OPINIÓN
Pemex es un barril sin fondo
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Mientras el actual gobierno federal sostiene una política de “austeridad republicana”, por otra permite y tolera que varias dependencias derrochen miles de millones de pesos y con sus ocurrencias materialmente han tirado el dinero que pudiera haber servido para otros beneficios y ayuda a la población en general.
Se han destapado varias publicaciones que señalan lo que tantas voces han señalado del dispendio y falta de prevención para el manejo de las arcas públicas, que son propiedad de todos los mexicanos y no solamente de quienes gobiernan y hacen sus caprichos.
Así se dio a conocer que el eterno dolor de cabeza del Gobierno de la República vuelve a salir a la crítica, así es, Petróleos Mexicanos (PEMEX), al señalar que el gobierno de México en uso de sus facultades soberanas ha decidido gastar en lo que llama “el rescate de la industria petrolera”.
Durante el año pasado la paraestatal perdió 761 mil millones de pesos; esa enorme cantidad de dinero público se debe de sumar al del año previo, nuestro “manirroto” gobierno de México ha perdido un billón 200 mil millones de pesos tan sólo en Pemex.
Según cantidades dadas a conocer, la empresa supuestamente propiedad de los mexicanos despilfarra o ha tirado alrededor de 100 (cien) millones de dólares cada día y parece que nadie dice nada y mucho menos se preocupa.
Por si fuera poco el incontrolable aumento del precio del gas natural en Estados Unidos, ha provocado la falta de generación eléctrica por parte de la también gastadora de dinero público que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la que dirige el tan criticado político poblano Manuel Bartlett Díaz.
Como una contienda para saber qué dependencia despilfarra más dinero, ya se anunció con pompa que pese a la crisis por el gas en Texas, México protegerá el precio de la luz eléctrica.
Durante su gira de fin de semana por La Paz, Baja California, Andrés Manuel López Obrador, anunció que continuará el subsidio del precio de la energía en zonas de mucho calor, con todo y el grave problema del precio del producto de petróleo, total “ahí está el dinero de todos y que no se raja”.
Como el derroche de recursos públicos, parece que ha sido un “deporte” de la actual administración, se publicó que la flamante Auditoría Superior de la Federación (ASF), consideró que el costo de la cancelación que se hizo del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), será de 331 mil 996.5 millones de pesos, o sea 3.3 veces superior a lo que estimó en un inicio la entrante administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Ese ha sido otro despilfarro del actual gobierno y como si fuera informe presidencial de los viejos tiempos priistas, también se ha dado a conocer que en un total de un mil 358 auditorías a la Cámara de Diputados y a los principales programas, proyectos y mega-obras del gobierno de la flamante Cuarta Transformación, encontraron irregularidades por 67 mil millones de pesos.
Así la ASF se verá en serios aprietos para lograr que le aclaren el sospechoso manejo de recursos y más ahora que como una medida de protección se han ordenado por el alto mando de gobierno que se “reserven” por varios años la apertura del manejo del dinero y así, como dijo el Monje Loco, “Nadie sabe, nadie supo” y seguramente no habrá dinero que alcance para tanto despilfarro.
El poder y la riqueza se demuestran
En la casa o residencia de las familias más acaudaladas del mundo casi siempre designan los dueños a una persona que funja como mayordomo, intendente o gobernador, en algunos casos. , Entre otras cosas según el diccionario el intendente “es una autoridad que ejerce su poder en una entidad administrativa específica (el municipio). Mientras que un presidente rige los destinos de un país y un gobernador, de un estado o provincia, un intendente dirige el gobierno municipal”, pero en el caso que nos ocupa es el del edificio que ocupa la residencia oficial del Presidente de la República y de algunas dependencias del gobierno federal.
Como otra muestra de la “austeridad republicana” que se pregona, él o la que llegue a ocupar el importante cargo tendrá mucho poder y manejo de dinero, casi a su entera libertad y también se llegó a decir que será el responsable del ex recinto penitencio federal de las Islas Marías, donde pudiera desarrollarse un complejo turístico, pero por lo pronto pudiera tener gobernador o gobernadora, ya veremos.
Total otra muestra de que todo se trata de vivir en la opulencia y tirar más dinero en acciones populistas y de relumbrón.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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