La participación 4.0: Estado abierto y gobernanza: hacia una democracia circular

– La participación 4.0 propone articular espacios digitales, presenciales y comunitarios para que las personas se informen, deliberen, se organicen y den seguimiento a los asuntos públicos. Su viabilidad depende de reducir las brechas digitales, educativas, económicas, territoriales y generacionales.

Opinión, por Mairel Bueno Rocha:

La democracia no se agota en las elecciones ni la representación política termina cuando se cuentan los votos. En una sociedad atravesada por la inteligencia artificial, la circulación acelerada de información y la transformación de las relaciones sociales, el desafío consiste en construir instituciones capaces de escuchar, aprender y responder, sin desplazar a las personas del centro de las decisiones públicas.

La gobernanza 4.0 permite reflexionar sobre una nueva relación entre Estado, tecnología y sociedad. No se trata únicamente de digitalizar trámites o habilitar plataformas, sino de transformar las condiciones en que se produce el conocimiento público, se distribuye el poder y se toman decisiones.

En este contexto, el parlamento abierto constituye una vía para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Las experiencias de Chile y Brasil ofrecen referentes para explorar distintas formas de acercar la actividad legislativa a la sociedad. Sin embargo, el reto no consiste solo en abrir canales, sino en garantizar que las aportaciones ciudadanas sean escuchadas, reciban respuesta y puedan tener incidencia.

La participación 4.0 propone articular espacios digitales, presenciales y comunitarios para que las personas se informen, deliberen, se organicen y den seguimiento a los asuntos públicos. Su viabilidad depende de reducir las brechas digitales, educativas, económicas, territoriales y generacionales. Una plataforma no garantiza por sí misma una democracia más participativa: si la información es incomprensible, el acceso desigual o las consultas carecen de consecuencias, la tecnología puede reproducir las exclusiones que pretendía resolver. Por ello, la responsabilidad de los representantes públicos también implica explicar sus decisiones, justificar sus actuaciones y transparentar qué sucede con las propuestas recibidas.

La reflexión de Daniel Innerarity (2011) sobre la democracia del conocimiento permite comprender que los problemas colectivos requieren algo más que información disponible: necesitan capacidades para interpretarla, compartirla y convertirla en decisiones. A partir de esta perspectiva, propongo entender la inteligencia institucional como la capacidad de las personas y sus organizaciones para reunir conocimientos, aprender de la experiencia y coordinar acciones alrededor de objetivos comunes.

Esta inteligencia no reside exclusivamente en edificios, organigramas o plataformas tecnológicas. También se encuentra en las comunidades que conocen su territorio, en quienes identifican necesidades cotidianas y en los grupos que construyen respuestas mediante la cooperación. Las estructuras formales pueden facilitar, articular o bloquear esa capacidad; no pueden sustituirla. Una institución inteligente no es la que presume tener todas las respuestas, sino la que sabe escuchar, reconocer sus límites y aprender colectivamente.

No obstante, compartir una necesidad no garantiza que las personas logren organizarse para resolverla. Olson (1965), mediante su teoría de la acción colectiva, explica las dificultades de coordinación que enfrentan los grupos, particularmente cuando participar implica costos y existe la expectativa de que otras personas asumirán el esfuerzo. Esta reflexión resulta relevante para el parlamento ciudadano: la participación necesita objetivos claros, confianza, organización, continuidad y mecanismos de seguimiento. No basta con convocar a la ciudadanía; es necesario crear condiciones para que su colaboración produzca resultados verificables.

En este proceso, las juventudes deben ser reconocidas como interlocutoras capaces de analizar su realidad, cuestionar las decisiones públicas y construir pensamiento político propio. Su formación no puede reducirse a transmitir conocimientos sobre instituciones o procedimientos electorales. También requiere desarrollar la capacidad de argumentar, contrastar fuentes, identificar intereses, disentir y reflexionar sobre las relaciones de poder.

En la era de la inteligencia artificial, estas habilidades son indispensables para distinguir entre información y evidencia, entre popularidad y relevancia pública, y entre una respuesta automatizada y un juicio razonado. Las juventudes necesitan tecnología, pero también oportunidades para pensar sin depender de ella.

Aquí adquiere sentido la reserva de humanidad, concepto que propongo como horizonte ético para preservar la dignidad, la integridad, la sensibilidad, la empatía, la reflexión crítica y la libertad de decisión frente a la automatización. No significa rechazar la innovación, sino recordar que la eficiencia tecnológica no puede sustituir la deliberación ni reducir a las personas a datos o perfiles.

La inteligencia colectiva permite construir respuestas desde perspectivas diversas; la inteligencia intergeneracional favorece el encuentro entre la experiencia acumulada y las preguntas de las nuevas generaciones. Ambas requieren reconocer que ninguna edad posee por sí sola todas las respuestas y que el derecho a ser escuchado debe acompañarse de oportunidades reales para participar.

Una democracia abierta necesita, por tanto, instituciones que aprendan de la sociedad y una ciudadanía con capacidad para organizarse e incidir. La gobernanza 4.0 aporta herramientas; la participación 4.0 abre posibilidades; la inteligencia institucional articula conocimientos y acciones, y la reserva de humanidad recuerda el propósito de todo ello: que la innovación fortalezca la autonomía, los derechos y la capacidad de las personas para construir un futuro común.

La pregunta es: ¿estamos listos en Jalisco para avanzar hacia una democracia circular?

Creo que sí. Tenemos capacidades, experiencias y personas dispuestas a construir una forma de gobernar más abierta, participativa y sensible a las necesidades de la sociedad. Lo que hace falta es articular esos esfuerzos, generar las condiciones institucionales para que la participación tenga efectos reales y asumir que esta transformación es una responsabilidad compartida.

El tiempo apremia: no podemos seguir hablando de Estado abierto, gobernanza e inteligencia colectiva si no los llevamos a la práctica. Es momento de pasar de los conceptos a las acciones, de abrir espacios efectivos de diálogo y colaboración, y de construir, entre instituciones y ciudadanía, las condiciones para que las ideas se conviertan en decisiones y las decisiones en resultados.

Jalisco puede dar ese paso, pero debemos darlo juntos y empezar ahora.

Estructura conceptual de la propuesta

1. Gobernanza 4.0

La relación renovada entre instituciones, tecnología y sociedad. Su pregunta es: ¿cómo se toman las decisiones y quién puede incidir en ellas?

2. Participación 4.0

Los canales y las condiciones para informarse, deliberar, organizarse y dar seguimiento a las decisiones, tanto en entornos digitales como presenciales.

3. Inteligencia institucional

La capacidad de las personas y sus organizaciones para reunir conocimiento, aprender de la experiencia, coordinarse y alcanzar objetivos comunes. Las estructuras institucionales pueden potenciar esa capacidad o limitarla.

4. Inteligencia colectiva e intergeneracional

La construcción de respuestas mediante la colaboración entre personas, grupos y generaciones con experiencias y perspectivas diferentes.

5. Reserva de humanidad

El horizonte ético que protege la dignidad, la sensibilidad, el pensamiento crítico y la autonomía humana frente a la automatización y la concentración del poder.

Libros

Innerarity, Daniel. La democracia del conocimiento: por una sociedad inteligente. Barcelona: Paidós, 2011.

Innerarity, Daniel. Una teoría de la democracia compleja: gobernar en el siglo XXI. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2020.

Olson, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.