Cuando de costos políticos se trata

Opinión, por Gerardo Rico

Hay un dicho que señala: “es de sabios cambiar de opinión”, pero agregaría otro: “es de políticos medir las consecuencias y el costo político de sus acciones”.

Todo esto viene a colación por las declaraciones del gobernador Pablo Lemus para dar marcha atrás al llamado tarifazo de 14 pesos por pasaje en el transporte urbano a partir del primero de abril.

Hay que recordar que fue el 26 de diciembre del año pasado, en plenas vacaciones de fin de año, cuando el Gobierno del Estado anunció un incremento al precio del pasaje del transporte urbano. La tarifa pasaría de 9.50 a 14 pesos, un ajuste que representaba un alza del 47.37 por ciento sobre el costo anterior.

Días antes, el mandatario estatal presentó oficialmente “La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco”, como un nuevo instrumento con el que la ciudadanía podrá acceder, en un solo medio, a programas sociales, servicios públicos y opciones financieras, con el objetivo de modernizar la relación entre el gobierno estatal y la población.

Durante el anuncio realizado en Casa Jalisco, el mandatario destacó que se trata de una tarjeta universal y sin precedentes a nivel nacional, al concentrar beneficios sociales y herramientas financieras respaldadas por una red de pagos global. “Es modernidad, es pensar en grande, porque Jalisco es un estado de primer mundo”. Mediante un fondo que —dijo— será de mil 200 millones de pesos para el año 2026, se financiaría la diferencia de tres pesos por cada viaje.

La cifra de 14 pesos fue incorporada de forma posterior por la Secretaría de Transporte, sin el respaldo de los estudios técnicos, que arrojaban un cálculo de 11.17 pesos para 2026 y que no fue tomado en cuenta, bajo la promesa de que en los cinco años restantes del gobierno de Pablo Lemus no volvería a aumentar.

Sin embargo, vino la reacción de la gente y, más allá de los partidos políticos, las movilizaciones de colectivos ciudadanos, estudiantes y usuarios en general hicieron mella en esta polémica decisión. Varios fueron los hechos que seguramente obligaron a revisar el tema a fondo a las autoridades estatales:

1.- Las 20 mil firmas de ciudadanos inconformes con el aumento a la tarifa del transporte urbano para realizar un referéndum sobre la medida, que en su mayoría se recolectaron durante el mes de enero de este año y que fueron presentadas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ).

2.- La aprobación del organismo electoral para dar cauce al referéndum y remitirlo al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza (CPCPG), instancia que, conforme a la ley, es la única autoridad facultada para determinar si un referéndum estatal es procedente o no.

3.- El amparo otorgado a 35 estudiantes para que gozaran de los descuentos aprobados al transporte urbano sin utilizar la tarjeta “Al Estilo Jalisco”, pues, de acuerdo con su demanda, se ponen en riesgo al otorgar sus datos personales al gobierno estatal.

4.- La inconformidad de los usuarios por la calidad del servicio, donde en ocasiones hay que esperar el paso del camión de 40 minutos a una hora.

5.- De los tres millones de personas que preveía afiliar el gobierno estatal a la tarjeta “Al Estilo Jalisco”, y a casi un mes de que se hiciera efectivo el aumento a 14 pesos —el 1 de abril—, apenas iban 70 mil registros de quienes tramitaron la tarjeta.

La mañana del 5 de marzo, el mandatario estatal sorprendió a propios y extraños con el anuncio que divulgó por sus redes sociales: la tarifa de transporte público será de 11 pesos y no de 14, como se había anunciado. El cambio aplica para todos y en cualquier forma de pago, y será el único incremento en su sexenio.

Con el nuevo ajuste serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo. Habló del malestar ciudadano y de las molestias que causó esta medida, y aclaró que este incremento será el único en todo su sexenio. También dijo que el subsidio será válido con cualquier método de pago, es decir, con la tarjeta “Al Estilo Jalisco” y con las tarjetas que ya se utilizaban anteriormente. Además, mencionó una tarifa preferencial de 5 pesos para todos los estudiantes en el estado.

Sin duda, el mandatario estatal y sus colaboradores analizaron detalladamente el costo político de dar marcha atrás al llamado tarifazo. Pero aquí viene otro dato: los transportistas o dueños de camiones recibirán 11 pesos y los tres pesos restantes irán para el pago de tarjetas a la empresa Broxel, por lo que el único perjudicado sería el usuario del transporte urbano.

Poco más de 3 millones y medio de personas utilizan a diario los diferentes servicios del transporte urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.