MC vota contra reforma a la Ley de Derechos de Autor; advierte riesgos para internet y la libertad de expresión

Por Francisco Junco:

La protección de los derechos de autor no debe convertirse en un mecanismo para vulnerar la libertad de expresión, la privacidad de las comunicaciones o la neutralidad de la red. Bajo este argumento, el senador Clemente Castañeda anunció el voto en contra de Movimiento Ciudadano al dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer un régimen de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet.

Al fijar el posicionamiento de su bancada, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado reconoció la necesidad de combatir la piratería y el uso no autorizado de contenidos, así como de homologar la legislación mexicana con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, sostuvo que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal es desproporcionada y carece de certeza jurídica, particularmente por las obligaciones que pretende imponer a una industria estratégica como la de las telecomunicaciones.

Clemente Castañeda explicó que la bancada naranja identificó cinco aspectos que considera problemáticos en la reforma, varios de ellos señalados también por organizaciones de la sociedad civil.

Entre los principales cuestionamientos se encuentran la falta de diferenciación entre los proveedores de infraestructura de internet y las plataformas digitales, así como la posibilidad de que las nuevas disposiciones sean utilizadas para retirar contenidos de manera injustificada.

El legislador advirtió que exigir a los proveedores de internet vigilar todo lo que circula por sus redes resulta materialmente imposible y podría comprometer la neutralidad de la red, la privacidad de las comunicaciones y la seguridad digital de los usuarios.

También cuestionó que la reforma contemple la terminación del servicio como consecuencia de un incumplimiento, al considerar que esa medida no guarda necesariamente proporción con la gravedad de la infracción. Recordó que el propio T-MEC establece la necesidad de que las sanciones sean proporcionales a las conductas que se pretenden corregir.

Otro de los puntos señalados por el senador fue la posibilidad de que los mecanismos de retiro de contenidos sean utilizados de manera abusiva, ya sea para favorecer prácticas de competencia desleal o para restringir la libertad de expresión.

En ese sentido, alertó que una notificación infundada podría provocar la eliminación injustificada de publicaciones o contenidos digitales, por lo que consideró indispensable establecer procedimientos que garanticen certeza jurídica y equilibrio entre los derechos de las personas involucradas.

“Una notificación infundada podría utilizarse para remover injustificadamente contenidos o publicaciones. Cualquier mecanismo para proteger debería observar los principios de proporcionalidad, certeza jurídica y equilibrio entre los derechos de las personas que confluyen en el espacio digital”, señaló.

El cuarto cuestionamiento de Movimiento Ciudadano se relaciona con la definición del régimen de responsabilidad secundaria que se pretende establecer. La reforma plantea que los proveedores de servicios de internet podrían ser responsables por infracciones cometidas por sus usuarios cuando tengan capacidad de controlar la conducta infractora y obtengan un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.

Para Clemente Castañeda, el problema radica en que la iniciativa no define con precisión qué debe entenderse por un beneficio financiero directamente atribuible, lo que podría abrir la puerta a sanciones contra empresas proveedoras de internet por ingresos que obtienen de manera indirecta de las actividades de sus usuarios.

El quinto punto se refiere a la conducta concreta del proveedor. El senador sostuvo que la responsabilidad debe investigarse cuando el intermediario deja de desempeñar esa función para participar directamente en la conducta infractora, y no por el simple hecho de prestar un servicio de conectividad.

“Consideramos que la conducta del proveedor debe de ser investigada cuando éste deje de actuar como intermediario para participar en la conducta infractora. Por lo tanto, la regulación debe reflejar con claridad ese criterio y que no dependa de la sola prestación del servicio”, expuso.

El coordinador parlamentario afirmó que Movimiento Ciudadano advirtió sobre estas deficiencias desde la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados, pero acusó que la mayoría legislativa no atendió los planteamientos ni resolvió los problemas de fondo.

El senador insistió en que la discusión no debe centrarse en determinar si es necesario proteger las obras de las personas creadoras, sino en establecer cómo hacerlo sin generar afectaciones a otros derechos.

“Una reforma a un sector de este calado no puede plantearse usando al T-MEC solo de manera discursiva. Por su relevancia, por sus implicaciones, debemos ser cuidadosos también en la técnica”, sostuvo.

Reiteró que Movimiento Ciudadano considera necesaria una reforma para fortalecer la protección de los derechos de autor, pero insistió en que esta debe garantizar la libertad de expresión de quienes crean y publican contenidos en internet, además de respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y taxatividad.

La bancada naranja, concluyó, votará en contra del dictamen al considerar que la protección de las obras debe realizarse mediante una regulación clara, equilibrada y jurídicamente precisa, sin trasladar de manera indiscriminada responsabilidades a los intermediarios de internet.

Resumen editorial

• Rechazo a la reforma: Movimiento Ciudadano anunció su voto en contra de las modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor por considerar que podrían afectar la libertad de expresión y la privacidad digital.
• Cinco cuestionamientos: Clemente Castañeda advirtió sobre la falta de certeza jurídica, el retiro injustificado de contenidos y las posibles sanciones desproporcionadas contra proveedores de internet.
• Protección equilibrada: La bancada naranja pidió una regulación que combata la piratería sin vulnerar los derechos de los usuarios ni trasladar responsabilidades indiscriminadas a los intermediarios digitales.