JALISCO
Problema de trata y abuso sexual de menores desbordado en Vallarta: CEDHJ presentó hace un año informe al alcalde
Por Marianela Manríquez //
Policías del municipio de Puerto Vallarta encontraron a un hombre parado junto a la puerta del copiloto de un automóvil Volkswagen Golf, estacionado en la calle 16 de septiembre. Dentro del carro yacía una menor de 10 años desnuda.
Al percatarse de la presencia de la autoridad, el hombre intentó tapar la visibilidad al interior del vehículo. Momentos después, se identificó como servidor público de la Policía de Puerto Vallarta.
La detención de quien fuera el director de Recursos Humanos de la Policía del municipio de Puerto Vallarta, Luis Alonso “N”, reafirma los señalamientos que se han hecho por parte de la sociedad civil y medios de comunicación sobre la red de pederastas y explotación sexual infantil en ese destino turístico.
Hace un año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), le entregó al gobierno que encabeza el alcalde Arturo Dávalos Peña, un informe para combatir la trata de adultos y de infantes. Se trata del “Informe Especial sobre la Situación de Violencia contra las Mujeres en correspondencia con los Mecanismos de Alerta de Violencia contra las Mujeres y Alerta de Género”.
En su informe, la CEDHJ dice que Puerto Vallarta destaca a nivel nacional como uno de los destinos turísticos con mayor incidencia de trata y explotación sexual infantil, en donde se ha denunciado la presencia de distintas modalidades, incluyendo pornografía infantil y turismo sexual.
Y es que el abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en Puerto Vallarta va en ascenso, de acuerdo con El Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), tan solo en lo que va del año se han registrado 67 denuncias penales en el municipio por este delito, que representa un 15 por ciento más respecto al año pasado. Lo que significaría que, cada tres días, una niña o niño es víctima de abuso sexual en este municipio costero.
Según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, durante el primer trimestre de 2019, se han registrado 611 casos de abuso sexual infantil, de los cuales el 60.2 por ciento se concentran en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. En promedio han ocurrido 6.7 delitos de este tipo por día.
ABUSO SEXUAL A LA ALZA EN JALISCO
El proyecto Alumbra, que trabaja para prevenir el abuso sexual infantil en México, señaló que en 2017 Jalisco se encontraba entre los estados con las tasas más elevadas de abuso sexual a nivel nacional con 28.6 casos por cada 100 mil niñas, niños o adolescentes de cero a 17 años.
Alarmantemente, el alza en estos casos no representa mayor atención para el gobierno de Jalisco, por el contrario, se ha desatendido y dejado rezagado la problemática que ha afectado durante años a niñas, adolescentes y mujeres vallartenses.
“Hemos solicitado la Unidad de delitos por razón de género y trata de personas. Vallarta es reconocido a nivel internacional con esta problemática y no tenemos esa unidad, es Fiscalía regional quien ve todas las agresiones sexuales en niñas y adolescentes en el municipio, el personal no tiene la sensibilidad, preparación, ni la capacidad de saber cómo abordar a las víctimas, a las familia ni como hacer la investigación”, advierte la Coordinadora del Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Puerto Vallarta, Sandra Quiñónez.
“Se lo hemos dicho al Fiscal y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, faltan mecanismos de evaluación permanentes, no basta con que leas el protocolo, incluso te lo puedes saber de memoria, pero si no lo entiendes, no sabes cómo aplicarlo en el caso concreto de cada uno de ellos de nada te va a servir”
En entrevista con Conciencia Pública, Sandra Quiñonez explicó que se tiene que hacer una serie de ajustes a nivel interno de las dependencias, que tiene que ver con la atención, tramitación e investigación de agresiones a niñas y mujeres para que realmente el acceso a la justicia funcione.
CORRUPCIÓN DE MENORES
Caso Luis Alonso “N”: Un parteaguas en las investigaciones por corrupción de menores
El 16 de julio, el Gobierno de Puerto Vallarta confirmó que el hombre detenido fungía como Director de Recursos Humanos de la Policía, dos semanas después fue destituido del cargo.
