Connect with us

ENTREVISTAS

Por COVID cuando menos se habrán perdido 150 mil empleos: Jalisco requiere 120 mil millones de pesos para su reactivación

Published

on

Compartir en redes:

Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La pandemia de Covid19 ha pegado con rudeza en Jalisco en estos más de 90 días de medidas restrictivas y cuando menos son 150 mil empleos los que se han perdido y para la reactivación económica para llegar lo que se tenía antes del coronavirus se requieren 120 mil millones de pesos.

Así lo expresa Juan Huerta Peres, Secretario Adjunto encargado del despacho de la federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), estimaciones que han hecho en razón de la información y análisis que le hacen a esta organización su grupo de expertos y asesores.

La situación económica que vive Jalisco, indica es muy crítica y se requiere el apoyo del Gobierno Federal al sector productivo de Jalisco, porque para lograr la reactivación de la economía no se cuenta con esos recursos económicos, es fundamental la participación de la federación.

En este contexto, considera que la buena política debe imponerse. No es momento de confrontaciones. “Para los jaliscienses es muy importante que el gobierno federal y el estatal transiten en un marco de institucionalidad, sin pleitos vanos que sólo desconciertan y generan incertidumbre entre la población”.

Los medios han destacado un distanciamiento entre el Estado de Jalisco y el Gobierno Federal, situación que no abona en nada a la necesidad que se tiene en estos momentos, donde se necesita aportar ideas y mecanismos para entre todos lograr una buena salida a este problema”.

De igual forma Juan Huerta considera que es necesario lograr una mejor coordinación entre la Universidad de Guadalajara y el mismo gobierno de Jalisco. “A veces se genera desinformación debido a las diferencias en los datos y propuestas que produce zozobra hacia el grueso de la población. Si todos transitamos el mismo camino… ¡Llegaremos más rápido y mejor!”, apunta.

LA ENTREVISTA

A más de 90 días de las medidas restrictivas que tomó el Gobierno de Jalisco, ¿Cómo le ha impactado al sector laboral del Estado? ¿Cuántos empleos formales se han perdido aquí?

Desde que se declaró Pandemia en febrero 28, el COVID 19 ha ido desarrollando un grave deterioro en nuestra comunidad y más porque en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, con responsabilidad y enfoque para salvaguardar la salud de los jaliscienses propuso el aislamiento tiempo antes que en otras partes, incluyendo la Ciudad de México, lo que suma ya una importante carga para empresarios y trabajadores que cada día cuantifica pérdidas millonarias en los negocios no esenciales al carecer de una correcta producción y venta de sus productos y servicios.

De hecho, los números nacionales señalan la pérdida de un millón 30 mil 366 plazas del IMSS en el pasado trimestre de marzo, abril y mayo, siendo tres veces esta cifra que la que se tuvo en el 2019 en estas mismas fechas. Esto, hay que interpretarlo con sus matices, ya que no podemos establecer que esto sea exacto, existe mucha desinformación y simulación, porque la Pandemia ha generado mucha incertidumbre… Para muestra un botón. Se ha venido dando información sobre la salud y contagios en México por el subsecretario Hugo López Gatell, que se contrasta en diferentes estados.

Afortunadamente se ve algo de luz en el camino con la reapertura parcial de negocios, que es como salir a la superficie y tomar algo de aire mientras se lucha por la supervivencia bajo el agua.

Las estadísticas marcan, según el INEGI, que el 99 % de las empresas en México son micro, pequeña y mediana empresas las famosas MIPYMES y son éstas las que más han resentido el golpeteo. ¿De cuánto hablamos? No se lleva una cifra exacta ya que los sectores primario, secundario y terciario, cada uno lleva sus cuentas y afronta sus propios problemas, sin embargo, existe la certeza de que la gravedad del problema ha llegado muy lejos con la falta de circulante entre las familias de Jalisco.

Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco son 67 mil 642 empleos formales que se han perdido por esta Pandemia a la fecha, de los 1,770,324 asegurados que tiene el IMSS en Jalisco.

Se ha venido manejando que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que el último trimestre marca en la zona metropolitana de Guadalajara un porcentaje de 3.4 de la Población Económicamente Activa (PEA) como desocupada.

