Agua para Guadalajara: especialistas plantean al Gobierno de Jalisco el reúso industrial, vigilancia y un plan a 20 años

– La propuesta contempla inversiones por 103 mil millones de pesos hacia 2046; financiar las obras, medir sus resultados y proteger las fuentes de abastecimiento son los principales desafíos.

Por Redacción Conciencia Pública:

La crisis del agua en Guadalajara requiere una estrategia que combine obras, control de la contaminación, reúso y vigilancia de los recursos públicos. Esa es la ruta planteada durante el encuentro “Diálogo por el Agua en Jalisco”, que reunió a más de 80 especialistas y representantes de distintos sectores para discutir cómo recuperar la calidad y la continuidad del suministro en la metrópoli.

El Gobierno de Jalisco y el Consejo Consultivo del Agua acordaron instalar una mesa técnica para dar seguimiento a las propuestas y evaluar alternativas. El mecanismo busca mantener la colaboración entre autoridades, academia, empresarios y organizaciones, con una agenda que atienda tanto las necesidades inmediatas como los problemas estructurales del abastecimiento.

Rodrigo Navarro Guerrero, presidente del Consejo Consultivo del Agua, presentó un documento de aproximadamente 500 páginas y una propuesta de planeación para el periodo 2026-2046, con inversiones estimadas en 103 mil millones de pesos. El planteamiento permanece abierto a modificaciones y nuevas aportaciones; se trata de una ruta propuesta, cuyo desarrollo requiere definir proyectos, recursos y mecanismos de ejecución.

Una de sus recomendaciones centrales es dar continuidad a la política hídrica durante los próximos 20 años, por encima de los cambios de administración. Para ello, propone coordinar a la Federación, el Estado, los municipios y los organismos operadores, con responsabilidades definidas que permitan sostener las decisiones y evitar la interrupción de proyectos.

La prioridad planteada es garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento mediante un suministro suficiente, continuo, seguro y de calidad, especialmente para la población vulnerable. Bajo ese criterio, las obras deberían seleccionarse por su impacto en el abastecimiento, el número de beneficiarios, su viabilidad técnica, la relación entre costos y beneficios y sus efectos ambientales.

El seguimiento público constituye otro componente de la propuesta: establecer indicadores de calidad, continuidad, cobertura y eficiencia, acompañados de un informe anual y mecanismos de evaluación. Estos instrumentos permitirían contrastar los anuncios y las inversiones con los cambios efectivos en el servicio que reciben los hogares.

En materia de aprovechamiento, Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales, ofreció la colaboración empresarial mediante propuestas de reúso, entre ellas la denominada Línea Morada. La participación del sector industrial abre una vía para incorporar agua tratada a actividades que puedan utilizarla y reducir la presión sobre las fuentes destinadas al abastecimiento potable.

Como alternativa complementaria, Gustavo Figueroa Cuevas, delegado de la Comisión Nacional del Agua, planteó aprovechar volúmenes que las empresas tienen disponibles y no utilizan. Explicó que existen mecanismos de convenios y un listado de compañías que podrían incorporarse a una estrategia de suministro para comunidades, dentro de los compromisos del Acuerdo Nacional por el Agua.

La investigadora de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Livier de Regil, subrayó la responsabilidad compartida de las autoridades para garantizar agua de buena calidad y pidió involucrar a los hogares en su uso eficiente. César de Anda Molina, presidente del Consejo Consultivo para Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible, destacó a su vez que el problema es grave, viene de años atrás y requiere la participación de todos los sectores.

La protección de las fuentes también formó parte de los planteamientos. Alejandro Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala, solicitó que las inversiones incorporen mecanismos para conocer cuánto líquido se extrae realmente del lago y verificar que se respeten los volúmenes autorizados. Su petición coloca la medición y la conservación del vaso lacustre como condiciones para sostener el abasto metropolitano.

El principal pendiente señalado por Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, es el financiamiento. Consideró que las propuestas ofrecen una visión integral del agua, desde su ingreso al sistema hasta su tratamiento, pero advirtió que falta resolver cómo se pagará el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Entre los proyectos expuestos figuran esa conducción, estimada en cerca de 12 mil millones de pesos, y la modernización de la potabilizadora número 1, por siete mil 500 millones.

Frente a esas necesidades, el gobernador Pablo Lemus afirmó que asume la responsabilidad de atender la crisis: “No tengo por qué estar culpando para atrás. Yo quiero ver el presente, pero, sobre todo, quiero ver el futuro. Asumo mi responsabilidad”. Recordó la suspensión del uso de agua de Las Pintas y las investigaciones sobre descargas clandestinas, además de las obras en Miravalle y el bypass con bombeo en La Calera; para estas últimas acciones anunció un horizonte de operación entre marzo y abril de 2027.

Otra propuesta, presentada por José Palacios, presidente de la Fundación Guadalajara 500, fue reconsiderar una cortina de 105 metros para El Zapotillo. El empresario citó el estudio de UNOPS como sustento; sin embargo, ese documento evaluó distintos escenarios de altura, demanda y disponibilidad, con resultados sujetos a condiciones específicas. Su análisis técnico requiere distinguirse de una autorización vigente o de una garantía de abastecimiento bajo cualquier circunstancia. 

La revisión de El Zapotillo también tendría que considerar los compromisos de protección a Temacapulín, Acasico y Palmarejo: las adecuaciones de la presa y sus seis ventanas vertedoras se realizaron para evitar la inundación de esas comunidades. Este antecedente muestra el alcance del desafío: las alternativas para Guadalajara deberán evaluarse junto con sus costos, efectos ambientales y consecuencias sociales, mientras la mesa técnica convierte las propuestas en proyectos financiables y resultados verificables. 

Resumen editorial

• Proponen una política hídrica hasta 2046, con inversiones estimadas en 103 mil millones de pesos y continuidad entre gobiernos.
• Reúso industrial, aprovechamiento de volúmenes disponibles y medición de extracciones de Chapala integran las alternativas.
• El financiamiento de las obras y la evaluación pública de resultados concentran los principales pendientes.