El voto como exámen

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Se empiezan a perfilar las fuerzas políticas en Jalisco rumbo a la contienda de 2027, un proceso electoral decisivo que definirá la continuidad de la administración en turno o una transición gubernamental. Sin embargo, es necesario reconocer que cada periodo evoluciona de manera diferente en los ámbitos social, político y tecnológico; las estructuras partidistas de hace una década no son comparables con las actuales.

Conforme la información y la tecnología se integran en la cotidianidad de los ciudadanos, resulta cada vez más complejo que un partido, grupo, religión o sector logre captar su atención de forma permanente. Ante una dinámica social tan dispersa, mantener militantes y bases estructurales ya no representa una garantía de voto para los partidos políticos.

Sumado a lo anterior, habrá que descifrar, al interior de los partidos políticos, quiénes serán sus prospectos para contender, porque los acontecimientos recientes y la presión de Estados Unidos para desarticular las células de las organizaciones criminales vuelven inevitable preguntarse qué tan lejos ha llegado su infiltración en los sectores políticos.

Cuando estos señalamientos alcanzan a personajes de la vida pública, como ocurrió con el exgobernador de Sinaloa, defendido por su partido hasta las últimas consecuencias, la credibilidad de dirigentes y líderes políticos inevitablemente se resquebraja.

Los ciudadanos, en su mayoría, votan por quienes consideran que pueden ser buenos gobernantes; pero ¿qué sucede cuando la duda y la zozobra se instalan frente a la posibilidad de que el crimen organizado haya penetrado las estructuras del poder? No existe justificación suficiente, ni siquiera la falta de una prueba judicial, para ignorar o minimizar la sospecha de que quienes gobiernan puedan tener vínculos con uno de los mayores males que enfrenta nuestro país: el crimen organizado.

México ya no lucha únicamente por ser un país con mejores oportunidades y condiciones de vida; lucha por sobrevivir. Por no quedar atrapado en una balacera, por evitar que alguien cercano desaparezca, por tener un negocio sin cobro de piso o extorsiones, por transitar las carreteras sin miedo, por no estar accidentalmente en el lugar equivocado y, sobre todo, por no vivir los horrores que el crimen organizado ha convertido en parte de la realidad cotidiana de millones de mexicanos.

En este sentido, el trabajo interno de todos los partidos políticos debe partir de una responsabilidad fundamental: postular candidatos sobre los que no existan señalamientos serios o elementos que cuestionen su posible relación con el crimen organizado. Ya hemos normalizado socialmente demasiadas cosas: la violencia extrema, el terror y la forma en que los cárteles se han posicionado y penetrado distintos espacios de nuestra sociedad.

Pero comenzar a considerar como algo normal que existan candidatos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado sería cruzar una frontera todavía más grave; significaría que, como sociedad, estaríamos perdiendo incluso nuestra capacidad de indignación y, con ella, nuestra propia humanidad.

Y no es lo único que deben cuidar los partidos políticos. Hay otro tema que va de la mano y que también debería formar parte de la responsabilidad al seleccionar a quienes aspiran a un cargo público: la salud mental y la capacidad personal para ejercer el poder. No se trata de estigmatizar una condición de salud, sino de evaluar si quienes tomarán decisiones que afectan la vida de millones cuentan con las condiciones emocionales y psicológicas necesarias para hacerlo.

Cuando los partidos omiten esa responsabilidad, tarde o temprano el personaje puede terminar desmontando el trabajo de toda una institución y su militancia. Y entonces no solo se pierde una elección: se pierden credibilidad y confianza ciudadana, y pueden pasar varios procesos electorales antes de recuperar el lugar que alguna vez tuvieron.

Estamos en la antesala del proceso electoral. Los partidos políticos comienzan a perfilar alianzas, trabajar en sus posibles candidatos y posicionarse frente a una sociedad que, esta vez, tendrá mucho que evaluar.

Ante el arduo trabajo que implica enfrentar el proceso electoral 2026-2027, habrá que analizar el trabajo político y gubernamental que realizaron durante los últimos tres años, las decisiones que tomaron, los escándalos mediáticos que surgieron y, sobre todo, sus consecuencias sociales.

También habrá que observar sus campañas adelantadas, sus batallas políticas y las estrategias con las que intentarán cambiar la percepción de los ciudadanos para convencernos de que la continuidad o la llegada al poder representa la mejor opción.

Escucharemos, como siempre, las promesas de aquello que durante las campañas nos presentarán como socialmente maravilloso. Pero esta vez, quizá valga la pena recordar que gobernar no se trata de lo que se promete en campaña, sino de lo que se hizo cuando se tuvo la oportunidad de gobernar.

El voto es, en última instancia, el único examen de admisión que aún nos pertenece.