ENTREVISTAS
Cuahutémoc Peña exige conocer el costo real de corrupción; IPEJAL debe auditarse

Por Mario Ávila //
Al continuar con las mesas de trabajo para plantear modificaciones a la Ley de Pensiones del Estado, los trabajadores de los servicios públicos exigen al Congreso del Estado la realización de una auditoría para conocer el costo real de la corrupción en el Instituto de Pensiones del Estado.
El planteamiento lo hizo el líder de la FEGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés, quien refiere que según sus cálculos, de acuerdo a la información que de las inversiones fallidas que se han ventilado en los medios de comunicación y en los tribunales, el desfalco podría ser de 7 mil millones de pesos, sin embargo explica que el costo de la corrupción crecería a una cifra escandalosa, si se toma en cuenta el daño permanente al patrimonio y a los fondos del Ipejal, si se auditan debidamente los procesos de arrendamientos, las compras de medicamentos y la contratación de personal, entre otros temas.
En lo que fue la segunda ronda de las ocho mesas de trabajo que se celebrarán en la sede del Poder Legislativo, por segunda semana consecutiva se abordó el tema financiero y en él, el dirigente sindical insistió en la necesidad de conocer el costo de la corrupción.
Y entendemos que la corrupción en Pensiones del Estado -explicó-, no es el acuerdo entre dos o más personas para enriquecerse, sino es un asunto estructural. Entendemos que desde las modificaciones que hizo Emilio González en el 2009 se debilitó la institucionalidad de Pensiones del Estado, ya no hubo controles, además de que al Consejo de Administración se le dio un poder que no tiene contrapeso, así como al Comité de Inversión.
Por ello -expuso-, quisiéramos pedirle al Congreso del Estado, que solicite un estudio independiente de cuál es el costo de la corrupción en Pensiones del Estado. Y tenemos dos ejemplos. El Fideicomiso de Chalacatepec y el de Santa Cruz de la Soledad, que son fideicomisos en donde aproximadamente saquearon de los fondos de los trabajadores como 1 mil 500 millones de pesos y en los dos fideicomisos entrañan despojo de tierras ejidales y simulación de actos. Lo grave es que no obstante Pensiones del Estado y el gobierno en turno, que tuvieron toda la información porque tenían una Dirección de Asuntos Agrarios, autorizaron estas inversiones y lo más escandaloso es que el anterior director de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, hoy es el abogado de los que despojaron a los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad.
“Evidentemente -añadió-, no hay ningún estudio serio de cuánto nos cuesta la corrupción en el Ipejal y debemos de empezar por eso, porque a lo mejor el modelo no está mal, sino que hay un exceso de corrupción y no solamente hablo de estos dos fideicomisos. Recordemos que en el caso de Chalacatepec, a los posesionarios les pagaron a 7 pesos el metro cuadrado y lo metieron al fideicomiso a 14 dólares el metro cuadrado. Y no obstante el gobierno del Estado y los directivos de Pensiones sabían que eran tierras ejidales, que estaban en litigio y que incluso ahorita continúan en litigio en los tribunales. Y yo me pregunto, cómo es posible que los responsables del Ipejal hubieran autorizado estas inversiones sabiendo que eran tierras ejidales. Debo comentar que en los dos procesos hay juicios y tarde que temprano se va a demostrar que cuando menos en Chalacatepec son tierras ejidales y qué va a pasar con las garantías, qué va a pasar con el dinero que invirtió Pensiones del Estado en estos proyectos”.
Además -remató-, los trabajadores no podemos ser cómplices de que con nuestro dinero despojen a ejidatarios de sus tierras, no podemos ser cómplices y yo sí quisiera abonar para que en la siguiente mesa se abran estos dos expedientes y estos dos fideicomisos, Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad y se pueda resolver realmente si fue un error en la inversión o hay todo un entramado de corrupción, incluso de contubernio de funcionarios del Gobierno del Estado y del Ipejal. En síntesis, yo considero que tiene que haber primero un informe claro de cuánto nos cuesta la corrupción y porqué se continúa con estas inversiones de Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, si saben que al final del día entrañan despojos a ejidatarios.
