JALISCO
¿Es Juan Partida el servidor indicado para rescatar al Ipejal?
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Un problema de gran calado que le toca enfrentar al gobierno que encabeza en Jalisco Pablo Lemus es evitar la crisis que se podría venir con las pensiones de Jalisco y el organismo que las opera, como es Ipejal, que le quedarían 11 años de viabilidad (hasta 2036), conforme al estudio actuarial que se realizó a finales del diciembre de 2023 elaborado por “Valuaciones Actuariales del Norte”.
Y la misión para evitar el colapso de Ipejal se la encomendó el gobernador Lemus a Juan Partida Morales, al designarlo como su director general en el nuevo gobierno y que conoce muy bien las entrañas del monstruo, ya que junto con Hugo Luna, mandaban en este organismo que opera con las cuotas que aportan decenas de miles de empleados y trabajadores del Estado.
¿Por qué mandar a dirigir a Ipejal a Juan Partida? Y la pregunta es pertinente porque Partida fue el presidente de este instituto durante los últimos seis años y seguramente existen intereses creados desde el mismo gobierno.
¿Qué confianza inspira quien llegó con la mentalidad de servirse antes de servir a los afiliados a Ipejal?, como fue evidenciado con el incremento que pretendió Partida Morales al sueldo del director general que devengaba el anterior (Héctor Pizano) de 70 mil pesos a 120 mil y que el propio personaje hoy tan cuestionado operó para su beneficio con el argumento de que su formación y perfil está sobre calificado.
¿Por qué Partida Morales se opuso en su momento como presidente del Consejo de Administración de Ipejal a que el sueldo del director general, Héctor Pizano y de funcionarios de primer nivel se homologaran a los que recibían funcionarios del gobierno estatal? ¿Mezquindad, animadversión?
LOS INTERESES CREADOS
Creo que por decoro, Partida Morales no debió ser designado director general de este organismo, por los intereses creados que seguramente se generaron en los seis años del gobierno de Alfaro.
Público y notorio fue que las grandes contrataciones de compra de medicinas de miles de millones de pesos durante esos seis años, la decisión la tomaban en conjunto Juan Partida y Hugo Luna, hoy diputado federal, quien sólo se metía en los contratos gordos.
¿Qué tan sano es que un personaje que estuvo de presidente del Consejo de Administración de Ipejal durante los últimos seis años y cuya palabra fue la ley, siga al frente del mismo? ¿Qué garantía hay que su manejo vaya a ser limpio? Y lo pregunto en voz alta, porque los pensionados y jubilados se quejan de que no tienen información sobre el manejo financiero de Ipejal.
EL JUEGO PERVERSO
Juan Partida es un hombre de poder, desde que estuvo de titular de finanzas del Gobierno de Jalisco tenía como su operador a Rodrigo Moreno Trujillo, quien fungía de director jurídico de Ipejal, quien fue denunciado por Julieta y Vanessa Angulo Mejía, de hostigamiento y acoso laboral, con la finalidad presionar a Vanesa para que firmara su renuncia, argumentando que el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, estaba muy molesto porque, para que pudiera ser reinstalada, tuvieron que dejar de renovarle su contrato a la anterior gerente, y quería que le desocupara la plaza, bajo el argumento de que políticamente le correspondía al Secretario.
Rodrigo Moreno fue denunciado ante la Agencia del Ministerio Público de Primera Guardia de la Unidad para la Investigación de Delitos Contra Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía del Estado, y ante la Quinta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De la misma forma a Rodrigo Moreno se le inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa calificado en el informe de presunta responsabilidad administrativa como falta administrativa grave por violencia de género en perjuicio de Julieta y Vanessa Angulo Mejía, el cual, fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa.
Rodrigo Moreno al ser cesado de Ipejal con ese poderoso padrino que tiene no se quedó sin chamba y fue nombrado Director del Centro de Conciliación Laboral, quien al momento de tomar el cargo llevó con él a Patricia Elizabeth Navarro Camacho, como Directora Administrativa, quien había sido colaboradora de mucha confianza en la Dirección Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Y ahora con la llegada de Juan Partida a la Dirección de Ipejal, Patricia Elizabeth Navarro Camacho, sale del Centro de Conciliación Laboral y es designada Directora de Responsabilidades del del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Dirección encargada de re calificar la falta en caso de que la Magistrada decida regresar el expediente a re calificación en contra de su padrino Rodrigo Moreno.
Pues resulta que Rodrigo Moreno es una de las seis nuevas plazas ejecutivas que pretende crear Partida Morales, ¿por qué lo hace si se trata de un personaje tan cuestionado? Lo hace porque se siente poderoso. Mientras esto sucede, hay empleados de base que han sido afectados en sus derechos, golpeados por Juan Partida Morales, al ser ser cesados ¿y quién es el operador de este trabajo sucio?
El gobernador Pablo Lemus debería ordenar una investigación sobre esto que está pasando en Ipejal y debería revisar la conveniencia y el costo que representaría para su gobierno dejar a un personaje con el que hay tantas dudas y que se rodea de acosadores y abusadores de mujeres.
Para rescatar a Ipejal debe de enviar a un perfil que sea de su confianza, si no quiere enfrentar sorpresas desagradables en el futuro.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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