ENTREVISTAS
Cuahutémoc Peña exige conocer el costo real de corrupción; IPEJAL debe auditarse

Por Mario Ávila //
Al continuar con las mesas de trabajo para plantear modificaciones a la Ley de Pensiones del Estado, los trabajadores de los servicios públicos exigen al Congreso del Estado la realización de una auditoría para conocer el costo real de la corrupción en el Instituto de Pensiones del Estado.
El planteamiento lo hizo el líder de la FEGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés, quien refiere que según sus cálculos, de acuerdo a la información que de las inversiones fallidas que se han ventilado en los medios de comunicación y en los tribunales, el desfalco podría ser de 7 mil millones de pesos, sin embargo explica que el costo de la corrupción crecería a una cifra escandalosa, si se toma en cuenta el daño permanente al patrimonio y a los fondos del Ipejal, si se auditan debidamente los procesos de arrendamientos, las compras de medicamentos y la contratación de personal, entre otros temas.
En lo que fue la segunda ronda de las ocho mesas de trabajo que se celebrarán en la sede del Poder Legislativo, por segunda semana consecutiva se abordó el tema financiero y en él, el dirigente sindical insistió en la necesidad de conocer el costo de la corrupción.
Y entendemos que la corrupción en Pensiones del Estado -explicó-, no es el acuerdo entre dos o más personas para enriquecerse, sino es un asunto estructural. Entendemos que desde las modificaciones que hizo Emilio González en el 2009 se debilitó la institucionalidad de Pensiones del Estado, ya no hubo controles, además de que al Consejo de Administración se le dio un poder que no tiene contrapeso, así como al Comité de Inversión.
Por ello -expuso-, quisiéramos pedirle al Congreso del Estado, que solicite un estudio independiente de cuál es el costo de la corrupción en Pensiones del Estado. Y tenemos dos ejemplos. El Fideicomiso de Chalacatepec y el de Santa Cruz de la Soledad, que son fideicomisos en donde aproximadamente saquearon de los fondos de los trabajadores como 1 mil 500 millones de pesos y en los dos fideicomisos entrañan despojo de tierras ejidales y simulación de actos. Lo grave es que no obstante Pensiones del Estado y el gobierno en turno, que tuvieron toda la información porque tenían una Dirección de Asuntos Agrarios, autorizaron estas inversiones y lo más escandaloso es que el anterior director de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, hoy es el abogado de los que despojaron a los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad.
“Evidentemente -añadió-, no hay ningún estudio serio de cuánto nos cuesta la corrupción en el Ipejal y debemos de empezar por eso, porque a lo mejor el modelo no está mal, sino que hay un exceso de corrupción y no solamente hablo de estos dos fideicomisos. Recordemos que en el caso de Chalacatepec, a los posesionarios les pagaron a 7 pesos el metro cuadrado y lo metieron al fideicomiso a 14 dólares el metro cuadrado. Y no obstante el gobierno del Estado y los directivos de Pensiones sabían que eran tierras ejidales, que estaban en litigio y que incluso ahorita continúan en litigio en los tribunales. Y yo me pregunto, cómo es posible que los responsables del Ipejal hubieran autorizado estas inversiones sabiendo que eran tierras ejidales. Debo comentar que en los dos procesos hay juicios y tarde que temprano se va a demostrar que cuando menos en Chalacatepec son tierras ejidales y qué va a pasar con las garantías, qué va a pasar con el dinero que invirtió Pensiones del Estado en estos proyectos”.
Además -remató-, los trabajadores no podemos ser cómplices de que con nuestro dinero despojen a ejidatarios de sus tierras, no podemos ser cómplices y yo sí quisiera abonar para que en la siguiente mesa se abran estos dos expedientes y estos dos fideicomisos, Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad y se pueda resolver realmente si fue un error en la inversión o hay todo un entramado de corrupción, incluso de contubernio de funcionarios del Gobierno del Estado y del Ipejal. En síntesis, yo considero que tiene que haber primero un informe claro de cuánto nos cuesta la corrupción y porqué se continúa con estas inversiones de Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, si saben que al final del día entrañan despojos a ejidatarios.
