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OPINIÓN

Justicia migratoria

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Para muchísimas naciones, de los cinco continentes del mundo, es muy trascendente lo que en Estados Unidos se resuelva en materia de migración, pues la meta de radicar en la tierra del tío Sam es sustancial, ya porque busquen trabajar en ella, ya porque quieren reunirse con sus familiares que allí viven o porque sean perseguidos en sus lugares de origen y buscan refugio seguro, e incluso porque quieren invertir en la potencia estadounidense.

Para los mexicanos, es mayúsculo el interés en esa materia debido a nuestra vecindad, lo cual, aunado a los millones de compatriotas que allá han radicado, más el factor de pobreza, que en la república genera multitudes de aspirantes a ingresar, tuerto o derecho, al país de las barras y las estrellas, da como resultado que en 2020 hubiese en nuestro vecino norteño cerca de 37 millones de paisanos.

La afluencia es constante y ni leyes, policías o muros la inmovilizan. En menor escala pero también creciente e imparable es la migración del resto de América y otras partes del orbe. Por ello hay a la fecha más de once millones de indocumentados, así como otros muchos esperando tramitar sus papeles migratorios desde fuera del territorio norteamericano.

Uno de los puntos más importantes de la campaña electoral del ahora presidente Biden, fue el tema migratorio: el mal recordado Trump se había convertido en el peor enemigo de los emigrantes, y el señor Biden se comprometió a revertir esa actitud para recobrar el espíritu estadounidense de ser una nación de emigrantes. Triunfó y ahora en la presidencia procura cumplimentar sus compromisos.

El jueves 18 de este mes de febrero, allá en Washington, se presentó al Congreso yanqui el plan de reforma migratoria que el mandatario y los demócratas, consideran será el remedio para que por fin esos más de once millones de indocumentados, logren ser residentes legalizados y en su momento se les conceda la ciudadanía.

Dos legisladores de ascendencia latinoamericana (Bob Menéndez y Linda Sánchez, cubano y mexicana, respectivamente) se encargaron de realizar esa tarea, y al parecer todos los demócratas respaldan la propuesta y se confía que se sumen tantos republicanos cuanto sean el número suficiente para aprobar la iniciativa.

Los requisitos y condiciones para que un indocumentado se regularice son muy accesibles: no tener antecedentes penales y haber ingresado a los Estados Unidos (EUA) antes del presente 2021. De ser aprobado ese proyecto, varios grupos que el inefable Trump tuvo a raya como los del Programa de Acción Diferida llamado DACA, y Estatus de Protección Temporal (TPS), serían beneficiados de inmediato, lo que sería justo premio por lo que padecieron durante el anterior gobierno.

Y si en ese conjunto , ya hay paisanos, en el siguiente será gran mayoría, pues se refiere a los trabajadores agrícolas que hayan laborado al menos cinco años, que por ese solo hecho recibirán su “Green Card” o sea su tarjeta de residencia permanente, con la cual en tres años podrán acceder a la ciudadanía. Recordemos que para México eso significa mucho, pues además de resolver un problema social, ayuda a solventar el de orden económico, pues los mexicanos que laboran al otro lado del Río Bravo, envían a sus familiares que residen en su patria, nada menos que más de cuarenta mil millones de dólares anualmente: es cifra que compite con las de turismo o de inversión extranjera directa, superando además los capitales que malos connacionales exportan a la tierra del dólar, a sabiendas del perjuicio que infieren a la nación: son apátridas embozados, y por tanto insensibles a la solidaridad nacional.

En aquel grupo de beneficiados, (volviendo a nuestro tema de los indocumentado). De igual manera se incluye a quienes hayan prestado servicios o mano de obra en infraestructura esencial; se acelerarían los casos de aquellos que tienen parientes, y el de parejas mixtas (cuando uno tiene Green Card y el otro nada) que en estos tiempos son muy comunes.

De especial relevancia en este proyecto de ley migratoria, se contempla prohibir deportaciones de quien esté tramitando su regularización, así como eliminar la sanción de 3 a 10 años que se aplica a los que han vivido irregularmente en EUA. Aquellos, por el solo hecho de sus trámites para documentarse, recibirán permiso para trabajar en tanto se desahogue su petición regulatoria.

Complementan ese esperado plan migratorio del mandatario demócrata estadounidense, la flexibilización para las peticiones de asilo, de víctimas de violencia doméstica, de testigos en hechos judicializables y para familiares de ciudadanos cuando aquellos residen en el extranjero.