MÁS ALLÁ DE LOS FIDEICOMISOS, LA CORRUPCIÓN SE HA INSTITUCIONALIZADO
Para el dirigente sindical Cuauhtémoc Peña Cortés, quien desde hace más de 10 años ha denunciado el saqueo de que es víctima el Ipejal, si no se tienen datos precisos de cuánto cuesta la corrupción en el Instituto de Pensiones del Estado, no se puede avanzar en el diseño de las enmiendas a la Ley.
“Y señalando por corrupción, no solamente los fideicomisos que se están señalando, Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, que en sí mismos esos dos entrañan una corrupción increíble y el problema es que son de tracto sucesivo, es decir se continúan realizando estos fraudes que se hicieron, lo más grave es lo que se hace cotidianamente, los asuntos a sobre precios, la atención médica, todos los contratos que tiene Pensiones del Estado entrañan un fraude contra los fondos y beneficios particulares”.
“Hay edificios que Pensiones del Estado renta en cantidades irrisorias y los ganones son los que a su vez los sub arrendan a otras personas. Me parece que los estudios actuariales no están coincidiendo, hay muchas faltas, muchas omisiones, los números de los trabajadores no cuadran y me parece que el tema es de corrupción. Y hay una ecuación sencilla, la corrupción es igual a quien tiene el monopolio de las decisiones, más discrecionalidad, más poca transparencia y eso es lo que aquí sucede.
“Desgraciadamente aquí el modelo de Pensiones del Estado está diseñado para que el gobierno en turo tome todas las decisiones, todos los empleados dependen del gobierno en turno y muchas veces son pagos políticos, que no son el mejor perfil. Pero no solo eso, también creemos que la nómina de Pensiones del Estado está inflada, porque se mete gente para pagar compromisos políticos, por eso el asunto de la corrupción es vital”, planteó en la mesa de trabajo efectuada en el patio central del Congreso del Estado, el líder de la FEGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés.
Incluso el líder sindicalista hizo sus propios cálculos y planteó que la corrupción le ha costado al Ipejal aproximadamente 7 mil millones de pesos, al menos en los casos que se conocen de los fideicomisos, aunque está seguro de que la cantidad es mucho mayor, “y si el déficit es de 2 mil o 3 mil millones de pesos para el 2033, de qué estamos hablando, me parece que debemos ser muy cuidadosos en este tema, porque el futuro de miles de trabajadores depende de este asunto y no estamos de acuerdo en que vayan a rematar los bienes de Pensiones para tratar de pagar las deficiencias recaudatorias que tienen”, planteó.
Detalló que la corrupción no nada más es en pesos y centavos, sino en trámites, en actos y fue más preciso: “Corrupción hay en todo, por ejemplo, hay un grupo de notarios que son los únicos que te pueden escriturar, no puedes llevar tu a tu notario, esa es corrupción, porque el trabajador debe tener la libertad de elegir a su propio notario y ahí no obstante que lleves tu notario, tienes que pagarle al notario del Ipejal también”.
“Hablamos además de lo que mencionó el señor Herminio Jasso, de la Asociación de Jubilados, de la compra a sobre precio de miles y miles y miles de pesos de medicina; así como la contratación de trabajadores que no se justifican, que son solo activistas políticos que están ahí sin trabajar. Y ahí está el caso del panista Jorge Salinas Osornio y a mi me parece hasta miserable de cómo van ahí a pedir que los conviertan en ‘aviadores’ aunque sea en una placita para justificar su pensión”.
“En síntesis, el modelo está mal diseñado y está trazado para permitir la corrupción, yo creo que desde el 2009 se debilitó la institucionalidad de Pensiones del Estado porque el Congreso ya no pudo controlar. Sí había corrupción antes, me acuerdo de los terrenos de Alatriste que también nos quitaron, antes de las reformas del 2009, pero no era tan grave como en este momento, después del 2009 se hizo una corrupción institucionalizada”, lamentó.
JOSÉ HERMINIO JASSO: “QUEREMOS SABER A QUÉ PRECIO SE COMPRAN LAS MEDICINAS”
“En Pensiones queremos saber a qué precio se compran las medicinas”, expresó José Herminio Jasso Álvarez, representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado y los Municipios de Jalisco
“Debemos de cuidar los gastos igual que cuidamos el ingreso. Nosotros como jubilados participamos en el Comité de Vigilancia y de Transparencia que se creó en Pensiones por instrucciones del gobernador Enrique Alfaro, allí hemos solicitado y aquí está nuestra presidenta, Martha Elia, quien ha solicitado que se presente el estudio actuarial, tenemos tres años pidiéndolo y nunca lo han cumplido”.
Otra cosa que Martha Elia también ha pedido, apoyando a los jubilados que presenten ante ellos el Comité de Compras y nunca lo han cumplido. “Nosotros como jubilados decimos: si yo voy a cualquier farmacia, hasta las del Ahorro, tienen en la cajita un aviso que dice ‘precio máximo al público’. Cuando vamos a la farmacia pedimos unos mejorales o aspirinas, nos dan la cajita y dice precio máximo 1000 pesos, pero por ser ustedes se los vamos a dejar en 20. Me estás rebajando 980 pesos, dame el precio auténtico y eso queremos saber”.
“Queremos saber a qué precio en Pensiones compran las medicinas, si lo compran a mil pesos, a quinientos, 250 o al que lo compren o 20 pesos que es lo que vale la medicina”.
“Tenemos que cuidar el gasto porque nosotros los jubilados son los que lo resentimos y no se les olvide que en las mesas he estado exigiendo hasta responsabilidad legal, no nada más administrativa, sino penal si es necesario que por la escacez de medicinas, la gente se está muriendo. El problema de los jubilados es que si no tenemos la medicina nos vamos a morir”.
“Estoy de acuerdo con lo que ha expuesto el colectivo: sí requerimos un instrumento que controle la inversión, pero también ese instrumento debe estar manejado por financieros”.
FALTA DE RESPETO
Al iniciar su intervención José Herminio Jasso les llamó la atención a los diputados a que sean formales y respeten la puntualidad de las personas invitadas a participar a estos foros. “El problema con los jubilados es que venimos a estas sesiones y de repente notamos, como bien dijo nuestro compañero Juan José Hernández, que hay falta de respeto con el tiempo, no nada más el tiempo que haga la persona, sino que hoy empezamos 20 minutos tarde”.
“Soy mexicanos, católico, deportista…y el futbol empieza a la hora, la misa empieza a la hora, los toros empiezan a la hora, no se por qué en el Congreso del Estado nos citan para las 11 y empiezan 20 minutos tarde”, dijo en forma categórica Jasso Álvarez provocando una ovación del respetable.
“Es muy importante que veamos la enfermedad de Ipejal como si fuera la enfermedad de un cristiano, de un mortal, a todos nos ha tocado que nos dicen ‘a tu papá, a tu mamá, les vamos a tener que amputar dos dedos del pie porque están gangrenados’, los familiares reclaman y el doctor les aclara: “si no le cortan los dedos ahorita, dentro de un tiempo le vamos a tener que cortar la pierna, porque la enfermedad va a seguir creciendo”, entonces, este tipo de mesa debe de procurar la mejor medicina para Ipejal, podemos decir que las cuotas y tantas cosas, entonces, le pediría a Ipejal que nos presente una vista a futuro de cuánto tardarían de nivelar, si no se aumentan las cuotas o si se aumentan las cuotas un 5% o 10%, hasta dónde llegamos la vida y saber qué es lo que necesitamos”.
ENTREVISTAS
Fabiola Moreno Pérez: Ofrece justicia penal con sensibilidad y experiencia

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Con “24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones”, Fabiola Moreno Pérez es una figura destacada del Poder Judicial de la Federación. Desde su rol como magistrada en un Tribunal Colegiado Penal en Jalisco, donde ha servido durante cuatro años tras una década como juez de distrito, Moreno ha resuelto casos complejos como feminicidios y desaparición forzada, siempre con un enfoque humano.
“Contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas” es para la maestra Fabiola Moreno, uno de sus mayores legados, reflejando su compromiso con una justicia abierta y efectiva, quien aspira a ser electa magistrada en materia penal en las elecciones para la renovación del Poder Judicial Federal el próximo 1 de junio.
Moreno, inspirada desde niña por “las injusticias” que observó en su pueblo en Chihuahua, ve en este proceso una oportunidad para acercar el Poder Judicial a la gente. Sin embargo, advierte que “el mayor desafío es informar a la ciudadanía sobre su rol”, enfrentando el desconocimiento y críticas que “carecen de análisis profundo”.
Moreno aboga por una justicia que vaya más allá de la legalidad, “colocando a la persona en el centro”. Desde la protección de niñas vulnerables hasta la incorporación de la perspectiva de género, su labor demuestra que la equidad y la imparcialidad son pilares irrenunciables.
LAS INJUSTICIAS LA MOTIVARON A ESTUDIAR DERECHO
P: ¿Qué la motivó a dedicarse a la carrera judicial?
Crecí en un pueblo de Chihuahua, donde las injusticias me motivaron a estudiar derecho, inspirada por mi hermano, magistrado estatal. La materia de amparo, que protege derechos humanos, me apasionó, y un maestro con visión humana reforzó mi vocación de servir a la justicia.
P: ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un Tribunal Colegiado de Distrito y por qué es crucial su labor?
Los Tribunales Colegiados de Distrito revisan apelaciones y amparos como última instancia, resolviendo casos penales para determinar penas o revisar sentencias. Analizamos errores procesales, garantizando constitucionalidad y derechos humanos, actuando como contrapeso al poder público.
P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial en el contexto actual de reformas judiciales y presión social?
El mayor desafío del Poder Judicial es informar a la ciudadanía sobre su rol, especialmente con la reforma que introduce la elección de jueces. El desconocimiento, las restricciones de comunicación y las críticas poco fundamentadas complican la tarea. Urge garantizar votos informados por perfiles éticos.
P: ¿Comparte las críticas al Poder Judicial y qué tan necesaria considera esta reforma?
No comparto todas las críticas al Poder Judicial, ya que carecen de análisis profundo. La reforma actual es limitada, pues ignora problemas estructurales como las deficiencias en ministerios públicos, defensorías y comisiones de víctimas, esenciales para una justicia efectiva.
P: Cuando enfrenta casos con alta carga política o social, ¿qué principios guían sus decisiones para garantizar la imparcialidad?
La imparcialidad es el principio rector en todos los casos, independientemente de su magnitud. Los magistrados contamos con causas de impedimento que nos permiten excusarnos si percibimos que la presión social o cualquier factor podría comprometer nuestra neutralidad.
P: ¿Cómo incorpora la perspectiva de género en sus resoluciones y qué avances o retos observa en este enfoque?
La perspectiva de género es esencial en la justicia, aplicándose a víctimas, imputados y casos con desequilibrios de poder. Requiere pruebas de oficio, análisis sin prejuicios y lenguaje no estigmatizante. Pese a avances en capacitación, persisten resistencias culturales y falta de sensibilización.
P: ¿Qué medidas son esenciales para fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados?
La autonomía judicial requiere selecciones transparentes y meritocráticas, sin influencias políticas. Pese al componente político de la elección popular, los candidatos deben ser éticos y experimentados para actuar independientemente, sin presiones, y mantener la confianza en el sistema.
P: ¿Cómo ha transformado la tecnología, como los juicios en línea o el expediente electrónico, el trabajo de los tribunales colegiados?
La digitalización, como el expediente electrónico, agiliza procesos judiciales, ahorra recursos y facilita la justicia con mayor acceso a internet. Aunque los servidores limitados son un riesgo, las oportunidades son mayores. La inteligencia artificial puede apoyar tareas administrativas, pero nunca reemplazar el análisis humano.
