La ceguera del poder: Marcelo Ebrard, privilegios en Belgrave Square

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay frases que retratan a un hombre con más fidelidad que cualquier espejo. Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía y negociador estelar del Tratado de Libre Comercio frente a los altos funcionarios de la Casa Blanca, pronunció una el jueves pasado desde el templete de Palacio Nacional que merece ser conservada en formol, para el estudio paciente de la posteridad: «No veo en ello ningún abuso de mi parte».

Se refería, con la serenidad del varón acostumbrado a los privilegios, al hecho de que su hijo Marcelo Patrick Ebrard Ramos se hospedara durante seis meses —seis meses, no una escala de fin de semana— en la Residencia Oficial de la Embajada de México en el Reino Unido, un caserón de tres plantas y sótano en Belgrave Square, financiado con el erario de la República.

El canciller que no ve. El padre que no nota. El funcionario que no advierte. Tal parece que la ceguera es enfermedad congénita en la clase política mexicana: se ve con toda nitidez el abuso del adversario, pero no se distingue el propio ni con lupa de joyero.

Recapitulemos, para que no se diga que esta columna opera sobre conjeturas. En 2021, mientras el país enterraba a sus muertos por decenas de miles y los ventiladores mecánicos escaseaban en los hospitales públicos, el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores —cargo que ejercía con la vanidad de un virrey— tuvo «una conversación» con su subordinada, Josefa González Blanco, embajadora designada por él mismo ante la Corona británica. Le participó que su retoño deseaba estudiar neurociencia en Londres, que tenía «muchas reservas» por la pandemia, y la diplomática, con la diligencia que da la jerarquía, ofreció domicilio en la residencia oficial. «Mándamelo a la Residencia y lo trato como a un hijo», habría dicho la embajadora, según el propio Ebrard, quien ahora desliza la frase como si no se tratara del jefe pidiendo favores al empleado.

Aquí conviene detenerse. Porque el idioma tiene sus trampas y los poderosos las conocen. Cuando un secretario de Estado «conversa» con una embajadora a su cargo sobre un asunto privado que implica uso de inmuebles de la Nación, no conversa: instruye. No pide: ordena con los modales del guante blanco. No consulta: dispone. La subordinación jerárquica no se suspende por afecto familiar ni por cortesía diplomática. Esa es la primera ficción que debemos desmontar.

La segunda es la del huésped estudioso. El joven Patrick viajó, según la versión oficial, con la intención de tomar cursos de neurociencia. Descubrió, oh sorpresa, que la pandemia había empujado las aulas al territorio digital y que las clases se impartían por Zoom. Cualquier alumno sensato, cualquier padre responsable, habría concluido que la computadora funciona igual de bien en la Ciudad de México que en la Ciudad de Londres. Pero el joven se quedó. Seis meses. Con mayordomo, cocinera y dos personas de limpieza asignadas a su confort, según el recuento documentado por el diario El País que el columnista Claudio Ochoa Huerta rescató con oficio en su texto «Los huéspedes VIP de la embajada de Londres» para El Universal.

Nada, por supuesto, debe sorprendernos. La residencia de Belgrave Square lleva dos siglos albergando invitados. La diferencia —y es una diferencia de fondo, no cosmética— es que esos invitados suelen ser jefes de Estado, ministros extranjeros, empresarios en misión comercial, intelectuales en gira, todos vinculados al servicio público de México. No herederos de apellido en busca de un Airbnb de lujo con servicio incluido.

Viene entonces el coro de la indignación selectiva. Ebrard, acorralado, recurre al diccionario del agravio y califica las revelaciones de «mezquinas». Palabra interesante. Mezquindad, según la Real Academia, es «falta de generosidad y nobleza de espíritu». Y aquí, don Marcelo, permítame esta interrupción de cronista: mezquino no es el periodista que documenta. Mezquino, como bien respondió Ochoa Huerta desde el programa Diario de Latinus, es acumular tanto capital político, tanto poder y tantos años de nómina pública, y no pagar de su bolsillo el departamento donde su hijo —adulto, médico, psicólogo— podía estudiar lo que se le antojara. Mezquino y cínico, agregó el periodista en la red social X. Yo añadiría un tercer adjetivo: revelador.

Porque mientras el secretario descalifica, el académico Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, ha puesto el dedo donde arde. La Ley General de Responsabilidades Administrativas —esa que los funcionarios juran cumplir mientras cruzan los dedos a la espalda— es cristalina. El artículo 52 prohíbe al servidor público obtener o pretender obtener para sí, su cónyuge, parientes consanguíneos o terceros con los que tenga relaciones profesionales, cualquier beneficio indebido. El 57 castiga el abuso de funciones. El 61 sanciona el tráfico de influencias, tipificado cuando el servidor se vale de su cargo para inducir a otro servidor a realizar, retrasar u omitir actos para conseguir ventaja o beneficio a sus parientes.

Tres artículos, tres presuntas faltas graves, una sola residencia de la República convertida en pensión familiar. La denuncia, si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cumpliera su mandato en lugar de administrar silencios, prácticamente se redacta sola.

Pero aquí llegamos al nudo de la cuestión, que es también el nudo de la Cuarta Transformación y de todas las transformaciones anteriores. México no padece falta de leyes: padece sobra de impunidades. La Secretaría Anticorrupción tiene facultad de iniciar la denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa sin necesidad de querella particular. ¿Lo hará? ¿Investigará al negociador estrella del T-MEC, al hombre que en estos días se sienta con los emisarios de Washington para defender la economía de la Nación? La respuesta, todos la sabemos, flota en el aire con el peso de las preguntas retóricas.

No olvidemos un dato que el escándalo tiende a sepultar: durante los tres primeros años de la administración que Ebrard encabezó en la SRE, el número de estudiantes mexicanos con beca del Conacyt para estudiar en el extranjero se desplomó a la mitad, de dos mil 511 en 2015 a dos mil 21 en 2021. Mientras los hijos de los contribuyentes regresaban de sus doctorados truncos, el hijo del canciller cursaba —o pretendía cursar— neurociencia con mayordomo incluido.

Hay escándalos que se olvidan en una semana. Este no debería. No porque los seis meses de Belgrave Square vayan a modificar el destino de la República, sino porque retratan con exactitud forense la mentalidad del funcionario mexicano promedio: la convicción, profunda y compartida entre partidos, de que el poder público es extensión natural del patrimonio privado. Que la residencia oficial es, en el fondo, su residencia. Que el embajador subalterno es, en el fondo, su empleado. Que el pueblo que paga es, en el fondo, su comparsa.

Mezquindad, don Marcelo, es llamar mezquino al que tiene la decencia de decir en voz alta lo que los palaciegos murmuran en la sombra.

Y a los demás, a los que todavía creemos en la República, nos queda el oficio humilde del cronista: anotar, documentar, recordar. Porque la memoria, cuando se ejerce, también es una forma de justicia.

En X @DEPACHECOS