En la república mexicana y muy especialmente en Jalisco y entidades limítrofes, no hay población que no registre enorme número de “norteños”, como se designa a los paisanos que se van a trabajar (con papeles o sin ellos) a EUA. De allí lo importante para nosotros que se apruebe esa iniciativa.

El primer mandatario mexicano se expresó muy positivamente de esa propuesta de Biden, coincidiendo con éste en que ojalá se apruebe pronto, ya que como afirmó el flamante inquilino de la Casa Blanca, “es urgente devolver la justicia, la humanidad y el orden” al sistema de inmigración de Estados Unidos, la tierra de Lincoln, el inmortal prócer de la libertad.

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OPINIÓN

¿Qué pasa en Jalisco?

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Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¡Qué barbaridad con la violencia e inseguridad que golpea con suma crueldad a Jalisco! Y lo peor, la insensibilidad de nuestras autoridades con su discurso triunfalista que por un lado, aseguran una y otra vez que están haciendo las cosas bien, cuando todo mundo ve que las instituciones responsables de ofrecer seguridad y protección están rebasadas completamente con la criminalidad.

El suceso más reciente fue la masacre que se registró en la colonia Jauja, Tonalá, donde 11 albañiles fueron asesinados y una vez más, los victimarios escaparon. Una vez más el escudo urbano del C5 se vio como florero de adorno. ¿Y qué pasó con la Policía Metropolitana y el grupo de elite de reacción?

El suceso sucedió a plena luz del día, en la tarde del pasado sábado, poco después de las 18 horas. No fue en la madrugada.

Este tipo de crímenes lo mismo suceden en Andares de Zapopan que en Jauja, Tonalá. No hay recato.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN JALISCO?

Nuestro estado se ha convertido en un estado generador de la nota roja nacional de escándalo, mostrando un gobierno rebasado completamente por la criminalidad, que a plena luz del día acciona y muestra su poderío, como si no existiera gobierno, porque los grupos de seguridad del estado, ni las manos meten. Sucedió en Puerto Vallarta, con los casos de asesinatos que le cortaron la vida al ex gobernador Aristóteles Sandoval y al principal empresario inmobiliario Felipe Tomé.

La reacción del gobernador Enrique Alfaro ayer domingo en redes fue muy desafortunada. Le llovieron las críticas cuando trató de echarle la responsabilidad de Gobierno Federal de que es al que le corresponde enfrentar esta violencia que viene del crimen organizado. Pero rápido le recordaron cuando Alfaro desde la oposición descalificaba al entonces gobernador priista por este tipo de hechos violentos, al calificarlo de incapaz y pedir su renuncia.

¿Qué escribió Alfaro en sus redes?

De nuevo, nuestra ciudad sufrió un atentado que duele, que enoja, que roba la tranquilidad. Ayer 13 personas perdieron la vida en dos multihomicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado, en La Jauja, Tonalá, y en Lomas del Pedregal, Guadalajara”.

No robaron nada. Sólo llegaron a matar, a ejecutar a personas con armas de grueso calibre. Todas las corporaciones de seguridad de Jalisco actuaron coordinadas e inició una importante movilización policiaca y de investigación que continúa su curso”.

Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional. Siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad. En dos años logramos reducir la mitad de los delitos del fuero estatal y seguiremos haciendo nuestra parte, pero, mientras sucedan este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que solo hay una cara responsable”.

Es tiempo que el Gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país”.

Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca”.

SI NO PUEDE DEJE SU CARGO”

A estos mensajes y postura de que es el Gobierno federal el que debe enfrentar a los criminales y que no dan la cara, como él si lo hace, generaron una fuerte y tupida lluvia de críticas en las redes y se le recordó aquellos mensajes de tuits, como el del 15 de abril del 2018, cuando escribió: “Jalisco se ha convertido en referente nacional por asesinatos de activistas y políticos, y recientemente de personas. En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre”.

Y Alfaro, añadiría a lo anterior: “Señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino, en materia de seguridad y procuración de justicia, su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo”.

¿Qué diferencia hay entre aquellos asesinatos y los que se están cometiendo durante su gobierno?

Lo cierto es que vemos a un gobernador desesperado que no acepta la responsabilidad que tiene como jefe político de Jalisco y que trata de aventarle la braza caliente al Gobierno federal, como distractor de la incapacidad que su gobierno ha mostrado durante los 27 meses, cuando los criminales se pasean como juan por su casa en la ZMG.

Lo más triste es que esto no se vislumbra que vaya a registrar algún cambio, porque más que dar la cara y enviar mensajes en videos, se requiere una estrategia inteligente y una verdadera coordinación policiaca que no existe entre las policías locales y las estatales.

Tenemos un gobernador que no acepta su realidad con una incapacidad de autocrítica que se convierte en freno para poder enfrentar la problemática y revertirla.

Mientras tanto, este tipo de actos criminales seguirán presente, exhibiendo la incapacidad de un gobierno totalmente rebasado ante el poderío de la criminalidad que impone su ley, la ley de la selva.

Y fuera del Estado, seguirán preguntando: ¿Qué pasa en Jalisco?

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OPINIÓN

Ahora la masacre fue en Jauja, Tonalá

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Con todo respeto, por Zul de la Cueva //

El sábado 27 de febrero en la colonia Jauja de Tonalá, que es un municipio conurbado de la capital jalisciense, es decir en la segunda ciudad más grande del país, a eso de las seis y media de la tarde, con luz de día, en el que vecinos declararon “creímos que eran niños tronando cohetes” de lo mucho que duraron sonando los disparos.

Un tiroteo que dejó a diez hombres y un niño sin vida. A diez albañiles, esperando su raya. Al interior otro menor y una mujer heridos. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos aquí? 

Llegamos en el marco de una desgastadísima relación con el Gobierno Federal. Recordemos que al inicio del sexenio se armaron unas mesas donde se coordinaría la estrategia de seguridad y en las que participaría el entonces Super Delegado Carlos Lomelí. 

Nunca se coordinaron, Lomelí no duró mucho en la mesa y fue clara la intención de descarrilarlo y no es que el gobierno de Jalisco haya actuado de manera irracional al tratar de sacar a un contrincante electoral de la discusión; es que la estrategia de seguridad siempre estuvo manchada de tintes político-electorales desde el día uno y el gobierno de Jalisco decidió controlar esa narrativa y se apoderó de ella con el mismo Gobernador de vocero, ni más ni menos.

 El gobierno de Jalisco sacó sin muchos sudores al Super Delegado de la discusión y prefirió ir solo. Con esto la vocería de seguridad correspondió a Alfaro. A la larga se vería que esto era un error estratégico.

En diciembre de 2018 Alfaro declaraba:

Ya hay acuerdos con el Gobierno Federal, respecto a una estrategia de seguridad focalizada de acuerdo a las necesidades de Jalisco”, esto derivado de las reuniones con el entonces Secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo. Las cosas iban bien, Alfaro daba las noticias, Alfaro anunciaba cómo se relacionaba con el Gobierno Federal.

Particularmente la definición del modelo metropolitano, llegamos a acuerdos puntuales (…) Y vamos a tener una serie de reuniones para hacer ajustes y establecer algunas particularidades de la estrategia local a diferencia del resto de los estados, Jalisco tiene que tener un abordaje especial”.

¿Y el abordaje especial? ¿Y la estrategia conjunta? 

En Julio de 2020, con la visita de Amlo, Alfaro señalaría:

Jalisco sin duda tiene una situación compleja en materia de seguridad y pueda sentirse respaldado por el Gobierno de la República”.

Se comenzó a construir una ruta de triunfalismo discursivo basado en cifras. Los delitos patrimoniales a la baja. Alegría, buenas noticias. Pero la percepción ciudadana es que la inseguridad está fuera de control. 

Alfaro ha sido muy hábil siempre para ajustar el discurso de acuerdo a la necesidad electoral, la coyuntura o a la ruta de oportunidad que ve. Con esto logra relampagueantes momentos de atención nacional como cuando anunció lo de los cinco días o salió a luchar contra el desabasto de gasolina.

A veces le funciona el sentido del timing, a veces no tanto y en general lo que sucede es que enarbola banderas que se agotan, las suelta y toma nuevas banderas olvidando las anteriores.

Este fin de semana hay un giro en la estrategia que comenzó con el Gobernador distanciándose del discurso de seguridad. En un hilo de Twitter el domingo por la tarde buscó terminar de deslindarse de un tema que no le deja ya positivos:

(…) Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno Federal por disposición constitucional.  Siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad. En dos años logramos reducir a la mitad los delitos de fuero estatal y seguiremos haciendo nuestra parte, pero, mientras sucedan este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que solo hay una cara responsable. Es tiempo de que el Gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país. Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de Gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca. (…)

Y así regresamos al origen. No quisieron al vocero y se quedaron sin super delegado. Dinamitaron a la oposición olvidando la máxima de Reyes Heroles: “Lo que resiste apoya” y así hoy, sin interlocutores, buscan compartir los negativos de la inseguridad, pero no tienen resistencia en la cual apoyarse.

