernador en turno ante un consejo que por su actuación y silencio, cuando menos público, ha sido cómplice de la entrega total al Poder Ejecutivo.

Hoy es prácticamente lo mismo, una reforma disfrazada de terminar con las pensiones VIP, pero que agrega una facultad más a ese poderoso Consejo a modo para que en el futuro el problema del pago de pensiones se resuelva, sin reforma, con la reducción de las pensiones.

Sin establecer lo que se debe entender para efectos de la aplicación de la ley en el artículo 3 lo referente a causa de utilidad pública, así como pensión digna, esta fracción vuelve mas incierto el futuro de las pensiones, pues será el Consejo quien pagará los estudios actuariales que así determinen la causa y se proceda con las reducción a cualquier pensión y no sólo a las VIP, porque además a partir de esta reforma se entiende que ya no existirá ninguna de ellas, es decir, otro elemento para pensar que esa modificación no fue pensada para aplicar a quienes se les reducirá la pensión en los próximos meses, sino para tener vigencia y aplicarla cuando se considere necesario unilateralmente desde la administración del Ipejal.

Para esta modificación los amparos difícilmente procederán, pero el tiempo nos volverá a dar la razón, aunque esta vez quisiéramos equivocarnos, pero el futuro del Ipejal no se resolverá con estas superficiales modificaciones, por el contrario, la historia parece repetirse.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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