MÁS ALLÁ DE LOS FIDEICOMISOS, LA CORRUPCIÓN SE HA INSTITUCIONALIZADO
Para el dirigente sindical Cuauhtémoc Peña Cortés, quien desde hace más de 10 años ha denunciado el saqueo de que es víctima el Ipejal, si no se tienen datos precisos de cuánto cuesta la corrupción en el Instituto de Pensiones del Estado, no se puede avanzar en el diseño de las enmiendas a la Ley.
“Y señalando por corrupción, no solamente los fideicomisos que se están señalando, Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, que en sí mismos esos dos entrañan una corrupción increíble y el problema es que son de tracto sucesivo, es decir se continúan realizando estos fraudes que se hicieron, lo más grave es lo que se hace cotidianamente, los asuntos a sobre precios, la atención médica, todos los contratos que tiene Pensiones del Estado entrañan un fraude contra los fondos y beneficios particulares”.
“Hay edificios que Pensiones del Estado renta en cantidades irrisorias y los ganones son los que a su vez los sub arrendan a otras personas. Me parece que los estudios actuariales no están coincidiendo, hay muchas faltas, muchas omisiones, los números de los trabajadores no cuadran y me parece que el tema es de corrupción. Y hay una ecuación sencilla, la corrupción es igual a quien tiene el monopolio de las decisiones, más discrecionalidad, más poca transparencia y eso es lo que aquí sucede.
“Desgraciadamente aquí el modelo de Pensiones del Estado está diseñado para que el gobierno en turo tome todas las decisiones, todos los empleados dependen del gobierno en turno y muchas veces son pagos políticos, que no son el mejor perfil. Pero no solo eso, también creemos que la nómina de Pensiones del Estado está inflada, porque se mete gente para pagar compromisos políticos, por eso el asunto de la corrupción es vital”, planteó en la mesa de trabajo efectuada en el patio central del Congreso del Estado, el líder de la FEGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés.
Incluso el líder sindicalista hizo sus propios cálculos y planteó que la corrupción le ha costado al Ipejal aproximadamente 7 mil millones de pesos, al menos en los casos que se conocen de los fideicomisos, aunque está seguro de que la cantidad es mucho mayor, “y si el déficit es de 2 mil o 3 mil millones de pesos para el 2033, de qué estamos hablando, me parece que debemos ser muy cuidadosos en este tema, porque el futuro de miles de trabajadores depende de este asunto y no estamos de acuerdo en que vayan a rematar los bienes de Pensiones para tratar de pagar las deficiencias recaudatorias que tienen”, planteó.
Detalló que la corrupción no nada más es en pesos y centavos, sino en trámites, en actos y fue más preciso: “Corrupción hay en todo, por ejemplo, hay un grupo de notarios que son los únicos que te pueden escriturar, no puedes llevar tu a tu notario, esa es corrupción, porque el trabajador debe tener la libertad de elegir a su propio notario y ahí no obstante que lleves tu notario, tienes que pagarle al notario del Ipejal también”.
“Hablamos además de lo que mencionó el señor Herminio Jasso, de la Asociación de Jubilados, de la compra a sobre precio de miles y miles y miles de pesos de medicina; así como la contratación de trabajadores que no se justifican, que son solo activistas políticos que están ahí sin trabajar. Y ahí está el caso del panista Jorge Salinas Osornio y a mi me parece hasta miserable de cómo van ahí a pedir que los conviertan en ‘aviadores’ aunque sea en una placita para justificar su pensión”.
“En síntesis, el modelo está mal diseñado y está trazado para permitir la corrupción, yo creo que desde el 2009 se debilitó la institucionalidad de Pensiones del Estado porque el Congreso ya no pudo controlar. Sí había corrupción antes, me acuerdo de los terrenos de Alatriste que también nos quitaron, antes de las reformas del 2009, pero no era tan grave como en este momento, después del 2009 se hizo una corrupción institucionalizada”, lamentó.