En la misma encuesta se refiere que los informales suman el 40.6 %, dejando entonces al 18 % de este porcentaje sin trabajo remunerado, esto es que el 22 % de los que no obtienen prestaciones, ni un salario fijo están sin trabajo. Sabemos que a nivel Jalisco los números de informales suben y son casi el 60 % de los ocupados.

Hay que subrayar que no se tienen estadísticas exactas debido a que todas las fuentes de información han dejado de trabajar y por el COVID19 y es muy difícil obtener información real, pero debido a las relaciones de las centrales obreras y sindicatos con estas instituciones, se calcula que en Jalisco la pérdida al final por la Pandemia es de 120 mil empleos… nosotros creemos que será 150 mil o más.

Tres mil restaurantes y 286 bares han cerrado en definitiva en Jalisco… ¿Cuántas empresas de otros sectores tendrán un daño irreversible?

– De estas empresas que ya cerraron, ¿Cómo recuperarlas?

El sector turístico restaurantero y de bares, clubes y cines son de los más golpeados ya que por su naturaleza viven al día; con servicios y productos que invitan a la reunión, a la colectividad en base a la convivencia, todo lo contrario, al aislamiento que marcan los consejos de los expertos en Pandemia, que proponen la separación de los infectados para que no se propague el virus. Y aquí viene el problema… si no se hacen las pruebas, ¿cómo nos enteramos del número de personas, que sin saberlo ya tienen el COVID19 en su organismo, aún sin síntomas?

Debemos subrayar que incluso en Jalisco, nos reunimos los empresarios y trabajadores para elaborar una carta dirigida al Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador donde se le solicitaba su apoyo para la travesía de esta contingencia, con los principales puntos en favor de la economía de las familias de nuestro estado. La respuesta… nula hasta la fecha.

En esta misiva se le explicaba la necesidad de un circulante de dinero para que no se parara la economía por la inactividad de operaciones que iniciaba. Nunca se le pidió un rescate o regalo de parte del gobierno, entre otras cosas se le solicitó que se aceleraran los procesos de devolución de IVA y restaurar la compensación universal, por lo menos para el 2020.

Se destaca también el diferir las cuotas obrero-patronales y diferir la declaración del ejercicio del 2019 para las personas físicas y morales. Asimismo, permitir el pago de impuestos hasta en 12 mensualidades, suspender facultades de comprobación durante la contingencia y activación de inversión pública productiva en los sectores estratégicos.

Definitivamente la Federación debería apoyar con algo más que buenos deseos. Y finalmente cabe señalar que hay empresas que se recuperarán adaptándose o reconvirtiéndose, con apoyos e incentivos y buscando que la empresa se adapte o reconvierta para seguir viva y pueda mantener la planta laboral.

La UdeG considera que en lo más alto de la pandemia es un error abrir las actividades, con todo y una nueva normalidad… Considera que pueden generarse miles de muertes en Jalisco…

– ¿Cómo equilibrar la protección a la vida con la necesidad de la gente de trabajar, tener un ingreso y comer?

No hay opción, hemos visto como hasta ahora la gente sale de sus casas y no hace caso de las recomendaciones del gobierno… Y no lo hace porque quiera enfermarse, sino porque debe salir a trabajar y ganar el pan que llevará a la mesa de su familia.

Hemos visto en algunos cruceros personas vestidas de chef o con mandil diciendo que son meseros sin trabajo y ofreciendo sus productos. La plaza de los mariachis llena de compañeros buscando alguna oportunidad de trabajar en la noche. Albañiles, fontaneros, electricistas y un sin numero de personas que deben buscar su sustento diario. Tianguistas que no tienen otra forma de vida, sólo la venta de sus mercancías.

Definitivamente es un riesgo calculado, el que pueda quedarse en casa con su sueldo seguro, sus prestaciones sin menoscabo, que bien por ellos. La realidad es otra para aquellos que están en la informalidad o en micro empresas de 0 a 10 empleados. Si logran abrir, se encuentran que hay pocas ventas.

Situación muy difícil. Aunque claro, siempre estaremos acatando las resoluciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al igual que las de la Secretaría de Salud, para que todos nuestros agremiados se protejan y, al mismo tiempo, eviten el contagio de los demás con las normas de seguridad que ya conocemos.

¿Qué tan flexibles han sido ustedes con los empresarios y el gobierno para juntos salir delante de esta pandemia sin precedente en los tiempos modernos?

En estos tiempos el nombre del juego es la adaptación, debemos estar conscientes de que vivimos otra realidad, no podemos hacer lo mismo que hace muchos años funcionaba. Ahora la flexibilidad para los acuerdos y entendimiento para tener un mismo objetivo entre patronos y obreros debe privilegiarse para con unidad cumplir las metas necesarias de producción y competitividad que a la larga ofrece una mejor vida para todos.

Es por eso que se realizó una firma de acuerdo entre el sector patronal y los trabajadores, para que el diálogo y la concertación estuvieras siempre presente en nuestro estado, evitando huelgas innecesarias, privilegiando el dialogo para llegar a buenos convenios para ambas partes

Y ahora hemos participado en todas las mesas que ha convocado el gobierno del estado con miras a la reactivación económica.

El gobernador Enrique Alfaro anunció que destinarán 8,200 millones de pesos para reactivar la economía en cada rincón del Estado, desde los pequeños negocios y las grandes empresas, hasta el campo y una ruta histórica de infraestructura y obra pública.

A través de una consulta con los principales actores económicos del estado de Jalisco, el gobierno que encabeza Enrique Alfaro validó la necesidad de solicitar un préstamo por $ 6,200 millones de pesos para atender las necesidades de servicios y obra para nuestro estado, destinando apoyos importantes para los sectores estratégicos.

Se hizo un ejercicio de proyección donde por ejemplo al hablar de uno de los 4 detonadores estratégicos como la construcción, se manifestó que se produce un efecto multiplicador de la economía ya que ésta genera una mayor demanda directa en el comercio al menudeo. Y se especifica que esta inversión será aplicada a todos los municipios de Jalisco.

JALISCO NECESITA 120 MIL MILLONES PARA SU REACTIVACION

Pero si vemos las cifras que se han manejado para que realmente se pueda tener una reactivación como la que se tenía hasta antes del COVID19, nos indican que se necesitan alrededor de 120 mil millones de pesos para lograrlo. ¿Dónde se puede obtener una cantidad de esta magnitud?, con recursos propios, queda claro que no. Es por eso que insistimos en la urgente necesidad de la intervención de la federación para que otorgue un porcentaje en este sentido.

¿Qué lecciones nos deja esta epidemia de COVID?

Que ahora tenemos una nueva realidad donde debemos adaptarnos más que nunca al cambio y ser lo suficientemente audaz para que a través de ideas nuevas se puedan solucionar los problemas que se presenten. El cambio climático, la revolución digital, el uso de las inteligencias artificiales y las tecnologías modernas así nos lo exigen.

Requerimos un sindicalismo acorde con nuestros tiempos, con gente más preparada, para tener ahora obreros inteligentes que puedan tomar decisiones técnicas y no solo sean fuerza motriz.

¿Ustedes seguirán protegiendo a los empleados vulnerables en este periodo de reinicio gradual de actividades?

Esa es una de las funciones de los sindicatos… buscar la mejor manera de ayudar a la gente que por alguna manera no puede trabajar de acuerdo a sus capacidades y experiencia.

En estos días se sigue teniendo charlas con el sector patronal para que, en la medida de sus posibilidades, se sigan pagando porcentajes de sueldos, flexibilidad de horarios y el trabajo en casa cuando sea posible.

Ojalá que pronto se pueda trabajar con mejores perspectivas. ¡Y por supuesto que apoyamos y protegeremos a los empleados vulnerables!

ENTREVISTAS

Contraloría, Fiscalía Anticorrupción y Auditoría Superior deben investigar manejo perverso de comunicación institucional, pide diputada local morenista Erika Pérez

Published

on

Compartir en redes:

Por Diego Morales //

Las instancias encargadas de transparencia y la rendición de cuentas deben investigar el manejo perverso y corrompido de la comunicación institucional que hace el Gobierno de Jalisco con adjudicaciones directas que han hecho a tres empresas, Eutzen, Indatcom y La Covacha, como lo han documentado las investigaciones de los periodistas de NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez.

La Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal, así como la Auditoría Superior del Estado, deben investigar estas denuncias, ya que son cientos de millones de pesos que han recibido estas empresas de dinero que proviene de los impuestos de los jaliscienses, plantea la diputada de Morena en el Congreso del Estado, Erika Pérez García.

De la misma forma, apunta, se debe llevar a cabo una auditoría de costo-beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno del Estado.

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad”, considera la legisladora de Morena entrevistada por Conciencia pública.

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos”, señala y considera que este tipo de prácticas además de denigrantes, van en sentido contrario al desarrollo democrático.   

LA ENTREVISTA 

– ¿Qué opinión le merece esta investigación y denuncia pública que han realizado los periodistas del diario NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez sobre las empresas de comunicación preferidas por el actual gobierno den Jalisco (Indetcom, Euzen y La Cobacha) que se dedican a atacar a líderes opositores y periodistas críticos a través de granjas de bots desde el anonimato?

Es una investigación puntual, bien documentada que nos revela que en Jalisco al gobierno estatal no le preocupa tener una comunicación social efectiva con los jaliscienses. 

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad.   

Los gobiernos de Movimiento Ciudadano han pervertido y corrompido la comunicación institucional. 

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos. 

Esto se logra gracias a la falta de transparencia y auditoría del trabajo que realizan las empresas privadas de marketing, imagen y producción de campañas, mismas que se contratan para llevar la comunicación de los gobiernos.  Es un punto que hay que legislar.  

LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El utilizar recursos públicos para hacer campañas de ataque desde el anonimato además de ser un delito, es un atentado a la democracia y al estado de derecho… ¿Qué se puede hacer desde el Congreso del Estado para evitar este tipo de prácticas tan denigrantes y oprobiosas atentatorias a los derechos humanos?

Primero que nada, hay que exhortar a las instancias encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas que investiguen y exijan el cumplimento de la ley. 

A la Auditoría Superior del Estado pedirle que investigue la legalidad de cada contrato que se adjudicado a las empresas Euzen, Indatcom, La Covacha, además que se lleve a cabo una auditoría de costo – beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno. 

La Contraloría Estatal deberá revisar si hay conflicto de interés, tráfico de influencias para obtener los contratos millonarios que ha ganado Euzen, Indatcom, La Covacha.

Al Instituto de Transparencia pedirle que exija puntualidad en la actualización y publicación de toda la información pública que deben tener expuestas en sus páginas el Gobierno del Estado y ayuntamientos, que hayan contratado los servicios de Euzen, Indatcom, La Covacha.

LA GUERRA SUCIA NO BENEFICIA A LA SOCIEDAD

Dichas empresas han sido señaladas de instrumentar campañas de ataques y descalificación en elecciones en diversos estados contra opositores… ¿Debemos acostumbrarnos a esas campañas de lodo utilizando recursos públicos?

La guerra sucia no beneficia a la sociedad. La gente está cansada de la manipulación mediática que este tipo de empresas de comunicación quieren imponer para influir de manera negativa en la opinión pública.

Afortunadamente tenemos una sociedad cada vez más informada y ya no es tan manipulable y ustedes lo pueden ver, hoy los usuarios de redes sociales identifican muy rápido las noticias falsas y desactivan su potencial daño en la opinión pública. 

NTR Guadalajara documentó la entrega de 660 cheques que suman pagos por 316 millones de pesos que les han pagado los gobiernos de MC a estas tres empresas… pero no hay transparencia…no se sabe qué hacen estas empresas, si realmente desquitan lo que se les paga…

Por eso insisto la Auditoría Superior del Estado debe hacer una investigación al respecto donde se analice el costo beneficio de las campañas y proyectos de comunicación que las empresas entregaron al Gobierno estatal.  

