JALISCO
Independencia y autonomía a debate: Presupuesto del Poder Judicial de Jalisco, con transparencia y rendicion de cuentas

Por Luis Enrique Villanueva //
El 15 de agosto de cada año calendario inicia el tortuoso camino legal para la determinación del monto del presupuesto judicial, tal como al efecto lo señala el artículo 18 en relación con el 29 de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y sus municipios, que obliga al Poder Judicial a presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo.
Antes del 01 de noviembre y una vez integrado el proyecto del judicial al global del gobierno del Estado, el Ejecutivo deberá enviarlo al Legislativo para su discusión y sanción, lo que deberá acontecer a más tardar el día 15 de diciembre, según los artículos 42 y 45 respectivamente de la ley referida.
Son cuatro largos meses, cada año, que no han resultado suficientes para que los poderes Ejecutivo y Legislativo asuman al Judicial como un poder con funciones trascendentales para el Estado que merece ser tratado presupuestalmente a la par de los otros dos, a pesar que desde la Constitución se obliga al Estado en su conjunto a garantizar la independencia judicial y a respetar su autonomía en el ejercicio del gasto.
En efecto, el artículo 7 en relación con el 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, enfatizan que la Ley debe establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y sus titulares así como la ejecución de sus resoluciones además de prever que una vez aprobado su presupuesto, el Poder Judicial lo ejercerá con plena autonomía.
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA A DEBATE
La independencia y autonomía de que se habla se enmarcan dentro del principio constitucional de división de poderes, cuya idea central es marcar un límite al ejercicio unilateral del Poder para evitar que se corrompa, dotando a cada uno de funciones específicas y fijándole contrapesos al permitir la intervención de uno en algunas tareas propias de los otros, lo que implica entonces cierta flexibilidad funcional, cuyo límite es la afectación que provoque un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes del Estado, como es el caso.
Al efecto, la Constitución Federal prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros.
Según las jurisprudencia firme, la intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, actualizable cuando uno de ellos interfiere en una cuestión propia de otro, sin que resulte una afectación determinante que genere sumisión; la dependencia representa un grado mayor de vulneración, que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, tomar decisiones o actuar de manera autónoma; la subordinación se traduce en el más grave nivel de violación ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
Es inconcebible que por disposición legal el Poder Judicial tenga como única fuente de financiamiento el presupuesto anual que deciden otros poderes y que desde siempre ha resultado insuficiente; es insostenible que el Judicial deba gestionar con el Ejecutivo primero y luego con el Legislativo la aprobación de su gasto básico y el financiamiento de sus proyectos prioritarios como la renovación de equipos, la apertura de otros tribunales o el mantenimiento de sus instalaciones; es incongruente que sean creadas y derivadas nuevas materias, figuras y competencias sin que se dote del recurso económico para su implementación (adolecentes infractores, extinción de dominio, ejecución de penas, oralidad penal y mercantil y justicia laboral).
En ese tenor, es urgente fortalecer presupuestalmente al Poder Judicial, blindando y diversificando al más alto rango jurídico sus fuentes de financiamiento para asegurar que la autonomía e independencia previstas por las constituciones Federal y Estatal sean una realidad en el desempeño de su trascendental labor.
PRESUPUESTO CONSTITUCIONAL
Un presupuesto constitucional permitiría proporcionar los servicios públicos de justicia de forma oportuna y cercana a todos los jaliscienses, lo que denotaría sin duda una atención personal por muchos años solicitada y más en los tiempos recientes en que los conflictos jurídicos y reclamos judiciales se han incrementado sustancialmente tanto entre personas físicas como con personas morales.
Como dato ilustrativo, en Jalisco el Poder Judicial nunca ha superado el 1.5 uno punto cinco, del Presupuesto Global del Estado, cuando se han realizado análisis que consideran que un porcentaje adecuado para planear su crecimiento acorde a las necesidades de justicia se sitúa en el 4.5 cuatro punto cinco, proceso en el que ya han avanzado otras entidades como el Estado de México, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas que ya cuentan con presupuesto constitucional con resultados positivos.