JOSÉ HERMINIO JASSO: “QUEREMOS SABER A QUÉ PRECIO SE COMPRAN LAS MEDICINAS”
“En Pensiones queremos saber a qué precio se compran las medicinas”, expresó José Herminio Jasso Álvarez, representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado y los Municipios de Jalisco
“Debemos de cuidar los gastos igual que cuidamos el ingreso. Nosotros como jubilados participamos en el Comité de Vigilancia y de Transparencia que se creó en Pensiones por instrucciones del gobernador Enrique Alfaro, allí hemos solicitado y aquí está nuestra presidenta, Martha Elia, quien ha solicitado que se presente el estudio actuarial, tenemos tres años pidiéndolo y nunca lo han cumplido”.
Otra cosa que Martha Elia también ha pedido, apoyando a los jubilados que presenten ante ellos el Comité de Compras y nunca lo han cumplido. “Nosotros como jubilados decimos: si yo voy a cualquier farmacia, hasta las del Ahorro, tienen en la cajita un aviso que dice ‘precio máximo al público’. Cuando vamos a la farmacia pedimos unos mejorales o aspirinas, nos dan la cajita y dice precio máximo 1000 pesos, pero por ser ustedes se los vamos a dejar en 20. Me estás rebajando 980 pesos, dame el precio auténtico y eso queremos saber”.
“Queremos saber a qué precio en Pensiones compran las medicinas, si lo compran a mil pesos, a quinientos, 250 o al que lo compren o 20 pesos que es lo que vale la medicina”.
“Tenemos que cuidar el gasto porque nosotros los jubilados son los que lo resentimos y no se les olvide que en las mesas he estado exigiendo hasta responsabilidad legal, no nada más administrativa, sino penal si es necesario que por la escacez de medicinas, la gente se está muriendo. El problema de los jubilados es que si no tenemos la medicina nos vamos a morir”.
“Estoy de acuerdo con lo que ha expuesto el colectivo: sí requerimos un instrumento que controle la inversión, pero también ese instrumento debe estar manejado por financieros”.
FALTA DE RESPETO
Al iniciar su intervención José Herminio Jasso les llamó la atención a los diputados a que sean formales y respeten la puntualidad de las personas invitadas a participar a estos foros. “El problema con los jubilados es que venimos a estas sesiones y de repente notamos, como bien dijo nuestro compañero Juan José Hernández, que hay falta de respeto con el tiempo, no nada más el tiempo que haga la persona, sino que hoy empezamos 20 minutos tarde”.
“Soy mexicanos, católico, deportista…y el futbol empieza a la hora, la misa empieza a la hora, los toros empiezan a la hora, no se por qué en el Congreso del Estado nos citan para las 11 y empiezan 20 minutos tarde”, dijo en forma categórica Jasso Álvarez provocando una ovación del respetable.
“Es muy importante que veamos la enfermedad de Ipejal como si fuera la enfermedad de un cristiano, de un mortal, a todos nos ha tocado que nos dicen ‘a tu papá, a tu mamá, les vamos a tener que amputar dos dedos del pie porque están gangrenados’, los familiares reclaman y el doctor les aclara: “si no le cortan los dedos ahorita, dentro de un tiempo le vamos a tener que cortar la pierna, porque la enfermedad va a seguir creciendo”, entonces, este tipo de mesa debe de procurar la mejor medicina para Ipejal, podemos decir que las cuotas y tantas cosas, entonces, le pediría a Ipejal que nos presente una vista a futuro de cuánto tardarían de nivelar, si no se aumentan las cuotas o si se aumentan las cuotas un 5% o 10%, hasta dónde llegamos la vida y saber qué es lo que necesitamos”.
ENTREVISTAS
Cielo Aguamarina Verdín: Candidata a magistrada por el Tercer Circuito

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
“Mi experiencia en materia civil (familia, contratos, hipotecas) me da una base sólida para asumir el cargo de magistrada en el Tercer Circuito, específicamente en materia civil. “He complementado mi trabajo con estudio continuo: investigaciones en extinción de dominio, una tesis próxima a publicarse y formación en derecho comparado”.
