JALISCO
Una inversión de 895 millones de pesos: El C5 que nunca ha sido el escudo urbano metropolitano de GDL
Por Daniel Emilio Pacheco //
El 8 de septiembre de 2020, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, presumía en sus redes sociales la detención de unos robacarros, escribía en la presentación del vídeo del C5 que presentaba el mandatario: “Hace unos días, en Guadalajara, se reportó el robo con violencia de esta camioneta al 9-1-1. Gracias a las cámaras del C5 Jalisco se localizó y en coordinación con la Policía Metropolitana no pasó ni media hora para detener a la presunta delincuente en El Salto”.
Se presumían, pues, dos los logros de la administración de Enrique Alfaro en su administración, el C5 y la Policía Metropolitana.
El Escudo Urbano C5 ha sido una de las inversiones en seguridad más caras que se ha hecho por autoridades del gobierno en Jalisco, y no hemos visto resultados destacados, pareciera que nunca termina de funcionar, ejemplo de ello es lo dicho por el entonces gobernador, Aristóteles Sandoval, el 8 de octubre de 2018 cuando le daba la bienvenida a las nuevas administraciones municipales, dijo Sandoval Díaz: “En este periodo todavía que nos resta de seguir trabajando de manera coordinada los tres ámbitos de gobierno; el ámbito federal, donde se encuentran representados aquí, a quienes les reconozco su trabajo y les agradezco, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, CICE, la Secretaría, el Delegado de la Secretaría de Gobernación”.
Y aprovechó para presentar un informe de la situación del C5 y habló de las responsabilidades de su gobierno y del que vendría después: “Hoy, al día de hoy, se presentó un estatus de más de tres mil 600 cámaras, se presentó los avances y el retraso que tiene también el proyecto. Se ve dónde tenemos un retraso, por ejemplo, en temas de botones de pánico hay un retraso significativo, el compromiso es que se pueda avanzar, a llegar a los mil al último día de esta administración”.
“Pero también se revisó cuál es el sistema inteligente que contiene este programa de video vigilancia, de coordinación, de cómputo, de inteligencia, cuál es al app que muy pronto anunciaremos públicamente para que todos los ciudadanos puedan utilizarla, tener acceso a esta app ciudadana de alerta, de emergencia y de reacción inmediata por parte de las autoridades”.
“Dejar con mucha claridad también a los medios de comunicación que el contrato es muy claro, el Gobierno del Estado pagará única y exclusivamente lo que esté funcionando; lo que no, pues será la próxima administración la que defina de acuerdo al avance que se tenga hasta el último día de esta administración, así que quede muy claro, el contrato está especificado con mucha claridad, tanto penalidades como fianzas, así como también los términos de qué es lo que se ha pagado que ya está certificado y qué es lo que se está por pagar o liquidar dentro de los alcances que tenga la empresa y el cumplimiento de lo que esté funcionando tanto en el C5 como los C2, que hemos proveído a los propios municipios, para que con infraestructura ellos puedan tener mejores condiciones de trabajo y de reacción en la materia preventiva, que es la atribución en responsabilidad que tenemos en los ámbitos de gobierno”, explicó el entonces gobernador Aristóteles Sandoval.
El proyecto del C5 surgió en marzo de 2016, y fue el Subsecretario de Administración Salvador González Reséndiz, quien habló de la necesidad de contar en la ciudad con un C5 que permitiera por medio de la más alta tecnología de “punta” mejorar la seguridad del área metropolitana.
Valiéndose del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones de Jalisco, el funcionario logró que la adjudicación fuera directa, incluyendo la instalación de miles de cámaras, micrófonos y botones de alerta, beneficiando a una empresa de la República de Chipre, sin considerar a empresas verdaderamente especialistas en el tema.
El contrato se firmó en mayo de 2016, por un total de 895 millones de pesos y la empresa se comprometía a la instalación de 5,500 cámaras de video-vigilancia, mil 500 sensores de audio y mil 500 botones de pánico. El funcionario a cargo fue Mauricio Gudiño, en ese momento subsecretario de administración.
Sin embargo, el famoso C5, no fue lo que se esperaba, no se entregó a tiempo y fue de los “detallitos” que la administración de Enrique Alfaro encontró al llegar al poder.
El 10 de diciembre de 2018, ya en funciones, Enrique Alfaro anunció: “Estoy pidiendo que a la auditoría que ya está en curso, que tiene que ver con revisar los términos del contrato del C5, del Escudo Urbano se puedan agregar dos cosas que nos parecen fundamentales, una, los elementos técnicos que hemos ido encontrando como deficiencias dentro del proceso de entrega recepción, que es una tarea que le he encargado al doctor Macedonio Tamez, para poder entender una serie de cosas que no nos quedan claras y que más allá de los términos del contrato digamos sería una auditoría técnica, a partir de los elementos del proceso de entrega recepción”.
La investigación estaría a cargo de Macedonio Tamez Guajardo, en ese momento coordinador general estratégico de Seguridad.
Enrique Alfaro Ramírez, informó que se estaba realizando un proceso de ajuste interno de los diferentes mandos que encabezan el C5, investigación que se realizará a fondo y lo que resulte será aportado al proceso de la auditoria.