P: ¿Qué habilidades considera fundamentales para los magistrados en el siglo XXI y cómo se mantiene actualizada?
Los magistrados necesitan conocimientos jurídicos, sensibilidad humana y adaptabilidad. La capacitación continua es clave, con cursos del Poder Judicial, pero las altas cargas de trabajo limitan su uso. Me mantengo actualizada en avances legales y tecnológicos para enfrentar retos.
P: ¿Podría compartir una experiencia que haya marcado su carrera como magistrada?
Un caso impactante involucró a dos niñas sustraídas y violentadas por su abuela, quien las privaba de educación por motivos económicos. Mediante un amparo, ordenamos su protección inmediata, reafirmando la necesidad de actuar rápido y con sensibilidad por los vulnerables.
P: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad?
La legalidad implica aplicar la ley y la jurisprudencia, mientras que la justicia va más allá, colocando a la persona en el centro. Justicia significa considerar el contexto, las particularidades de cada caso y las condiciones de vida que llevaron a una persona a determinada situación. La ley no puede prever todos los escenarios, por lo que un magistrado debe resolver con equidad, buscando lo más justo para cada individuo en su realidad específica.
P: ¿Por qué deberían los ciudadanos votar por usted en la elección del 1 de junio?
Mi trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, mi experiencia resolviendo casos complejos y mi compromiso con una justicia humana y accesible me respaldan. Tengo la sensibilidad y la vocación para impartir justicia con puertas abiertas, priorizando a las víctimas y colocando a las personas en el centro del sistema. Mi objetivo es garantizar resoluciones éticas y equitativas que fortalezcan la confianza en el Poder Judicial.
¿QUIÉN ES FABIOLA MORENO?
“Llevo 24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones, desde secretaria de estudio y cuenta hasta magistrada. Durante 12 años he sido juzgadora en Jalisco, primero como juez de distrito en materias penal, civil, administrativa y laboral, y desde hace cuatro años como magistrada en un tribunal colegiado penal.
He resuelto casos de gran relevancia, como delitos de delincuencia organizada, feminicidios, desaparición forzada, abuso infantil y violencia familiar, que son asuntos complejos y emocionalmente demandantes. Sin embargo, uno de los aportes más significativos ha sido contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas, promoviendo mayor apertura y asesoría jurídica efectiva.
ENTREVISTAS
Dulce Arias Garay: Candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Laboral

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
En el corazón de la justicia laboral en Jalisco, Dulce Concepción Arias Garay, juez y candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Laboral, representa una combinación de vocación, disciplina y empatía.
Con una trayectoria de más de dos décadas, esta madre de dos hijas, esposa y apasionada del ejercicio, se levanta cada día a las 5:40 de la mañana para servir a la ciudadanía. En entrevista con Conciencia Pública, Dulce Arias comparte su camino, su filosofía judicial y su compromiso con una justicia pronta, transparente y cercana, invitando a los jaliscienses a votar por ella el 1 de junio de 2025.
Dulce Arias expresa que busca transformar el Poder Judicial Federal desde la cercanía y la honestidad. “Mi compromiso con la honestidad y la cercanía. En mi juzgado, escucho a los usuarios, porque un conflicto laboral no es solo dinero: es el sustento y la dignidad de una familia. Quiero llevar esa convicción al nivel de magistrada, resolviendo casos con transparencia y diálogo para fortalecer la justicia federal”.
Se le pregunta sobre los desafíos que enfrenta la justicia laboral en Jalisco y acepta que existe la percepción de que los jueces son distantes y que representa un gran obstáculo. “Estamos para servir, no para intimidar. Mi propuesta es garantizar una justicia pronta, porque el retraso es una forma de injusticia con disciplina y empatía, buscaré resoluciones rápidas que beneficien a trabajadores y empleadores”.
