JALISCO
Las promesas de Alfaro en campaña: Reprochan pensionados a Alfaro su omisión en el rescate del Ipejal
Por Mario Ávila //
La iniciativa que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, presentó al Congreso del Estado para poner fin, “por causa de utilidad pública” a las llamadas “pensiones doradas” que se entregan en el Ipejal, bajándolas e imponiendo un tope máximo de 25 veces el salario mínimo, solo ha desatado comentarios de reproche de los 42 mil trabajadores pensionados y jubilados, quienes coinciden en que a casi la mitad del sexenio, el mandatario no ha cumplido con su palabra.
Líderes de los diferentes organismos de pensionados y jubilados, plantean que solo promesas se han hecho, en el proceso de sanear las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado y advierten que las palabras, no han sido respaldadas con acciones que indiquen que de verdad se busca salvar al Ipejal, de la inminente quiebra en el 2029 como lo pronostican los propios estudios actuariales.
Incluso entre los miembros de la Unión de Jubilados y Pensionados del Ipejal, del Colectivo pro defensa del patrimonio del Ipejal y del Movimiento 19 de abril de afliados de Ipejal, las agrupaciones con mayor representación en el universo de 42 mil jubilados y pensionados, circula de nuevo el video grabado en el 2018 en el salón Fiesta Guadalajara, cuando Enrique Alfaro (entonces candidato a la gubernatura) en reunión con miembros de la Sección 47 del SNTE, prometió ir en contra de los causantes del desfalcos en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
Ya pasó casi la mitad de su administración y de poco o nada sirvió el paso por la dirección general de Iván Argüelles y ahora con la llegada de Héctor Pizano Ramos a partir de febrero del año en curso, los jubilados dicen tener una ligera esperanza, pero quieren ver resultados concretos.
«Los pensionados también tenemos mucho que reclamarle al gobierno, en los casi tres años que se van a completar el gobierno de Enrique Alfaro nos ha quitado cuestiones que ya teníamos ganadas, nos han ofrecido quitarnos algunas a cambio de darnos otras y no nos han cumplido y el gobernador no se ha reunido ni una sola vez con los jubilados y nosotros queremos hablar directamente con él, decirle las cosas cara a cara», dijo José Herminio Jasso Álvarez, asesor de la secretaria general de la Unión de Jubilados y Pensionados del Ipejal.
Por su parte, José Luis Tinoco Manga, líder del Colectivo Pro defensa del patrimonio del Ipejal y del Movimiento 19 de abril de afliados de Ipejal, advierte que en cada movilización que realizan, la última hace un mes cuando bloquearon la circulación en Federalismo y Juárez, lo que han pedido es dialogar con el Gobernador, y en casi tres años nunca los ha recibido. Sin embargo, recuerda que quien sí lo recibió y lo atendió fue el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, previo a un acto que tuvo en el municipio de Tepatitlán, a donde acudió a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional.
Claro está, que lo que buscan los jubilados y pensionados es que el gobernador les explique por qué no ha cumplido con lo que ofreció en campaña, es decir ejecutar acciones para frenar el desfalco y sanear las finanzas del Ipejal.
Por ello entre las agrupaciones de jubilados circula con insistencia el video aludido, en el que el entonces candidato a gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, así se expresaba en lo que evidentemente fue solo un acto de campaña:
PALABRAS DE ALFARO EN CAMPAÑA:
«Vamos a resolver de fondo la situación del sistema de pensiones del Estado, el sistema de ahorro para el retiro de los maestros, fíjense bien, no es broma, ni es amenaza, ni es amago, vamos a ir a fondo contra los responsables del desfalco en Pensiones, es un mensaje claro y contundente y espero que no se malinterprete lo que voy a decir, pero lo voy a decir como lo siento, para que quede el mensaje como debe de ser: Vamos a hacer auditorías completas, pero sobre todo lo vamos a hacer con una mesa de trabajo en la que yo quiero que los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos los maestros, tengan una representación real. Ojo, no vamos a platicar con los mismos líderes que fueron cómplices del saqueo de Pensiones, yo respeto el derecho de organizarse de cada quien como considere correcto, respeto a las dirigencias sindicales, pero si hay líderes que fueron parte de esa cadena de corrupción, que les vaya bien, aquí no van a transitar, con nosotros no».
PROMETIÓ IR CONTRA DEFRAUDADORES
José Herminio Jasso Álvarez, asesor de la secretaría general de la Unión de Jubilados, plantea de entrada en entrevista para los lectores del semanario Conciencia Pública: “La pensión es un derecho ganado y nadie se los puede quitar; irse contra los jubilados no resuelve el problema. Está queriendo hacer una ley anticonstitucional, porque todos los que estudiamos Derecho sabemos que una ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de una persona”.