Las campañas que realizan estas empresas no son exclusivamente para difundir actividades de gobierno, lo hacen para generar tendencias en posicionamientos políticos del gobernador Alfaro…

Es delicada esta situación, porque en Euzen, Indatcom y La Covacha recayó la responsabilidad de la estrategia estatal de comunicación para la prevención de COVID-19. 

Por investigaciones periodísticas del Diario NTR sabemos que en marzo la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) les pagó más de 2.7 millones de pesos, en contratos adjudicados de manera directa, cuyo contenido a pesar de ser información fundamental, no se transparenta. 

Y tenemos como ejemplo el manejo que se da a la comunicación social para prevenir el coronavirus, las campañas se enfocan en posicionar a Enrique Alfaro y sus aspiraciones políticas y no en una comunicación asertiva que informe y oriente a la ciudadanía, es por eso hay tanta confusión en las medidas de prevención que ha comunicado el gobierno respecto a la pandemia. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN NACIONAL

Gran parte del presupuesto de publicidad estatal se destina para proyectar la figura política de Enrique Alfaro a nivel nacional…

Por un reportaje periodístico nos enteramos que, en mayo y agosto del año pasado, el Gobierno del Estado firmó contratos por más de 61 millones de pesos para tener presencia en medios de comunicación nacionales y este año pese a la crisis de salud y economía que vivimos en Jalisco, más que comunicación social, se destinó a propaganda 108 millones de pesos a medios. 

La construcción del proyecto político de Alfaro es de contraste con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso busca el impacto nacional. 

Y no olvidemos que Enrique Alfaro es parte del grupo de los ocho gobernadores en su mayoría panistas que forman un equipo enfocado a golpear y demeritar el proyecto de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

Y lo constatamos desde los primeros días del Gobierno de Alfaro, recordemos que creó una cortina de humo, especulando que el gobierno federal “no entregaría un presupuesto digno para Jalisco”.

En el tema de la pandemia ya todos conocemos la historia; Enrique Alfaro ha jugado el papel de “víctima”, ante las decisiones federales que se toman para el manejo de la emergencia sanitaria, y él creó esta percepción de victimismo, para adelantar la supuesta estrategia estatal de contención del COVID-19 una semana antes que la estrategia federal. 

El caso más reciente y descarado es haber señalado que desde los sótanos del poder en la Ciudad de México se organizaron las violentas manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio por el asesinato del joven Giovanni, dejando de lado su responsabilidad al dar la orden de hacer uso de la fuerza pública a quien no portara cubrebocas.

LEGISLAR DISCRECIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Una investigación periodística del Blog Partidero muestra que en marzo se destinaron más dinero a pauta publicitarias que a la adquisición de pruebas para detección de Covid19, fue un contrato de 26 millones 451 mil pesos, mientras que asigna 23 millones 490 mil pesos para la compra de 12 mil pruebas PCR… ¿Pareciera el mundo al revés?

Es la confirmación de que tenemos un gobierno estatal insensible a las preocupaciones y prioridades de las y los jaliscienses, aquí su prioridad no es la salud del pueblo es la imagen del gobernante. 

La discrecionalidad en el gasto del erario público es un tema que también debemos legislar. El dinero público debe estar en una caja de cristal para que la gente conozca el destino de cada peso que aporta con el sudor de su frente.  

¿Qué puede hacerse desde el Congreso del Estado para evitar que use recursos de los jaliscienses para la promoción política del Goberandor a nivel nacional?

Primero que se cumpla la reglamentación que ya existe, el Gobierno del Estado se debe apegar a lo que marca la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco que es puntual al establecer criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género. 

Si hay una laguna legal en cuanto al gasto discrecional vamos a poner manos a la obra para presentar las reformas necesarias y evitar la opacidad y corrupción en el gasto del dinero del pueblo.

Ha trascendido que la fracción legislativa de Morena tiene una iniciativa de ley que vendría a poner fin a este manejo discrecional de recursos de comunicación que se utilizan como zanahoria y/o garrote para premiar lealtades y castigar a los medios críticos que los ponen en una lista negra…

Tenemos que legislar para acabar con la corrupción y el mal manejo de la comunicación social en Jalisco.

Ya existe a nivel federal la Ley General de Comunicación Social que se publicó el 11 de mayo de 2018. Y en sus transitorios obliga a los congresos locales a armonizar la ley en cada estado.

Ya en la pasada legislatura hubo una iniciativa para que Jalisco tuviera su propia ley de Comunicación Social (presentada por Kumamoto) sin embargo, fue rechazada. 

Hoy tenemos una propuesta que presentó que encabezó mi compañera diputada Norma Valenzuela y nos sumamos como fracción, en la que se prevé que la inversión en medios para comunicación social sea equitativa, sin embargo, Morena tiene enfrente a las bancadas de MC y PAN que protegen los intereses del Gobierno estatal y no es sencillo colocar el tema en la agenda legislativa. 

Por mi parte hay el compromiso de revisar las iniciativas existentes y presentar una propia que venga enriquecer las propuestas que ya están en comisiones, necesitamos garantizar que todos difundan las acciones de gobierno sin importar su línea editorial sino el alcance de su público.   

El pasado año se destinaron 134 millones de pesos en gasto de comunicación social del Gobierno de Jalisco y hasta mayo de este año han gastado 108 millones de pesos, cuyos principales beneficiarios son los medios televisivos, radiofónicos y prensa de la Ciudad de México…

Esto evidencia que no hay una comunicación social en la que se informe a la sociedad de lo que hace el gobierno: campañas de salud, educación, empleo etcétera. Lo que tenemos es una campaña de posicionamiento de la imagen del Gobernador, que evidentemente en nada beneficia a los jaliscienses.  

Se debe investigar el posible desvío de recursos públicos en el Gobierno estatal, es una prueba de fuego para el Sistema Estatal Anticorrupción y para la Contraloría Estatal, aquí se evidenciaría su capacidad e independencia para hacer cumplir la ley. 

En caso de que haya desvío de recursos federales entonces tendría que intervenir la Auditoría Superior de la Federación, incluso la Secretaría de Hacienda.

Continue Reading

ENTREVISTAS

Congelada la reforma 2.0 del Sistema Estatal Anticorrupción: Académico Jesús Ibarra

Published

on

Compartir en redes:

Por Mario Ávila //

Una reforma “descafeinada” es lo que menos necesita Jalisco en la lucha contra la corrupción, de ahí que desde el Comité de Participación Social se empuje la Reforma 2.0 y el principal promotor es el académico del ITESO, Jesús Ibarra, a la vez integrante del CPS del Sistema Estatal Anticorrupción.

La propuesta de la reforma se trata de recuperar las cosas que no se hacían, que no se aceptaron o que no se incluyeron en el 2017, cuando se implementó el sistema nacional y se obligó a los estados a tener un sistema local; en el 2017 hubo unas mesas a las que convocó el entonces el gobernador Aristóteles Sandoval, invitaron a organizaciones, a universidades y la reforma salió se instaló el sistema, sin embargo muchas cosas quedaron fuera, tal cual no se aceptaron.

De ello habló con lujo de detalles el académico Jesús Ibarra, quien detalló que esas y otras observaciones sobre la marcha, se han venido cocinando durante todo el 2018 mientras se estuvo implementando el sistema, y una parte del 2019.

La reforma -dijo-, como recordarás consistió en ocho mesas en donde se discutían varios temas relacionados para incluir lo que se marginó en el 2017 y para eficientar el sistema. Por ejemplo, en el 2017 no se incluyeron las cosas que dolían a los grupos de poder en temas de corrupción”.

Una muy importante -abundó-, perseguir el dinero fruto de actos de corrupción. Para ello se proponía una unidad de inteligencia financiera a nivel local y eso no pasó, a cambio de ello aprobaron que hubiera una Fiscalía Anticorrupción supuestamente autónoma, pero lo que no pasó es que esa Fiscalía tuviera una Unidad de Inteligencia Financiera para investigación de hechos de corrupción, porque se supone que agarran tu cuenta bancaria y empiezan a rastrear el dinero y eso no pasó, por lo cual no puedes seguir la huella del dinero, no puedes recuperar activos, ni tampoco puedes acusar y condenar ante un juez, por varios de los delitos por hechos de corrupción, por ejemplo enriquecimiento ilícito”.

