Jalisco frente al voto de realidad

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz:

En Jalisco, rumbo al camino electoral de 2027, ya no se trata de quién debe llegar al Poder Legislativo y a los 125 municipios. Los temas preelectorales deben tomar un enfoque distinto cuando se trata de elegir. Ya no importa, en estos tiempos, si Movimiento Ciudadano es un partido que lleva años en el poder, si Morena es quien debería entrar a Jalisco o si los partidos de antaño han perdido completamente la credibilidad y la preferencia del ciudadano.

Se trata de poder ver cómo está actualmente nuestro estado y qué problemáticas sufre, para evaluar nuestro próximo proceso electoral. La política electoral es una ciencia de pocos cambios, aunque cambien los poderes. Sin embargo, el voto ciudadano sigue siendo la expresión más directa de la voluntad popular.

En ese contexto, nuestra entidad federativa enfrenta una grave problemática que el gobierno en turno no ha podido estabilizar y que es de vital importancia: el agua potable. Es inaceptable el tiempo que ha pasado sin que hayan podido solucionarlo. Desde hace días, otra vez el agua sale en condiciones alarmantes en las casas de los jaliscienses. Son meses en los que el Gobierno del Estado ha tratado de regularizar el tema del agua, y saben que esta va a ser una de sus peores cartas para el proceso electoral.

Al ciudadano le urge acción, congruencia y transparencia en los temas del SIAPA, así como un servicio eficiente del vital líquido. Sin embargo, la problemática es tan grave que parece imposible que se solucione, y es un tema que impactará en lo político de manera muy fuerte.

Ante este escenario, otro de los temas que impactarán el ámbito político es, sin duda, la seguridad. Es vital que la acción de los gobiernos empiece por reconocer que los temas de seguridad deben ser tratados y atendidos con responsabilidad, porque no se puede seguir justificando la falta de resultados bajo el argumento de que existen circunstancias fuera de su entorno administrativo. Y, por desgracia, el tema de los desaparecidos es el más grave. En la entidad desaparecen personas por diversas circunstancias, pero muchas de ellas están relacionadas con la violencia y el crimen organizado. Frente a esta realidad, el gobierno tiene una responsabilidad que no puede evadir: prevenir, investigar, reaccionar y dar respuestas a las familias.

La seguridad de los ciudadanos siempre será un tema delicado, pero también es una obligación fundamental de cualquier gobierno. En estos tiempos de tecnología, información y herramientas de investigación, no resulta congruente que localizar a una persona desaparecida pueda convertirse en una tarea interminable, como si estuviéramos en los años cincuenta, cuando la tecnología no era un eje rector.

El fenómeno de la desaparición de personas es inconcebible y, más aún, lo es que las instituciones no tengan la capacidad de responder con la rapidez y eficacia que las familias necesitan. No se trata solamente de estadísticas ni de cifras que se presentan en un informe; detrás de cada persona desaparecida existe una familia que espera respuestas y un gobierno que tiene la obligación de buscarlas, pero también de atenderlas y reparar, en lo que corresponde, el daño que han sufrido. Hoy, incluso el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral está bajo revisión y exigencia de transparencia por parte del Congreso, que ha pedido conocer con claridad su destino, ejercicio y aplicación.

De tal manera que, como siempre, llegaremos a las campañas a escuchar pura incongruencia de todos los partidos: «Yo hice», «yo luché», «yo denuncié», «yo conseguí» y, finalmente, con cada partido o candidato, nos harán creer que el mundo será un lugar ideal. Sin embargo, la exigencia ciudadana debe cambiar, con lógica y bajo el principio de realidad y urgencia. Volver a dar el voto es una tarea de responsabilidad ciudadana; se trata de buscar nuestro bienestar, un entorno administrativamente gobernable, la seguridad de la entidad, la productividad, la transparencia gubernamental y, siempre, la lucha anticorrupción.

Esta última no terminará, porque los perfiles y grupos de poder que se desarrollan dentro de entornos creados desde la corrupción, sin duda, corrompen. Esa es una lucha que probablemente nunca se ganará por completo, pero que debe mantenerse siempre activa y en desarrollo. Vivir bien implica, también en el ámbito político, contar con personas de alto perfil, con calidad, probidad y verdadera responsabilidad frente al ejercicio del poder.

Jalisco necesita ciudadanos que observen, cuestionen y exijan resultados, porque, al final, las consecuencias de las decisiones públicas no las viven los gobiernos, las vive la sociedad. Que las próximas elecciones no sean un ejercicio de memoria sobre lo que no funciona, sino una evaluación real de lo pendiente.

La seguridad, el agua, la transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser discursos de campaña; deben ser los parámetros obligados para quienes ejercen el poder.