El agua y las soluciones tardías

Opinión, por Iván Arrazola:

Una vez pasada la tormenta, parece llegar la calma y, con ella, la oportunidad de poner las cosas en orden. Al menos en apariencia, eso es lo que ha ocurrido con la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Después de meses de reclamos ciudadanos, confrontaciones políticas y respuestas insuficientes, los gobiernos federal y estatal parecen haber encontrado puntos de acuerdo para atender un problema que durante demasiado tiempo permaneció sin una solución clara.

Sin embargo, esta aparente calma esconde una realidad más compleja. Fueron necesarias dos manifestaciones multitudinarias para conseguir lo que las autoridades no habían logrado durante meses: colocar la crisis del agua en el centro de la agenda pública y acelerar la búsqueda de soluciones.

El problema es que los acuerdos políticos no necesariamente se traducen en soluciones inmediatas. Por el contrario, existen diversos factores que permiten anticipar que la crisis continuará y que sus consecuencias podrían prolongarse durante los próximos meses.

El primero tiene que ver con las responsabilidades que deberían derivarse de las manifestaciones, particularmente de lo ocurrido el pasado 11 de octubre. El operativo implementado para contener la protesta terminó por generar nuevos cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades. El uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, así como las deficiencias en la planeación y ejecución del dispositivo de seguridad, dejaron numerosas interrogantes que hasta ahora no han recibido respuestas satisfactorias.

Más preocupante resulta que, lejos de esclarecer las decisiones que llevaron al uso de estos mecanismos, las autoridades hayan señalado que no se revelará la identidad de quien ordenó su utilización por razones de seguridad. Esta explicación resulta insuficiente frente a la obligación de rendir cuentas sobre las actuaciones gubernamentales.

El segundo factor está relacionado con las tensiones que durante meses marcaron la relación entre los gobiernos de Jalisco y de la República. Los desacuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Pablo Lemus por la asignación de recursos federales no se limitaron al problema del agua, sino que también alcanzaron otros proyectos estratégicos, particularmente en materia de infraestructura carretera.

En medio de estas diferencias, el gobernador informó en distintas ocasiones sobre reuniones con funcionarios federales para gestionar recursos y establecer compromisos. Incluso, después de un encuentro informal con la presidenta en Zapopan, dio a conocer un entendimiento mediante el cual la Federación asumiría la conclusión de las obras relacionadas con la presa El Zapotillo, mientras que el gobierno estatal se encargaría de las correspondientes al acueducto Chapala-Guadalajara.

En cualquier caso, el compromiso financiero está lejos de representar una solución definitiva. Todavía existen interrogantes sobre el calendario de asignación de los recursos, los proyectos específicos que serán financiados, los tiempos de ejecución y las medidas que se implementarán para atender a la población mientras concluyen las obras.

Un tercer elemento tiene que ver con la incorporación tardía de mecanismos de gobernanza. Después de las manifestaciones, el gobierno estatal, junto con el Consejo Consultivo del Agua de Jalisco, convocó a especialistas, representantes de organizaciones civiles, empresarios y otros actores vinculados con la gestión del agua para construir una agenda común. Durante el encuentro se planteó una visión de largo plazo, incluida una propuesta de planeación con un horizonte de veinte años para atender los problemas hídricos de la entidad.

Sin embargo, el principal cuestionamiento es que este mecanismo parece llegar demasiado tarde. A ello se suman los cuestionamientos sobre la integración de la convocatoria, particularmente por la ausencia de algunos grupos y especialistas que han mantenido posiciones críticas frente a las propuestas gubernamentales. Además, existe una limitación que no puede ignorarse: las principales decisiones relacionadas con el financiamiento y la ejecución de las obras hidráulicas dependen, en buena medida, de los acuerdos entre los gobiernos estatal y federal.

Finalmente, un cuarto factor que evidencia la distancia entre los anuncios políticos y las soluciones concretas para la población es la persistencia de los problemas de abastecimiento de agua.

Durante los últimos días se han multiplicado los bloqueos y cierres de avenidas por parte de habitantes que denuncian llevar varios días e incluso semanas sin recibir agua. Algunas de estas afectaciones comenzaron antes de que las autoridades anunciaran formalmente el mecanismo de rotación del suministro.

A esta situación se suma la falta de claridad en la información proporcionada a la ciudadanía. Inicialmente, se plantearon interrupciones de 24 o 48 horas, pero los testimonios de habitantes afectados indican que, en determinados sectores, los periodos sin suministro han sido considerablemente mayores.

La crisis también deja una lección sobre la manera de gobernar una de las zonas metropolitanas más importantes del país: los problemas públicos no desaparecen cuando las autoridades consiguen ponerse de acuerdo, especialmente cuando esos acuerdos llegan después de que la ciudadanía ha tenido que salir a las calles para exigir respuestas.