La debacle institucional

Luchas sociales, por Mónica Ortiz:

Jalisco atraviesa este segundo año de gobierno con una crisis del agua que terminó por alcanzar al Gobierno del Estado y a los municipios. Ante la gravedad de las molestias y los daños que ha ocasionado la falta del vital líquido en los hogares y comercios, ya no existe manera de minimizar el problema ni de simular que se trata de una situación reciente.

Es una crisis que lleva años gestándose, mientras las autoridades dejaron de atender el deterioro del sistema y parecía cuestión de tiempo para que todo se viniera abajo. Cruzaron los dedos, esperando que el problema le estallara al siguiente gobernante, pero les tocó enfrentarlo.

En este contexto, y ante el riesgo de una mayor confrontación ciudadana, el Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro terminó reducido a un acto de trámite y entrega de documentos, sin la presentación pública del gobernador. Sin duda, esto representa un golpe político para Movimiento Ciudadano.

La crisis del agua en Jalisco no es nueva ni comenzó con el actual gobierno. Sus antecedentes se remontan a más de siete décadas de decisiones sobre el abastecimiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El propio SIAPA tiene 48 años de existencia y, desde hace décadas, existen señalamientos sobre el deterioro de su infraestructura. Desde 2016, las denuncias ciudadanas por agua turbia y con sedimentos se hicieron recurrentes.

No estamos frente a una contingencia inesperada, sino ante un problema estructural, con advertencias y diagnósticos que no fueron atendidos oportunamente. La mala administración, el desinterés de distintas administraciones gubernamentales y el uso indebido de los recursos públicos también forman parte de este deterioro, que permitió que el organismo se convirtiera en una caja chica y en un espacio de colocación política. Los servicios públicos son, sin excusa, responsabilidad de los gobiernos; no son favores, sino obligaciones que deben garantizarse.

Y cuando su abandono ocasiona daños a las familias y a los comercios, no basta con anunciar inversiones, repartir culpas o condonar recibos: debe existir una reparación del daño, bajo el principio de responsabilidad civil, para que quienes resultaron afectados no carguen con las consecuencias de las decisiones y omisiones de las autoridades. La ciudadanía tiene derecho a recibir agua limpia, suficiente y con la presión necesaria, pero también a exigir que se responda por los daños ocasionados.

Prácticamente no existe en Jalisco otro tema que ocupe tanto las columnas de opinión como esta terrible crisis del agua. Llevamos casi dos meses con el problema en el centro de la conversación pública, mientras las autoridades no han logrado contenerlo ni resolverlo. Tandeos, cambios en los calendarios de suministro y baja presión que, lejos de ayudar, provocan que el agua simplemente no llegue a las partes altas de las colonias. Ahora se suma la propuesta de condonar tres meses de servicio a 627 colonias, una iniciativa presentada ante el Congreso que todavía debe ser aprobada.

Aunque pueda parecer una medida para apagar el fuego político y social, debe entenderse únicamente como una reparación por los daños ocasionados a las familias afectadas, no como una solución a la crisis.

Lo que realmente tiene que suceder es que llegue agua limpia, debidamente tratada y con presión suficiente. Solo así podrán intentar nivelar el barco naranja, porque si algo ha demostrado la historia política de Jalisco es que sus alternancias son contundentes, directas y sin contemplaciones.

Y la cereza del pastel, sin dejar de hablar del SIAPA, fue el caso que terminó por exhibir el descuido y las prácticas internas del organismo: la polémica de Eli Castro, conocida públicamente como «Lady SIAPA». El asunto abrió cuestionamientos sobre los criterios de contratación, los salarios asignados, los perfiles profesionales, el uso de los recursos públicos y, sobre todo, la transparencia y la rendición de cuentas. Las investigaciones a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Anticorrupción deben avanzar y llegar a una resolución.

No se trata de un episodio menor ni de una polémica que pueda dejarse en el olvido; es un asunto que merece explicaciones y consecuencias si se acreditan responsabilidades. Porque también hay una forma de corrupción en la impunidad y en la falta de resultados de las instituciones encargadas de investigar. Es otro caso que alimenta el hartazgo ciudadano y confirma que el problema del SIAPA no está únicamente en las tuberías, sino también en la manera en que se han administrado sus recursos y se han tomado sus decisiones.

Resumen editorial

• Crisis estructural: La falta de agua en Jalisco exhibe décadas de abandono institucional, deficiencias administrativas y deterioro de la infraestructura hidráulica.
• Costo político: La crisis afecta al Gobierno de Pablo Lemus y a Movimiento Ciudadano, mientras la propuesta de condonar recibos resulta insuficiente para resolver el desabasto.
• Rendición de cuentas: El caso «Lady SIAPA» profundiza los cuestionamientos sobre contrataciones, manejo de recursos públicos e impunidad dentro del organismo.