“Como mujer de mérito, sin padrinos, enfrentaré este reto con rigor y sensibilidad hacia los justiciables, siempre estudiando y aplicando la ley con profundidad”.
Es la jueza Cielo Aguamarina Ledezma Verdín, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en Jalisco, respaldada en una trayectoria impecable de 26 años en el Poder Judicial. Desde meritoria hasta jueza, su especialización en materia civil y su compromiso ético la posicionan como una voz para transformar la justicia y busca el voto ciudadano del electorado jalisciense el próximo 1 de junio.
OPORTUNIDAD PARA DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA
GIB: La elección del 1 de junio, impulsada por la Reforma Judicial, es histórica. ¿Qué opinas de esta reforma y su impacto en la independencia judicial?
CALV: Es una oportunidad para democratizar la justicia y acercarla a la gente. Las presiones al Poder Judicial no son nuevas, pero mi trayectoria intachable demuestra que actúo con independencia. Pido a los ciudadanos que analicen los perfiles de los candidatos. Mi compromiso es mejorar la justicia para grupos vulnerables —niños, mujeres, comunidades rurales— con resoluciones que reflejen las necesidades reales de Jalisco, especialmente en el interior del estado.
GIB: ¿Qué ventajas tienes frente a otras candidatas y candidatos?
CALV: Mi ventaja es mi trayectoria integral: he pasado por todos los escalones del Poder Judicial, desde meritoria hasta jueza. No soy improvisada; tengo 26 años de experiencia, especialización en materia civil y sensibilidad forjada en el contacto con la gente. Como jueza, ya dicto sentencias; como magistrada, supervisaré y mejoraré resoluciones con transparencia y cercanía.
GIB: ¿Cómo garantizarás estándares éticos para evitar sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial?
CALV: La ética es mi pilar. Garantizaré transparencia con resoluciones públicas y accesibles, apoyaré decisiones disciplinarias colegiadas para evitar arbitrariedades y me mantendré actualizada en leyes y principios éticos. También votaré por perfiles sólidos en el Tribunal de Disciplina. La rendición de cuentas es clave para un Poder Judicial confiable.
GIB: ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos como jueza?
CALV: Los casos de custodia de menores son los más complejos emocionalmente. He implementado programas para que los padres prioricen el interés superior del menor, resolviendo con análisis profundo, apoyo multidisciplinario —psicólogos, trabajadores sociales— y decisiones basadas en la ley y la conciencia. Juzgar con sensibilidad y firmeza es mi sello.
GIB: En disputas por custodia, ¿favoreces al padre o a la madre?
CALV: No favorezco a nadie por género. Juzgo con equidad, aplicando perspectiva de género para reconocer desventajas históricas, pero decidiendo según el bienestar del menor: quién ofrece estabilidad y seguridad. Uso estudios socioeconómicos y psicológicos para garantizar justicia.
GIB: ¿Cómo ves el incumplimiento de pensiones alimenticias tras los divorcios?
CALV: Es un problema grave, agravado tras el aumento de divorcios en la pandemia. Muchas mujeres enfrentan dificultades al no recibir la pensión. El Buró de Deudores Alimentarios es un avance, pero insuficiente. Promoveré sanciones más ágiles y campañas de concientización para asegurar que los menores reciban el apoyo que merecen.
GIB: La Reforma Judicial ha sido criticada por posibles fallos en su implementación. ¿Qué estrategias propones?
CALV: En el Tercer Circuito, los magistrados debemos generar precedentes sólidos. Propongo capacitación continua en escuelas judiciales, mantener independencia con una conducta intachable y fomentar el diálogo institucional para aclarar roles en el federalismo. Mi experiencia como jueza foránea me prepara para esta transición.
GIB: ¿Qué papel deben jugar los magistrados en derechos emergentes como el cambio climático o la privacidad digital?