Las características y condiciones de la justicia en Jalisco hacen necesario retomar de inmediato las iniciativas de reforma ya presentadas en el legislativo ( INFOLEG 8069/LX, 9025/LX, 2520/LXI, 4589/LXI y 1359/LXII) y someterlas a la más amplia difusión y debate en el mayor número de foros posibles para que se logre la participación de todos los ciudadanos en el propósito de fortalecer al Poder Judicial, no sólo para satisfacer las actuales necesidades sociales sino también para prevenir su atención conforme a las proyecciones de crecimiento poblacional y demanda del servicio público de justicia.
HACIENDA JUDICIAL
Además, en un ejercicio de congruencia pura, debe estimarse que la generación de recursos extraordinarios por la actividad gratuita de administra justicia (hacienda judicial), debe ser destinado al propio Poder Judicial.
No resulta justificable, bajo ninguna circunstancia, que prevalezca una injusticia y muestra inequívoca de sometimiento financiero, como sin duda lo es, que un poder maneje, administre y disponga de los recursos económicos generados por otro poder que arrastra una crítica situación presupuestal y una amplia lista de añejas carencias no atendidas.
En ese sentido, la propuesta pretende que los ingresos generados por el Poder Judicial, como sus rendimientos, sean aplicados para la creación de nuevos órganos judiciales, el mejoramiento material y tecnológico de estos y la capacitación y mejoramiento de las condiciones económicas de los servidores públicos judiciales, lo que de suyo es justo y equitativo a la luz de cualquier óptica que se le mire.
Existen desde luego otras propuestas de ingresos que pueden diversificar y aseguramiento un presupuesto más amplio para el Poder Judicial, pero también es indudable que deben ir acompañadas de medidas contundentes que garanticen su apertura, transparencia y rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía en sus procesos de publicación, seguimiento, denuncia y sanción, dado que en una aventurada afirmación, se puede establecer que la falta de transparencia en todas sus vertientes es el detonador automático de conductas irregulares y de la propia impunidad en todas las instituciones públicas.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Así, uno de los primeros aspectos que deben considerarse en cualquier proyecto que se pretenda implementar, es el enfoque que debe tener para recuperar la confianza y el respeto de la sociedad en las instituciones de gobierno que desafortunadamente se ha venido mermando en los más recientes años en virtud de la ausencia de acciones contundentes, de la escasa transparencia y rendición de cuentas y la falta de incorporación de los ciudadanos en las actividades del Estado lo que redunda en una impunidad rampante, que junto con la corrupción son los más pesados lastres de la justicia jalisciense.
Ciertamente, la primera de las revisiones que le fue practicada al Supremo Tribunal de Justicia en el año 2007 por el recién creado Instituto de Transparencia e Información Pública, le concedió un 47 por ciento de calificación en el cumplimiento de sus obligaciones normativas; la segunda, efectuada en 2009 con la inclusión de un ejercicio de usuario simulado, arrojó al Supremo Tribunal una calificación de 87 por ciento en lo que ve a la publicación de información fundamental y un 92 por ciento en atención a peticiones de información; mientras que el tercero y último de los exámenes practicados que fue en el año 2014 le correspondió un 83 por ciento de calificación.
Y es que en las condiciones actuales accesar a la información jurisdiccional es poco menos que imposible si se toma en cuenta la escasa disposición de jueces y magistrados a publicar sus sentencias; la débil infraestructura que apenas soporta el cúmulo de procesos e información que se genera; la omisión permanente y falta de tino en el diseño y actualización de las páginas de transparencia de los órganos judiciales; el cobro por la entrega de sentencias voluminosas; y el abuso del lenguaje técnico elevado en su elaboración.
El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) considera que la transparencia no es una concesión voluntaria y generosa del funcionario o la institución impartidora de justicia, por el contrario, publicar y facilitar el acceso a la consulta de la labor jurisdiccional es una obligación ineludible si lo que se persigue es la legitimación social a partir de la rendición de cuentas, es más que necesario si lo que se pretende es el fortalecimiento de la confianza ciudadana en los tribunales componentes de un Poder Judicial que transparenta sin temor alguno sus contenidos, procedimientos, criterios o impedimentos.
La impartición de justicia y el trabajo del Poder Judicial no pueden mantenerse alejados de la sana crítica y el escrutinio social, por el contrario, debe permitirse su auscultación profunda para que el justiciable conozca cómo y porque se le sentenció, aún cuando el fallo le favorezca.
