Por Redacción Conciencia Pública:

El senador Francisco Ramírez Acuña propuso eliminar las comisiones bancarias para comerciantes y ciudadanos obligados a utilizar pagos digitales, al advertir que la nueva legislación en la materia podría imponer costos adicionales a quienes todavía dependen del efectivo y carecen de conectividad suficiente.

Durante la sesión del Senado del 20 de octubre, el legislador del PAN presentó una reserva al artículo cuarto transitorio del dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Su propuesta fue rechazada y el proyecto aprobado se remitió al Ejecutivo federal. 

“Las leyes injustas son nocivas para la convivencia”, expresó al comenzar su intervención. Sostuvo que los vacíos legales favorecen la corrupción y la discrecionalidad, mientras que las incoherencias jurídicas incrementan los conflictos entre particulares y en su relación con el Estado.

Ramírez Acuña cuestionó que se pretenda exigir el uso de medios electrónicos sin resolver primero las deficiencias tecnológicas del país. Según su planteamiento, las redes de telefonía y los sistemas de internet todavía presentan limitaciones que dificultan realizar operaciones digitales en distintas regiones.

“La infraestructura para hacer realidad una economía digital es muy deficiente en casi todo el territorio nacional”, afirmó. A partir de ese diagnóstico, rechazó que una decisión administrativa pueda obligar a un sector económico a realizar todas sus transacciones mediante pagos electrónicos o transferencias.

El senador puso especial atención en las comunidades rurales, donde, señaló, persisten obstáculos para acceder a servicios bancarios y disponer de terminales de cobro. Consideró que los avances del sistema financiero no han conseguido extender estas herramientas a todas las zonas que las necesitan.

Como ejemplo de las dificultades operativas, mencionó las autopistas, donde denunció saturación en las casetas y fallas en los lectores de TAG. Argumentó que, cuando esos mecanismos no funcionan, el efectivo permite completar el pago y continuar el recorrido.

También advirtió sobre las condiciones de campesinos que compran combustible, pequeños comerciantes y vendedores de tianguis. Sostuvo que restringir los billetes y monedas sin garantizar alternativas accesibles podría complicar las actividades de personas cuyo ingreso cotidiano depende de operaciones en efectivo.

Otro de sus cuestionamientos fue el costo de las transacciones con tarjetas. El legislador afirmó que las instituciones de crédito resultarían beneficiadas por el aumento de operaciones sujetas a comisiones y acusó al gobierno de pretender ampliar la fiscalización de contribuyentes y trabajadores de la economía informal.

Para atender ese problema, propuso que las disposiciones de implementación contemplaran “la eliminación de las comisiones bancarias tanto a los prestadores de servicio como a los ciudadanos que se vean obligados a utilizar estos servicios materia de esta ley”. La adición buscaba que esa protección quedara expresamente incorporada al régimen transitorio.

El proyecto aprobado contempla que la Secretaría de Hacienda determine los sectores estratégicos y actividades en los que los medios digitales puedan convertirse en la única forma de pago, mediante una transición gradual. También permite utilizar efectivo o cheque cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos; por ello, su aprobación no equivale a una prohibición inmediata y general del efectivo. 

En defensa de la legislación, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, sostuvo que busca ampliar la inclusión financiera y facilitar las operaciones comerciales mediante herramientas como SPEI, CoDi y DiMo. El debate dejó planteada una diferencia sobre cómo extender su uso: mientras sus promotores destacan la infraestructura disponible, Ramírez Acuña reclama resolver primero las barreras de acceso y los costos para quienes deberán utilizarla.