CALV: Debemos estar a la vanguardia, resolviendo con un enfoque contextual y aplicando estándares internacionales. En privacidad digital, priorizaría la protección de datos; en cambio climático, consideraría el impacto social de las decisiones. Colaboraré con expertos y estudiaré casos globales para crear precedentes sólidos.
GIB: ¿Qué opinas del Poder Judicial actual en Jalisco?
CALV: Tiene jueces excepcionales, pero enfrenta retos como corrupción y opacidad. La Reforma Judicial abre oportunidades para personas sin conexiones políticas, como yo. En Jalisco, el presupuesto constitucional es una fortaleza, pero debe invertirse mejor en infraestructura y personal para elevar la calidad del servicio.
GIB: ¿Cómo contrarrestar el rezago judicial?
CALV: El rezago es estructural. Manejé 3,000 casos al año como jueza familiar, cuando el estándar es 800. Propongo más presupuesto para crear plazas, selección por mérito, digitalización de procesos y capacitación para nuevos juzgadores. Un Poder Judicial con recursos puede ofrecer justicia pronta.
GIB: ¿Por qué la justicia debe verse como una inversión, no un costo?
CALV: La justicia genera certeza jurídica, clave para el desarrollo. Una resolución justa protege contratos, derechos e inversiones, fomentando empleo y estabilidad. Aunque decisiones como embargos sean impopulares, son necesarias para cumplir la ley. Invertir en justicia es invertir en un México próspero.
GIB: ¿Crees en el nuevo modelo de justicia de la Reforma Judicial?
CALV: Sí, es un experimento valioso que democratiza la justicia. La vigilancia ciudadana y el Tribunal de Disciplina elevarán la rendición de cuentas. Su éxito dependerá de elegir perfiles preparados y de la participación activa de los justiciables. Estoy lista para dar lo mejor de mí.
GIB: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad en tus resoluciones?
CALV: La legalidad aplica normas linealmente; la justicia resuelve con principios, valores y contexto, considerando tratados y la dignidad humana. Uso el neoconstitucionalismo: en casos familiares, integro estudios psicológicos y perspectiva de género para garantizar equidad y humanidad.
¿QUIÉN ES CIELO AGUAMARINA LEDEZMA?
Cielo Aguamarina Ledezma Verdín es una jurista jalisciense con 26 años de trayectoria en el Poder Judicial, donde ha destacado por su compromiso con la legalidad, la equidad y los derechos humanos. Inició como meritoria y avanzó como auxiliar, secretaria y actualmente es jueza en materia civil en el Consejo de la Judicatura de Jalisco.
Su formación académica es sólida: Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara (titulada por excelencia), Maestra en Derecho Civil y Familiar, y doctorante en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Tiene posgrados en derecho mercantil, civil, contratos, constitucional y amparo, además de diplomados en sistemas anticorrupción y análisis de prueba científica (Girona, España).
Cielo combina experiencia y sensibilidad: creó el curso “Escuela para Padres” para apoyar a familias en conflictos judiciales, priorizando el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Actualmente, es candidata a Magistrada Civil del Poder Judicial de la Federación en Jalisco (Distrito 01: distritos federales 01, 05, 17, 18 y 19). La encontrarás en la boleta rosa (magistraturas), lado izquierdo (mujeres), como Ledezma Verdín Cielo Aguamarina, número #09. Conoce más en sus redes:
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ENTREVISTAS
Elecciones judiciales: Carlos Corona Martín del Campo, busca reconstruir la credibilidad del Poder Judicial

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
“Aspiro a humanizar la justicia, haciéndola sensible, gratuita y accesible para todos”, declara con firmeza El Mtro. Carlos Corona Martín del Campo, candidato a Magistrado de Tribunal Colegiado en Materia del trabajo del Tercer Circuito.
“Mi compromiso es fortalecer el prestigio del Poder Judicial como garante de la Constitución y los derechos ciudadanos. Para lograr esta transformación, necesito el voto de confianza de quienes comparten mi visión de un Poder Judicial renovado y al servicio del pueblo”, resalta.
