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OPINIÓN

Las ocurrencias del Presidente

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Dos grandes ocurrencias del Presidente López Obrador estamos viviendo: La rifa-no rifa del avión y la consulta para que el pueblo de México tome la decisión si se deben ser llevados a juicios los últimos cinco presidentes de México (Salinas-Zedillo-Fox-Calderón y Peña Nieto).

Sobre el avión mucho ya se ha escrito, es una narrativa que ha manejado el Presidente con el propósito de exhibir los que considera excesos de los anteriores Presidentes mexicanos y que como candidato López Obrador convirtió la venta del avión en slogan de campaña, así como los frijoles con gorgojos que contenían las despensas que entregaba el el gobierno mexicano a los más pobres.

He procurado al abordar estos temas políticos alejarme de posiciones maniqueas, de estás conmigo o estás contra mí, como son las posiciones ultras de Gilberto Lozano de FRENAAA, con exigencias absurdas como la renuncia del Presidente que están completamente alejadas de la voluntad democrática y el estado de derecho.

López Obrador es un Presidente legítimo, electo por 30 millones de mexicanos y pésele a quien le pese, sigue contando con el apoyo del sector mayoritario de la población, conforme al estudio de opinión más reciente de Consulta Mitofsky de Roy Campos con fecha viernes 25 de noviembre sobre la aprobación que tiene el jefe de gobierno entre el 18 y el 25 de septiembre del 2020.

Roy Campos nos indica que la semana entre el 18-25 de septiembre fue una muy mala para López Obrador por varios sucesos y se supone que debería haber bajado la aceptación ciudadana, como el pleito con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral por el tema del agua; los 76 mil muertos que ha provocado la epidemia de Covid-19; el bloqueo a ferrocarriles en diversos estados del país, y el principal: la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, pero no le pegó al Presidente y saben por qué: Pues por el plantón en Reforma de Gilberto Lozano y su movimiento de FRENAAA, así como sus demandas absurdas, que no es bien visto por la opinión pública, porque se va al otro extremo. Nadie sabe para quien trabaja. Lozano al tratar de golpear la imagen de López Obrador, lo fortalece. Es el efecto boomerang.

INICIATIVA ABSURDA

Sin embargo, en este contexto se da a conocer la ponencia que presenta el ministro de la Corte de la Nación, Luis María Aguilar Mora sobre la solicitud de consulta del Presidente, dentro de sus atribuciones constitucionales, para que el pueblo determine si deben ser llevados a juicio los ex presidentes.

El proyecto del ministro Aguilar Mora declara inconstitucional la consulta para enjuiciar a ex presidentes por varios motivos: Violación a los derechos humanos, violación al debido proceso y violación al principio de igualdad.

Será el próximo jueves primero de octubre cuando los ministros de la corte analicen el proyecto de su compañero Aguilar Mora que declara inconstitucional el realizar la consulta en los términos que plantea el Presidente López Obrador, quien más bien está enjuiciando políticamente a un modelo político-económico de gobierno que es el neoliberalismo que México ha aplicado en 30 años.

En la argumentación que presenta el Presidente López Obrador hace señalamientos muy generales: Desde privilegiar a grandes grupos económicos, estrategias de seguridad que han generado más violencia y cientos de miles de muertos (Calderón y Peña Nieto, principalmente) y que han resultado inhumanas y contraproducentes; desastres humanos sociales y nacionales sufridos por el país en 30 años que fueron por voluntad de los gobernantes.

López Obrador culpa al neoliberalismo de la pobreza creciente de cerca de 60 millones en México, con su desigualdad y marginación, así como el deterioro del sistema de salud, la descomposición social, deterioro de las instituciones y pérdida de la soberanía, así como devastación de la industria petrolera y eléctrica.

En fin, es el enjuiciamiento a un sistema y tengo la creencia que si la Corte está integrada por ministros serios e independientes, deben ratificar el dictamen que presenta Luis María Aguilar Mora.

SI HAY DELITOS QUE LOS DENUNCIE

La ley no puede ser aplicada en razón de una consulta, ya que es obligación del Estados mexicano investigar, perseguir y en su caso sancionar conductas ilícitas que hayan cometido servidores públicos, en caso de violación de derechos humanos o crímenes contra la humanidad.

Si el Presidente López Obrador tiene la voluntad de llevar a juicio a los ex presidentes de México y cuenta con las pruebas, basta que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal y éstas abran las carpetas y procedan a la investigación.

Ha dicho el Presidente que acatará la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperemos que así sea y no genere la confrontación entre dos poderes por una negativa de ésta a su petición. Querer López Obrador cargarle a la Corte la responsabilidad de enjuiciar a los que le antecedieron en el cargo, sería una acción perversa y generaría un daño de incalculables proporciones al Estado Mexicano.

Esperemos que la razón y lucidez finalmente se impongan, ante algo tan absurdo que pretende el Presidente López Obrador. Con esa lógica se podrá entonces enjuiciar a Cristóbal Colón, Hernán Cortés y a los Reyes Católicos por el descubrimiento de América y la conquista española. El Presidente se pasó con esta iniciativa de pedirle al pueblo de México si debe o no aplicar la ley.

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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