El pacto que debemos revisar: Las pensiones del futuro no caben en las reglas del pasado

A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Hay problemas que las sociedades prefieren aplazar porque resolverlos implica tomar decisiones incómodas. Las pensiones son uno de ellos. Durante décadas, hemos hablado del retiro como si se tratara de un acontecimiento lejano, una estación a la que inevitablemente llegaremos y para la cual bastaría con cumplir ciertos requisitos.

Sin embargo, cuando las reglas cambian, cuando las cuentas dejan de cuadrar o cuando una generación descubre que las condiciones bajo las cuales planeaba su vejez ya no son las mismas, aparece una pregunta que debimos hacernos desde hace tiempo: ¿estamos construyendo un sistema de pensiones para la sociedad que existe o seguimos intentando sostener uno diseñado para una realidad que desapareció?

La reciente modificación de las reglas de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social vuelve a colocar esa pregunta sobre la mesa. A partir del 22 de octubre, las nuevas incorporaciones a este esquema quedaron sujetas a condiciones distintas: el salario base de cotización tendrá como referencia el último registrado ante el Instituto, con un margen adicional equivalente a una Unidad de Medida y Actualización; además, las nuevas inscripciones surtirán efectos desde la fecha de la solicitud, eliminando la posibilidad de cubrir retroactivamente periodos anteriores bajo esta modalidad.

También se establecieron mecanismos digitales para la incorporación. El acuerdo contempla medidas temporales mientras se analiza el impacto financiero del esquema. Quienes ya estaban inscritos conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado.

La discusión, sin embargo, no debería agotarse en las nuevas restricciones ni en la preocupación de quienes esperaban utilizar este mecanismo para mejorar su pensión. La Modalidad 40 se convirtió, particularmente para determinados trabajadores sujetos al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social de 1973, en una herramienta para continuar cotizando por cuenta propia y fortalecer sus expectativas de retiro.

Para muchas personas, representaba la posibilidad de intervenir activamente en el monto de su futura pensión después de años de trabajo. Por eso, cualquier modificación trasciende el terreno de los trámites: toca directamente la manera en que miles de mexicanos imaginan su vejez.

Es comprensible que una institución como el IMSS revise los mecanismos que administra, evalúe sus consecuencias financieras y busque prevenir irregularidades. La sostenibilidad de las pensiones no es un asunto menor ni puede resolverse ignorando el costo de las obligaciones futuras.

Pero tampoco podemos reducir la conversación a una ecuación contable en la que los derechos pensionarios aparecen únicamente como compromisos que deben contenerse. Detrás de cada cifra existe una persona que trabajó durante décadas, que aportó al sistema y que espera que las reglas de su retiro respondan a criterios comprensibles, previsibles y compatibles con una vida digna.

El verdadero problema es que México lleva demasiado tiempo enfrentando sus desafíos pensionarios como si fueran episodios aislados. Se discute una modalidad, se ajusta un requisito, se modifica un mecanismo de incorporación y después se espera que el sistema continúe funcionando sin que sea necesario revisar integralmente sus fundamentos.

La realidad laboral cambió. Las trayectorias profesionales ya no siempre son continuas, la informalidad sigue siendo un obstáculo para millones de personas y la capacidad de ahorrar para el retiro depende de condiciones económicas profundamente desiguales. A ello se suma una transformación demográfica que obliga a pensar con mayor seriedad en la duración de la vida después del trabajo.

El retiro de hoy tampoco es el mismo que imaginaron quienes diseñaron buena parte de las instituciones que todavía nos acompañan. Vivimos más tiempo y, por tanto, necesitamos que los recursos destinados a la vejez alcancen para periodos potencialmente más largos. Al mismo tiempo, no todos llegan a esa etapa con las mismas semanas cotizadas, los mismos ingresos o las mismas oportunidades para construir un patrimonio.

Hablar de pensiones, entonces, no significa discutir únicamente cuánto debe pagar el Estado o cuánto puede soportar una institución; significa preguntarnos cómo distribuimos los riesgos de envejecer en una sociedad donde la estabilidad laboral y la capacidad de ahorro no están garantizadas para todos.

Quizá por eso la discusión sobre la Modalidad 40 debería servir como punto de partida para una conversación más ambiciosa. México necesita revisar sus mecanismos de retiro con una visión de largo plazo, capaz de distinguir entre los problemas financieros que deben atenderse, las prácticas irregulares que deben corregirse y las necesidades legítimas de quienes buscan una pensión suficiente.

Esa revisión debe considerar la diversidad de las trayectorias laborales, fortalecer los incentivos al ahorro, mejorar la cobertura y ofrecer reglas claras que permitan a las personas planear su futuro sin depender de rumores, interpretaciones improvisadas o cambios que descubren cuando están cerca de jubilarse.

También es indispensable que las decisiones se expliquen con transparencia. Si una medida se presenta como temporal y depende de un análisis financiero, la ciudadanía debe conocer sus fundamentos, sus resultados y los criterios que determinarán qué ocurrirá después.

La confianza en un sistema pensionario no se construye prometiendo que todo permanecerá intacto, sino demostrando que las modificaciones responden a razones verificables y que las personas afectadas pueden comprender sus alcances.

Ningún sistema de pensiones puede permanecer inmóvil mientras cambia la sociedad que debe sostenerlo. Pero tampoco puede aspirar a la estabilidad si sus beneficiarios perciben que el futuro se vuelve cada vez más incierto.

La responsabilidad institucional consiste precisamente en encontrar ese equilibrio: garantizar la viabilidad financiera sin perder de vista que el propósito último de la seguridad social es proteger a las personas frente a contingencias que difícilmente pueden resolver por sí solas.

La Modalidad 40 nos recuerda que las reglas del retiro no son simples disposiciones administrativas. Son parte del pacto que una sociedad establece con quienes dedicaron una porción considerable de su vida a trabajar.

Y cuando ese pacto necesita actualizarse, la respuesta no puede consistir únicamente en cerrar una puerta o ajustar una cifra. Debe abrirse una discusión sobre qué vejez queremos garantizar, cómo vamos a financiarla y qué responsabilidades corresponden al Estado, a los empleadores y a los propios trabajadores.

Una sociedad no debería medir el éxito de su sistema de pensiones solamente por su capacidad de pagarlas. También debería medirlo por la tranquilidad, la autonomía y la dignidad que permite conservar a quienes llegan al final de su vida laboral.

El futuro del retiro no se puede construir con respuestas provisionales a problemas estructurales. Las pensiones del futuro necesitan reglas sostenibles, sí, pero también una visión capaz de entender que detrás de cada jubilación hay algo más importante que una cuenta: una vida entera de trabajo.