JALISCO
Independencia y autonomía a debate: Presupuesto del Poder Judicial de Jalisco, con transparencia y rendicion de cuentas
Por Luis Enrique Villanueva //
El 15 de agosto de cada año calendario inicia el tortuoso camino legal para la determinación del monto del presupuesto judicial, tal como al efecto lo señala el artículo 18 en relación con el 29 de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y sus municipios, que obliga al Poder Judicial a presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo.
Antes del 01 de noviembre y una vez integrado el proyecto del judicial al global del gobierno del Estado, el Ejecutivo deberá enviarlo al Legislativo para su discusión y sanción, lo que deberá acontecer a más tardar el día 15 de diciembre, según los artículos 42 y 45 respectivamente de la ley referida.
Son cuatro largos meses, cada año, que no han resultado suficientes para que los poderes Ejecutivo y Legislativo asuman al Judicial como un poder con funciones trascendentales para el Estado que merece ser tratado presupuestalmente a la par de los otros dos, a pesar que desde la Constitución se obliga al Estado en su conjunto a garantizar la independencia judicial y a respetar su autonomía en el ejercicio del gasto.
En efecto, el artículo 7 en relación con el 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, enfatizan que la Ley debe establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y sus titulares así como la ejecución de sus resoluciones además de prever que una vez aprobado su presupuesto, el Poder Judicial lo ejercerá con plena autonomía.
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA A DEBATE
La independencia y autonomía de que se habla se enmarcan dentro del principio constitucional de división de poderes, cuya idea central es marcar un límite al ejercicio unilateral del Poder para evitar que se corrompa, dotando a cada uno de funciones específicas y fijándole contrapesos al permitir la intervención de uno en algunas tareas propias de los otros, lo que implica entonces cierta flexibilidad funcional, cuyo límite es la afectación que provoque un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes del Estado, como es el caso.
Al efecto, la Constitución Federal prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros.
Según las jurisprudencia firme, la intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, actualizable cuando uno de ellos interfiere en una cuestión propia de otro, sin que resulte una afectación determinante que genere sumisión; la dependencia representa un grado mayor de vulneración, que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, tomar decisiones o actuar de manera autónoma; la subordinación se traduce en el más grave nivel de violación ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
Es inconcebible que por disposición legal el Poder Judicial tenga como única fuente de financiamiento el presupuesto anual que deciden otros poderes y que desde siempre ha resultado insuficiente; es insostenible que el Judicial deba gestionar con el Ejecutivo primero y luego con el Legislativo la aprobación de su gasto básico y el financiamiento de sus proyectos prioritarios como la renovación de equipos, la apertura de otros tribunales o el mantenimiento de sus instalaciones; es incongruente que sean creadas y derivadas nuevas materias, figuras y competencias sin que se dote del recurso económico para su implementación (adolecentes infractores, extinción de dominio, ejecución de penas, oralidad penal y mercantil y justicia laboral).
En ese tenor, es urgente fortalecer presupuestalmente al Poder Judicial, blindando y diversificando al más alto rango jurídico sus fuentes de financiamiento para asegurar que la autonomía e independencia previstas por las constituciones Federal y Estatal sean una realidad en el desempeño de su trascendental labor.
PRESUPUESTO CONSTITUCIONAL
Un presupuesto constitucional permitiría proporcionar los servicios públicos de justicia de forma oportuna y cercana a todos los jaliscienses, lo que denotaría sin duda una atención personal por muchos años solicitada y más en los tiempos recientes en que los conflictos jurídicos y reclamos judiciales se han incrementado sustancialmente tanto entre personas físicas como con personas morales.
Como dato ilustrativo, en Jalisco el Poder Judicial nunca ha superado el 1.5 uno punto cinco, del Presupuesto Global del Estado, cuando se han realizado análisis que consideran que un porcentaje adecuado para planear su crecimiento acorde a las necesidades de justicia se sitúa en el 4.5 cuatro punto cinco, proceso en el que ya han avanzado otras entidades como el Estado de México, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas que ya cuentan con presupuesto constitucional con resultados positivos.
Las características y condiciones de la justicia en Jalisco hacen necesario retomar de inmediato las iniciativas de reforma ya presentadas en el legislativo ( INFOLEG 8069/LX, 9025/LX, 2520/LXI, 4589/LXI y 1359/LXII) y someterlas a la más amplia difusión y debate en el mayor número de foros posibles para que se logre la participación de todos los ciudadanos en el propósito de fortalecer al Poder Judicial, no sólo para satisfacer las actuales necesidades sociales sino también para prevenir su atención conforme a las proyecciones de crecimiento poblacional y demanda del servicio público de justicia.