Representando el distrito judicial 4, que abarca los distritos electorales 7 (Tonalá), 8 y 11 (Guadalajara), 14 (Tlajomulco) y 16 (Tlaquepaque), Corona aparece en la boleta rosa con el número 15.
Su campaña, marcada por las restricciones al proselitismo impuestas por las autoridades electorales, lo ha llevado a recorrer casa por casa, mercados, tianguis y reuniones vecinales, donde ha escuchado de primera mano el clamor ciudadano por un sistema judicial libre de corrupción, eficiente y al servicio del pueblo. “Mi compromiso es separar los intereses económicos y políticos de la justicia, actuando con honor, responsabilidad y eficiencia”, asegura, posicionándose como un candidato que busca renovar la confianza en las instituciones judiciales.
Garantiza independencia judicial
Frente a las posibles presiones del Ejecutivo, Legislativo, partidos políticos o grupos de interés, como el crimen organizado, Corona subraya que su independencia será inquebrantable. “Actuaré con transparencia, autonomía e incorruptibilidad, aplicando la ley sin distinciones”, afirma.
Explica que la Reforma Judicial busca liberar a los juzgadores de influencias políticas y económicas, y él se compromete a ser un pilar de esa transformación. Sus resoluciones estarán basadas en la Constitución, los tratados internacionales y la defensa de los derechos humanos, incorporando una perspectiva de género y un enfoque de apoyo a grupos vulnerables.
“No cederé a influencias externas; mi lealtad será con los ciudadanos que me elijan, y responderé con resultados tangibles y un ejercicio ético de la justicia”, promete, enfatizando que su prioridad será mantener la imparcialidad en cada caso que resuelva.
Principios constitucionales en sus resoluciones
Corona detalla que sus fallos se guiarán por principios fundamentales como la igualdad jurídica y sustantiva, la equidad, la paridad de género, el principio pro homine —que prioriza la protección de los derechos humanos—y la sujeción estricta a la ley. Estos principios, asegura, son esenciales para garantizar un sistema judicial que no discrimine, proteja a los más vulnerables y limite el abuso de poder.
En un caso hipotético de derechos humanos, como la discriminación laboral contra una persona indígena, Corona aplicaría la Constitución y los tratados internacionales, que forman parte de la Ley Suprema de México, siguiendo los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Garantizaré un análisis con perspectiva cultural y de género, asegurando una resolución que repare el daño y promueva la igualdad sustantiva, siempre priorizando la dignidad humana”, explica, subrayando su compromiso con la justicia social.
Transparencia y accesibilidad para la ciudadanía
Como juez electo por el pueblo, Corona reconoce su deber de rendir cuentas. “Publicaré mis resoluciones y criterios en medios de comunicación y redes sociales, usando un lenguaje claro y sin tecnicismos”, asegura.
Además, planea crear canales de comunicación directa, como líneas de atención o plataformas digitales, para resolver dudas y acercar la justicia a la gente.
Su objetivo es construir un sistema judicial comprensible, accesible y cercano, donde cada ciudadano sienta que sus derechos están protegidos. “Seré un magistrado proactivo, que escucha y resuelve con compromiso, garantizando que la justicia sea entendible para todos”, afirma, destacando la importancia de la transparencia en un sistema donde la desconfianza ciudadana es un obstáculo significativo.
Visión de la justicia y lucha contra la impunidad
Corona tiene una visión clara: un Poder Judicial renovado, libre de corrupción, eficiente y accesible, que recupere la confianza ciudadana y garantice la paz social. Propone tres ejes para lograrlo: primero, erradicar la corrupción, asegurando que no haya sentencias a la medida ni favores; segundo, agilizar la justicia respetando los plazos legales para eliminar el rezago; y tercero, democratizar el acceso, para que la justicia no sea un privilegio de quienes tienen recursos o influencias.
“Ser electo por voto popular me compromete a responder a los intereses de la sociedad por encima de los personales o de grupos”, señala. Su meta es reconstruir la credibilidad del Poder Judicial, una institución que, según él, debe ser el principal garante de la estabilidad social en un país donde la impunidad y la desconfianza institucional son problemas estructurales.
Atención a grupos vulnerables
Para garantizar que sus resoluciones reflejen las necesidades de grupos vulnerables como mujeres, indígenas o personas con discapacidad, Corona propone un enfoque inclusivo. “Aplicaré criterios con sensibilidad cultural, de género y de derechos humanos en cada resolución”, explica.
Facilitará intérpretes, formatos accesibles y ajustes razonables para comunidades indígenas o personas con discapacidad, y se mantendrá actualizado en estándares internacionales de protección a grupos vulnerables. “Mi prioridad será proteger la dignidad humana, eliminando barreras y asegurando una justicia efectiva y respetuosa para todos”, afirma, subrayando que la justicia debe adaptarse a las necesidades de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Preparación y experiencia
Corona se dice preparado para el cargo gracias a su trayectoria como litigante, donde enfrentó de primera mano las fallas del sistema judicial: procesos lentos, resoluciones injustas, nepotismo y corrupción. “Conozco las necesidades de los justiciables y las reformas que el sistema requiere”, asegura.
Su formación jurídica, combinada con su contacto directo con ciudadanos, lo ha hecho más empático y consciente de las demandas de un sistema eficiente y humano. “He visto el impacto de juicios interminables y criterios arbitrarios; estoy listo para transformar el Poder Judicial desde dentro, con integridad y dedicación”, concluye, destacando su experiencia como una ventaja para abordar los desafíos del puesto.
Reflexión final
La candidatura de Carlos Corona representa una oportunidad para repensar el rol del Poder Judicial en México. Su enfoque en humanizar la justicia, priorizar a los grupos vulnerables y recuperar la confianza ciudadana responde a las demandas de un país cansado de la impunidad y la corrupción.
Sin embargo, el éxito de su propuesta dependerá de su capacidad para mantenerse independiente en un contexto político complejo y cumplir con las altas expectativas que genera su discurso. La elección judicial de junio será un termómetro para medir si los ciudadanos están listos para apoyar una transformación desde dentro del sistema judicial.
ENTREVISTAS
Elecciones del Poder Judicial: Joseph Olid Aranda, candidato a juez penal del distrito 2

Por Diego Morales Heredia //
Joseph Olid Aranda, candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial en las elecciones del Poder Judicial Federal del 1 de junio de 2025, aspira a transformar un sistema que considera «injusto» y alejado de los ciudadanos.
Con experiencia como abogado penalista en los sectores público, privado y en causas sociales, Olid apuesta por una justicia más humana, transparente y completa, erradicando vicios y malas prácticas.
En entrevista con Conciencia Pública, comparte su visión para acercar el derecho a la sociedad y garantizar la independencia judicial en un proceso inédito de elección popular.
LA IMPORTANCIA DEL CONTACTO CIUDADANO
En lo que va de campaña, resalta que lo más importante es el contacto directo con los ciudadanos, pues con esta interacción se está generando conciencia sobre el derecho y la impartición de justicia en el país.
“Las campañas están diseñadas al contacto ciudadano, el que sea directo con la ciudadanía nos facilita la comunicación, el problema es que no podemos llegar a la mayoría de la población por los límites de tiempo y presupuesto, pero con las personas que interactuamos estamos generando conciencia sobre el derecho”.
LLEGAR SIN COMPROMISOS
Para garantizar la independencia del Poder Judicial, Joseph Olid expresó que es indispensable que los actores lleguen sin compromisos generados en campaña, con el único respaldo de ser electos por los ciudadanos en la elección.
“Lo principal es que durante la campaña uno no debe generar compromisos que puedan generar más adelante que alguien se sienta con el derecho de intervenir en las decisiones que uno va a tomar, por otro lado, el que ahora esté una elección popular implicará que las personas que lleguen tendrán un respaldo ciudadano, atender a la noción de justicia colectiva”.
