NACIONALES
La corrupción es una constante: ¿Quién le sirve al servicio público?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En 1963, Martin Luther King Jr. escribió desde la cárcel de Birmingham que “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes”. Su frase es tan relevante hoy como lo fue entonces, especialmente en un país como México, donde el servicio público enfrenta un desafío constante: la contradicción entre los principios éticos y la realidad de un sistema político marcado por la corrupción y el oportunismo.
Hablar de ética en el servicio público en México puede parecer un ejercicio inútil, casi ingenuo, como intentar sostener un castillo de arena frente al embate de las olas. Los ejemplos son abrumadores. Desde la “Estafa Maestra”, que reveló el uso de universidades públicas como intermediarias para desviar recursos o el programa ‘’A toda máquina’’ que estuvo repleto de irregularidades en el proceso de licitación, hasta los gobernadores prófugos que transformaron sus estados en feudos personales, la corrupción parece una constante. Y no se trata solo de figuras aisladas, sino de un entramado sistémico que convierte al servicio público, no en un espacio para servir al ciudadano, sino en una maquinaria para saquear al país.
Este problema no es exclusivo de México. La historia está llena de ejemplos de sistemas que han colapsado por ignorar los principios éticos en la gestión pública. En la antigua Roma, el abuso del poder por parte de gobernantes corruptos debilitó las instituciones, pavimentando el camino para la caída del imperio. Más recientemente, la crisis de Watergate en Estados Unidos expuso cómo la corrupción, incluso en una democracia avanzada, puede comprometer la confianza ciudadana. Lo que distingue a las sociedades que avanzan de aquellas que permanecen atrapadas en el mismo ciclo es su capacidad para aprender de esos errores y construir un marco sólido de transparencia y responsabilidad.
En México, esa capacidad parece atrofiada. Los escándalos se suceden unos a otros sin que las consecuencias sean proporcionales al daño causado. El discurso oficial apela frecuentemente a la moralidad, pero en la práctica, la ética se diluye en un sistema que prioriza la lealtad política por encima de la competencia técnica o la integridad personal.
El servicio público se ha convertido en un espacio donde lo más importante no es el mérito, sino la cercanía con quien detenta el poder. Esto explica por qué tantas dependencias y programas fracasan: no porque falte presupuesto, sino porque quienes los dirigen no están comprometidos con el bien común, sino con su propio beneficio.
La pregunta es inevitable: ¿es posible revertir esta situación? Algunos países han demostrado que sí. Dinamarca, considerado uno de los menos corruptos del mundo, no siempre tuvo un sistema ético ejemplar. En el siglo XIX, la corrupción era endémica en su gobierno. El cambio comenzó con una transformación cultural que promovió la transparencia, acompañada de sanciones ejemplares contra quienes abusaban de su posición. Más importante aún, se construyó un consenso social en el que la corrupción dejó de ser tolerada, incluso en sus formas más cotidianas. En México, ese consenso parece lejano. Aquí, las prácticas deshonestas no solo se toleran, sino que a menudo se justifican con frases como “así se hacen las cosas” o “todos lo hacen”.
No obstante, no todo está perdido. México ha mostrado que puede movilizarse cuando las circunstancias lo exigen. Las manifestaciones ciudadanas que exigen justicia, las organizaciones civiles que denuncian irregularidades y los periodistas que investigan, incluso a riesgo de sus vidas, son prueba de que existe una base sobre la cual construir un servicio público más ético.
Pero esa base necesita fortalecerse. La transparencia, por ejemplo, debe dejar de ser un término burocrático para convertirse en una práctica real. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas deben ser la norma, no la excepción.
Además, es fundamental transformar la percepción del servicio público. En lugar de verlo como un espacio para enriquecerse o escalar políticamente, debe recuperarse como una vocación, un compromiso con la sociedad. Esto requiere no solo de cambios estructurales, sino también educativos. La ética no puede ser algo que se aprenda en un curso aislado; debe ser parte integral de la formación de los futuros servidores públicos. Y, por supuesto, las sanciones deben ser ejemplares. No es suficiente con que se investigue un caso de corrupción; es necesario que haya consecuencias claras y visibles para quienes traicionan la confianza pública.
Hay quienes argumentan que la corrupción está tan arraigada en la cultura mexicana que es imposible erradicarla. Pero esta visión es derrotista y peligrosa. Justificar el abuso y la deshonestidad como parte de una supuesta “idiosincrasia” no solo perpetúa el problema, sino que lo normaliza. La ética no es un ideal utópico; es una necesidad para la supervivencia misma de cualquier sistema democrático. Sin ella, las instituciones se debilitan, la desigualdad se profundiza y la confianza ciudadana se desvanece.
El verdadero desafío no está en legislar sobre ética, sino en convertirla en acción. Y aquí es donde todos tenemos un papel que desempeñar. La exigencia de integridad no puede limitarse a los altos funcionarios; debe permear todos los niveles del gobierno y la sociedad.
Cada vez que un ciudadano rechaza un soborno, denuncia una irregularidad o se resiste a las prácticas corruptas, está contribuyendo a construir un sistema más ético. Puede parecer un gesto pequeño, pero como decía Edmund Burke: “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.
¿Podremos algún día ver al servicio público como un espacio para el bien común, en lugar de un botín político? Tal vez la respuesta dependa menos de los discursos y más de nuestras acciones cotidianas. La ética no es un ideal lejano; es una construcción colectiva que comienza con cada uno de nosotros.
JALISCO
El gobierno va por el dinero del INFONAVIT
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La declaración del senador Francisco Ramírez Acuña es lapidaria y contundente: “Ayer Morena (madrugada del pasado viernes) robó a los trabajadores de México más de 2 billones de pesos que son dinero depositados por los propios trabajadores para adquirir sus viviendas en el Infonavit”.
La bancada de Senadores del PAN expuso que “Acción Nacional está de acuerdo en la construcción de más de 2 millones de vivienda para la gente, pero se está contraviniendo el artículo 123 constitucional, que establece el acceso a una vivienda barata con base en el tripartidismo, esto es, la participación de los trabajadores, empleadores y el gobierno, a quienes no se les consultó para esta reforma.
UN PRESUPUESTO MUY COMPROMETIDO
Se vislumbra muy complicado el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum si consideramos el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025 del gobierno federal y que frente al crecimiento desproporcionado del gasto en 2024 y la negativa a una reforma fiscal del gobierno de la 4T, que en términos reales tiene una reducción de (-)3.3% (En 2024 el gasto alcanzará los 9.22 billones de pesos y en el 2025, 9.30 billones).
El presupuesto del 2024 en relación al 2023 del gobierno federal tuvo un crecimiento en términos reales del 4.23% y que se reflejó en un crecimiento desproporcionado del gasto. Ahora la Secretaría de Hacienda se vio en la necesidad de reducir el déficit fiscal, esto significa que éste pasaría de 1.99 billones de pesos en 2024 a 1.43 billones en 2025 y como proporción del PIB, se reduciría del 5.9% al 3.9% entre estos dos años (Estudio del IMCO).
En cuanto al balance tradicional o presupuestario, que mide la diferencia entre gasto neto pagado y los ingresos presupuestarios, éste pasaría de un déficit de 1.69 billones a uno de 1.17 billones en 2025 (IMCO). Y como proporción del PIB, el déficit presupuestario pasaría de 5.0% en 2024 a 3.2% en 2025.
RECHAZÓ IR POR LA REFORMA FISCAL
La doctora Claudia Sheinbaum desaprovechó la oportunidad de impulsar en este primer año de gobierno la reforma fiscal tan necesaria para quitarse la presión de un presupuesto tan limitado por las pensiones y el pago por el servicio de la deuda. “Hay muchas formas de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda”, puntualizó recientemente.
Ricardo Monreal, propuso la reforma fiscal. “He sostenido previamente que México necesita una reforma fiscal de gran envergadura, es fundamental que quienes poseen mayores recursos contribuyan en mayor medida en beneficio de todos”, argumentó el diputado federal zacatecano.
VAN POR 2 BILLONES DEL INFONAVIT
Este fin de semana tronaron las principales organizaciones contra la reforma a la ley aprobada por Morena en el Senado durante la madrugada del viernes y que permite que el gobierno tenga supremacía en el Infonavit donde se tiene una reserva de más de 2 billones de pesos.