Sin embargo, en la segunda audiencia realizada el 14 de agosto, el juez de Control y Oralidad del municipio, Jorge Luis Solís Aranda, decidió no vincular a proceso al sujeto por los delitos de corrupción de menores y tentativa de abuso sexual.
Uno de los argumentos fue: No sería vinculado a proceso por corrupción de menores, porque la niña de diez años no sintió placer.
Situación que desencadenó una serie de protestas a nivel municipal, estatal y nacional por parte de los colectivos feministas. Por su parte Cladem, alegó varias discrepancias y la falta de perspectiva de género en la carpeta de investigación.
“De entrada a la niña se le dejó de las 3:30 de la tarde hasta las 11 de la noche en los separos junto con su familia esperando que se le tomara la declaración, Una violación espantosa a los derechos humanos de la niña y la familia, la víctima de la agresión fue ella, y fue la última que se le tomó la declaración, venía asustada, violentada, y agredida, en esos momentos pudo ser debilitada por el estado”, relata Sandra Quiñonez.
“Estuvieron interrumpiendo la declaración de la niña, no se tomó la declaración del papá, no se hicieron pruebas testimoniales, la polícia municipal no retuvo el teléfono celular del agresor, no se hizo una investigación en el tema de la ropa que tenía el victimario. Una serie de situaciones que hoy estamos tratando que componga Fiscalía pero hay muchas en donde es complicado, la ropa y el celular ya lo entregaron a la familia”
Además, la activista, advierte que la menor tendrá que volver hacer su declaración, y eso es volverla a victimizar.
“ La declaración de la niña no sólo fue incompleta sino maquillada (…) Nos quedaban muchas dudas en algunos puntos. Le leímos la declaración a los papás y se dieron cuenta que lo que había dicho la niña, lo sacaron de la carpeta y son elementos que son importantes”
“Es gravísimo que un MP decida qué poner o no en la declaración de una víctima, eso no puede suceder, no es posible que una niña tenga que volver a pasar por esto, no tienen la menor idea de lo que implica para una niña hablar de este tema, empieza a temblar, se le pone los ojos rojos, ella cambia al saber que tiene que tocar ese tema”
El 16 de agosto, a través de redes sociales, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro dijo que el Consejo de la Judicatura de Jalisco optó por destituir al juez Jorge Luis Solís Aranda.
“Previo a eso ya habíamos solicitado a fiscalía que se hicieran todas estas pruebas con el ánimo de robustecer la carpeta, nos dimos a la tarea de rehacer estas pruebas, conseguimos una pericial en victimología forense, la Mtra. Caudia Angélica Rangel de la ciudad de Guadalajara que vino a Vallarta a realizar la pericial, y nos hizo una nota técnica sobre el tema de la victimología sobre el caso de la nena en el tema de corrupción”, explicó la Coordinadora de Cladem en Puerto Vallarta
Abundó: “Se tomó la declaración del papá, se amplió la declaración de la mamá, porque la que se le tomó en su momento por la hora fue muy pequeña, muy parcial, se hicieron investigación de campo, se recabaron algunos testimoniales, se amplió el tema de la ubicación porque parecía que estaba media cortada”
“Con eso se decide solicitar al juez el tema de vinculación porque considerábamos que podríamos presentar los suficientes elementos, pasó la audiencia de ocho horas, en donde se presentaron al juez todos estos elementos, el resultado fue completamente diferente”
El 21 de agosto, la juez Karina Dolores Rivas Gutiérrez imputó también el delito de corrupción de menores a Luis Alonso ‘N’, que ahora será juzgado por dicho delito y por abuso infantil.
“Algo que ha sido un factor importante fue la presión social, las manifestaciones en Vallarta y Guadalajara, incluso en México hubo una manifestación en repudio a lo que sucedió. Sabemos que se hizo una presión suficiente para que el propio Consejo de la Judicatura de manera extraordinaria sentó al juez para hacer una revisión de su actuar, hicieran que el propio gobernador pidiera a su equipo que tuviera una apertura, cercanía y cambiara su actitud”
LA ENTREVISTA A SANDRA QUINOÑEZ
C.P. En Colombia, el Consejo de Estado sostuvo a través de un fallo reciente, que para la demostración de la violencia en los delitos sexuales no es necesario que la víctima muestre signos de agresión en el cuerpo ¿Crees que hace falta reformar el delito de abuso sexual infantil?
