– Por Gabriel Ibarra Bourjac

La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.

Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.

En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.

Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

LA ENTREVISTA

.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?

R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.

P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?

R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.

P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?

R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.

P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?

R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.

P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?

R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.

P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?

R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.

P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?

R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.

P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?

R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.

P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?

R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.

P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?

R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.

P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?

R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.

P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?

R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.

P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?

R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.

SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA

1- Creación de un solo comité de evaluación.

Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.

2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.

Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.

Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.

3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.

Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.

4- Número de aspirantes.

Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.

5- Vacantes.

En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.

6- Garantizar la paridad de Género.

Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.

– Por Raúl Cantú

El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.

En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.

“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.

En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.

Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.

Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.

En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.

Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.

El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.

Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.

“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.

En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.

Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.

– Por Diego Morales Heredia

Zapopan es la maqueta de lo que se vive en todo el país; conviven dos realidades opuestas: los fraccionamientos más exclusivos, pero también las colonias más olvidadas de la zona metropolitana. En medio de ese contraste, el regidor de Morena en el municipio, Mauro Lomelí, asegura que tiene un propósito claro: colaborar a eliminar la brecha social y económica que se vive en la ex villa maicera.

Con una amplia trayectoria en el servicio público, asegura que encontró su vocación: ayudar a la gente que más lo necesita. “Tengo una trayectoria trabajando toda la vida en el municipio, he tenido la oportunidad de tener varios cargos, secretario de Desarrollo Social, director de Participación Ciudadana, a nivel federal fui jefe de la División de Evaluación de Delegaciones del IMSS, a nivel estatal fui director de Conalep, entre otras cosas. Soy una persona convencida de que tenemos que ayudar a eliminar la brecha social y económica que vive el municipio de Zapopan”.

Para describir su participación en el ayuntamiento durante la actual administración, no lo duda, son una oposición que construye, abierta al diálogo, que hace cabildeo cuando consideran pertinente la situación, pero levantan la mano cuando consideran se está haciendo algo erróneamente.

“Hemos sido muy críticos, pero también muy conciliadores, hemos tratado de tender los puentes correctos, hemos hecho los cabildeos correctos para lo que creemos que está bien hecho pase y lo que está mal levantar la voz, pero no ser una oposición de opositodo, siempre construyendo y generando propuestas. Creo que vamos bien, hemos tendido puentes correctos, aunque el tema de los recursos, creemos que deben llegar donde las personas más los necesitan”.

Añadió: “Llevamos entre 75 y 80 colonias visitadas en un año, al término de este periodo, sin contar las iniciativas y puntos de acuerdo del presidente municipal y del síndico, somos los que hemos hecho más propuestas y presentado más puntos de acuerdo, más iniciativas, eso nos da mucho orgullo, estar pendientes y al frente de la coordinación de los regidores de Morena en Zapopan”,

REGIONALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El regidor de Morena considera que el reto de la administración pública local debe centrarse en regionalizar las políticas públicas, en lugar de diseñarlas para una “generalidad” que no refleja la diversidad social de Zapopan, ahí está la principal ventana de oportunidad para acortar la brecha social que existe en el municipio.

“Hay una ventana muy grande para generar políticas públicas y para podernos apoyar con el sector económico, una de las fortalezas del municipio es el sector económico, que es pujante y fuerte, creo que de ahí pudiéramos agarrarnos para hacer grandes alianzas, que se tengan mejores condiciones de vida en Zapopan, no debemos olvidar que según los datos del INEGI, el municipio tiene una tercera parte de la población en pobreza extrema, que 400 mil habitantes de un millón y medio están en esta condición”.

Agregó: “Las políticas públicas se tienen que desarrollar pensando en varios sectores sociales, no se pueden hacer políticas públicas para la generalidad de la población, tenemos que regionalizar las políticas públicas”.

EL DESGASTE NARANJA Y MORENA…

Para Mauro Lomelí, el hecho que Movimiento Ciudadano gobierne el municipio desde hace diez años es causa del desgaste que tuvo la sociedad con partidos como Acción Nacional y el PRI, sin embargo, ese mismo desgaste ya se refleja con el partido naranja, por lo cual, ahora asevera que Morena se convierte en una opción real y viable para encabezar un proyecto en Zapopan.

“Creo que Movimiento Ciudadano fue en su momento un partido que llega al poder a raíz del hartazgo que tiene la ciudadanía de partidos como el PAN y el PRI, al no existir una propuesta clara como lo es hoy en día Morena, la ciudadanía castiga a los políticos tradicionales, pero ya tienen un desgaste superlativo, está muy claro en qué sectores se han dedicado a gobernar”.

Subrayó: “Morena es el partido que representa a las clases populares, representa los ideales del progresismo con los cuales comulgo, soy un convencido que tenemos que trabajar para que las personas que menos tienen les vaya mejor, en esta dinámica, tenemos que unirnos con el sector empresarial para eliminar la brecha económica y social que vive el municipio, por eso estoy en Morena, para eliminar el rezago social que tiene Zapopan”.

MÁS TERRITORIO MENOS ESCRITORIO

Que a los zapopanos y al municipio le vaya mejor, es el objetivo que tiene Mauro Lomelí. Por eso, desde la fracción edilicia de Morena indica que tienen un lema: “más territorio, menos escritorio”, por eso, se ha puesto los zapatos y ha recorrido las colonias en Zapopan.

“Vamos a seguir trabajando con la principal política pública que tenemos en la regiduría, nuestro lema es trabajar más territorio y menos escritorio, vamos a seguir haciéndolo de esta manera, permanentemente con los ciudadanos, levantando la voz en el ayuntamiento y en el pleno sobre lo que tenemos que mejorar, sobre la injusticia que vemos en el territorio, en donde las colonias populares no tienen luminarias, en donde no cuentan con calles pavimentadas. Hay que seguir visitando las colonias para tener el diagnóstico preciso y claro de Zapopan”.

Además: “Me mueve buscar que los zapopanos vivan mejor, que tengan una mejor calidad de vida, me mueve ser padre de familia y buscar un mejor futuro para mis hijos. Tenemos que generarles mejores condiciones laborales, mejores condiciones viales, ordenar la ciudad, estamos dejando un caos a las nuevas generaciones, con desarrollos a diestra y siniestra sin que se contemplen estudios de capacidades y densidad poblacional, servicios públicos, por eso no hay agua, las redes están rebasadas, no revisaron los temas, las vialidades están colapsadas. Eso me mueve, darle orden a esto y que a las familias les vaya mejor, sobre todo a los que menos tienen”.

Para cerrar con la entrevista, el regidor de Morena adelantó que seguirán visitando las colonias en Zapopan y buscarán incidir en un mejor entorno para los ciudadanos del municipio.

“Nos presentamos, les decimos nuestros alcances, porque muchas veces no se tiene clara la labor de un regidor. Nos platican lo que viven, hay colonias completamente destrozadas, me enseñan videos de cómo los niños asustados en sus casas piensan que se los lleva la corriente, tenemos problemáticas de agua, está mal la distribución, tenemos muchos años con desorden y sin inversión en temas hídricos, tenemos que seguir caminando en esta dinámica”, puntualizó.

– Por Mario Ávila

Nadie mejor para conocer a los alumnos, que sus maestros; por lo tanto, la opinión de los maestros es relevante para encontrar las vías de solución al conflicto interno en la Universidad de Guadalajara y en Conciencia Pública recurrimos a dos maestros con varias décadas de experiencia y trayectoria universitaria para conocer sus sugerencias sobre la dimensión del problema y las posibles soluciones.

Se trata de Juan Manuel Negrete, maestro desde 1974 en la carrera de Filosofía en el CUCSH y ahora ya jubilado; así como Jorge García Domínguez, maestro en activo en la facultad de Derecho, en el mismo centro universitario.

Ambos coinciden en que la única solución está en el diálogo, pero plantean que el ejercicio debe estar encabezado por la rectora Karla Planter y no por el secretario General, César Barba Delgadillo; además de entrada se debe aceptar que son válidas algunas de las exigencias de fondo de parte de los disidentes, como el hecho de no sentirse representados por la FEU, ni en el seno del Consejo General Universitario, pero de cualquier manera se les debe dar espacio de expresión a las minorías.

Recuerdan que, a nivel internacional, con la declaración de la cultura de paz a través de la UNESCO, ya tenemos una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Jalisco, una buena opción que se trabaja desde el Instituto de Justicia Alternativa y esa experiencia se puede aprovechar para atender la problemática en la UdeG.

Particularmente, el maestro Jorge García Domínguez, hace un planteamiento central: “Yo creo que si no se hace un adecuado manejo del conflicto, que se puede hacer crecer el problema; si no son escuchados adecuadamente, si no se les da una representación a estas minorías, sin duda alguna el movimiento va a crecer y a mí sí me preocupa”, planteó.

Y abundó: “Me preocuparon esos momentos de violencia, me preocupó que hubiera encapuchados, porque esa es una señal de que va a haber violencia y así fue. Me preocupa también que detrás de esto pueda haber gente de la misma Universidad, haciendo estos movimientos como en el pasado”.

Pensemos -advierte-, que en nuestra universidad históricamente así ha sido, cómo se siguió el cambio de la transición de Ramírez Ludewig a Raúl Padilla, pues por las mismas razones, y entonces, también ahorita con ese vacío de poder que se está generando de quién llevaba las riendas de la universidad, se tiene que aprovechar ese cambio como ya lo dije, si queremos que sea positivo, tenemos que preocuparnos porque en este momento la rectora Karla Planter, ejerza la toma de decisiones directamente y tenga el respaldo del Consejo General Universitario y el Consejo de Rectores, de toda la red, que sea ella quien lleve las riendas, no alguien detrás del trono.

En el mismo sentido lo plantea el maestro jubilado Juan Manuel Negrete, quien apunta: “Yo creo que debemos respaldar a la rectora General, Karla Planter, ella debe sentir ese apoyo de su Consejo General Universitario, de su Consejo de Rectores y puede buscar entre los maestros, que sí los tiene, la gente más adecuada para poder manejar el conflicto, que escuche a los muchachos y que integre una comisión de diálogo para llegar a algunas conclusiones a través de un proceso restaurativo y no dejar crecer el problema”.

PIDEN RESPETO A LAS MINORÍAS

A la pregunta de qué tan válido o legítimo puede considerarse al pliego petitorio que entregaron los estudiantes disidentes en la manifestación del 23 de septiembre, en donde destacaban de fondo dos planteamientos que eran no sentirse representados por la FEU ni por el CGU y por lo tanto pedían la extinción de la primera y la cancelación de las elecciones para el segundo.

En respuesta, el catedrático, quien fue funcionario público en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña dijo de entrada que se están viviendo tiempos de cambio en la UdeG, desde la muerte de Raúl Padilla “y esto se debe de tomar como una oportunidad”.

Y expuso: “La rectora Karla Planter llegó de manera correcta al cargo y se debiera hacer todo lo posible por respaldarla, si es que queremos hacer un cambio correcto, un cambio donde quien tenga las riendas en todos los aspectos del poder de la Universidad de Guadalajara, que debe de salvaguardar su autonomía que la rectora, que sea la única, no que haya alguien detrás, como era antes, como se manejó por mucho tiempo; esa era nuestra universidad, ya se terminaron esos tiempos y ahora queremos defender la madurez, para que quien esté de rector, se le apoye y se le respalden en todas las decisiones”.

Y sobre la problemática de que los muchachos no se sienten representados por la FEU y demandan algún espacio, el académico aseguró con claridad que “si nosotros nos vamos a ejercer la democracia conforme están los reglamentos de la FEU y la normatividad universitaria, nunca van a ganar una sola posición”.

Sin embargo, estableció: “Pero si ponemos mucha atención, tienen razón, porque los cambios que se están sintiendo en la sociedad, a raíz sobre todo de la segunda década de este siglo con la reforma en derechos humanos y muchas otras leyes, sobre todo el último párrafo del artículo primero Constitucional, el gobierno y las instituciones, sobre todo públicas, tienen una labor muy fuerte, una responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos de las minorías a veces contra otras minorías».

«Es un paquete tremendo y por eso estamos viendo que, en todos los niveles de gobierno, están procurando cuidar la equidad de género, nos están representando las mujeres, se están abriendo espacios para personas con otra ideología de género, a los pueblos originarios se les está dando su lugar”.

Entonces -planteó-, si bien la normatividad universitaria no les permite conquistar alguna posición, el Consejo General Universitario lo puede resolver y puede darle espacio a estas personas que están pidiendo ser escuchadas y tener espacios en el propio CGU y en la FEU, para realmente ser escuchados y se sientan verdaderamente representados.

LOS TIEMPOS VIOLENTOS DEBEN SUPERARSE

Los hechos de violencia que se dieron desde la primera manifestación del 10 de septiembre a las puertas del edificio de la Rectoría preocuparon al maestro jubilado, Juan Manuel Negrete, quien tiene muy presentes en su memoria los hechos de violencia al interior de la Universidad.

Esa ha sido la característica propia de la UdeG -dijo-, yo tengo experiencia de violencia prácticamente desde que ingresé a estudiar en el año 1969, ya que en el año 1970 tuvimos la primera masacre a balazos en el Politécnico y de ahí para acá puede uno hablar desde muertes.

Yo lo que veo- abundó-, es que el movimiento va a crecer, yo veo que los muchachos están muy dispuestos a sostener esas banderas y hacerlas crecer, y aparte de eso, hay mucha expectativa también en la sociedad y al interior de la Universidad, porque no decirlo, hay miedo lo mismo entre el estudiantado como entre los maestros.

El propio maestro Juan Manuel Negrete hizo alusión a dos hechos que pueden considerase relevantes para deducir que no va por buen camino la solución al conflicto. Primero habló de la respuesta que dio a los manifestantes, el secretario General de la UdeG, el maestro César Barba “El Chicho”, cuando al entregar su pliego petitorio de entrada les descartó sus dos primeras peticiones que tiene que ver con la FEU y con el CGU.

Y ahí se acabó el diálogo -expuso-, es decir, simplemente no hubo diálogo, ya que los temas principales de entrada se los desechan y los asuntos menores ofrecen revisarlos, “entonces a qué venimos”, se podrían peguntar los manifestantes.

Eso a mi juicio -planteó-, revela una insensibilidad total del secretario General de la UdeG para tratar con esas ideas autoritarias a un grupo estudiantil que en efecto es una minoría, pero yo me pregunto, cómo se va a cerrar una institución educativa universitaria, a una postura de los propios muchachos a los que está formando.

Y el segundo tema que le causó cierto grado de expectación, al maestro Juan Manuel, fue una de las consignas principales que se gritaron en la marcha del 23 de septiembre, en donde en alusión al cambio de la FEG a la FEU, plantearon a grito abierto: “Nos prometieron que todo cambiaría: mentira, mentira, la misma porquería».

RECURRIR A DIÁLOGOS DE PAZ Y JUSTICIA RESTAURATIVA

Por la experiencia propia de la edad, pero además por su paso en cargo relevantes como la Dirección Jurídica en el rectorado de Carlos Briseño Torres y un cargo de primer nivel en el gabinete del gobernador, Francisco Ramírez Acuña, el maestro Jorge García Domínguez, planteó además la opción de atender el problema mediante los programas de diálogos de paz y la justicia restaurativa.

No nos olvidemos -dijo-, que se está publicitando mucho desde principios del siglo a nivel internacional, una declaración de la cultura de paz a través de la UNESCO y ya tenemos en la entidad una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, un tema que en Jalisco empezamos a trabajar desde el Instituto de Justicia Alternativa en el año 2011, incluso propiciamos que los particulares privados se certificaran como mediadores y por eso hoy por hoy, Jalisco está muy por encima de cualquier otro estado y cualquier otro país, porque la Ley General prevé herramientas muy importantes como son la justicia restaurativa.

En la universidad -abundó-, tenemos una defensoría de derechos universitarios, que para mi gusto con una disculpa para quienes han estado ahí que son mis amigos, nunca ha funcionado, los derechos universitarios son de todos académicos, administrativos y estudiantes, entonces quizá si un grupo considerable de estudiantes no se ven tan bien representados, se supone que tendrían que entrar ahí, porque es defender los derechos universitarios, y esos derechos son de todos.

Si hay un grupo -remató-, que está pidiendo ser escuchado, ser representado, creo que se tiene que manejar adecuadamente desde luego por la rectora, que es la que debe de dar la cara y después quizá, ya pueda señalar a los integrantes de alguna comisión, para que desarrollen sesiones de justicia restaurativa, de diálogos de paz, que los lleven a algunas soluciones, pero estos funcionarios universitarios deben de ser de un primer nivel y con facultades suficientes para llegar a acuerdos y aprobar soluciones que se puedan aplicar de inmediato.