HACIENDA JUDICIAL
Además, en un ejercicio de congruencia pura, debe estimarse que la generación de recursos extraordinarios por la actividad gratuita de administra justicia (hacienda judicial), debe ser destinado al propio Poder Judicial.
No resulta justificable, bajo ninguna circunstancia, que prevalezca una injusticia y muestra inequívoca de sometimiento financiero, como sin duda lo es, que un poder maneje, administre y disponga de los recursos económicos generados por otro poder que arrastra una crítica situación presupuestal y una amplia lista de añejas carencias no atendidas.
En ese sentido, la propuesta pretende que los ingresos generados por el Poder Judicial, como sus rendimientos, sean aplicados para la creación de nuevos órganos judiciales, el mejoramiento material y tecnológico de estos y la capacitación y mejoramiento de las condiciones económicas de los servidores públicos judiciales, lo que de suyo es justo y equitativo a la luz de cualquier óptica que se le mire.
Existen desde luego otras propuestas de ingresos que pueden diversificar y aseguramiento un presupuesto más amplio para el Poder Judicial, pero también es indudable que deben ir acompañadas de medidas contundentes que garanticen su apertura, transparencia y rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía en sus procesos de publicación, seguimiento, denuncia y sanción, dado que en una aventurada afirmación, se puede establecer que la falta de transparencia en todas sus vertientes es el detonador automático de conductas irregulares y de la propia impunidad en todas las instituciones públicas.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Así, uno de los primeros aspectos que deben considerarse en cualquier proyecto que se pretenda implementar, es el enfoque que debe tener para recuperar la confianza y el respeto de la sociedad en las instituciones de gobierno que desafortunadamente se ha venido mermando en los más recientes años en virtud de la ausencia de acciones contundentes, de la escasa transparencia y rendición de cuentas y la falta de incorporación de los ciudadanos en las actividades del Estado lo que redunda en una impunidad rampante, que junto con la corrupción son los más pesados lastres de la justicia jalisciense.
Ciertamente, la primera de las revisiones que le fue practicada al Supremo Tribunal de Justicia en el año 2007 por el recién creado Instituto de Transparencia e Información Pública, le concedió un 47 por ciento de calificación en el cumplimiento de sus obligaciones normativas; la segunda, efectuada en 2009 con la inclusión de un ejercicio de usuario simulado, arrojó al Supremo Tribunal una calificación de 87 por ciento en lo que ve a la publicación de información fundamental y un 92 por ciento en atención a peticiones de información; mientras que el tercero y último de los exámenes practicados que fue en el año 2014 le correspondió un 83 por ciento de calificación.
Y es que en las condiciones actuales accesar a la información jurisdiccional es poco menos que imposible si se toma en cuenta la escasa disposición de jueces y magistrados a publicar sus sentencias; la débil infraestructura que apenas soporta el cúmulo de procesos e información que se genera; la omisión permanente y falta de tino en el diseño y actualización de las páginas de transparencia de los órganos judiciales; el cobro por la entrega de sentencias voluminosas; y el abuso del lenguaje técnico elevado en su elaboración.
El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) considera que la transparencia no es una concesión voluntaria y generosa del funcionario o la institución impartidora de justicia, por el contrario, publicar y facilitar el acceso a la consulta de la labor jurisdiccional es una obligación ineludible si lo que se persigue es la legitimación social a partir de la rendición de cuentas, es más que necesario si lo que se pretende es el fortalecimiento de la confianza ciudadana en los tribunales componentes de un Poder Judicial que transparenta sin temor alguno sus contenidos, procedimientos, criterios o impedimentos.
La impartición de justicia y el trabajo del Poder Judicial no pueden mantenerse alejados de la sana crítica y el escrutinio social, por el contrario, debe permitirse su auscultación profunda para que el justiciable conozca cómo y porque se le sentenció, aún cuando el fallo le favorezca.
La participación de una sociedad cada vez más informada, con el conocimiento de sus derechos y consciente de su responsabilidad solidaria con la administración pública, debe ser la constante en el inmediato, corto y mediano plazo para facilitar la materialización de los proyectos y programas de beneficio colectivo, logremos Gobernanza Judicial.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
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