En seguida añade: “La reforma de 2019 nos exige adaptarnos a las necesidades de la gente. La elección por voto popular, como la del 1 de junio, acerca a los jueces a la ciudadanía. Mi filosofía combina accesibilidad, conciliación y rigor legal, asegurando sentencias claras que cualquier persona entienda”.
LA CONCILIACIÓN, SU PREMISA
P: ¿Qué experiencia tienes en conflictos laborales?
Soy una convencida de la conciliación. “Hablando se entiende la gente”, digo siempre. En mi juzgado, el 70% de los casos se resuelve por acuerdos, evitando el desgaste de un juicio. Cuando no hay arreglo, aplico la ley con imparcialidad, basándome en pruebas sólidas para emitir fallos justos.
P: ¿Cómo evalúas el Centro de Conciliación Laboral de Jalisco?
El Centro, creado en 2022, ha sido clave, con conciliadores bien capacitados y una comunicación fluida con los juzgados. Pese a debates sobre su renovación, valoro su capital humano. La conciliación prejudicial es esencial, y seguiré fortaleciendo esta relación para resolver conflictos, incluso los más complejos.
P: ¿Cómo aplicas la Ley Federal del Trabajo tras la reforma?
Priorizo la conciliación, un derecho constitucional. Si no se logra en el Centro, dialogo directamente con las partes en audiencias, buscando acuerdos amigables. En juicios, sigo el procedimiento con equidad, resolviendo conflictos que a menudo surgen por malentendidos, siempre con la ley como guía.
P: ¿Qué porcentaje de casos resuelves por conciliación?
Cerca del 70%. Los casos restantes llegan a juicio, a veces por abogados que prefieren litigar. Trabajo para cambiar esa mentalidad, mostrando que un acuerdo beneficia más que un fallo donde alguien pierde.
P: ¿Qué principios éticos guías tu trabajo?
La verdad es mi fundamento: “La verdad es simple y sin artificios”. Actúo con honestidad, disciplina y transparencia. Como magistrada, mantendré un tribunal libre de presiones, como he hecho siempre, sin ceder ante influencias ni amenazas.
P: ¿Cómo funciona el nuevo sistema de justicia laboral en Jalisco?
El Poder Judicial ha implementado la reforma de 2019 con éxito, con 24 jueces en la primera región y salas orales bien equipadas. Los procesos, que antes tomaban años, ahora se resuelven en seis meses. Mi juzgado no tiene rezago, salvo demoras por exhortos interestatales, un área a mejorar.
P: ¿Cuántos casos manejas anualmente?
Más de mil, con picos tras vacaciones. Actualmente, manejo cinco o seis audiencias diarias, frente a las 12 iniciales, lo que me permite ser puntual en acuerdos y sentencias, por compromiso personal.
P: ¿Cómo ejecutas un convenio incumplido del Centro de Conciliación?
La parte afectada solicita la ejecución en el juzgado. Emitimos un requerimiento de pago o embargo, usando nuestras facultades para asegurar el cumplimiento del convenio o sentencia.
P: ¿Qué áreas de la reforma necesitan fortalecerse?
La comunicación entre tribunales de distintos estados. Los exhortos retrasan procesos. Propongo un sistema digital para conectar directamente con tribunales de otras ciudades, agilizando la justicia.
P: ¿Cómo fomentarás la colaboración en el tribunal?
Promoveré la paridad de género y respeto, trabajando con hombres y mujeres por igual. El diálogo será clave para analizar casos y buscar soluciones que prioricen a los justiciables, manteniendo comunicación abierta con las partes.
P: ¿Cómo comunicas resoluciones a no expertos?
Mis sentencias usan un lenguaje cotidiano, sin tecnicismos ni latinismos, para que trabajadores y empleadores entiendan el porqué de cada fallo. La justicia debe ser clara y accesible para todos.
P: ¿Cómo resuelves desacuerdos con colegas?
Con diálogo. Tuve diferencias con un colega, pero analizando leyes y tratados, llegamos a acuerdos que benefician al trabajador. Ese respeto nos hizo amigos, mostrando que el diálogo construye.