Enrique Alfaro hizo mención en esa rueda de prensa en algo que es el sentir del ciudadano respecto al C5:
“Eso evidentemente podría abrir otras rutas de investigación porque lo que nos parece es que difícilmente se pueda explicar o justificar cómo es posible que cada vez que pasa algo importante en la ciudad nos damos cuenta de que las cámaras estaban en condiciones o más bien, estaban sin las condiciones necesarias para poder tener elemento de video que nos permitan también soporte para las investigaciones que estamos haciendo, nunca se graba nada, algo está pasando adentro”, señaló.
En esa rueda de prensa, el mandatario jalisciense anunció, además, que habría un ajuste de fondo en el modelo de patrullaje, particularmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, en el cual participan los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.
“Hay un planteamiento completo de ajuste con el tema de patrullaje. Ese tema lo está coordinando Macedonio Tamez, junto con el general Velasco, secretario de Seguridad Pública, con los Comisarios del Área Metropolitana y con todas las instancias operativas que están participando en la mesa de seguridad incluyendo Policía Federal, Ejército, Marina, en fin, todo estamos metidos y con todos estamos trabajando”, dijo.
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LA LEY QUE DA VIDA AL ESCUDO URBANO C5
En su Artículo 6. El “Escudo Urbano C5” habla de 22 atribuciones que tendrá este organismo y son verdaderamente importantes, sin embargo, la mayoría de ellas no se realizan y por tanto no se dan resultados en seguridad destacados. Solo destaco los siguientes puntos que se encuentran en la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco:
IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad privada, propietarios o poseedores de inmuebles establecidos en plazas o centros comerciales, de unidades deportivas, centros de esparcimiento con acceso de público en general, en los términos de los convenios que se suscriban para tal efecto, y que resulte útil para el cumplimiento de su objeto;
VIII. Establecer mecanismos de coordinación entre las instancias de la administración pública del Estado de Jalisco que resulten competentes, para la distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás información que se genere y que sea necesaria para dotarlas de los elementos en la toma de decisiones y correcta ejecución de acciones;
IX. Auxiliar al personal de la Fiscalía General del Estado que realicen actividades relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión de información necesaria para la prevención, investigación y persecución de los delitos; así como a las autoridades competentes en materia de prevención y sanción de infracciones administrativas, procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes respectivas;
XIV. Efectuar la primera búsqueda para la localización de personas reportadas mediante llamada telefónica como extraviadas, accidentadas o detenidas, en las diversas instituciones hospitalarias, asistenciales, administrativas y judiciales del Estado de Jalisco y Área Metropolitana de Guadalajara, así como de los vehículos accidentados, averiados o abandonados o que ingresen a los centros de depósito de vehículos del Estado de Jalisco;
XVIII. Utilizar la información captada a través de la sala de video monitoreo, así como de los servicios que opera, para generar índices delictivos, zonas peligrosas, intersecciones viales más conflictivas, percances viales, alertamiento a la población, recomendaciones de seguridad y autoprotección;
La balacera del pasado lunes en Zapopan, exhibe en toda su realidad las deficiencias del llamado escudo urbano de vigilancia C5; la pésima coordinación de la llamada Policía Metropolitana; el mal diseño de los operativos de patrullaje en una de las zonas comerciales mas concurridas, mejor comunicadas vía terrestre y donde el flujo de operaciones comerciales es alto; sin olvidar, que el tiempo de respuesta a una acción armada que se prolongó varios minutos en una avenida perfectamente bloqueable fue increíblemente tardado; de los sicarios que huyeron con el cadáver de uno de sus cómplices a bordo de una camioneta blanca por las avenidas Patria, Universidad, Juan Palomar y Arias, Rafael Sanzio, Sebastián Bach y la calle Independencia a la altura del parque Metropolitano, donde el vehículo fue perdido por las autoridades, para reaparecer afuera de un hospital de la colonia El Colli, donde abandonaron el cuerpo de su cómplice, solo podemos preguntar, ¿cómo va la investigación de la infiltración de la Fiscalía del Estado por parte de grupos de la delincuencia?
Dijo Enrique Alfaro el 6 de junio de 2020, luego de la desaparición forzada que aplicaron elementos de la Fiscalía a más de 20 jóvenes: “La posibilidad de que el mando policiaco, el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación que actuaron de esa manera pudieron haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente”.
En esa ocasión aseguró el mandatario la instrucción fue la de no usar la violencia, mantener una actitud de contención y una actitud pacífica por parte de las policías.
Sin embargo, “esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la orden? y ¿quién dio esta instrucción? evidentemente no fue el fiscal del estado tenemos certeza de eso”, refirió Enrique Alfaro.
Y luego dijo el gobernador de Jalisco “lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia porque hay un tema que yo tengo que poner hoy sobre la mesa de una manera franca y abierta, pero con una profunda preocupación”.
La realidad es que, desde entonces los crímenes violentos sin resolver, las ejecuciones masivas de jóvenes o familias han sido más constantes y hasta la fecha, no hay un solo caso esclarecido, por el contrario, cada vez se ve más lejana la posibilidad de tener una Fiscalía que de resultados en beneficio de la ciudadanía que dice proteger. El gobierno de Enrique Alfaro no ha dado resultados en materia de seguridad, su administración complementó la compra de cámaras, auditó lo recibido, implementó el modelo actual de trabajo, confirmó o quitó a quienes ahora están al frente de la seguridad en el estado y el C5, es tiempo de reconocerlo como él acostumbra, de frente y dando la cara, su estrategia no ha dado resultado, por el bien de Jalisco es tiempo de cambiar.
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Chelsea, el orgullo de Londres
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán
