OPINIÓN
Para disminuir brecha de desigualdad: Gobierno inteligente en un mundo global; el camino es la tecnología

Opinión, por Armando Morquecho Camacho //
Si algo ha dejado claro la crisis que enfrenta el mundo debido a la pandemia de la COVID-19, así como la crisis ambiental y política que vivimos, es que urge repensar y rediseñar la agenda legislativa, así como los temas que se suben al debate público.
En un mundo globalizado como en el que nos está tocando vivir y desarrollarnos política, profesional y socialmente, resulta fundamental entendernos como parte de un todo, como parte del mundo y por ello, debemos entender que para solucionar los problemas actuales, necesitamos comenzar a construir soluciones globales.
Es en virtud de lo anterior, que tanto el próximo año, como en el 2024 tenemos que ver quiénes plantean soluciones a los problemas modernos, tenemos que voltear a ver a aquellos que buscan construir una agenda con políticas públicas pensadas para responder a las necesidades de las generaciones presentes y futuras atendiendo aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales utilizando de forma eficiente los recursos disponibles. Pero esto solamente serán capaces de construirlo los políticos que tengan una visión global y que volteen a ver lo que pasa en otras partes del mundo.
¿A que quiero llegar con esto? El mundo está cambiando y lo seguirá haciendo, ya que ese proceso evolutivo es, junto a la muerte y al pago de impuestos, una de las cosas seguras en esta vida y no nos va a esperar, por ello, las opciones son claras: o cambiamos y nos adaptamos legislativa y socialmente a este proceso de modernización, o las crisis que enfrentamos serán aún más graves y la brecha de desigualdad continuará creciendo.
A lo largo de este mes, me enfoqué en hablar de los retos de las redes sociales, la modernización y las diferentes tecnologías de la información y si bien, este rubro tiene grandes retos, también tiene muchas ventajas, pero para poder analizar y estudiar a fondo estas ventajas, necesitamos una visión política global que vaya más allá de lo que ocurre en nuestro entorno.
EL EJEMPLO DE SINGAPUR
Este ejercicio de reflexión global es lo que nos permitirá a nosotros como generación romper esquemas y cambiar paradigmas en todos los sentidos, tal y como lo hizo Singapur.
Este país insular de Asia es el ejemplo perfecto de cómo podemos explotar la tecnología y todos los beneficios de la modernidad para poder construir políticas públicas capaces de responder a las necesidades de la modernidad con una perspectiva no solo global, sino también, de derechos humanos. En otras palabras, Singapur es el claro ejemplo de que los problemas modernos requieren soluciones modernas.
Desde que Singapur obtuvo su independencia, su economía se ha ido fortaleciendo más y más, hasta llegar hoy en día, a ocupar las primeras plazas del índice de Competencia Global, pero como dicen, no todo es miel sobre hojuelas, ya que también, su población ha reflejado un crecimiento importante convirtiéndose así en uno de los países más densamente poblados del mundo.
Este crecimiento poblacional, desencadenó una serie de problemas que iban desde lo administrativo como la saturación de servicios públicos, hasta lo ambiental con el aumento desmedido de emisiones de gases contaminantes, esto, aunado a la corrupción, la desigualdad y la ineficiencia de las autoridades para atender las problemáticas ciudadanas así como los enormes muros burocráticos para realizar trámites, y gestiones llevaron a las autoridades a impulsar una serie de políticas públicas para revolucionar no solo su modelo de ciudad, sino el rol del gobierno en su interacción con la ciudadanía.
Por ello, en el 2014, lanzaron el proyecto ‘’Smart Nation Singapore (SNS)’’, el cual representa un esfuerzo nacional para transformar tecnológicamente los servicios públicos, la economía y el gobierno a través de la simplificación de procesos, digitalizando y automatizando el trabajo gubernamental para así brindar soluciones eficientes a los problemas reales de su población.
En el caso de Singapur, el uso de la tecnología ha impulsado la construcción de un verdadero gobierno abierto que está cada vez más cerca y más al pendiente de las necesidades, en todos los sentidos, de su población. A través de estas políticas se implementaron, entre otras cosas, la instalación de una enorme red de cámaras y sensores que aunque a primera vista podría parecer una medida autoritaria que busca controlar a sus ciudadanos, lo que en realidad se busca con esta red de monitoreo es estar al pendiente de las necesidades de servicios públicos de todo el país, esto con la finalidad de dar pronta respuesta y atención a estos problemas.