P: ¿Qué problemáticas laborales priorizarás en Jalisco?
La perspectiva de género es vital para combatir la discriminación contra mujeres y minorías, que enfrentan barreras para acceder a la justicia. Usaré tratados internacionales para proteger a grupos vulnerables.
P: ¿Cómo garantizas acceso a trabajadores sin representación?
Si veo una defensa débil, asigno a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para representarlos, asegurando que los más vulnerables tengan una defensa justa.
P: ¿Cómo analizas un despido injustificado bajo el artículo 47?
Verifico si el empleador entregó el aviso de rescisión y acreditó la causa. Si falta alguno, el despido es injustificado. Mi fallo se basa en pruebas y la Ley Federal del Trabajo.
P: ¿Cómo balanceas transparencia y privacidad?
Protegemos datos personales, publicando sentencias sin identificar a las partes. Solo los autorizados acceden al expediente, garantizando confidencialidad y transparencia.
P: ¿Qué legado esperas dejar?
Quiero mostrar que la justicia puede ser honesta, cercana y eficiente. Que los magistrados sean vistos como personas accesibles, con puertas abiertas, trabajando con convicción para resolver conflictos.
P: ¿Por qué votar por ti?
Ofrezco honestidad, disciplina y un compromiso real. La justicia laboral requiere estudio y corazón. Quiero que los jaliscienses se sientan escuchados. Los invito a votar el 1 de junio, Distrito 1, boleta rosa, número 03, por una justicia transparente.
¿QUIÉN ES DULCE CONCEPCIÓN ARIAS GARAY?
“Soy una persona de familia, trabajadora y comprometida con servir. Como juez, disfruto resolver conflictos laborales con justicia y humanidad”.
“Comencé como meritoria en un despacho laboral, aprendiendo desde cero. Luego, en la Secretaría del Trabajo, fui proyectista, presidente auxiliar, secretario de junta, coordinadora y presidente especial. La reforma laboral de 2019 me abrió las puertas del Poder Judicial Federal como juez. Ha sido un camino de esfuerzo, con dos maestrías, un doctorado en curso y una pasión por estudiar que me mantiene actualizada.
ENTREVISTAS
Nadia Licón, candidata a magistrada en materia administrativa: «Todos podemos transformar la justicia con nuestro voto»

Por Francisco Junco //
El 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la justicia mexicana. Por primera vez, los ciudadanos decidirán quiénes impartirán justicia en los tribunales federales, un hito que Nadia Licón, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalisco, ve como una oportunidad histórica.
“Todos podemos contribuir a la transformación del Poder Judicial con nuestro voto”, afirmó a Conciencia Pública con una mezcla de convicción y calidez. Con 27 años de servicio en el Poder Judicial Federal, Licón no solo busca un cargo, sino acercar la justicia a la gente, haciéndola transparente, ética y humana.
UNA VIDA DEDICADA A LA JUSTICIA
Nadia Cecilia Lupita Licón González, conocida como Nadia Licón, comenzó su carrera judicial a los 19 años como meritoria en el Tercer Tribunal Unitario. “Sin salario, solo con la sed de aprender, me enamoré de la función jurisdiccional”, recuerda.
Nacida el 12 de julio, Día Nacional del Abogado, bromea: “Soy abogada de nacimiento, pero lo elegí por vocación”. Criada en una familia de maestros, su hogar estaba lleno de libros jurídicos que encendieron su pasión por la justicia. Tras un breve paso por el litigio durante la universidad, ingresó al Poder Judicial Federal en 1997 y nunca se fue.
Hoy, como secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, aspira a ser magistrada en el mismo órgano. “Los magistrados revisamos sentencias de jueces de distrito en juicios de amparo, en áreas como salud, educación o medio ambiente”, explica.
La materia administrativa, señala, exige aprendizaje constante por su impacto directo en la vida cotidiana. “Las leyes cambian de un día a otro. Debemos estar preparados para que la justicia realmente sirva a las personas”.