La participación de una sociedad cada vez más informada, con el conocimiento de sus derechos y consciente de su responsabilidad solidaria con la administración pública, debe ser la constante en el inmediato, corto y mediano plazo para facilitar la materialización de los proyectos y programas de beneficio colectivo, logremos Gobernanza Judicial.
JALISCO
Operación a corazón abierto para rescatar al SIAPA

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) podría convertirse en uno de los principales dolores de cabeza del gobernador Pablo Lemus en su primer año de gestión. Contra lo que aseguró Enrique Alfaro al finalizar su mandato, el abasto de agua no está resuelto para los próximos 50 años, como él afirmó con su habitual grandilocuencia, completamente alejada de la realidad.
Los 3 metros cúbicos por segundo que, según el exgobernador, llegarían de la presa El Zapotillo, simplemente no se han materializado. ¿La razón? No hay una explicación clara. Podría deberse a las obras de interconexión con el sistema de distribución del SIAPA, lo cual sería comprensible, pero las autoridades no lo han aclarado con transparencia.
El panorama se torna entre gris y negro para esta temporada de verano, cuyos calores ya se sienten en abril. Decenas de colonias sufren desabasto, y ni siquiera hablemos del agua achocolatada, dañina para la salud, que sale de las tuberías operadas por el SIAPA.
Pablo Lemus heredó un SIAPA quebrado que necesita ser rescatado, con una cartera vencida superior a los 10,000 millones de pesos y una deuda que lo asfixia, fruto del manejo irresponsable del gobierno de Alfaro. Durante su administración, las tarifas del agua no se ajustaron, una decisión unilateral que agravó la crisis financiera del organismo. Ahora, Lemus enfrenta el desafío de sanear al SIAPA, y su primer gran desgaste político será implementar el aumento del 12.5% en las tarifas, una medida crucial para evitar el colapso total del organismo, que requiere una intervención urgente, equivalente a una operación a corazón abierto.
Los compromisos de Pablo y Verónica
En sus campañas por la gubernatura y la alcaldía de Guadalajara, tanto Pablo Lemus como Verónica Delgadillo asumieron compromisos contundentes en materia de infraestructura hídrica. En una ZMG donde el 40% del agua se pierde por fugas y el SIAPA arrastra una deuda de 17,900 millones de pesos, Delgadillo, entonces candidata de Movimiento Ciudadano, puso el dedo en la llaga durante el primer debate organizado por Quiero TV.
Su propuesta consiste en invertir 8,500 millones de pesos para renovar el 22% de las tuberías obsoletas de la ciudad, unos 550 kilómetros de los 2,500 totales, y así comenzar a resolver el problema de las fugas y la calidad del agua que llega a los hogares tapatíos. Es un compromiso técnico y necesario, pero también un desafío político: ¿está Guadalajara lista para priorizar el agua sobre proyectos que “dan votos”?
La crisis hídrica en Jalisco no es nueva, pero su manejo ha sido desastroso. Durante 30 años, desde el gobierno de Guillermo Cosío, se habló de traer agua del Río Verde para la ZMG. Proyectos como Arcediano y El Zapotillo prometieron hasta 8 metros cúbicos por segundo, pero tras décadas de politiquería, conflictos sociales y corrupción, ni siquiera se alcanzan los 3 metros cúbicos anunciados.
En contrasentido, se han invertido decenas de miles de millones de pesos en proyectos fallidos; se estima que el costo del Zapotillo podría superar los 71,000 millones de pesos, un verdadero monumento al despilfarro.
Mientras tanto, las tuberías de Guadalajara, con más de 50 años de antigüedad, pierden más agua de la que el Zapotillo podría aportar. Delgadillo, como candidata, propuso un plan a mediano y largo plazo, que podría tomar 12 o 15 años, para renovar gradualmente la red y minimizar las afectaciones a los usuarios. Es una apuesta responsable, pero poco atractiva electoralmente: las tuberías están enterradas, no se ven ni generan fotos espectaculares como patrullas o motos.
La irresponsabilidad histórica de las autoridades es evidente. Los expresidentes municipales de Guadalajara evitaron este problema porque “no da votos”. Prefirieron obras visibles a soluciones estructurales, dejando que el SIAPA se convirtiera en un desastre financiero y operativo. En 2024, el organismo enfrentaba una deuda de 17,900 millones de pesos, triplicada durante el gobierno de Alfaro.
La politización del SIAPA ha sido letal: en ese sexenio, se designó a personas sin experiencia técnica, y la falta de autonomía municipal lo convirtió en una agencia de colocaciones políticas. El resultado es un agua de color chocolate que indigna a los tapatíos y cortes de suministro como los de Tlaquepaque en marzo de 2025.
La propuesta de Delgadillo, que Lemus también planteó como candidato, ahora enfrenta retos como autoridad. Los 8,500 millones de pesos son una inversión inicial significativa, pero el presupuesto municipal de Guadalajara (15,000 millones en 2024) está limitado por otras prioridades, como la recolección de basura, que ya le cuesta a Delgadillo 600 millones en camiones recolectores.
Además, la resistencia ciudadana al ajuste tarifario del 12.5%, propuesto en abril de 2025, podría complicar el financiamiento. Expertos como Arturo Gleason, de la UdeG, sugieren alternativas sostenibles, como captar agua de lluvia, que podría aportar 5.4 metros cúbicos por segundo, casi el doble de lo que ofrece el Zapotillo, pero esto no es viable a corto plazo.
El presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara es muy limitado, habrá que ver de esa inversión de 8 mil 500 millones de pesos que canalizará el gobierno de Jalisco, qué porcentaje se destinarán para renovar las obsoletas tuberías de Guadalajara.
Ante la realidad que vivimos con un SIAPA en bancarrota que están buscando la fórmula para rescatarlo, se ve muy complicado que la promesa de campaña de Verónica Delgadillo la pueda cumplir, al menos en este primer año, además del costo que significa abrir las calles de la ciudad, por los efectos que tiene en la vialidad.
El agua en Jalisco ha sido rehén de la mala política. Mientras actores de todos los colores usaron el tema para sacar raja electoral, la ZMG, con 5.26 millones de habitantes, sigue al borde del colapso hídrico. La propuesta de Delgadillo, hoy alcaldesa, es un primer paso, pero requiere continuidad, voluntad política y un SIAPA rescatado de la politiquería.
Si no se actúa con seriedad, en los próximos años estaremos lamentando no haber enterrado esas tuberías cuando aún había tiempo. Guadalajara merece más que promesas: merece agua.
ENTREVISTAS
CICEJ advierte: Jalisco enfrenta una crisis hídrica que urge soluciones integrales y un rescate del SIAPA

Por Raúl Cantú //
Con el Lago de Chapala al 50.8% de su capacidad y el SIAPA al borde del colapso financiero, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés Mis, advirtió que el abasto sostenido de agua en la entidad está en riesgo.
En un posicionamiento técnico, el organismo llamó a replantear estrategias de captación y suministro, modernizar la infraestructura hídrica y sanear las finanzas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para garantizar agua de calidad a los jaliscienses.
Mirna Avilés señaló que la crisis hídrica en Jalisco es el resultado de años de negligencia. “Hay un problema grave en el SIAPA, derivado de un manejo mediocre, falta de mantenimiento e inversión”, afirmó.
Actualmente, la calidad del agua es deficiente y los volúmenes son insuficientes para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que depende en gran medida del Lago de Chapala, su principal fuente de abasto, operando al 50.8% de capacidad según datos del Sistema Nacional de Información del Agua al 17 de abril.
El CICEJ propuso soluciones técnicas en dos etapas. A corto plazo, modernizar las plantas potabilizadoras para mejorar la calidad del agua. “El agua que llega debe estar limpia y en buen estado”, subrayó Avilés Mis.
A mediano plazo, se debe construir un segundo acueducto Chapala-Guadalajara, ya que el actual pierde grandes volúmenes por evaporación y filtraciones en el canal de Atequiza. “Si esta infraestructura colapsa durante el estiaje, Guadalajara enfrentará un problema grave”, advirtió. También urgió renovar la red de tuberías de la ZMG, muchas de las cuales han superado su vida útil.
En el ámbito financiero, destacó la necesidad de sanear al SIAPA, que enfrenta una crisis económica agravada por un ataque cibernético el 11 de abril que afectó sus sistemas de cobro. Propuso actualizar las tarifas en un 12.5%, una medida respaldada por el CICEJ para reducir el déficit del organismo, ya que los ingresos actuales no cubren los costos de extracción, potabilización y distribución.
“No se cobra el agua, sino el servicio. Sin un ajuste, el SIAPA no puede operar”, explicó. Además, llamó a recuperar la cartera vencida, estimada en 17,000 millones de pesos, de los cuales al menos 10,000 millones podrían obtenerse rápidamente de grandes consumidores, aunque el 55-60% corresponde a usuarios habitacionales.
Avilés Mis enfatizó que las soluciones deben ser técnicas, no políticas. “Desde el CICEJ impulsamos una responsabilidad compartida. Jalisco necesita agua, energía e infraestructura para seguir siendo un polo de desarrollo, pero sin un SIAPA robusto, no podrá acceder a financiamiento ni garantizar el abasto”, afirmó. Frente al estiaje de mayo, el más severo del año, el CICEJ exige acciones inmediatas para evitar un colapso que deje a la ZMG sin agua y comprometa su futuro.
JALISCO Y SU INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Mirna Avilés Mis se ha especializado a lo largo de su carrera profesional en materia hidráulica, por lo que hace un análisis del presente de Jalisco en la materia, como lo hizo previo a la elección como presidenta de CICEJ.
Dijo que Jalisco está a tiempo de garantizar el recurso, solo hay que hacer la infraestructura necesaria. “El estado tiene un beneficio que es su ubicación geográfica, tenemos muchas partes para el abastecimiento, nuestro problema no es una escasez, sino una gestión del agua”.
“Cuando hablamos de inundaciones, en lluvias nos ahogamos y en estiajes estamos batallando, hay que aprovechar lo que tenemos e invertir para garantizar el recurso. El tema es que sí está el volumen de agua, pero cómo lo llevamos a las casas y damos servicios de calidad a los ciudadanos”.
En el mismo orden de ideas, resaltó propuestas como la del gobernador electo Pablo Lemus para renovar el acueducto de Chapala, por lo cual como técnicos siempre apelarán a este tipo de obras de gran calado en beneficio de los ciudadanos.
“Está en un punto muy importante, es una coyuntura medular, si se mantiene con una visión de invertir, atender el tema hídrico, vamos a quedar bien, Jalisco tiene una excelente posición geográfica, para la atracción de capitales económicos, tenemos todo para detonar otro tipo de desarrollo, pero tenemos que garantizar agua, energía e infraestructura”.
El 19 de noviembre de 2024 Mirna Avilés fue electa presidenta del CICEJ.
SE REQUIEREN 8 MIL MILLONES DE PESOS EN PRÓXIMOS 30 AÑOS: DEBE HABER UN CAMBIO CULTURAL EN HÁBITOS DE CONSUMO
En junio del 2024, Mirna Aideé Avilés Mis, entonces Coordinadora de Proyectos Especiales en Materia Hídrica del CICEJ, hizo énfasis que para garantizar el abasto de agua en la entidad durante los próximos 30 años requiere una inversión anual de 8,000 millones de pesos y un cambio profundo en los hábitos de consumo.
Tras una gira por Asia, el organismo propuso 82 iniciativas, incluyendo un Instituto de Investigación y campañas educativas desde la infancia, para transformar la gestión hídrica en el estado.
Mirna Aideé Avilés Mis, Coordinadora de Proyectos Especiales en Materia Hídrica del CICEJ, señaló que la crisis del agua en Jalisco es insostenible. “Aunque invirtamos en infraestructura, no funcionará sin un cambio cultural en el uso del agua. Estamos en una coyuntura clave para construir el Jalisco de las próximas tres décadas”, afirmó.
Según el CICEJ, el 80% del agua en el estado es consumida por los sectores agrícola e industrial, lo que exige programas específicos para estos usuarios, además de campañas de concientización dirigidas a la población general.
Durante una gira de 17 días por Corea del Sur, Japón y Singapur, miembros del CICEJ estudiaron modelos de gestión hídrica avanzados. En Corea, observaron un sistema de tratamiento de aguas residuales que permite su reutilización para potabilización, un modelo que podría aplicarse en Jalisco para reducir la dependencia del Lago de Chapala, afectado por la contaminación del Río Santiago.
En Singapur, destacaron las campañas educativas que fomentan el cuidado del agua desde la infancia, una práctica que el CICEJ propone replicar mediante talleres escolares y un Instituto de Investigación Hídrica local para desarrollar soluciones adaptadas al contexto jalisciense.
El entonces presidente del CICEJ, Luis Barbosa Niño, anunció que presentarán estas 82 propuestas a las autoridades actuales y entrantes, incluyendo al gobernador electo Pablo Lemus, quien asumirá el cargo en diciembre de 2024.
Entre las iniciativas, destacan la modernización de la infraestructura hídrica y la creación de programas estatales permanentes para el cuidado del agua y el medio ambiente. “Necesitamos rehabilitar tuberías, plantas potabilizadoras y acueductos de forma continua, pero también educar a la población y a los sectores productivos”, enfatizó Barbosa.
Un hallazgo clave de la gira fue el interés de Corea del Sur en invertir 5,000 millones de dólares en México, según informó el embajador Carlos Peñafiel Soto. Sin embargo, esta inversión depende de garantizar agua, energía e infraestructura, elementos que Jalisco no puede asegurar actualmente.
La crisis del SIAPA, que pierde hasta el 40% del agua por fugas y enfrenta una cartera vencida de 17,000 millones de pesos, agrava el panorama. Además, la presa El Zapotillo, promovida por Enrique Alfaro como la solución para 50 años, opera a una capacidad reducida (3,000 l/s frente a los 8,600 l/s prometidos inicialmente), según datos de la CEA en 2024.
Avilés Mis advirtió que sin una inversión sostenida de 8,000 millones de pesos anuales, Jalisco enfrentará un colapso hídrico que frenará su desarrollo económico y social. “No basta con megaproyectos. Necesitamos un enfoque integral: infraestructura moderna, educación y corresponsabilidad ciudadana. Si no actuamos ahora, el costo será mucho mayor en el futuro”, concluyó.
LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS
La propuesta del gobernador Pablo Lemus para evitar el colapso hídrico en Jalisco, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se centra en una combinación de inversión en infraestructura, modernización del sistema hídrico y estrategias de abasto sostenible.
Lemus ha priorizado la renovación de la red hidráulica del SIAPA, destinando 8,000 millones de pesos para rehabilitar tuberías y el acueducto Chapala-Guadalajara. Esto busca reducir las fugas, que representan hasta el 40% del agua, según Verónica Delgadillo en 2024, y mejorar la calidad del suministro en la ZMG.
En diciembre de 2024 Pablo Lemus, anunció un presupuesto histórico para el SIAPA de 1,525 millones de pesos para 2025, además de la operación de la presa El Zapotillo, que se dijo aportará 3 metros cúbicos por segundo a la metrópoli, beneficiando a 1.1 millones de habitantes, principalmente en el norte de Guadalajara.
También se inauguró la primera etapa de la Planta Potabilizadora número 5 en Tlajomulco en noviembre de 2024, y se amplió la planta de tratamiento El Ahogado, que tratará 2,600 litros por segundo para uso industrial, reduciendo la presión sobre los acuíferos.
Otra medida clave es la captación de agua de lluvia. Lemus, quien implementó el programa Nidos de Lluvia como alcalde de Zapopan y Guadalajara, propuso en abril de 2024 destinar 150 millones de pesos anuales para instalar 5,800 sistemas de captación en casas, escuelas y mercados, proyectando 34,800 sistemas en su sexenio. Esto busca mejorar el acceso al agua en comunidades vulnerables y recargar acuíferos en zonas como El Bajío y Bosque de los Colomos.
Lemus también ha impulsado la tecnificación del campo, promoviendo el riego por goteo y certificaciones para productos agrícolas sostenibles, ya que la agricultura consume el 80% del agua en Jalisco, según el CICEJ. Además, busca sanear el Río Santiago, un compromiso compartido con la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajando con la Conagua para definir proyectos prioritarios.
En marzo de 2025, Lemus enfrentó una crisis en la ZMG por la manipulación de compuertas en el canal de Atequiza, que afectó el suministro a la Planta Potabilizadora 1. Su respuesta incluyó operativos policiales para cerrar las compuertas y garantizar el abasto, prometiendo regularizar el servicio en cinco días. El 23 de abril, afirmó que no habría tandeos en la ZMG, destacando que las presas estaban en niveles óptimos, aunque llamó a la población a cuidar el agua.