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OPINIÓN

Blockchain, futuro para la e-democracy

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Opinión, por Javier X. Hurtado //

Resulta realmente interesante percatarse cómo día con día las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) toman mayor importancia en cada vez más ámbitos de nuestra vida diaria. En este sentido, y haciendo un análisis inductivo y deductivo con el año electoral en el que estamos inmersos, una de las tecnologías que vislumbra un mayor futuro para una democracia participativa realmente electrónica, es sin duda la Blockchain -como lo mencionaba atinadamente Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (qepd)-.

No podemos entender la BlockChain, sin antes tener conocimiento, a modo de prontuario, que ésta tecnología es subyacente a las tan mencionadas últimamente Criptomonedas o Bitcoins para dar total seguridad al sistema de flujo de efectivo electrónico descentralizado entre pares.

Por esto, es que es sumamente seguro el utilizarla; ya que, para poder alterar o hackear un registro o movimiento dentro de una cadena de bloques, se tendría que hacer en todos y cada uno de los equipos computacionales que participan en una determinada cadena –y para poder participar en una determinada cadena se debe de descargar previamente- en las que se tenga reconocimiento de ese movimiento en particular, lo cual resulta imposible ya que permite registrar una transacción, contrato o cualquier otro tipo de actividad electrónica de manera verificable, infalsificable y transparente, sin necesidad de que un tercero verifique su validez. Por ello, es plenamente segura.

Por lo que toca a la democracia electrónica podemos mencionar como preámbulo que ayuda a la construcción de sociedades más informadas y participativas; ya que es un concepto basado en el correcto uso y aprovechamiento de las TIC’s, teniendo como principal objetivo el mejorar el proceso democrático en la toma de decisiones. Si bien, dicho concepto en su fomento y desarrollo se encuentra aún en pañales en nuestro país, el término vislumbra un crecimiento exponencial en años venideros.

Dicho lo anterior, no podemos dejar de pensar en la urgente necesidad de modernizar nuestros sistemas democráticos de elección popular mediante la correcta promoción y definición de políticas públicas desarrolladas para tener una democracia electrónica e inteligente; que sea realmente de avanzada y acorde a la realidad pandémica en la que estamos inmersos, que no sea un parche más de corrección a lo mal planteado desde un inicio, como se hace después de cada proceso electoral con reformas a modo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Una correcta e-democracy no significa la compra, configuración y puesta a punto de urnas electrónicas que aún representan la necesidad de asistir a un lugar físico para emitir un voto. Tampoco la dignifican aplicaciones mal hechas por la autoridad electoral para “facilitar” la captura de apoyo ciudadano en candidaturas independientes.

Democracia electrónica y participativa no es condicionar un voto con un pago de impuesto predial para emitir opinión de dónde gastar el presupuesto. No lo es el hacer livestramings, no lo son las páginas de internet ni redes sociales de partidos, políticos, gobiernos o gobernantes; ni mucho menos, un sitio web en dónde te registres para obtener una inoculación.

Lo correctamente deseable para una democracia electrónica y participativa, sin lugar a dudas nos lleva a pensar primeramente en los problemas técnicos y operativos del actual sistema democrático de elección de representantes; ya que, la accesibilidad, los altos costos operativos, los problemas tecnológicos de conexión que se dan en cada jornada electoral con el sistema del PREP y los inconvenientes sociales derivados por el SARS-CoV-2.

Después, nos llevaría a poner en la balanza las grandes oportunidades que representaría la explotación inteligente de la tecnología de las cadenas de bloques porque es rentable y eficiente, los registros se mantienen invariablemente, cuenta con seguridad, anonimato o identificación fidedigna; y, sobre todo, accesibilidad. Sería realmente posible un voto electrónico y secreto en elecciones y/o participación democrática y social fidedigna. Crecería exponencialmente el uso y aprovechamiento de los trámites gubernamentales en línea y nos olvidaríamos de tan precaria tecnología como lo es la firma electrónica del SAT.

Mientras tanto podemos decir: cuánta falta hace JASD para incentivar estas tecnologías que ya conocía y hacía énfasis para su uso y aprovechamiento.

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