UNA ELECCIÓN HISTÓRICA Y DESAFIANTE
La elección de jueces por voto popular, establecida por la reforma constitucional de 2024, ha generado controversia. Licón reconoce su politización: “Pasar de concursos internos a voto público lo cambia todo, pero me ha abierto puertas”. Como servidora pública, enfrenta restricciones: no puede hacer campaña de 9 a 15 horas, no recibe fondos públicos ni privados, y depende de recursos propios y redes sociales. “En Facebook e Instagram comparto mis recorridos calle por calle. La gente me sigue, comparte mis historias, y eso me emociona”, dice.
La campaña no ha sido sencilla. “Al principio, no sabía cómo presentarme. Muchos desconocían que habría una elección judicial”, admite. Sin embargo, tras semanas de esfuerzo, nota un cambio: “Ahora la gente sabe, incluso me dice por quién votará”.
Las limitaciones de tiempo y presupuesto no la detienen; al contrario, la han acercado a la ciudadanía, revelándole cuánto desconocen sobre el Poder Judicial. “Estar detrás de un escritorio nos ha aislado. Esta campaña me abrió los ojos: la justicia debe ser accesible”, reflexiona.
UNA JUSTICIA CERCANA Y TRANSPARENTE
Licón propone usar las redes sociales para difundir resoluciones en lenguaje claro, sin tecnicismos. “Que la gente entienda cómo resolvemos, que el Poder Judicial no sea algo lejano”, insiste.
Su compromiso es claro: independencia, ética y cero tolerancia a la corrupción y el nepotismo. “Actuaré con la transparencia y autonomía que he practicado en 27 años. Aunque soy secretaria, no estoy exenta de presiones, pero mi brújula es la Constitución y los derechos humanos”, asegura.
Cita la reforma constitucional de 2011, que prioriza el mayor beneficio para las personas, especialmente grupos vulnerables. “Si un tratado internacional protege más que la Constitución, lo aplicamos. Los derechos humanos son la guía”, explica. Su visión se basa en criterios de la Suprema Corte que exigen sensibilidad y perspectiva de género en las sentencias.
UN CASO QUE MARCÓ SU CARRERA
Uno de los momentos definitorios de su trayectoria ocurrió en un tribunal colegiado auxiliar, donde analizó un amparo penal. Un hombre, condenado por abuso deshonesto contra su hijastra de cinco años, buscaba reducir su pena. El caso era desgarrador: la niña, ignorada por su madre y las autoridades, seguía viviendo con el agresor durante el proceso. “Nadie la escuchó. Su dolor era invisible”, recuerda Licón.
Como secretaria proyectista, Licón propuso priorizar el interés superior de la menor. El tribunal negó el amparo y ordenó una reparación integral: atención psicológica, medidas de protección y seguimiento institucional.
La sentencia, emitida en 2013, incorporó tratados internacionales y perspectiva de género, ganando un premio nacional de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. “Era crucial que esa niña sintiera que el Estado la protegía. Eso es justicia”, afirma Licón. Este caso refleja su enfoque: mirar más allá del expediente, reparar el daño y dar voz a los vulnerables.
UN VOTO POR LA TRANSFORMACIÓN
El 1 de junio, los ciudadanos recibirán seis boletas electorales, una por cada cargo judicial en disputa. La boleta rosa, para tribunales colegiados en materia administrativa, incluirá 28 candidatos, con Licón entre las mujeres aspirantes. “El votante puede escribir mi número, subrayar mi nombre o escribirlo completo. Lo importante es la intención”, explica, destacando la flexibilidad del proceso para facilitar la participación.
Licón insiste en no desanimarse por la complejidad. “Hay tutoriales y simuladores. Lo esencial es votar. No dejen pasar esta oportunidad histórica”, urge. Su campaña, financiada con recursos propios, ha sido una lección de cercanía. “Me ha mostrado lo que la gente quiere: un Poder Judicial transparente, eficiente y humano”, dice.
Apartidista, su compromiso es con la ciudadanía, no con partidos. “Mi lealtad es con quienes me han abierto sus puertas y votarán”, asegura.
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