“Vulnerar o reducir el tripartidismo a una presencia testimonial pondría en riesgo entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones -con la desaprobación de las entidades calificadoras-, debilitaría los consensos necesarios para la buena marcha e implementación de los programas y destruiría un ejercicio de construcción de una política pública única”, se precisa en un desplegado suscrito por 23 organizaciones de trabajadores (Reforma).
Las organizaciones que firmaron este desplegado están el Congreso del Trabajo, la CTM, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (SNTMM) que dirige el ex senador Napoleón Gómez Urrutia.
Y la exigencia es una: “(Solicitamos) atentamente que en todos los órganos colegiados de Gobierno se mantenga la paridad de representantes, esto es, el mismo número de votos por sector, elemento que le da vida al diálogo social que gobierna el Instituto.
Y advierten: “Hacerlo de otra manera implicaría romper con lo anterior, dando mayor peso a un solo sector, convirtiendo las decisiones que se toman en una imposición unilateral”. Y permitirlo, implica que el gobierno decida el manejo de los fondos de Infonavit.
El director general de Infonavit ya no será designado por la Asamblea, sino directamente por la Presidenta y la Dirección General tendrá el derecho de veto por si acaso alguno de estos comités de vigilancia se le saliera del huacal.
El senador del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez, puso el dedo en la llaga al referirse a las cantidades atractivas a las que tendrá acceso un gobierno que está en crisis financiera lo que se dejó ver en el paquete económico con un endeudamiento que hizo el gobierno pasado de López Obrador de 8 billones de pesos. “La deuda pública creció un 80% y ahora hay que pagar los platos rotos, ahora hay que buscar de dónde sale el dinero, porque el presupuesto no alcanza y aquí hay una bolsa interesante, jugosa y atractiva de 2 billones de pesos”.
Esta semana las organizaciones sindicales mencionadas si no se frena esta reforma y se echa atrás, sacarán sus tambores de guerra y se enfrentarán, como no lo han hecho hasta hoy al gobierno de la 4T en estos más de seis años que han transcurrido.
El resultado es de pronósticos reservados. La situación es muy delicada y se podría llegar al choque de trenes.
FOTONOTA
Denuncia bancada del PAN que morena se quiere apropiar de más de 2 billones del INFONAVIT
Con las modificaciones a la Ley de Vivienda del INFONAVIT, Morena robó a los trabajadores de México más de 2 billones de pesos que son dinero, depositados por los propios trabajadores para adquirir sus viviendas en INFONAVIT. Acción Nacional siempre estará a favor de la construcción de una vivienda digna para los mexicanos, que apoyaremos que siempre tengan rentas accesibles, sin embargo, es insultante que Morena pretenda poner en riesgo el ahorro que tanto les ha costado tener con la esperanza de una vivienda”.
JALISCO
En el sexenio 2024-2030 la meta de Liconsa es alcanzar los 10 millones de beneficiarios
Por Francisco Junco //
Lograr que el programa Liconsa alcance a más de 10 millones de beneficiarios, con leche de alta calidad a precios subsidiados, es la meta del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, así lo informó Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de la paraestatal, ante el Colegio de Abogados del Sistema de Métodos Alternos y Justicia Restaurativa del Estado de Jalisco (CASMAJURE), donde presentó un panorama sobre los avances, retos y metas de uno de los programas sociales más emblemáticos.
El doctor Víctor Hugo Pérez Rojas destacó la importancia de este programa social, como una herramienta clave para combatir la pobreza y la desnutrición en México y subrayó el ambicioso objetivo de expandir la cobertura de Liconsa, ya que actualmente llega a 6 millones 300 mil beneficiarios, enfatizando el impacto que esta iniciativa tiene en las comunidades más vulnerables del país.
“Liconsa no es sólo una empresa del gobierno, es una política pública que busca garantizar el derecho humano a la alimentación. Cuando hablamos de Liconsa y de un programa social como este, hablamos de una adecuada nutrición, de una adecuada alimentación, pero sobre todo de buscar lugares donde hay carencia alimentaria para efectos de poder hacer llegar un alimento de primera calidad”, afirmó Pérez Rojas.
Actualmente, el programa opera más de 12 mil lecherías en todo el territorio nacional, con una cobertura del 89 por ciento de los municipios del país. Sin embargo, el reto es claro: alcanzar el 100 por ciento de cobertura territorial y asegurar que el beneficio llegue a cada rincón de México.
Uno de los puntos más destacados de la presentación del doctor Pérez Rojas fue el reconocimiento de la leche como un alimento esencial. “La leche no es una bebida, es un alimento completo”, afirmó y explicó que la leche Liconsa está fortificada con nutrientes esenciales como ácido fólico, zinc, hierro, vitaminas A, B2, B12 y calcio, que son fundamentales para el desarrollo físico y cognitivo de las personas.
Explicó que la leche Liconsa, que se vende a los beneficiarios a un precio subsidiado de $7.50 por litro, ya que el gobierno federal compra al pequeño y mediano productor en 11.05 pesos por litro, además el costo de industrializarlo, pasteurizarlo, fortificarlo, envasarlo como producto terminado y luego su distribución.
“A nosotros nos cuesta, al gobierno de México, 27 pesos un litro de leche, que lo vendemos a $7.50. De ahí la importancia de poderles compartir esto. Liconsa es una empresa, que ha tenido sus altas y sus bajas, tenemos que reconocerlo, es una empresa que ha sufrido transformaciones, como todo en la vida, todo en la vida tiene que sufrir transformaciones para poder generar un mayor beneficio”, reflexionó.
Por otro lado, apuntó que la leche representa una alternativa accesible frente a productos comerciales que, en su mayoría, son fórmulas lácteas y no contienen el mismo valor nutricional.
“Si ustedes van a cualquier tienda. Por ejemplo, lo voy a decir, una que se llama Nutri, es un cartón de Tetra Pak, Nutri-Leche, en realidad ni nutre, ni es leche y te cuesta 25 pesos y es una formulación láctea. Una formulación láctea no es leche, es grasa vegetal, poca leche en polvo, color leche, sabor leche y agua. Hoy en día, el 80 por ciento de los productos lácteos que se comercializan en el país no son leche real. Son mezclas con poca leche en polvo, grasa vegetal y agua. En cambio, Liconsa ofrece un producto con un 99.1 por ciento de leche entera”, aseguró Pérez Rojas.
Además de beneficiar a los consumidores, el programa tiene un impacto positivo en el sector agropecuario. “Trabajamos con más de 3 mil pequeños y medianos productores mexicanos. Compramos su leche a un precio de garantía de $11.05 por litro, lo que les permite mantener una actividad económica sostenible”, añadió.
CON 54 CENTROS DE ACOPLIO EN TODO EL PAÍS
El compromiso de Liconsa de ampliar su alcance no sólo se centra en los beneficiarios, sino también en la infraestructura necesaria para lograrlo. Pérez Rojas explicó que actualmente operan 54 centros de acopio en todo el país, pero se proyecta la apertura de 14 más. Asimismo, se planea construir dos nuevas plantas industriales: una en Campeche y otra en Michoacán, destinadas a fortalecer la producción de leche pasteurizada y en polvo.
“Nos hemos trazado el objetivo de llegar a 10 millones de mexicanos. Para lograrlo, necesitamos incrementar nuestra red de distribución a 16 o 17 mil lecherías en todo el país y garantizar que el programa llegue a los municipios más remotos, incluso aquellos con desafíos logísticos o climáticos”, detalló el doctor Pérez Rojas.
El doctor Víctor Hugo Pérez Rojas es un abogado con una destacada formación académica y una amplia experiencia en el servicio público. Egresado de la Universidad de Guadalajara y con doctorados en Derecho y Políticas Públicas, ha desempeñado diversos roles en instituciones gubernamentales y es reconocido por su compromiso con el bienestar social.
“Desde el 19 de abril de 2022, cuando asumí mi posición en Liconsa, he trabajado con la convicción de que este programa es más que un empleo, es una misión para transformar vidas. Estamos hablando de garantizar algo tan básico como la nutrición a quienes más lo necesitan”, expresó.
Además, Pérez Rojas resaltó la importancia de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y gremios como CASMAJURE, y agregó que “los colegios de abogados no sólo capacitan profesionistas, también tienen un profundo sentido humano. Juntos podemos hacer una gran alianza para ampliar el impacto de este programa social y llegar a quienes más lo necesitan”.