En caso de recibir presiones externas, dijo: “En algunos de los casos, el juez debería ser expulsado, es importante cuidar la imparcialidad en lo material y en la apariencia. Cuando se generan dudas sobre si la persona es imparcial o no, tiene que haber ciertos límites con los actores políticos y con los propios litigantes para que eso no ocurra”.
JUSTICIA COMPLETA
Sobre los que considera los principios constitucionales más importantes, destaca: “Creo que conforme al derecho a la justicia hay cuestiones fundamentales, la transparencia, que va relacionada con la cercanía, la justicia pronta y además la justicia completa, son los tres pilares que todos debemos aplicar”.
En cuanto a los posibles conflictos con los tratados internacionales y la Constitución, argumentó: “Lo que dice la Constitución es que cuando se trate de derechos humanos, tenemos que atender a la noción integral de lo que establece la Constitución como los tratados, desafortunadamente hay ciertos criterios que nos limitan, como si hay restricciones en la Constitución tenemos que seguir la Constitución y no los tratados, el ejemplo es la prisión preventiva oficiosa”.
TRANSPARENCIA ES PRIORIDAD
La transparencia debe ser prioridad en el actuar de un juez, así lo aseveró Olid. “Dicen que los jueces hablan a través de las sentencias, creo que lo importante es acercar las sentencias a las personas en diferentes formas, no basta publicar la sentencia como tal, hacer uso de redes sociales, participar de pronto con los medios de comunicación para llegar a más personas”.
Sobre los dilemas éticos que pudieran atravesarse en el camino judicial, refirió: “La carrera está llena de dilemas éticos, desde el sector académico, lo importante es guiarse por valores y nociones que vamos reforzando momento a momento. En el caso de la defensa, existe la noción que los defensores de pronto llegan a defender, entre comillas, criminales, cuando no siempre es así, los defensores defienden personas inocentes, son decisiones momento a momento apegándose a la ley y a los valores de cada persona”.
EL DERECHO NO ES VENGANZA
El candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial, critica la desconfianza ciudadana hacia un sistema de justicia que califica de «injusto». Para él, la solución pasa por elegir mejores perfiles no solo en el Poder Judicial, sino también en fiscalías, policías y defensorías.
“La noción de justicia popular, influenciada por medios y un deseo punitivo, busca venganza, pero el derecho no es eso; es un conjunto de herramientas para reparar el tejido social”, enfatiza.
Olid aboga por una justicia que proteja a grupos vulnerables, aplicando efectivamente las leyes existentes. “Un juez debe conocer a fondo sus casos para apoyar a estas comunidades, garantizando una defensa técnica que no dependa de barreras económicas, sino de la justicia misma”, explica.
Además, insiste en mantener la independencia judicial, estableciendo límites claros para evitar cooptaciones o influencias externas: “No debemos ser permisivos ante intentos de acercamiento indebido al Poder Judicial”. Su visión apunta a una justicia completa, cercana y reparadora, que restaure la confianza ciudadana.
LA OPORTUNIDAD DE LA ELECCIÓN
Joseph Olid Aranda ve en la elección judicial del 1 de junio de 2025 una oportunidad clave para enriquecer el Poder Judicial con perfiles diversos, un factor que lo motiva al cierre de su campaña. “Los espacios están para ocuparlos. Antes, la carrera judicial ofrecía una sola visión; ahora, con personas del sector social y privado, se integran nuevas perspectivas que mejoran los criterios y responden mejor a las necesidades de la ciudadanía”, destaca el candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial.
¿QUIÉN ES JOSEPH OLID ARANDA?
Joseph Olid Aranda es un abogado penalista mexicano con experiencia en los sectores público, privado y causas sociales, candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial (Tercer Circuito) en las elecciones del Poder Judicial Federal de 2025.
Ha trabajado en defensa y acusación penal, mostrando una visión integral del sistema judicial, y ha intervenido en iniciativas sociales, reflejando un compromiso con grupos vulnerables
En campaña, promueve una justicia humana, transparente y completa, priorizando la independencia judicial y el acercamiento ciudadano mediante sentencias accesibles.
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