ENTREVISTAS
Mercado de Abastos garantiza alimentos a los jaliscienses durante dos meses: Salvador Hernández, presidente de la UCMA
Por Mario Ávila //
Tener garantizado el suministro de alimentos por más de lo que podrían durar la cuarentena a puerta cerrada, en un caso excepcional si el COVID-19 lo llega a ameritar, es un privilegio de Jalisco y de Guadalajara, por su posición geográfica.
Esto ocurre gracias a que aquí se encuentra el segundo centro de abastos más importante del país, un sitio en donde 3 mil empresarios se reúnen para comercializar diariamente alrededor de 21 mil toneladas de alimentos, en donde es visitado todos los días por más de 60 mil compradores de mayoreo y al menudeo.
El producto que desde aquí se distribuye llega a 14 entidades del centro, el occidente y el norte del país, además de que sirve para abastecer a los comerciantes de cientos de mercados municipales en la ZMG, tianguis y a las amas de casa que en lo particular asisten a realizar sus compras para el consumo directo en el hogar.
El mercado de abastos cuenta con una amplia zona de restaurantes, que hoy de manera prioritaria sirven alimentos para llevar, aunque de cualquier manera ya se tomaron las debidas precauciones de higiene para los que tradicionalmente ahí desayunan y comen.
El impacto del COVID-19 también se siente en el caso de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, con la cancelación de más de 16 eventos sociales ya programados a realizarse en los próximos meses en el casino de la UCMA. También ha quedado cancelada la celebración del Día del Niño, la tradicional visita de la Virgen de Zapopan y la carrera atlética que cada año ahí se realiza.
Para conocer detalles de cómo la UCMA podría convertirse en un factor determinante en esta etapa, en la que se enfrenta en Jalisco el inicio de una pandemia que en otros países ha causado graves consecuencias, entrevistamos a Salvador Hernández Navarro, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos.
Primero que nada -dijo-, tuvimos que definir las muy variadas afectaciones y vimos que la salud, la distribución de los alimentos y el tema económico, resultaban fundamentales y por ello decidimos que para nosotros, nuestra prioridad era abastecer a los jaliscienses de los alimentos y esa fue la determinación en común.
LA ENTREVISTA
¿Qué tareas han venido realizando con la aparición del Covid-19?
Nos juntamos varios empresarios, hicimos un censo de producto para poder tener cifras claras y confundentes, de por cuánto tiempo pudiéramos nosotros aguantar en caso de un cierre del estado, hablando del escenario mucho más apocalíptico que pudiéramos tener. Y el resultado fue que hay producto para dos meses en el caso de abarrotes y enlatados y para 15 días en el caso de los perecederos, lo que significa frutas y verduras.
¿Esto significa, que en caso de una cuarentena obligada, el abasto está garantizado?
Hay garantía para los jaliscienses de que puedan enfrentar esta contingencia que en principio es de 40 días, de ahí que por lo menos durante dos meses no se tienen de qué preocupar podemos enfrentar esta con esta situación, esta amenaza.
¿Cómo controlar a los acaparadores?
Dos piezas por cliente hablando de gel y productos de limpieza, en frutas y verduras el tema de los acaparadores lo tenemos más que controlado, ese lo percibimos desde antes de que suceda.
LA SEGUNDA CENTRAL MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO
¿Qué papel juega Jalisco en esta tarea?
La UCMA representa la segunda central más importante del país, es una central que abastece no nada más al estado de Jalisco, sino a 14 entidades federativas, entre ellas Nayarit, Colima, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, las dos Baja Californias, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro Michoacán, Guerrero. Es una central de gran importancia nacional y el día de hoy la gran ventaja alimentaria que tiene Jalisco, es esta central de abastos que no permitirá que exista en el estado una insuficiencia alimentaria.
¿Cuántos son?
Somos cerca de 3 mil empresarios y participan más de mil con el estatus de socios de la UCMA. Esta central maneja alrededor de 21 mil toneladas diarias de productos en distribución, es un volumen que se podría convertir o explicar en el contenido de mil tráileres diarios.
Pero también venden de menudeo…
Si claro, al menudeo, a la ama de casa se le atiende des las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y la central de abastos en operación en algunos giros viene operando desde las 12 de la noche hasta las 20 horas, hablando de lo que son productos como la papa, verduras, legumbres y termina la operación diaria de las abarroteras cerca de las 20 horas.
¿Y después de la cuarentena qué?
Quisiéramos pensar que la situación no irá más allá de la cuarentena, pero tenemos que estar preparados y nosotros como Unión de Comerciantes estaremos ya buscando las herramientas para estar preparados no solo para los 40 días, sino hasta los 2 meses o más de ser preciso.
¿La zona de restaurantes seguirá operando?
Sobre el área de restaurantes, en efecto habrá de seguir operando, de hecho, el día de hoy estuve en esa área revisando las medidas de prevención, de limpieza, de higiene, pero la recomendación a los comensales es preferible que compren para llevar. Mientras tanto hay reglas como abrir espacio entre los comensales y hacer lo que se tiene que hacer para que la Central de Abastos siga en funcionamiento.
¿Cancelaron eventos ya programados para celebrarse en el casino de la UCMA?
R.- Un ingreso importante para nuestra Unión, se obtiene también de la renta del casino. Hasta el momento van alrededor de 16 eventos que se han tenido que cancelar o más bien, reprogramar. Los que sí se han cancelado ya son los eventos institucionales que nosotros teníamos ya anualmente programados, como el Día del niño y la Visita de la Santísima Virgen de Zapopan y la carrera atlética UCMA que se hace año con año.
Finalmente, ustedes han colaborado en gran medida con el gobierno municipal en materia de seguridad, ¿ahí cómo van?
Tenemos que entender que la ciudad cambió, que las cosas cambiaron y que no podemos establecer un concepto de gobernanza si no es a través de la autoridad y con el 50% de la responsabilidad, por ello desde nuestra Unión tenemos que dotar de las herramientas correspondientes, para obtener una mejor actuación por parte de nuestras autoridades, y esto no solo aplica en exclusiva para el tema de la seguridad, sino para otros tremas como la inspección y vigilancia y hasta en el renglón de la vialidad y la movilidad. Estamos apoyando todas y cada una de las áreas donde tenemos oportunidad de crecer. Pero en concreto en el terreno de la seguridad, no se deben bajar los brazos porque en el momento que lo hagas vuelve a aparecer la delincuencia, pero nosotros estamos preparados todos los días, por ello también le hemos invertido a un proyecto de cámaras, invertirle más al tema de los drones y a la capacitación de los elementos de seguridad y de nuestros mismos empresarios. Estamos día a día dándole a este tema, obviamente hay días buenos y otros que por el volumen de gente que nos visita, casi 60 mil personas a diario, tenemos algunas situaciones aisladas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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