JALISCO
Universidades y Gobierno del Estado afinan nueva justicia civil para Jalisco
Por Redacción Conciencia Pública
Transcripción de texto a voz
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La preparación de Jalisco para la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) ya comenzó con un proceso que implicará modificar decenas de normas estatales y redefinir la forma en que se impartirá justicia en asuntos civiles y familiares.
El Gobierno del Estado convocó a las principales universidades de la entidad para incorporar su experiencia académica y fortalecer el diseño de la estrategia que deberá estar lista antes del 1 de abril de 2027.
La reunión fue encabezada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, instancia responsable de coordinar la implementación del nuevo marco jurídico en Jalisco. El reto no es menor, pues la armonización legislativa contempla la revisión de alrededor de 97 ordenamientos locales, entre leyes y reglamentos, para adecuarlos al nuevo modelo nacional.
Durante la mesa de trabajo participaron representantes de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Panamericana, la Universidad del Valle de Atemajac y el Tecnológico de Monterrey, instituciones que aportarán propuestas para la formación de los futuros operadores del sistema.
El encuentro tuvo como propósito recoger la visión de las universidades que preparan a quienes, en los próximos años, desempeñarán funciones como jueces, litigantes, asesores jurídicos, ministerios públicos y servidores públicos vinculados con la impartición de justicia, con el fin de que la transición se realice con bases técnicas sólidas.
La consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, destacó que el cambio de paradigma exige una actualización profunda en la enseñanza del Derecho, ya que el nuevo Código incorpora herramientas y procedimientos distintos a los que actualmente se aplican en los tribunales.
La funcionaria sostuvo que las instituciones educativas desempeñarán un papel estratégico en este proceso, al ser las responsables de preparar a las nuevas generaciones de profesionales que deberán operar el sistema bajo criterios modernos, homologados y acordes con las nuevas disposiciones nacionales.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca unificar las reglas procesales en todo el país, dejando atrás los distintos esquemas que actualmente existen en cada estado. Con ello se pretende ofrecer mayor certeza jurídica, reducir diferencias entre entidades y hacer más eficiente la resolución de controversias.
Entre los principios que sustentan el nuevo modelo destacan la oralidad, la digitalización de procedimientos, la transparencia, la igualdad procesal y la protección de los derechos humanos, elementos que modificarán la manera en que se desarrollan los juicios civiles y familiares.
La implementación del Código tendrá efectos directos en asuntos cotidianos para la ciudadanía, como conflictos patrimoniales, sucesiones, arrendamientos, controversias familiares, guarda y custodia, pensiones alimenticias y otros procedimientos que forman parte de la vida diaria de miles de personas.
Desde el Poder Ejecutivo se explicó que los trabajos de armonización buscan evitar improvisaciones y aprovechar el tiempo disponible antes del plazo constitucional, de modo que la transición hacia el nuevo sistema ocurra de manera ordenada y con reglas claras para todas las instituciones involucradas.
La mesa de trabajo se llevó a cabo en la Sala Consejo de Tequila Lab, en Zapopan, donde autoridades estatales y representantes académicos coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación permanente para construir criterios comunes y fortalecer la capacitación de quienes aplicarán el nuevo marco jurídico.
Con este primer acercamiento, Jalisco busca colocarse entre las entidades que lleguen mejor preparadas a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, apostando por una implementación sustentada en el trabajo conjunto entre gobierno, universidades y especialistas, con el objetivo de garantizar un acceso a la justicia más ágil, moderno y eficiente para la población.