Sandra Quiñonez. Todo el capítulo de agresiones sexuales de menores y adultos son redacciones muy arcaicas donde se siguen poniendo de alguna forma en las víctimas parte de la responsabilidad.
Desde hace cinco años se ha estado trabajando en diferentes mesas con diferentes organismos de la sociedad civil y diputados, para hacer este análisis integral de este capítulo de delitos sexuales, para hacer las reformas correspondientes, porque no es posible que estén diseñadas solo desde la visión del adulto.
Entonces la redacción tendría que cambiar de manera sustancial, no sólo de abuso sexual, el propio delito de corrupción es tan ambiguo que eso hace complicado poderlo acreditar, pareciera que en su momento fueron diseñados y redactados con el objetivo de inhibir la incidencia, pero son prácticas de agresiones que están al día a día en nuestras comunidades y por lo tanto se tiene que ir adecuando a lo que necesitamos como parte de la proteccion del estado.
C.P. En cuanto al presupuesto asignado a las partidas que atienden a mujeres y niñas violentadas ¿Es suficiente?
Sandra Quiñonez. No, en el municipio de Puerto Vallarta, el
Instituto Municipal de la Mujer tiene una partida cerca de 850 mil pesos anuales, pero sólo cubre sueldos, servicios, prestaciones e insumos, no hay un peso destinado a un proyecto, a un programa de prevención, de erradicación, de re educación, es necesario que el estado entienda que tiene que invertir en temas de género.
El departamento de Comunicación Social del municipio de Puerto Vallarta tiene presupuestado 18 millones de pesos anuales.
Los gobiernos estatales generan una serie de programas buscando no erradicar el problema sino calmar el foco rojo que traen.
No es lo mismo el presupuesto que se va a gastar el gobierno del estado en Puerto Vallarta que la zona norte, porque las complejidades de la violencia son completamente diferentes, es el mismo estado, hablamos de mujeres, pero la propia dinámica de la zona requiere un análisis mucho más puntual, es ahí donde los estados están fallando, recortan sin hacer estos análisis puntuales, si ser mujer es vulnerable, ser niña es todavía más, pero aparte si eres indígena, migrante, o analfabeta, cada una de estos indicadores te pone en mayor vulnerabilidad, son las que les pega los recortes.
El gobierno del estado no quiere reconocer que es ahí donde está haciendo la afectación, y ojalá fuera para ahorro pero te fijas y los mandan a Comunicación Social, que no benefician de ninguna manera a la población en general.
C.P. ¿Y el recurso humano?
Sandra Quiñonez. Aquí, en Vallarta el IJCF cuenta con un perito, no tenemos el área de peritajes cibernéticos, todo lo tenemos que mandar a Guadalajara, eso retrasa la investigación.
Las propias instalaciones del Instituto son denigrantes para el propio personal. Tenemos el mismo problema de Guadalajara en el tema de acumulación de cuerpos, las condiciones en las que están, se ven rebasados.
Y el personal que existe no tiene capacitaciones a profundidad en el tema de cómo investigar con perspectiva de género, todos estos protocolos que están diseñados a nivel latinoamérica y que ya han bajado a nivel estatal, el personal encargado de hacer estas investigaciones creen que con darle dos leídas y poner un informe que es con perspectiva de género ya cumplió con todos los requisitos y sin embargo si revisas los trabajos te das cuenta que la perspectiva no ha llegado a la profundidad que debería de ser, sobre todo en delitos de agresiones sexuales a mujeres y feminicidios.
La Suprema Corte nos ha dicho que en delitos de agresión sexual la mera declaración de la víctima junto con un pericial psicológico basta, pero si tu pericial psicológica no está bien hecha, dejas a la víctima vulnerable. Ya se denunció el tema del supuesto suicidio de una mujer en la zona norte del estado en donde el personal del IJCF en una autopsia dictaminaron que se había suicidado cuando no fue así.
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Chelsea, el orgullo de Londres
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán
