– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.

En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.

Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.

¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.

Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.

La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.

Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.

Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.

La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.

¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?

Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.

La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.

En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?

La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.

Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.

¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?

Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.

En X @DEPACHECOS

Edición 797:

-Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Es increíble lo normalizada que está en México y, particularmente, en Jalisco, la crisis humanitaria de la desaparición de personas. La posibilidad de que una familia sufra este terrible episodio es cada vez mayor. El terror que el crimen organizado busca infligir a la sociedad para mitificarse y causar pánico en la población va más allá de lo impensable.

No obstante la inmensa cantidad de personas desaparecidas actualmente, la crisis también contempla el papel de las autoridades, que minimizan esta problemática para evitar que la percepción ciudadana les afecte políticamente. Hoy tenemos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizan la labor de presión y de búsqueda que las autoridades deberían hacer.

El hallazgo en la colonia Las Agujas, en el municipio de Zapopan, es para visibilizar, pero la sociedad ya no se extraña de la noticia. Se ha vuelto un tema tan recurrente que hay más indignación por los escándalos del SIAPA que por una de las cinco fosas más grandes en Jalisco; la magnitud es lamentable.

Esta fosa clandestina, con más de 200 bolsas de restos humanos, fue descubierta a un costado de un centro universitario debido a los trabajos de una constructora para fraccionar. Contiene restos humanos que datan de 2022 a 2024, y su hallazgo se logró y hoy cuenta con la colaboración de colectivos locales, la Comisión de Búsqueda Nacional y las autoridades locales. Estas últimas, evidentemente, aparecen después de que los colectivos realizan su labor. Cabe resaltar que incluso los noticieros reportan estos sucesos de manera normalizada.

La lamentable crisis de la desaparición de personas, aunque multifactorial, en su gran mayoría es consecuencia directa de la delincuencia organizada. Una fosa clandestina es, evidentemente, el crudo resultado del sacrificio humano que los cárteles locales realizan para ostentar su poder, tanto internamente en sus estructuras como hacia el exterior. Sin embargo, en este 2025 y siendo conscientes de la violencia que azota a nuestro país y de la arraigada cultura del narcotráfico, como sociedad, nos encontramos sumergidos en la normalización de la violencia extrema.

No contamos con las herramientas políticas o gubernamentales necesarias para garantizar la vida de las personas y evitar que nuestra entidad esté cercada por fosas llenas de restos humanos y familias sumidas en el inmenso dolor de la búsqueda de sus seres queridos. Lo que es innegable es la indolencia de las autoridades y de la misma sociedad ante esta cruda realidad.

Hagamos memoria. Que la indignación dure hasta el tiempo electoral. Que los escándalos de la clase política no generen más polémica que los hallazgos de restos humanos, hoy mal llamados «inhumación clandestina». Ante la crueldad de la desaparición de personas, que son hechas pedazos y colocadas en bolsas, el término «inhumación» tiene un concepto distinto. Hasta los nombres de estas situaciones los hemos llevado a la normalización de la violencia cruda.

Casos como el de los desaparecidos en Lagos de Moreno en agosto de 2023 —Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo— y la desaparición de un grupo de ocho trabajadores de dos call centers en Zapopan, Jalisco, también en 2023, encontrados en el fondo de una barranca en bolsas negras, son ejemplos que deben recordarse al encontrar una fosa de restos humanos como la de Las Agujas. No es normal que esto suceda, ni antes ni ahora, en un estado tan emblemático como lo es Jalisco, referente histórico de México para el mundo.

Sin duda, es una responsabilidad compartida. La sociedad normaliza la narco-cultura en el país, ignora la violencia en la que nos desarrollamos como comunidad y cierra los ojos, bajo la creencia de que estas terribles y crueles situaciones no le competen porque no son parte de una vida que se desenvuelva en ámbitos criminales. Sin embargo, acepta los narcocorridos, idolatra a quienes conoce y se relaciona con personas que pertenecen al crimen organizado, y guarda silencio ante la violencia generalizada a la que actualmente nos enfrentamos.

El papel de la sociedad, de los gobiernos en turno y de la política es combatir el crimen organizado desde la trinchera que ocupemos. Y como sociedad, me refiero también a los medios de comunicación.

No es posible que vivamos una vida que no merecemos y hagamos oídos sordos al grave problema de las desapariciones. Se aplaude la misión de los colectivos de búsqueda y su gran entereza ante esto, pero la realidad es que no deberían existir ni vivir en medio del dolor de la búsqueda de un ser querido.