Otro de los pilares de este proyecto en términos gubernamentales es la digitalización de los servicios públicos a través de un servicio civil computarizado y programado, que día a día busca no solo tener servicios eficientes sino también integrales en su relación con la ciudadanía.
También se impulsó la implementación de una de las redes inalámbricas de internet más grandes y más rápidas del mundo, esto para garantizar a los ciudadanos acceso público y gratuito a internet en cualquier zona.
El programa ‘’National Information Infraestructure’’ bajo el lema ‘’Una red para TODOS’’, instaló una red de alta velocidad y banda ancha para así conectar a cualquier persona en cualquier lugar y en el 2015, se hizo un gran avance en el tema, ya que se instaló una red de fibra por 200 millones de dólares para introducir áreas ‘hotstop’ gratis en la ciudad.
En resumen, Singapur ha construido un gobierno conectado con los problemas sociales que trabaja por encontrar soluciones que simplifiquen la vida, que reduzcan costos y que contribuyan en el bienestar de todos a través de herramientas digitales.
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
Ciertamente la pandemia está cambiando por completo el mundo, su impacto en la economía, en la política y en la sociedad ha sido grande y nos obliga a cambiar y a repensar nuestros sistemas. Sin embargo, con una perspectiva global podemos observar como el mundo lleva años cambiando y trabajando por mejorar su capacidad de adaptación a situaciones de emergencia como la que vivimos.
Si bien es cierto que la pandemia les ha pagado a todos, también es cierto que a unos les va a pegar más que a otros. Hoy por hoy, al menos en Singapur, el gobierno no tiene que preocuparse por cómo tendrán que trabajar sus dependencias para que la gente pueda seguir haciendo sus trámites sin contagiarse, todo está digitalizado; mientras aquí, tenemos que pegar anuncios en el suelo para marcar la sana distancia.
En Singapur tampoco tienen que debatir sobre la falta de internet y de cómo le tendrán que hacer ciertos sectores de la población para acceder a clases en línea, ya que la red es amplia y de acceso público.
Al ver el desarrollo tecnológico de Singapur, el desarrollo ambiental y económico de Finlandia e Islandia es inevitable preguntarnos: ¿Qué están haciendo nuestros legisladores? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? ¿En realidad estamos subiendo a la agenda pública los temas relevantes?
Como país tenemos muchas riquezas y por lo tanto, tenemos grandes oportunidades, pero tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a repensar nuestro sistema de ciudad, nuestros servicios públicos y la manera en la que el gobierno interactúa con sus ciudadanos. Una vez que se hago esto, estaremos listos para comenzar el trabajo legislativo para adaptar nuestra legislación y los trabajos para construir pactos que nos permitan alcanzar un verdadero desarrollo.
La brecha de desigualdad, la inseguridad, la falta de oportunidades y la corrupción son fenómenos que debemos atender con una perspectiva global. Apostar por un modelo económico sustentable y por una nación inteligente, es apostar por las oportunidades, por el crecimiento y por el desarrollo.
Tenemos la oportunidad de cambiar nuestros servicios públicos agilizando y transparentando los trámites de licencias de construcción o permisos de cualquier otro tipo. También, tenemos la oportunidad de rediseñar nuestro sistema de justicia apostando por un modelo electrónico y disminuyendo el uso de papel, también, tenemos la oportunidad de garantizar que los programas sociales de apoyo a personas vulnerables e incluso emprendedores, puedan llegar a todos los rincones del país digitalizando los servicios y disminuyendo de esa manera los muros burocraticos.
Y en temas de oportunidades para los jóvenes, apostar por estos modelos, es apostar por los jóvenes, ya que la construcción de un gobierno inteligente, requiere de recursos humanos que estén a la altura de las exigencias del nuevo sistema. Esto significa que la formación de nuevos profesionales debe trascender.
Así se construye un verdadero estado de bienestar: con una perspectiva global de las cosas e implementando estrategias que permitan a toda la población tener no solo las mismas oportunidades sino también la posibilidad de acceder a los mismos servicios públicos que los demás.
En la teconología está el camino para disminuir la brecha de desigualdad.
JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
JALISCO
El expediente que ocultan de Eli Castro

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
NACIONALES
El rey ha muerto, la nostalgia vive

-Opinión, Por Miguel Anaya
En política, nada se improvisa. Lo que parece una casualidad o un hecho totalmente fortuito, en la mayoría de las ocasiones tiene un trasfondo que deja un mensaje para aquellos que saben descifrarlo.
La política mexicana recicla sus figuras, usándolas para comparaciones y discursos, no para gobernar. Aquí, la popularidad supera al liderazgo y la acción
La célebre frase “el rey ha muerto, viva el rey” no solo representaba la transición inmediata de poder en la Francia medieval, sino también el principio de continuidad en el ejercicio del mando, incluso si el anterior había fracasado estrepitosamente. Y en México, aunque ya no hay tronos ni coronas (pero sí hay palacios), la lógica persiste: los viejos soberanos nunca desaparecen del todo, porque en tiempos de crisis política, incluso los caídos se vuelven útiles.
El caso reciente de Enrique Peña Nieto lo ilustra bien. Tras años de silencio, exilio dorado y memes de alto voltaje, el expresidente volvió a la conversación pública con declaraciones que fueron tomadas por muchos como un gesto de «normalidad». Lo que antes era escándalo hoy es nostalgia. Aquella Casa Blanca que provocó marchas y editoriales indignados hoy apenas ocupa un párrafo en la memoria colectiva. Aquellos muertos, los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, los miles que desaparecieron bajo su sexenio, parecen haber sido arrastrados por el alud de nuevas tragedias más recientes, más frescas, más urgentes.
¿Peña regresó por nostalgia? ¿Por necesidad? ¿Por encargo? No lo sabemos. Lo que sí es claro es que su reaparición no es casual. Como dicta esa frase que se le atribuye a Félix Flores: “La política no es para el que le gusta, es para el que le entiende”. Y quien entiende la política sabe que cada palabra, cada aparición, cada silencio tiene una razón de ser. La política es un ajedrez, no un juego de dados.
En un escenario donde la clase política actual se ha desgastado tan rápidamente —por excesos, por improvisación o por arrogancia—, el terreno se vuelve fértil para que las figuras del pasado, incluso aquellas que parecían sepultadas por la historia, regresen al tablero. No porque hayan sido redimidas, sino porque no hay muchas más opciones con quién llenar el vacío. La orfandad de liderazgos reales, de estadistas con visión, obliga a echar mano de quien haya tenido al menos una figura reconocible. Aunque sea para recordar lo que no se debe hacer… o para sugerir que, después de todo, pudo haber sido peor.
La fragilidad de la memoria pública también juega su papel. El golpeteo mediático constante, la saturación informativa, la polarización política y el vértigo cotidiano que produce el México moderno han logrado que incluso las grandes tragedias se desvanezcan con rapidez. Lo que en otro país hubiera significado la cancelación vitalicia de una carrera política, aquí se transforma con el tiempo en una anécdota o un video en TikTok.
Y así, en plena era de la desmemoria funcional, un Peña Nieto puede volver al escenario, no como aspirante, sino como referente. Lo mismo puede pasar con otros nombres que hoy parecen impresentables, pero que mañana, si el desgaste lo permite, podrían ser reactivados para construir algún nuevo mito, servir de contrapeso o simplemente dar la cara cuando nadie más quiera hacerlo.
Porque, al final, la política mexicana no entierra del todo a sus muertos; los guarda, los recicla y los acomoda en la estantería de los recursos disponibles. Tal vez no para gobernar, pero sí para ser comparados, rehabilitados, usados. Porque en este país, donde a menudo se confunde popularidad con liderazgo y discurso con acción, lo importante no es lo que hiciste, sino con quién te comparan.
Y si el presente se descompone lo suficiente, incluso un pasado fallido puede parecer aceptable. El rey ha muerto. Viva el rey, aunque sea el mismo…