Y detalla: “El video de la reunión de Alfaro en campaña con los maestros de la Sección 47 yo lo he visto una y otra vez y en esa reunión dijo que iba a perseguir a los que desfalcaron al Ipejal, yo debo pensar en las malas inversiones o los gastos que se hacían a sobre precio. A nosotros no nos consta, pero se dice que las medicinas las compraban a sobreprecio, datos que no nos constan porque nosotros no estábamos ahí”.
«En vez de estar atacando a los pensionados que no tienen la culpa, tiene que irse contra los que como él dijo desfalcaron a Pensiones, y desfalca el mal administrador, no el mal jubilado. Yo te podría dar una lista de nombres que estamos esperando ver que los ponen en donde deben (cárcel), pero para qué nos metemos en el lío, si nosotros no somos jueces», afirmó.
«La solución es irse contra los sueldos, ahí está la clave, porque cómo jijos de la mañana, fulano, sutano o mangano, ya sea magistrado, juez o contador mayor de hacienda ganan 200 mil pesos, todos ganan por arriba del gobernador, porque ellos se asignaron su propio sueldo, enorme; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, no pos que es para defender nuestra honestidad…oye yo fui funcionario en un montón de lados y no pedía dinero para defender mi honestidad, yo soy honesto con las condiciones que me plantea la realidad. Porque lo que ellos hacen es un chantaje, si no quieren que me corrompa, páguenme más…mira nomás qué honrados».
«Aquí el problema siempre será el sueldo, porque si a mí me descuentan para pensiones de acuerdo con mi sueldo, me tienen que dar la pensión de acuerdo con lo que me descuentan. Así es, no me pueden decir que si gano 200 mil pesos, me descuentan el equivalente y el gobierno también aporta la parte proporcional de mi sueldo de 200 mil pesos, ah pues mi pensión debe ser de 200 mil pesos», expuso con un tono de indignación, Jasso Álvarez.
TIENEN FE EN HÉCTOR PIZANO
Sobre el relevo en la dirección general que se dio en los primeros meses de este año, José Herminio Jasso así se expresó: “Yo veo que Héctor Pizano está haciendo una estrategia que esperamos todos dé resultados; estás como con la Virgen de Zapopan, si tú crees que la Virgen de Zapopan hace milagros, pues tenle fe. Entonces si nosotros creemos o queremos que la administración de Héctor Pizano haga milagros, pues hay que tenerle fe, pero hasta ahorita vamos puros ofrecimientos y puras promesas, pero siempre debemos esperar los hechos”.
Sobre la nueva unidad de medicina familiar, dijo: “Ya nos la anunciaron, pero nos dijeron que estará funcionando al 100% hasta dos años después de que salga Enrique Alfaro del gobierno de Jalisco. Pero se supone que va por etapas”.
La compra por 80 millones de pesos para medicamentos -abundó-, no resolverá el problema de abasto, ‘dicen que las cosas en palacio, van despacio’, así que hay que tener paciencia y ver en los hechos que las cosas se van acomodando. De un jalón en una licitación salió como el 80% de los medicamentos que se ocupan, de acuerdo a lo que nos dicen, yo no estoy haciendo el inventario en la farmacia. Las cosas hay van, ya solo falta el otro 20% porque hay mucha gente que también necesita esos medicamentos”.
Sobre la necesidad de que se les conceda voz y voto con una posición en el Consejo de Administración del Ipejal, Jasso Álvarez, recordó que este reclamo fue planteado desde el 2010 «en un foro celebrado en el Congreso del Estado en el que participamos miembros del consejo directivo del instituto, los representantes de los trabajadores, diputados y nosotros pedimos un asiento en el consejo para defender al pensionado, precisamente lo hicimos para evitar que nos digan que dentro de 5 años ya se acaba esto».
«Y pedimos el asiento en el consejo no por desconfianza a los que hoy están con la representación de los trabajadores, ellos están ahí para defender lo suyo, el de la Sección 47 defiende a los maestros en activo, el de la burocracia defiende a sus trabajadores».
«Pero nosotros queremos hablar y sugerir: Mete a uno al bote, como el que debe de Puerto Vallarta y verás como los demás se ponen al corriente luego luego, pero cuando te dicen que tienen como 15 años debiendo, no pos esas son vaciladas. Y luego terminan pagando con terrenos en el cerro para acabarla de amolar, hasta con esa».
«Otra solicitud que planteamos era que en la ley quedara establecido que aquel funcionario que por negligencia, por ignorancia o por incapacidad haya decidido invertir dinero que se pierde, vaya a la cárcel. Porque dicen que corrupto no nada más es el que roba, sino el que no sabe administrar y entonces qué estás haciendo ahí», finalizó diciendo el asesor de la Unió de Jubilados y pensionados del Ipejal, José Herminio Jasso Álvarez.
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ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Chelsea, el orgullo de Londres
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán
