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JALISCO

Independencia y autonomía a debate: Presupuesto del Poder Judicial de Jalisco, con transparencia y rendicion de cuentas

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Por Luis Enrique Villanueva //

El 15 de agosto de cada año calendario inicia el tortuoso camino legal para la determinación del monto del presupuesto judicial, tal como al efecto lo señala el artículo 18 en relación con el 29 de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y sus municipios, que obliga al Poder Judicial a presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo.

Antes del 01 de noviembre y una vez integrado el proyecto del judicial al global del gobierno del Estado, el Ejecutivo deberá enviarlo al Legislativo para su discusión y sanción, lo que deberá acontecer a más tardar el día 15 de diciembre, según los artículos 42 y 45 respectivamente de la ley referida.

Son cuatro largos meses, cada año, que no han resultado suficientes para que los poderes Ejecutivo y Legislativo asuman al Judicial como un poder con funciones trascendentales para el Estado que merece ser tratado presupuestalmente a la par de los otros dos, a pesar que desde la Constitución se obliga al Estado en su conjunto a garantizar la independencia judicial y a respetar su autonomía en el ejercicio del gasto.

En efecto, el artículo 7 en relación con el 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, enfatizan que la Ley debe establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y sus titulares así como la ejecución de sus resoluciones además de prever que una vez aprobado su presupuesto, el Poder Judicial lo ejercerá con plena autonomía.

INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA A DEBATE

La independencia y autonomía de que se habla se enmarcan dentro del principio constitucional de división de poderes, cuya idea central es marcar un límite al ejercicio unilateral del Poder para evitar que se corrompa, dotando a cada uno de funciones específicas y fijándole contrapesos al permitir la intervención de uno en algunas tareas propias de los otros, lo que implica entonces cierta flexibilidad funcional, cuyo límite es la afectación que provoque un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes del Estado, como es el caso.

Al efecto, la Constitución Federal prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros.

Según las jurisprudencia firme, la intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, actualizable cuando uno de ellos interfiere en una cuestión propia de otro, sin que resulte una afectación determinante que genere sumisión; la dependencia representa un grado mayor de vulneración, que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, tomar decisiones o actuar de manera autónoma; la subordinación se traduce en el más grave nivel de violación ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.

Es inconcebible que por disposición legal el Poder Judicial tenga como única fuente de financiamiento el presupuesto anual que deciden otros poderes y que desde siempre ha resultado insuficiente; es insostenible que el Judicial deba gestionar con el Ejecutivo primero y luego con el Legislativo la aprobación de su gasto básico y el financiamiento de sus proyectos prioritarios como la renovación de equipos, la apertura de otros tribunales o el mantenimiento de sus instalaciones; es incongruente que sean creadas y derivadas nuevas materias, figuras y competencias sin que se dote del recurso económico para su implementación (adolecentes infractores, extinción de dominio, ejecución de penas, oralidad penal y mercantil y justicia laboral).

En ese tenor, es urgente fortalecer presupuestalmente al Poder Judicial, blindando y diversificando al más alto rango jurídico sus fuentes de financiamiento para asegurar que la autonomía e independencia previstas por las constituciones Federal y Estatal sean una realidad en el desempeño de su trascendental labor.

PRESUPUESTO CONSTITUCIONAL

Un presupuesto constitucional permitiría proporcionar los servicios públicos de justicia de forma oportuna y cercana a todos los jaliscienses, lo que denotaría sin duda una atención personal por muchos años solicitada y más en los tiempos recientes en que los conflictos jurídicos y reclamos judiciales se han incrementado sustancialmente tanto entre personas físicas como con personas morales.

Como dato ilustrativo, en Jalisco el Poder Judicial nunca ha superado el 1.5 uno punto cinco, del Presupuesto Global del Estado, cuando se han realizado análisis que consideran que un porcentaje adecuado para planear su crecimiento acorde a las necesidades de justicia se sitúa en el 4.5 cuatro punto cinco, proceso en el que ya han avanzado otras entidades como el Estado de México, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas que ya cuentan con presupuesto constitucional con resultados positivos.