El académico expuso: “Si tú ante el Ministerio Público no le demuestras que equis persona se enriqueció ilícitamente con tales y cuales propiedades, con ciertas cuentas bancarias y con dinero en efectivo, el juez jamás emitirá una condena por enriquecimiento ilícito. Y como ese delito, varios más que no se podrían comprobar desde la Fiscalía, por ejemplo, tampoco el cohecho, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, que son delitos difíciles de probar si no sigues la huella del dinero”.

Y ahí qué puede hacer la Fiscalía, pues recurrir al uso indebido de atribuciones, quien firmó mal el contrato que es lo que se ha hecho al vincular a proceso por ese tipo de delitos que no llegan a los grandes corruptos, a los autores de las tramas y solo se detienen a los ‘chivos expiatorios’, detienen al de compras porque firmó el contrato, detienen al que hizo el depósito, detienen al que pagó, pero a los jefes no se les puede comprobar nada”, planteó.

Y abunda: “En ese tema, recuerdo que tampoco se aprobó el delito contra la ordenación al desarrollo territorial y urbano, porque se sabe que ahí hay una corrupción rampante entre constructoras, gobiernos, municipios, notarios, todo mundo está metido ahí. Pero imagínate, que el fiscal descubriera que efectivamente se cambió indebidamente el plan parcial de desarrollo urbano de un municipio; se autorizó que fuera para uso urbano cuando estaba prohibido porque era una zona protegida. Incluso aunque el fiscal lo demuestre, eso no es delito, ahí está la cosa, no puede ser que la corrupción urbanística no sea delito”.

En una situación de esta naturaleza, cuando mucho van a sancionar administrativamente a los empleados del municipio que cambiaron el uso de suelo, va a poner sanciones administrativas a las constructoras que participación indebidamente”, expuso.

Tal fue el caso de los más de 200 edificios que se construyeron en Guadalajara en los gobiernos de Jorge Aristóteles y Ramiro Hernández, y a la llegada de Enrique Alfaro simple y sencillamente los regularizó con una simple multa.

Así es, ese no es un delito, solo se paga con una simple multa y cuando mucho pudieron haber sancionado administrativamente a algún funcionario, cuando lo ideal eran las demoliciones para proteger al medio ambiente, pero no se hizo. Esos detalles son los que abordan la Reforma 2.0”, precisó Jesús Ibarra.

En concreto, el atorón para que esto fluya está en el Congreso del Estado, en particular en la comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que preside Mirza Flores Gómez, en donde se ha trabajado arduamente, pero sin resultados concretos.

Puntualizó el académico que la primera mesa fue para tratar la necesidad del comité coordinador; la segunda sobre adquisiciones y contrataciones y la tercera sobre integridad empresarial en donde planteaba que solo se entregaran contratos a empresas que tuvieran sistemas de auditoría antisoborno.

Esta propuesta de reforma 2.0 se entregó al Congreso del Estado en el mes de diciembre del 2019 y de esa fecha para acá no se ha sabido nada, aunque la diputada Mirza Flores asegura que está en vísperas de la dictaminación.

Continue Reading

ENTREVISTAS

A mediano y largo plazo se verá reflejada la lucha anticorrupción: Epidemia de COVID frenó programas regionales, advierte Lucía Almaraz

Published

on

Compartir en redes:

Por Diego Morales //

A pesar de que la corrupción les lleva décadas de ventaja, se ha venido trabajando para erradicarla, así lo indica Lucía Almaraz, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, quien acepta que aunque la percepción es que los procesos transitan en lentitud, son apegados a la ley y se verán reflejados los resultados en el mediano y largo plazo.

Y aunque este ha sido un año atípico, destaca que han tenido que irse adaptando a la nueva normalidad para involucrar a todos los ciudadanos en la elaboración de la política pública para el combate a la corrupción.

Diciembre no lo contamos porque es un periodo de navidad y todo eso, enero es complicado pero arrancamos, pero en marzo aparece el tema de COVID19. Pero tenemos que replantear las acciones desde el Sistema Estatal Anticorrupción poniendo el ejemplo, ahora que trabajamos con la política estatal anticorrupción teníamos como objetivo salir a las regiones para ponerle voz y rostro al sistema, dejar la comodidad de la Zona Metropolitana para ir a conocer las necesidades de las regiones para la conformación de esta política”.

