OPINIÓN
Los Hombres del Poder: Los primeros cien días de Alfaro
Por Gabriel Ibarra Bourjac ///
La política y el gobierno es como el béisbol, lo importante no es como inicia, sino como termina. Los gobiernos federal y estatal que encabezan Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, han sido contrastantes. Por un lado el gobierno de la 4 Transformación pareciera que juega en las carreras de la Fórmula 1 por la forma de pisar el acelerador, se ve que tiene mucha prisa, mientras que en Jalisco, el carro de la Refundación como que trae el freno puesto.
El escenario ha sido altamente complicado para el gobernador de Jalisco. Los primeros 70 días Alfaro tuvo que jugar vencidas con el Presidente de México, con el argumento de que el gobierno federal le negaba a Jalisco los recursos que en justicia le correspondía. En ese lapso desplegó una agenda en la prensa de la capital del país, para mostrarse como el anti-López Obrador.
Finalmente, Presidente y Gobernador firmaron la pipa de la paz, concretándose apenas hace diez días y así López Obrador anunciaría que los 3 mil 500 millones de pesos que hacen falta para concluir la Línea 3 serían canalizados para que dicha obra quede concluida a finales del presente año.
En los últimos tiempos los gobiernos se han puesto una serie de compromisos en los primeros cien días de mandato, en los que delinean el tipo y estilo de gobierno que los distinguirá, principalmente los compromisos que asumen y las transformaciones que pretenden realizar.
En el caso particular del gobernador Enrique Alfaro estos primeros cien días fueron muy complicados, se metió en problemas por derecho propio, generándole un costo muy alto en su popularidad, lo que no había sufrido durante los tres años que fue alcalde de la capital de Jalisco.
De entrada Alfaro vivió una confusión entre el gobernante y el líder opositor. El chip no lo cambió. No entendió que vivía una nueva realidad. El PRI ya no era gobierno, lo había sacado, más bien ahora tiene que mostrar que todo aquello que criticó de gobiernos corruptos e ineficientes le toca hacer la transformación y la renovación.
Desde la campaña ofreció llevar adelante un cambio de fondo de estructuras con su Refundación, que aún no ha logrado bajar a los ciudadanos, más allá de foros cupulares organizados desde el Congreso del Estado para explicar lo que quiere y que se traduce en un nuevo Pacto Social cuando el Gobierno es ineficaz y no puede responder a nueva realidad que vivimos y qué mejor forma de expresarlo que la tremenda inseguridad que sufrimos, cuando el Estado es incapaz de darnos seguridad, razón de ser del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau.
Obviamente que 100 días son muy pocos para reorientar el barco tan agrietado que es el gobierno, Alfaro es un hombre con carácter pero con demasiada mecha corta que complica la construcción de acuerdos con la sociedad, como quedó demostrado con el encontronazo que tuvo con los grupos feministas de Jalisco al mostrarse incapaz de sostener un diálogo con quienes piensan diferente.
El gobernador se ha visto extraviado en su comunicación, con muy poca tolerancia, que si quiere reencauzar, tiene que serenarse y replantear para superar sus equívocos, entendiendo la gran responsabilidad que implica ser un gobernador de un Estado como Jalisco. Es un grave error estarse peleando un día sí y un día también con los reporteros.
EL TEMA DE LA SEGURIDAD
Alfaro en los próximos dos o tres meses tendrá que resetearse, debe corregir sus enfoque equivocados, su gobierno apenas está empezando y debe poner la mayor atención en el tema de seguridad que de acuerdo a los resultados será como lo calificará la sociedad.
El recibimiento que ha tenido como autoridad en estos tres primeros meses por los grupos criminales son terribles, no hay respeto. Los demonios están desatados, tienen hambre y sed de sangre. Son cerca de 700 homicidios los que se han perpetrado por el Estado, la gran mayoría en la Zona Metropolitana. Para mala fortuna a Alfaro le toca vivir y enfrentar la peor crisis de inseguridad que vive la entidad en su historia moderna, porque a ese ritmo de crímenes, el año podría terminar rondando 3 mil vidas perdidas en Jalisco.
Alfaro Tiene el apoyo del Gobierno federal que prometió enviarle 1,600 elementos que empezaron a llegar hace dos semanas, sin embargo, la contención aún no la vemos reflejada, pues si bien unos días son dos o tres homicidios, pero de repente aparecen 20 cadáveres allá en un canal pluvial de Ixtlahuacán.
La Refundación debe pasar primero por el tema de seguridad, por los cuerpos de seguridad estatales y municipales, inversión con tecnología, capacitación, incluyendo a la Fiscalía que requiere mayor personal y equipamiento tecnológico.
El gobernador ha recriminado al Poder Judicial la corrupción que está enquistada con los jueces que liberan a los delincuentes que detienen, puede tener razón, pero hay un problema también en la prevención y en la procuración de justicia. ¿Cuánto va a invertir en estas áreas? ¿De qué tamaño será la reingeniería?
Si Alfaro no resuelve el tema de la seguridad, será uno más que llegó al gobierno y falló. La energía y tiempo del gobernador debe de concentrarla en ese grave problema que el Estado cuyo contrato social dejó hace buen rato de tener vigencia. Aquí es donde debe entrar el Pacto Social del Estado, como Contrato Social renovado de Juan Jacobo Rousseau de lo que debe ser el Estado Moderno funcional.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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