Una negociación desigual

Opinión, por Iván Arrazola

No es un buen momento para el federalismo en México. El último Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum volvió a mostrar un país en el que las grandes decisiones, los grandes proyectos y buena parte de los recursos se concentran en el Gobierno federal. Trenes, aeropuertos, refinerías, infraestructura y polos de desarrollo se piensan fundamentalmente desde el centro, mientras que los problemas particulares de los estados ocupan un espacio mucho menor en la agenda nacional.

Esta centralización adquiere otra dimensión cuando se trata de gobiernos de oposición. Quedan pocos y el Gobierno federal tiene escasos incentivos políticos para fortalecerlos. No es necesario cerrarles completamente la llave de los recursos; en ocasiones, basta con administrar los apoyos y decidir qué proyectos respaldar y cuáles tendrán que esperar, porque detrás de la relación institucional entre la Federación y los estados también existe una competencia política.

Desde esta perspectiva es que se debe analizar la reunión entre Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus en días pasados. El encuentro se produjo, además, después de semanas de declaraciones encontradas por el problema del agua turbia en Guadalajara. Desde Jalisco se reclamaba la falta de recursos federales; desde la Presidencia se respondía que cada autoridad debía asumir la responsabilidad que le correspondía.

Y en esto último hay algo que el Gobierno de Jalisco tampoco puede ignorar. La administración estatal tiene una parte importante de responsabilidad en lo ocurrido. La gestión del problema del agua turbia ha sido confusa: han cambiado las explicaciones, las cifras sobre las inversiones necesarias y también los plazos para comenzar a observar mejoras.

Durante meses se ha hablado de necesidades por 20 mil, 30 mil y hasta 40 mil millones de pesos. Esa falta de claridad ha dificultado construir una explicación convincente frente a una ciudadanía que no quiere saber qué nivel de gobierno tiene la culpa, sino cuándo volverá a recibir agua en condiciones adecuadas.

Pero reducir todo a un problema de gestión sería igualmente equivocado. Detrás del agua existe una disputa política. Morena ya construyó su propia narrativa: desde su dirigencia nacional ha sostenido que la Federación hizo su parte con la construcción del sistema de El Zapotillo y que el problema actual corresponde fundamentalmente a la gestión del Gobierno de Jalisco. Para Morena, por tanto, la crisis también representa una oportunidad para cuestionar la capacidad de un gobierno encabezado por Movimiento Ciudadano.

Y los acuerdos entre Sheinbaum y Lemus parecen reflejar, al menos parcialmente, esa distribución de responsabilidades. Se habla de un paquete superior a 22 mil millones de pesos, pero la cifra puede resultar engañosa si se interpreta como una aportación federal. De ese monto, alrededor de 5 mil millones provendrían de la Federación y estarían destinados principalmente a obras complementarias relacionadas con El Zapotillo. Los otros 17 mil millones corresponden a recursos estatales y al esquema previsto para financiar el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara.

Ahí está uno de los elementos políticos más reveladores: la Federación está dispuesta a invertir en completar y fortalecer El Zapotillo, una obra que puede presentar como parte de su propia política hídrica, pero no necesariamente a financiar los proyectos que hoy resultan más urgentes para el Gobierno de Jalisco. El mensaje parece ser: nosotros terminamos nuestra parte; ahora Jalisco debe resolver la suya.

Además, el proyecto más importante para Lemus, el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, requiere alrededor de 10 mil millones de pesos y todavía enfrenta un obstáculo adicional: deberá pasar por el Congreso de Jalisco, donde Movimiento Ciudadano no tiene mayoría. Paradójicamente, el gobernador ha mencionado incluso la posibilidad de que la secretaria de Gobernación ayude en las gestiones políticas necesarias para construir acuerdos.

Por eso, la relación entre Sheinbaum y Lemus es mucho más compleja que una simple coordinación entre dos niveles de gobierno. Hay cooperación, pero también competencia. Hay recursos, pero también una disputa por determinar quién paga y quién asume la responsabilidad. Y, sobre todo, existen urgencias muy diferentes.

La Federación no parece tener demasiada prisa. Si las obras se retrasan o el agua continúa llegando turbia, el desgaste político inmediato difícilmente recaerá sobre Claudia Sheinbaum. La ciudadanía identifica principalmente al Gobierno de Jalisco y al SIAPA como responsables del servicio. Para Pablo Lemus ocurre exactamente lo contrario: cada semana que pasa sin una mejora perceptible aumenta el costo político para su administración.

Quizá por eso el gobernador entiende que, después de la confrontación inicial, mantener una buena relación con Sheinbaum es indispensable, aunque el respaldo que consiga sea menor de lo esperado. En un sistema cada vez más centralizado, un gobernador de oposición necesita a la Federación mucho más de lo que la Federación necesita a un gobernador de oposición.

Y esa asimetría probablemente sea el dato político más importante de esta reunión: el problema es el agua, pero la disputa es por los recursos, las responsabilidades y, finalmente, por quién pagará el costo político de la crisis.