ENTREVISTAS
Cipriano Manzanilla, candidato a juez penal del distrito 3: «Por una experiencia cercana a la gente y transparente»

Por Diego Morales Heredia //
Con más de 25 años de experiencia en derecho penal, incluyendo una breve etapa en el Poder Judicial, Cipriano Manzanilla se postula como candidato a juez penal del tercer distrito. Su campaña se centra en una justicia accesible, transparente y con un enfoque firme en los derechos humanos.
UN PROCESO ELECTORAL DESAFIANTE
Manzanilla describe el proceso electoral como “sui generis” debido a la falta de claridad en las reglas: “Inicialmente, no había lineamientos para la propaganda. Luego permitieron volantes, redes sociales y foros, pero sin pautas claras. La única forma de llegar a la ciudadanía es a través de entrevistas, pláticas en universidades y redes, sin contrataciones”.
A través de estos medios, ha compartido sus propuestas, destacando tres ejes:
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Justicia cercana: Una oficina de puertas abiertas para todas las partes involucradas, asegurando un trato igualitario. “Quiero conocer el sentir de las personas, no solo lo que está en un expediente”.
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Lenguaje claro: Sentencias comprensibles, sin tecnicismos, para que cualquier ciudadano las entienda.
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Menos formalismos: Evitar el rechazo de demandas por cuestiones técnicas, priorizando el acceso a la justicia.
INDEPENDENCIA GARANTIZADA
Ante las preocupaciones sobre la autonomía del Poder Judicial, Manzanilla subraya: “La ley establece que el Poder Judicial es independiente. Mi compromiso es actuar con legalidad, sin ceder a presiones. La elección ciudadana me hará responsable únicamente ante la gente, no ante gobernantes o legisladores. Si hay presiones de entes fácticos, no cederé y, de ser necesario, denunciaré”.
Sobre los principios constitucionales, destaca:
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Derechos humanos: Juzgar siempre con esta perspectiva.
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Legalidad: Los ciudadanos pueden hacer lo no prohibido; las autoridades, solo lo expresamente permitido.
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Debido proceso: Garantizar notificación, defensa y oportunidad probatoria.
Además, resalta la supremacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte: “Si un tratado dice una cosa y una ley otra, prevalece el tratado”.
Agrega: “El artículo 133 de la Constitución se ha ido modificando, más allá del texto, la interpretación que se ha dado, hoy en día, principalmente en derechos humanos, la propia corte ha dicho que cuando tienes un tratado que dice una cosa y una ley que dice otra, tiene la supremacía el tratado internacional. Esa es la jerarquía que ha marcado la corte”.
TRANSPARENCIA COMO PRIORIDAD
La transparencia es un pilar de su campaña. Propone sentencias con lenguaje sencillo y apartados explicativos en términos coloquiales, además de versiones públicas que protejan datos personales. “Quiero que cualquier ciudadano, sin ser abogado, entienda las resoluciones”, afirma.
Manzanilla también enfatiza la ética profesional: “En mi paso por el Poder Judicial, un amigo quiso hablar de un caso en trámite. Le dije que la amistad es intocable, pero los asuntos judiciales se tratan en el juzgado. La ética está por encima de todo; la ley se aplica igual para amigos y adversarios”.
UNA JUSTICIA HUMANA Y EQUITATIVA
Para Manzanilla, la justicia debe basarse en la legalidad, la independencia y el debido proceso, pero también ser cercana: “No siempre podré recibir a todos, pero dedicaré días para escuchar a los justiciables en igualdad de condiciones”.
Añadió: “Hay que juzgar con perspectiva en derechos humanos, con especial enfoque en la protección a las mujeres, a la diversidad, a los menores, a los indígenas, a estos últimos hay que juzgarlos respetando su autonomía, atendiendo su contexto social. Hay que aplicar la justicia sin mirar a quién”.
UN LLAMADO AL VOTO
Motivado por su familia, su desarrollo profesional y el deseo de un país más justo, Manzanilla invita a la ciudadanía a conocer su perfil y apoyarlo en las elecciones del 1 de junio. “Queda mayo para seguir en campaña, en redes, universidades y foros. La reforma judicial ya está en marcha; ahora invito a la gente a votar. Soy una persona capacitada, honesta y con experiencia. Espero contar con su confianza”.
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