Morena: el problema de crecer Subrayado

Opinión, por Iván Arrazola

Son días atípicos para hablar de candidaturas. Formalmente, no es el momento en que tendrían que discutirse estos asuntos: no ha iniciado el proceso electoral y mucho menos los periodos de precampaña o campaña. Sin embargo, Morena decidió desde hace tiempo romper con esa lógica y los resultados le han dado la razón. Adelantar la definición de candidaturas —aunque se les llame coordinadores, defensores de la transformación o se utilice cualquier otra figura— permite posicionar anticipadamente a quienes eventualmente aparecerán en las boletas.

Sin embargo, la fórmula que durante varios años resultó eficaz para Morena comienza a convertirse en un problema para el propio partido. La razón es paradójica: Morena se hizo demasiado grande.

Hoy es el partido con mayor presencia política del país y su marca posee un nivel de reconocimiento que convierte sus candidaturas en posiciones altamente atractivas. En distintas entidades, obtener una candidatura de Morena puede significar tener posibilidades reales de ganar una elección.

Ahí aparece el primer problema. El método de las encuestas, presentado durante años como una alternativa democrática frente al viejo “dedazo”, comienza a mostrar sus limitaciones. Mientras más atractivo resulta competir bajo las siglas de Morena, mayor es el número de aspirantes que buscan participar y más difícil se vuelve convencer a quienes pierden de que el procedimiento fue justo.

Además, existe una diferencia fundamental respecto de procesos anteriores: Andrés Manuel López Obrador ya no se encuentra activo políticamente para funcionar como árbitro de última instancia. Durante años, su liderazgo permitió contener inconformidades, disciplinar aspirantes y procesar disputas internas. El ejemplo más evidente fue la sucesión presidencial de 2024.

La pregunta ahora es quién puede desempeñar ese papel. La fórmula que intenta construir la dirigencia nacional busca precisamente administrar esa abundancia de aspirantes. El esquema pretende establecer filtros sucesivos que permitan reducir el número de participantes hasta llegar a quienes tengan mejores condiciones para competir. El conocimiento entre la ciudadanía se convierte así en un elemento fundamental para avanzar en el proceso.

Pero esto genera nuevas interrogantes. ¿Qué ocurrirá con quienes no superen los filtros? ¿Aceptarán el resultado? ¿Buscarán espacios alternativos? ¿Recibirán algún tipo de compensación política? Y, sobre todo, ¿quién tendrá la autoridad suficiente para disciplinar a quienes consideren que el procedimiento no fue equitativo?

Ese puede convertirse en uno de los principales desafíos de Morena rumbo a 2027. El problema no consiste únicamente en seleccionar a la persona más competitiva, sino en evitar que cada candidatura deje detrás un grupo de inconformes dispuesto a romper, negociar con otros partidos o trabajar en contra de quien resulte seleccionado.

Existe, además, otra dificultad que hasta ahora ha recibido menos atención: ¿cómo se regulan estas competencias internas? Si uno de los criterios para seleccionar candidaturas es el nivel de conocimiento entre la ciudadanía, los aspirantes tienen un incentivo evidente para promocionarse. Necesitan recorrer territorios, organizar reuniones, aparecer en medios, colocar publicidad y desarrollar estructuras que les permitan aumentar su reconocimiento. Todo ello requiere recursos.

El problema surge cuando no existe suficiente claridad sobre el origen y la fiscalización de esos recursos. ¿Quién financia la promoción anticipada? ¿Cuánto puede gastar cada aspirante? ¿Cómo se contabilizan esos gastos? ¿Qué ocurre con los apoyos provenientes de grupos económicos o políticos interesados en el triunfo de determinado perfil?

La ausencia de reglas suficientemente claras puede generar relaciones de compromiso antes incluso de que exista formalmente una candidatura. Quien invierte política o económicamente en un aspirante difícilmente lo hace sin esperar algún tipo de beneficio futuro.

Estas tensiones no se limitan a las gubernaturas. También comienzan a observarse en otros órdenes de gobierno. En Jalisco, por ejemplo, la competencia por Guadalajara permite anticipar lo que podría ocurrir conforme se acerque 2027.

Durante esta semana, el senador Carlos Lomelí anunció su intención de participar en la contienda interna de Morena por la presidencia municipal de Guadalajara. Pero está lejos de ser el único nombre. Figuras como Itzul Barrera, Chema Martínez, Mery Pozos y Mariana Fernández, por mencionar algunos nombres, forman parte de una lista creciente de perfiles que pueden aspirar a una candidatura particularmente atractiva.

La razón es sencilla: pocas veces Morena ha tenido condiciones tan favorables para disputar seriamente Guadalajara, posiblemente el cargo político más importante de Jalisco después de la gubernatura. Precisamente por eso habrá más interesados y, en consecuencia, mayores dificultades para procesar la competencia interna. Mientras tanto, las pintas de bardas, la promoción personalizada, los recorridos y las acusaciones entre grupos comienzan a formar parte del paisaje político.

Ahí está la paradoja. Durante años, Morena encontró en la anticipación una ventaja frente a sus adversarios. Comenzar antes, posicionar figuras y utilizar procesos internos para construir candidaturas le permitió llegar a las elecciones con buena parte del trabajo político realizado. Ahora, esa misma estrategia puede convertirse en una fuente de conflictos.