Las características y condiciones de la justicia en Jalisco hacen necesario retomar de inmediato las iniciativas de reforma ya presentadas en el legislativo ( INFOLEG 8069/LX, 9025/LX, 2520/LXI, 4589/LXI y 1359/LXII) y someterlas a la más amplia difusión y debate en el mayor número de foros posibles para que se logre la participación de todos los ciudadanos en el propósito de fortalecer al Poder Judicial, no sólo para satisfacer las actuales necesidades sociales sino también para prevenir su atención conforme a las proyecciones de crecimiento poblacional y demanda del servicio público de justicia.

HACIENDA JUDICIAL

Además, en un ejercicio de congruencia pura, debe estimarse que la generación de recursos extraordinarios por la actividad gratuita de administra justicia (hacienda judicial), debe ser destinado al propio Poder Judicial.

No resulta justificable, bajo ninguna circunstancia, que prevalezca una injusticia y muestra inequívoca de sometimiento financiero, como sin duda lo es, que un poder maneje, administre y disponga de los recursos económicos generados por otro poder que arrastra una crítica situación presupuestal y una amplia lista de añejas carencias no atendidas.

En ese sentido, la propuesta pretende que los ingresos generados por el Poder Judicial, como sus rendimientos, sean aplicados para la creación de nuevos órganos judiciales, el mejoramiento material y tecnológico de estos y la capacitación y mejoramiento de las condiciones económicas de los servidores públicos judiciales, lo que de suyo es justo y equitativo a la luz de cualquier óptica que se le mire.

Existen desde luego otras propuestas de ingresos que pueden diversificar y aseguramiento un presupuesto más amplio para el Poder Judicial, pero también es indudable que deben ir acompañadas de medidas contundentes que garanticen su apertura, transparencia y rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía en sus procesos de publicación, seguimiento, denuncia y sanción, dado que en una aventurada afirmación, se puede establecer que la falta de transparencia en todas sus vertientes es el detonador automático de conductas irregulares y de la propia impunidad en todas las instituciones públicas.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Así, uno de los primeros aspectos que deben considerarse en cualquier proyecto que se pretenda implementar, es el enfoque que debe tener para recuperar la confianza y el respeto de la sociedad en las instituciones de gobierno que desafortunadamente se ha venido mermando en los más recientes años en virtud de la ausencia de acciones contundentes, de la escasa transparencia y rendición de cuentas y la falta de incorporación de los ciudadanos en las actividades del Estado lo que redunda en una impunidad rampante, que junto con la corrupción son los más pesados lastres de la justicia jalisciense.

Ciertamente, la primera de las revisiones que le fue practicada al Supremo Tribunal de Justicia en el año 2007 por el recién creado Instituto de Transparencia e Información Pública, le concedió un 47 por ciento de calificación en el cumplimiento de sus obligaciones normativas; la segunda, efectuada en 2009 con la inclusión de un ejercicio de usuario simulado, arrojó al Supremo Tribunal una calificación de 87 por ciento en lo que ve a la publicación de información fundamental y un 92 por ciento en atención a peticiones de información; mientras que el tercero y último de los exámenes practicados que fue en el año 2014 le correspondió un 83 por ciento de calificación.

Y es que en las condiciones actuales accesar a la información jurisdiccional es poco menos que imposible si se toma en cuenta la escasa disposición de jueces y magistrados a publicar sus sentencias; la débil infraestructura que apenas soporta el cúmulo de procesos e información que se genera; la omisión permanente y falta de tino en el diseño y actualización de las páginas de transparencia de los órganos judiciales; el cobro por la entrega de sentencias voluminosas; y el abuso del lenguaje técnico elevado en su elaboración.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) considera que la transparencia no es una concesión voluntaria y generosa del funcionario o la institución impartidora de justicia, por el contrario, publicar y facilitar el acceso a la consulta de la labor jurisdiccional es una obligación ineludible si lo que se persigue es la legitimación social a partir de la rendición de cuentas, es más que necesario si lo que se pretende es el fortalecimiento de la confianza ciudadana en los tribunales componentes de un Poder Judicial que transparenta sin temor alguno sus contenidos, procedimientos, criterios o impedimentos.

La impartición de justicia y el trabajo del Poder Judicial no pueden mantenerse alejados de la sana crítica y el escrutinio social, por el contrario, debe permitirse su auscultación profunda para que el justiciable conozca cómo y porque se le sentenció, aún cuando el fallo le favorezca.

La participación de una sociedad cada vez más informada, con el conocimiento de sus derechos y consciente de su responsabilidad solidaria con la administración pública, debe ser la constante en el inmediato, corto y mediano plazo para facilitar la materialización de los proyectos y programas de beneficio colectivo, logremos Gobernanza Judicial.

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Día del Ingeniero: ¿Por qué se celebra hoy?

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Por Redacción Conciencia Pública //

Cada 1 de julio se celebra en México el Día del Ingeniero, una efeméride establecida en 1973 por Eugenio Méndez Docurro, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, con el respaldo del presidente Luis Echeverría Álvarez.

Se propuso que fuera el 1 de julio debido a que, en esta fecha, pero de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México, que dio origen a la fundación del centro de docencia e investigación llamado Real Seminario de Minería, donde tuvieron lugar los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América.

Este homenaje reconoce la labor de los profesionales que, mediante ciencia, tecnología y creatividad, diseñan soluciones que impulsan el desarrollo de infraestructuras, productos y servicios esenciales para nuestra sociedad.

En 2025 la ingeniería en México y América Latina vive un momento de transformación gracias a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la automatización y la industria 4.0. Perfiles como ingenieros DevOps/SRE, especialistas en MLOps, arquitectos de datos en la nube e ingenieros en IA están en demanda creciente.

Según datos de AMITI, alrededor del 70 % de las empresas mexicanas están adoptando tecnologías avanzadas, pero un estudio de Manpower Group revela que 45 % de estas empresas enfrentan dificultad para cubrir vacantes especializadas.

Esta brecha muestra tanto la importancia de la formación continua como el enorme potencial de los ingenieros para forjar el futuro económico y tecnológico del país.

Hoy, la celebración no solo destaca el aporte tradicional de los ingenieros civiles, eléctricos o mecánicos, sino que también visibiliza la creciente participación de mujeres en la profesión, impulsada por fechas específicas como el Día de la Mujer Ingeniera (23 de junio) y políticas que buscan la equidad.

Este Día del Ingeniero, más que festejo, es una invitación a reconocer y fortalecer el papel estratégico del gremio en la innovación, sostenibilidad y equidad nacional.

Celebramos a las y los ingenieros que día a día demuestran su compromiso, responsabilidad y servicio para el desarrollo del país.

¿Cuáles son las ingenierías mejor pagadas en México?

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló recientemente datos sobre los salarios promedio de diversas carreras en México. Dentro de esta lista, destacan las ingenierías, que se posicionan entre las carreras mejor pagadas en el país.

A continuación, te presentamos las ingenierías con los salarios más altos, según el IMCO:

1. Ingeniería en electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica

Salario promedio mensual: 22 mil 877 pesos

Esta ingeniería lidera el listado de las mejor pagadas en México. Los profesionales en esta área son altamente demandados debido a la creciente automatización en diversas industrias y la necesidad de integrar sistemas electrónicos y mecánicos para mejorar la eficiencia y productividad.

2. Ingeniería en electricidad y generación de energía

Salario promedio mensual: 22 mil 834 pesos

La generación y distribución de energía es un sector crítico para cualquier economía. Los ingenieros especializados en electricidad y energía juegan un papel vital en asegurar el suministro continuo y eficiente de electricidad, lo cual es esencial para el desarrollo industrial y económico.

3. Ingeniería mecánica y profesiones afines al trabajo metálico

Salario promedio mensual: 21 mil 869 pesos

Los ingenieros mecánicos y aquellos especializados en trabajos metálicos están en alta demanda debido a su habilidad para diseñar, analizar, fabricar y mantener sistemas mecánicos. Sus competencias son cruciales en sectores como la manufactura, la automotriz y la aeronáutica.

4. Ingeniería industrial

Salario promedio mensual: 21 mil 829 pesos

La ingeniería industrial se enfoca en optimizar procesos y sistemas, lo que es esencial para mejorar la eficiencia y reducir costos en cualquier empresa. Estos ingenieros son clave en la mejora continua y la gestión de la cadena de suministro, haciéndolos indispensables en múltiples industrias.

5. Ingeniería de procesos químicos

Salario promedio mensual: 19 mil 624 pesos

Estos ingenieros trabajan en el desarrollo y mejora de procesos químicos utilizados en la producción de bienes y materiales. Su labor es fundamental en industrias como la farmacéutica, la petroquímica y la de alimentos y bebidas, donde la precisión y la eficiencia son esenciales.

Las ingenierías siguen siendo una de las opciones académicas más prometedoras en México, no sólo por la estabilidad laboral que ofrecen, sino también por los atractivos salarios.

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Juan Huerta Péres: Cuidemos a nuestra planta laboral

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Por Francisco Junco //

Durante el Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas realizado en la Universidad Panamericana, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), Juan Huerta, lanzó una advertencia contundente: una reforma laboral precipitada o mal gestionada podría incrementar significativamente la informalidad en el país.

Huerta subrayó que una transición apresurada a la jornada de 40 horas con pago equivalente a 56 horas debe realizarse de manera gradual, en un plazo de dos a cinco años si fuera necesario, priorizando la protección de la planta laboral mexicana. «No estamos para bollos», afirmó, destacando la fragilidad del mercado laboral actual.

El líder sindical señaló que México enfrenta un panorama económico y laboral preocupante. Con un 54.6% de trabajadores informales, según datos recientes, y una generación de empleo que ha caído un 14.4% entre 2020-2024 en comparación con 2020-2025, la situación exige cautela.

Huerta explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 68.4% de los empleos en el país, son el pilar del mercado laboral, mientras que las grandes empresas apenas contribuyen con un 21.5%. Esta dependencia, combinada con una deficiente creación de nuevos empleos, refleja la urgencia de una estrategia bien definida, afectada por la incertidumbre y la ausencia de políticas públicas de inversión de capital sostenible.

Huerta también alertó sobre las proyecciones económicas sombrías para 2025, con el Producto Interno Bruto (PIB) estimado entre -0.2% y 1.4% según el Banco de México, lo que agrava la falta de dinamismo en el empleo. «Actuemos con responsabilidad», instó, proponiendo una implementación planeada, organizada y acordada entre el sector productivo y el gobierno.

De no ser así, advirtió, la informalidad podría aumentar hasta en un 20% del empleo formal, poniendo en riesgo a millones de trabajadores. «Cuidemos nuestra planta laboral», concluyó, enfatizando la necesidad de un enfoque equilibrado para evitar un colapso en el mercado laboral formal.

RESPALDO A REFORMA LABORAL

La CTM en Jalisco expresó su respaldo a una reforma que busca reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Para Juan Huerta Péres, esta transformación es no solo necesaria, sino inevitable. Pero debe realizarse de forma responsable, con una implementación gradual y bajo un enfoque de justicia laboral y sostenibilidad económica.

Durante su participación en el Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas, realizado en la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, Juan Huerta planteó que la CTM se decanta por una reforma constitucional, pero que su aplicación no sea abrupta, sino escalonada y ampliamente negociada.

LA ÚLTIMA REFORMA FUE HACE 100 AÑOS

México, recordó, fue vanguardia en 1917 al establecer constitucionalmente una jornada máxima de ocho horas diarias, cuando la mayoría del mundo aún permitía extensas jornadas de hasta 15 o 18 horas. Sin embargo, hoy ese liderazgo se ha erosionado, ya que mientras países como Francia, Alemania, incluso Colombia y Chile ya operan con jornadas de entre 35 y 40 horas, en México aún se discute la transición, por lo que reconoció que “ahora nos hemos quedado a la saga”.

“Han pasado más de 100 años de distancia de la entrada en vigor del artículo 123 constitucional, de la puesta en vigor de las 48 horas semanales, ahora nos vemos adentrados a una ruta irreversible para alcanzar la jornada de 40 horas semanales. Su promulgación responderá a los principios de justicia laboral, de la necesaria mejora de las condiciones de bienestar integral”, sentenció.

“Así, el mundo del trabajo, del siglo XXI, requiere de una nueva visión del bienestar laboral. Sin duda esto significa redefinir los espacios de la jornada laboral, ampliando el espacio vital del trabajador, el tiempo que requiere para su familia, sus aspiraciones y necesidades emocionales y espirituales, para el descanso y el mismo ocio”, señaló.

LA PROPUESTA

Al mismo tiempo, presentó una propuesta integral que incluye medidas fiscales, salariales y de bienestar, para garantizar que la reducción de horas no ponga en riesgo la viabilidad económica de las empresas ni la generación de empleos formales.

“La Federación de Trabajadores de Jalisco y la CTM Nacional plantean una reforma al artículo 123 constitucional para garantizar dos días de descanso por cinco laborados, como un derecho universal. De la misma manera, la creación de una prima sabatina para quienes laboren ese día, la reducción a 40 horas con un pago de 56 horas y la revisión del esquema fiscal del ISR en horas extras, además de una revisión a la limitación del reparto de utilidades”, subrayó.

“No estamos para bollos. Recordemos que traemos un 54.6% de trabajadores informales. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan un 68.4% total de empleos en México y eso no hay forma de cambiarlo ni de ocultarlo. Las grandes empresas solo generan un 21.5% del total de los empleos del país”.

Refirió que, de acuerdo con datos de la OCDE, México es el país que más horas trabaja al año entre sus miembros, pero también uno de los que menos productividad genera. Esta paradoja, señaló, es un claro ejemplo de que la cultura del sobretrabajo no ha sido sinónimo de desarrollo.

Por ello, la CTM ha propuesto cuatro líneas estratégicas para la implementación responsable de la jornada de 40 horas, gradualidad, reconocimiento de la heterogeneidad de la planta productiva, mejora continua de la productividad y el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador.

“Las experiencias internacionales, pero fundamentalmente las realidades y exigencias propias, abren los puntos para trazar nuestra hoja de ruta. Insisto, bajo la premisa de ganar-ganar. Tenemos que actuar con responsabilidad e implementar la jornada laboral de forma gradual, planeada, organizada y, sobre todo, acordada entre los actores del sector productivo y el gobierno”, sostuvo.

EL ESCENARIO ECONÓMICO NO ES ALENTADOR

El líder sindical advirtió, sin embargo, que el escenario económico no es alentador y refirió que de acuerdo con datos del Banco de México, el PIB para 2025 podría situarse entre el -0.2% y el 1.4%. A esto se suma una caída del 14.4% en la generación de nuevos empleos comparado con 2024.

“Tenemos una muy deficiente generación de nuevos empleos, por varios factores fundamentales, pero principalmente por la incertidumbre y la falta de una aplicación de una estrategia en materia de una política pública de inversión de capital sustentable”, advirtió.

Para el dirigente de la CTM Jalisco, el debate sobre las 40 horas no debe ser visto como una confrontación entre patrones y trabajadores, sino como una oportunidad de construir un nuevo pacto social.

Precisó la posición de la CTM de apoyar la reforma laboral de las 40 horas con pago de 56 (los siete días de la semana) y de forma gradual, implementándola entre 2 y 5 años, de ser necesario. “Actuemos con responsabilidad e implementemos la jornada de 40 horas en forma gradual, planeada, organizada, y sobre todo, acordada con los actores del sector productivo y el gobierno, de lo contrario, terminaremos mandando a la informalidad otro 20% del empleo formal”.

CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN HACIA UNA HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REFORMA LABORAL

Las experiencias internacionales, combinadas con las realidades y exigencias propias de México, sientan las bases para trazar una hoja de ruta fundamentada en el principio de ganar-ganar. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) propone un plan estructurado en cuatro líneas estratégicas que buscan equilibrar los intereses de empleadores y trabajadores, adaptándose a las necesidades del país.

  1. Aplicación gradual del modelo: Se propone implementar la reducción de la jornada laboral en un plazo de dos a cuatro años, extensible a cinco si fuera necesario. El objetivo es generar condiciones consensuadas entre empleadores y sindicatos para ajustar la jornada sin comprometer la viabilidad económica ni la productividad de las empresas, asegurando una transición ordenada y sostenible.
  2. Reconocimiento de la heterogeneidad productiva: Dado que la planta productiva nacional varía en escala, retos y características según la industria y tipo de empresa, se requiere una aplicación flexible de la nueva legislación. Esta adaptabilidad reconoce las diferencias regionales y sectoriales, permitiendo soluciones personalizadas que respeten la diversidad económica del país.
  3. Mejora permanente de la productividad: Inspirándose en prácticas internacionales, se busca compatibilizar la reducción de horas con un incremento de la productividad. Esto incluye incentivos dentro de la nueva jornada que eleven el rendimiento laboral. Según datos de la OCDE, México lidera en horas trabajadas anualmente entre sus miembros, pero no en eficiencia. Trabajar más no equivale a ser más productivo, por lo que esta línea prioriza la calidad sobre la cantidad.
  4. Mejora de la calidad de vida del trabajador: Para alinear la reforma de 40 horas con beneficios concretos, la CTM propone modificar el Artículo 123 Constitucional, garantizando dos días de descanso por cinco laborados como derecho universal. Además, se sugiere una prima sabatina para quienes trabajen ese día, el pago equivalente a 56 horas por una jornada de 40, una revisión del esquema fiscal del ISR en horas extras y una amplia reevaluación de las limitaciones al reparto de utilidades, fortaleciendo así el bienestar de los trabajadores y sus familias.
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Propuesta de reducción de la jornada laboral avanza en Guadalajara

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Por Francisco Junco //

El Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas en Guadalajara marcó un paso decisivo en la ruta hacia la reducción de la jornada laboral, al consolidar un diálogo multipartito entre sindicatos, empresarios y gobierno, enfocado en la implementación gradual de la reforma.

En este encuentro, se destacó la necesidad de combinar incentivos fiscales, análisis técnicos y esquemas sectoriales que permitan a las empresas adaptarse sin perder competitividad, mientras se prioriza el bienestar y la productividad de los trabajadores.

“En los últimos años hemos atendido importantes avances en materia laboral, como no lo habíamos vivido básicamente en décadas, de alguna manera, incluso, esto nos ha permitido que podamos decir que vivimos una primavera de los derechos laborales”, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Marath Baruch Bolaños López, quien destacó que este tema es un reclamo histórico de los trabajadores.

Y es que el pasado viernes 26 de junio, se realizó en la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, uno de los foros regionales clave, organizados por la STPS para debatir la transición de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

El funcionario federal resaltó que, el contexto laboral que se vive, es propicio para avanzar hacia la reducción de horas laborales, bajo la premisa central de implementarla de manera gradual, con tiempo para que el sector privado se adapte, sin afectar la competitividad.

También se destacaron las propuestas de analizar incentivos para mitigar el impacto en los costos empresariales, como apoyo fiscal, periodos de gracia para mipymes, y reorganización del modelo laboral, bajo la premisa de una transición basada en consensos, técnica y socialmente responsable.

Para los participantes este encuentro fue un paso para impulsar una transición ordenada a una jornada laboral de 40 horas, destacando el diálogo constructivo, evidencia internacional favorable, medidas de mitigación para costos empresariales y participación amplia y técnica.

El foro sirvió como plataforma para abordar preocupaciones sectoriales, donde se discutieron posibles incentivos fiscales para empresas, esquemas de transición laboral y ajustes en productividad. Asimismo, se escucharon voces laborales que demandan celeridad, mientras algunos empresarios solicitan plazos que garanticen competitividad sin subir costos de operación.

En el marco del debate nacional, la STPS organizó 10 foros nacionales, para impulsar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la Ciudad de México y Monterrey fueron sede de los primeros dos foros regionales.

En la capital del país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que “la semana laboral de 40 horas mejora la productividad, permite generar empleos más dignos y empresas más fuertes”, mientras que en Monterrey, el gobernador Samuel García propuso incentivos fiscales para las empresas que adopten el nuevo esquema de manera anticipada. Ambos encuentros sirvieron como punto de partida para abrir el debate técnico y social que habrá de culminar en una reforma nacional gradual, incluyente y sostenida.

TODOS ESTAMOS DE ACUERDO”

En Jalisco, el evento contó con la intervención de importantes actores de diferentes sectores sindicalistas, empresarios, académicos, así como representantes del sector agropecuario y del comercio, que enriquecieron el debate con una visión integral sobre la jornada laboral en diferentes ámbitos productivos.

Ricardo Barbosa Ascencio, secretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Jalisco, señaló que tras los diferentes puntos de vista, todos partiendo del marco del respeto, “el común denominador es que todos estamos de acuerdo en que falta en el cómo y buscar el cómo sí”.

“Siendo muy objetivo la mayoría de los sindicatos, está muy homologado el concepto de que sí, algunos dicen tiene que ser el año entrante, otros vayamos trabajando de aquí al 2030. Sin embargo, resaltaría que debemos de cuidar la reforma, es una reforma trascendental que tendrá afectación por muchas décadas por venir… Sobra decir el tema de la gradualidad, cuidar las fuentes de trabajo, seguir trabajando en disminuir la pobreza laboral, seguir trabajando en la dignificación del salario mínimo”, concluyó el funcionario estatal.

Pablo Lemus, gobernador del estado, aseguró que, a nivel nacional e internacional, Jalisco se distingue por su mente de obra, calidad y la preparación profesional de los trabajadores y destacó el clima de paz laboral que prevalece en la entidad, misma que motiva la llegada de mayor número de inversiones al estado.

“En Jalisco nos hemos propuesto ser el oasis de las inversiones de nuestro país, y repito, queremos cuidar a la planta productiva, pero también queremos escuchar a los trabajadores, cuidar de ellos, y creo que en ello hay una gran coincidencia con el sector empresarial”, resaltó el mandatario estatal.

JALISCO ES EL OASIS DE LAS INVERSIONES

En su intervención, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) del Gobierno de México, coincidió con Pablo Lemus, al considerar que Jalisco es el oasis de las inversiones en el mundo al tener a los mejores trabajadores.

“Lo decía Pablo (Lemus Navarro), y lo decía muy bien. Jalisco, además de ser el mejor estado de México, la realidad es que es un oasis de las inversiones en el mundo porque tenemos a las y los mejores trabajadores, y esa es una característica que compartimos las 32 entidades federativas en México”, apuntó Gómez Sierra.

Aseguró que construir la mejor forma para la implementación de esta reforma, la cual no sólo tiene objetivos nobles, sino necesarios y convenientes, que beneficiarán a México como país y como potencia económica y destacó que esta discusión, surge de los diferentes objetivos del Plan México.

“Innovación, que debe ser uno de los pilares céntricos de lo que nos rija, moviéndonos hacia adelante, no es tanto las horas de trabajo, sino el valor que podemos producir en esas horas de trabajo, y en ese sentido la innovación, la deducibilidad adicional que estamos dando para todos los gastos en capacitación, en educación dual, en carreras técnicas, en certificaciones, y desde luego en metas que se tienen no sólo para transferencia tecnológica, sino para gastos en investigación y desarrollo”, apuntó la funcionaria federal.

Hizo un llamado para que en esta discusión de reducir a las 40 horas, es necesario tener en cuenta cuatro pilares, que considera fundamentales que estén presentes en toda la planeación de la inversión y del comercio en México, las cuales son capacitación, promoción, colaboración e inversiones.

“Vemos que el tema de la productividad es particularmente prioritario para que si bien puedan ir bajando progresivamente las horas laborables, no así el valor que se aporta por parte de nuestros colaboradores. Y vemos que el tema de especialidad va a ser particularmente importante hacia adelante”, puntualizó Altagracia Gómez Sierra.

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