Agrega: “De tal forma que la dinámica tuvo que cambiar para que fuera una consulta en línea, invitando a todo ciudadano interesado en participar para la elaboración de la política pública, queremos sobre todo que en este sentido sea de todos y no se elabore desde un escritorio, uno de los grandes cambios que llevamos a cabo. Sabemos que en el tema de corrupción hay todo por hacer, somos un sistema joven, sabemos del compromiso que implica ser integrante del sistema”.

LA ENTREVISTA

¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción? La gente es incrédula de su funcionamiento…

El sistema apenas va para tres años, es joven, la corrupción nos lleva décadas de ventaja, incluso ha mutado, ha evolucionado. El sistema particularmente tiene como propósito coordinar a las instancias que ya existían antes del sistema, la Contraloría, el ITEI, el Consejo de la Judicatura que tenemos los ojos en él, el Tribunal de Justicia Alternativa y la recién creada Fiscalía Anticorrupción. El alcance que tiene el sistema es coordinar a esas instancias que ya existían y que además ya realizaban esfuerzos en materia de combate a la corrupción y ahora se conjuntan. El beneficio es que las autoridades ahora sí tienen diálogo entre ellos”.

En la agenda de la reunión que tendrán este jueves del Consejo del Comité de Participación Social está el seguimiento a IPEJAL por compra de medicamentos milagrosos, el nombramiento a los consejeros de la judicatura que hizo el Congreso del Estado y la investigación del caso Giovanni López así como la represión a estudiantes… ¿Qué hay al respecto?

En el caso de los productos milagrosos adquiridos por Pensiones del Estado, este tema lo traemos desde abril, ya informamos cuáles fueron las acciones de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, se presentó una denuncia y se realizaron diligencias, está en el proceso de obtener mejores datos. Acordamos ir más allá, pedir información al órgano interno de IPEJAL.

En el caso de la designación de los tres consejeros de la Judicatura, no nos quedaremos en la indignación, emprenderemos acciones, son carreras de largo aliento en la carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un proceso que no es pronto, pero queremos sentar un precedente, ojos que hagan un zoom en procesos de designaciones, sobre todo los que pasan por el congreso. Y en el caso de Giovanni ya pedimos la información a la Fiscalía Anticorrupción, no nos han respondido, es un tema amplio, nos pidieron prórroga, pero son temas que no vamos a soltar”.

¿Cuáles son sus alcances contra la corrupción?

Nosotros atendemos dos aristas de la corrupción, una que tiene que ver con el tema preventivo, estar observando la transparencia, que no haya corrupción. También se atiende la parte punitiva o de sanción, que tiene que ver con que ya existe la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y será quien le esté dando seguimiento a las carpetas de investigación. Como sistema, realizamos recomendaciones, está diseñado más en la parte de insumo técnico. Nuestros alcances son en el ámbito técnico, preventivo”.

La impresión es que pareciera que es lenta la prevención para frenar actos de corrupción, como el caso de compras directas. ¿Cómo hacer para que esto sea más rápido y acotar a los corruptos?

Entiendo esta postura, en el caso de adquisiciones directas a veces hay la justificación que la propia ley da, pero a quién le toca revisar inmediatamente es a la Contraloría, qué pasa con el tema de por qué son tan lentos, es porque la ley nos va marcando tiempos, hay un obstáculo que superar en materia legislativa y regulatoria. También, es complicado por parte del sistema entrarle al tema, va por pasos, entra la Contraloría, se denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción o se va al Tribunal de Justicia Administrativa que también tiene sus tiempos. Creo que esto es una inquietud general de los jaliscienses de por qué no somos tan rápidos, pero los tiempos procesales se deben agotar. Tal vez la respuesta no satisface, porque como ciudadana también hago esos cuestionamientos, pero cuando entramos nos damos cuenta de esto”, puntualizó.

Continue Reading

Tendencias

Copyright © 2018 Conciencia Pública // Este sitio web utiliza cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.

Privacy Policy