La renuncia que nadie pidió por escrito: FGR Jalisco en la incertidumbre laboral

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay una forma de despedir a alguien sin despedirlo: se le pide que renuncie. El verbo cambia todo. Quien renuncia, según la ficción jurídica, se va por voluntad propia; quien es despedido tiene derecho a una liquidación. Entre ambas palabras cabe, en la Fiscalía Federal de Jalisco, la suerte de cuarenta trabajadores que, desde el 31 de julio, no saben si tienen empleo, ni cuánto les corresponde si lo pierden, ni siquiera si alguien, en algún escritorio con membrete oficial, se ha molestado en explicarles por qué.

El mecanismo es viejo y conocido en la administración pública mexicana: cuando conviene prescindir de personal sin pagar lo que la ley obliga, no se despide, se induce a renunciar. Así, el finiquito se convierte en un favor discrecional y no en una obligación exigible. Fue Rebeca López Soto, entonces subcoordinadora de Apoyo a la Labor Sustantiva, quien habría iniciado la ronda de solicitudes entre el personal administrativo de contrato. Después, la ola —porque de ola hablan ya los propios afectados— alcanzó a agentes del Ministerio Público, es decir, a quienes forman parte de la columna operativa de la procuración de justicia federal en el estado.

López Soto no llegó a ver el final del proceso que puso en marcha: dejó el cargo y, en su lugar, asumió Virginia Angélica Muñoz Valdez. El relevo, sin embargo, no trajo consigo ni una sola respuesta a las preguntas que los trabajadores llevan semanas formulando. Ningún nombramiento nuevo se ha entregado. Ninguna liquidación se ha ofrecido. La nueva funcionaria heredó el problema y, hasta donde se sabe, lo administra con el mismo silencio que su antecesora.

Conviene subrayar que la Subcoordinación de Apoyo a la Labor Sustantiva no es una invención de los quejosos ni una estructura fantasma: aparece contemplada en la organización oficial de la FGR, con plaza reconocida en el Diario Oficial de la Federación. El problema, entonces, no es de legalidad orgánica, sino del ejercicio del poder que esa plaza concede. Se puede ocupar un cargo legítimamente y, aun así, usarlo para practicar una forma de arbitrariedad que ninguna gaceta oficial autoriza: la de exigir renuncias sin explicar el motivo, sin ofrecer certeza, sin poner sobre la mesa una sola cifra de lo que, en derecho laboral, se debe a quien deja —o es orillado a dejar— su puesto.

El trasfondo de este episodio no es nuevo, aunque sí incómodo de repetir: la transformación de la extinta Procuraduría General de la República en la actual Fiscalía General dejó, desde 2019, un terreno pantanoso de esquemas de contratación mal resueltos. Miles de trabajadores en todo el país quedaron atrapados entre dos regímenes jurídicos que ninguna reforma se ocupó de armonizar del todo. Siete años después, esa omisión sigue cobrando facturas y, esta vez, la factura llegó a Jalisco, a nombre de Enrique Landeros Curiel, el fiscal federal designado apenas en marzo pasado.

Lo que distingue a este caso, sin embargo, no es solo la precariedad heredada, sino el momento político en que ocurre. Los propios trabajadores han hecho un señalamiento que merece consignarse con el cuidado que exige el oficio periodístico: la percepción, entre ellos, de que las plazas que queden vacantes podrían destinarse a personas cercanas a Morena. Es una versión, no un hecho probado; no existe documento que la sostenga ni ha habido pronunciamiento oficial que la confirme o la desmienta. Pero el rumor —conviene insistir en esto una y otra vez, porque es la lección más antigua del oficio— no nace de la nada: nace del vacío que deja la autoridad cuando prefiere el silencio a la explicación. Cuando una institución no informa, permite que la sospecha ocupe el lugar que debía ocupar la transparencia. Y una fiscalía que administra justicia no puede darse el lujo de alimentar sospechas sobre su propia gestión de personal.

Hay un detalle en los testimonios recabados que no debería pasar como nota al margen: quienes con mayor fuerza denuncian arbitrariedades en este proceso son, según los propios afectados, mujeres.

No es un dato menor en una institución que, como todas las de procuración de justicia en México, ha tenido que rendir cuentas históricamente sobre sus prácticas internas hacia el personal femenino.

Que la incertidumbre laboral golpee de manera particular a las trabajadoras de la FGR en Jalisco no es una coincidencia estadística que pueda archivarse sin más: es una señal de alerta que exigiría, cuando menos, una revisión puntual por parte de la propia institución.

La FGR cuenta, de hecho, con procedimientos administrativos formales para la separación y liquidación de personal, documentados en sus propios lineamientos internos. Existen los mecanismos. Existen los plazos. Lo que falta —y esto es lo que verdaderamente debería inquietar al ciudadano jalisciense— es la voluntad de aplicarlos con la transparencia que la ley exige, en lugar de recurrir al atajo de la renuncia inducida, ese instrumento tan cómodo para la autoridad y tan costoso para quien lo padece.

Enrique Landeros Curiel llegó a la Fiscalía Federal en Jalisco con un perfil público casi anónimo, sin trayectoria detallada, sin más carta de presentación que el nombramiento firmado por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos. Cinco meses después, su gestión ya tiene un expediente que no admite ambigüedad: cuarenta trabajadores sin certeza, un área administrativa que cambia de titular sin cambiar de método y una institución que prefiere que sus empleados renuncien en silencio antes que explicar, con nombre y cifra, qué va a pasar con ellos.

Al final, la pregunta que queda flotando sobre Guadalajara no es jurídica, sino moral: ¿puede una fiscalía exigir apego a la ley de los demás cuando ella misma elude, puertas adentro, las obligaciones más elementales hacia quienes la sostienen todos los días? Mientras esa pregunta no tenga respuesta pública, la sospecha —fundada o no— seguirá siendo, para los trabajadores de la FGR en Jalisco, la única explicación que la autoridad les ha ofrecido.

En X: @DEPACHECOS