OPINIÓN
Tropezar de nuevo con la misma piedra
Educación, por Isabel Venegas //
“No es tarea fácil educar jóvenes, en cambio, adiestrarlos, es muy sencillo”.
Rabindranath Tagore
La tesis que presenté para obtener el grado de maestría, se trató sobre una investigación en el nivel medio superior con profesores de la Universidad de Guadalajara. Un estudio que permitía un acercamiento a las concepciones de los docentes en cuanto a qué era lo que habían construido para sí mismos después de haber acreditado dos e incluso hasta tres diplomados en “Competencias docentes para el siglo XXI”.
La investigación comenzaba por el año 2010 y tenía como principal instrumento la entrevista y el análisis de las percepciones, con el que hacía un comparativo entre las intenciones de los planes y los contenidos que presentaban las diferentes propuestas de formación. Uno de los diplomados lo ofreció el Tec de Monterrey (modalidad en línea) y otra fue de la misma UdG. Y es que, para obtener las certificaciones de la casa universitaria, se requería que todos sus profesores acreditaran los cursos con los cuales irrumpía un modelo diferente de ver y vivir la escuela.
El análisis se centraba en la contradicción de querer hacer ver a los maestros un modo diferente de tratar a los alumnos, de centrar el proceso de aprendizaje en ellos, de ir más allá de la simple lección y de pasar a ser de un poseedor a un guía, compañero, motivador, mientras todo esto se veía condicionado a través de políticas laborales y administrativas que llevaba a cabo la institución a fin de que se cumpliera con el requisito.
Profesores de asignatura que tienen contratos que se renuevan cada semestre, con cargas horarias que están a merced de los funcionarios en turno, con condiciones laborales que permiten desdibujar fácilmente la configuración de un maestro que se apropia de su cátedra y va más allá de la repetición, mecanización y memorización, reduciendo su ejercicio a una operación de “destajo”, a propósito que esta definición significa Modo de contratación laboral en el que se cobra en concepto del trabajo realizado y no del tiempo empleado, contrario a la base de un modelo por competencias que pretende atender más el proceso de aprendizaje, que el resultado en sí mismo.
Lejos de lograr movilizar las habilidades, aptitudes y conocimientos en un círculo virtuoso, cuya claridad permitiera diferenciar el término de “competencias” con el “competición”, la mayoría de los profesores a nivel medio superior encontraron mecanismos que permitían la reconexión con las metodologías que anteriormente llevaba a cabo, y empató su ejercicio a la forma en la que su praxis le resultaba segura por ya aprendida.
Afortunadamente el espacio universitario tiene una vida que se enriquece, y cuyo dinamismo permite establecer una vida académica que se asemeja mucho más a la riqueza de la vida cotidiana, es decir, ante la paradoja de querer “enseñar” a los maestros a trabajar de un modo diferente, mientras se aplica un condicionamiento laboral, la misma organización departamental y la conformación de academias, recupera el diseño de propuestas para implementar proyectos y metodologías verdaderamente innovadoras.
Es importante señalar que, si bien es cierto las políticas educativas alineadas a las intenciones de la OCDE, por ejemplo, han sido fuertemente criticadas al tiempo que en muchos países europeos el modelo basado en competencias ya fue desechado por su falta de capacidad para evidenciar mejoras en los sistemas de educación; también es cierto que se sigue abrazando por cualquiera que tenga la intención de mejorar aunque sea algunas de las carencias que se presentan en nuestra escuela, principalmente en América Latina.
Hoy a casi 10 años de esa reflexión en el nivel medio superior, el nuevo gobierno propone lo que denominó “La nueva Escuela Mexicana”; cabe recalcar que para el caso del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) este tipo de modelos ya venía operando desde hace casi dos décadas. En el portal oficial aparece la siguiente definición:
“…Se entiende como competencia al desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir”
Dos semanas antes de arrancar el ciclo escolar 2019 – 2020, los cuerpos docentes trabajaron (en su mayoría) con jornadas a marchas forzadas, a fin de revisar los temas relacionados con las nuevas normativas en materia educativa, pero más aún, la necesidad de generar cambios y transformaciones al interior de las aulas. No era nueva la idea de poner al centro del proceso de aprendizaje al estudiante, a no ser por desmembrar la sintaxis del término de estudiantes, y utilizar la leyenda: “centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
Viendo el panorama de una situación que ha permanecido en el tiempo, a más de una década de confiar en esta estrategia como la adecuada para elevar la calidad educativa, apostando los presupuestos enfocados a la capacitación y actualización de docentes en esa línea, está claro que, tanto los facilitadores del curso, como la mayoría de los profesores no logran conectar el discurso con la aplicación en la vida cotidiana de este tipo de intenciones. En el portal de la Secretaría de Educación Pública también se mencionan varios puntos objetivos, entre ellos:
Las competencias tienen un carácter holístico e integrado. Se rechaza la pretensión sumativa y mecánica de las concepciones conductistas. Las competencias se componen e integran de manera interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones, en contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos.
Mucho se ha manejado el debate sobre la necesidad de generar ciertas condiciones para que modelos como éste puedan ser operables en nuestras comunidades. En España por ejemplo, las críticas van enfocadas a la incapacidad de las escuelas por generar los recursos materiales, los espacios idóneos y reducir la matrícula para que la sobrepoblación estudiantil no merme la atención cuasi- personalizada que los estudiantes requieren.
Sin embargo, hay una crítica más severa al hecho de que las estructuras administrativas son poco flexibles para la implementación del modelo. Intuyo que es lo que estamos viendo ante el escenario del nuevo gobierno; una capacitación de dos semanas, que por un lado va en detrimento el receso escolar que los profesores requieren para un sano ejercicio del ciclo anual, al mismo tiempo que resulta ser demasiado breve para una exposición del modelo como tal, razón por la cual la mayoría de las supervisiones y direcciones trata de zanjar a través de la generación de nuevos formatos y tareas para dar evidencia del cumplimiento del ejercicio de capacitación.
El condicionamiento por el que, se obliga a asistir a estas jornadas bajo amenaza de levantar actas administrativas u otro tipo de sanciones, que sofoca con trabajos, reportes, indicadores administrativos y que a su vez reduce los espacios para una formación abierta o la creación de academias activas y participativas, no da indicios de una vida nueva de la escuela mexicana.
Nuestras instituciones están llenas de espíritus libres, de mentes brillantes, de iniciativa y de voluntad. Lo único que hace falta es confiar un poco más, y atender al llamado a la verdadera formación de colectivos docentes con competencias efectivas, de tal manera que el cambio de paradigmas no sea solo enfocado a los estudiantes, sino también a los docentes, cuyas experiencias son las más sensibles para trasladar en la intimidad de las aulas.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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