La presidenta de CASMAJURE, Clarisa Berenice Pérez Balcorta, destacó la relevancia de la colaboración entre Liconsa y el gremio jurídico ya que “todo está entrelazado. Un niño que no desayuna no aprende, y una infancia mal nutrida no puede tener una adultez sana. Es nuestra responsabilidad como abogados y como ciudadanos apoyar programas que transforman vidas”.
Destacó la interconexión entre las políticas públicas y las condiciones de desarrollo humano y subrayó que la alimentación es fundamental para garantizar otros derechos, como la educación.
Valoró los esfuerzos de Liconsa por ofrecer leche de calidad a precios accesibles y aplaudió la intención de ampliar la cobertura del programa, calificándolo como «una gran noticia y una iniciativa que debe ser apoyada para forjar un mejor país».
Además, expresó el compromiso del gremio jurídico para colaborar con Liconsa, anunciando la próxima firma de un convenio para fortalecer la sinergia entre ambos sectores y contribuir a que las políticas públicas lleguen a más personas necesitadas.
“Le tomamos la palabra al doctor Víctor Hugo Pérez Rojas), vamos a firmar ese convenio de coordinación, lo vamos a hacer. En estos próximos meses recibirá la invitación para que estemos presentes y sigamos ayudando, haciendo realidad estas políticas públicas”, anunció Pérez Balcorta.
ALFREDO PORRAS DOMÍNGUEZ, DELEGADO DE SAGAR EN LICONSA ESTÁ AL FRENTE UN JALISCIENSE QUE DEBEMOS PRESUMIR
Por su parte, Alfredo Porras Domínguez, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, elogió la labor de Liconsa y el liderazgo de Pérez Rojas y enfatizó el impacto de Liconsa en las comunidades vulnerables y la economía local y reiteró que “Liconsa no sólo alimenta cuerpos, también alimenta esperanzas. Es un programa que demuestra que las políticas públicas bien ejecutadas pueden cambiar realidades” y resaltó cómo programas sociales como Liconsa, también impulsan la economía y generan empleo en sectores clave como el agropecuario y el industrial.
Compartió una experiencia personal sobre cómo la implementación de políticas públicas efectivas puede transformar comunidades, refiriéndose al éxito de su gestión en La Paz, Baja California Sur y llamó a visualizar la importancia de aprovechar este tipo de programas para combatir la pobreza.
Finalmente, invitó a los asistentes a presumir el trabajo de Liconsa y su contribución a nivel nacional, e invitó a decirle al país que en Liconsa hay un jalisciense que está marcando la diferencia y que se necesita que haya más personas comprometidas como el doctor Pérez Rojas.
“Tenemos que presumir un activo político que tenemos en la administración pública, que es Víctor Hugo Pérez Rojas. Tenemos que presumir un funcionario que tenemos, los jaliscienses, para que tenga más estadía, más proyección. En Liconsa hay un jalisciense, las cosas funcionan bien porque hay un jalisciense, y que queremos que haya más jaliscienses. Entonces hay que ayudarlos, hay que hacer este convenio”, subrayó.
Pérez Rojas concluyó su intervención con un llamado a la acción y aseguró que “Liconsa no tiene colores partidistas; tiene los colores de la patria: verde, blanco y rojo. Este programa es un reflejo de lo que somos capaces de hacer cuando unimos esfuerzos para servir a quienes más lo necesitan. Alcanzar la meta de 10 millones de beneficiarios no es sólo un objetivo, es una obligación moral”.
“Este esfuerzo no sería posible sin un equipo comprometido y la colaboración con sectores clave de la sociedad. Hoy, más que nunca, necesitamos el apoyo de organismos civiles, como este colegio, para alcanzar nuestro objetivo. Es un programa que nos pertenece a todos y que nos obliga a ser mejores como país”, reiteró.
Con una visión clara y un compromiso inquebrantable, Liconsa se perfila como un pilar fundamental en la lucha contra la pobreza y la desnutrición en México. La combinación de un enfoque estratégico, alianzas clave y una sólida infraestructura coloca a este programa en la vanguardia de las políticas sociales del país.
“Liconsa es la mejor leche de México. Liconsa distribuye un gran alimento. Liconsa nutre a la población más vulnerable y en comunidades más marginadas del país. Liconsa con este programa social combatimos el hambre y Liconsa con este programa social, también combatimos la pobreza”, puntualizó Pérez Rojas.
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