NACIONALES
Ajedrez disfuncional
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el ajedrez político de hoy, hay una particularidad, los partidos no juegan a tirar al rey. Siendo instituciones cuya existencia y objetivo es alcanzar el poder, ahora juegan a no perder el que les queda.
Las dirigencias partidistas se han convertido en gerentes de sus franquicias, sosteniendo la marca pero sin la sustancia que dicen traer en la etiqueta. No es casual que los ciudadanos no se sientan representados.
La defensa de la institucionalidad del régimen, la garantía de la imparcialidad y transparencia en los comicios, la preservación del sistema democrático y su blindaje ante las intenciones autoritarias de un presidente faccioso, histrión matutino actuando ante su claque, está siendo dada por la ciudadanía.
Los movimientos sociales han ganado las calles y presionan a legisladores y jueces para hacer prevalecer el estado de derecho y el régimen de libertades democráticas que se ha construido, ante el silencio expectante o la mustia expresión de apoyo, meramente simbólico de algún dirigente partidista.
En el tablero de la política los partidos han pasado, de ser piezas operativas y funcionales, a meras figuras representativas de un sistema de partidos en los que la sociedad no se siente reflejada. Insignificante su presencia en las dos últimas movilizaciones de la sociedad organizada, que con miles de ciudadanos llenaron plazas y calles para defender lo que ellos no pudieron proteger en el Congreso.
Ninguno de ellos, los partidos, tiene un personaje que pueda concitar el apoyo popular suficiente para competir dignamente y ganarle al régimen populista y clientelar, y por ello, aunque no lo hagan público, se preparan para las batallas distritales y ganar posiciones en el Congreso Federal, no para disputar la presidencia de la República, sino para preservar sus espacios de negociación, sus particulares intereses.
Esto es más que evidente en el otrora poderoso PRI cuyo dirigente se ha empeñado en fortalecer sus estructuras cupulares, no las de base, para asegurar la incondicionalidad de los órganos de decisión, ofertando para ello reelecciones en curules y lugares en las listas plurinominales, en las cuales, él necesariamente aparecerá para conservar el fuero que necesita.
El PAN por su parte, con una dirigencia anodina, con sus estructuras de base fuertemente divididas, con liderazgos históricos relegados o ausentes, se empeña en mantener viva la concreción de una alianza entre partidos, precaria y vulnerable ante la veleidosa conducta del PRI y su dirigente y el poco peso e influencia de un PRD diezmado como actor de fondo.
En tanto, Movimiento Ciudadano se desplaza como un oportunista alfil dejando claro que primero es su causa y después las causas nacionales. Acumular posiciones e influencia, con posición ambigua en la geometría política nacional. Una socialdemocracia en la que todo cabe mientras se acomode al interés propio.
En las circunstancias actuales, los partidos solo pueden servir como instrumentos para legitimar una candidatura que tenga el respaldo de la sociedad, para que sea ésta la que dispute el poder.
Las estructuras partidistas, antaño fortaleza, hoy no lo son y tendrán que ser los ciudadanos, con un solo color, la fuerza electoral decisiva.
El maniqueísmo que ha caracterizado al régimen permite avizorar que la contienda electoral será planteada como una lucha de clases. El partido en el poder, además de una base convencida, ha consolidado un ejército de votantes mercenarios conducidos por los llamados “servidores de la nación” que con dinero público hacen proselitismo político descarado y cínico.
El discurso presidencial insiste en identificar a la clase media como opositora en general y los calificativos denostantes abundan cada mañana, descalifica personas e instituciones, insulta y miente cínicamente rayando en despropósitos que hacen pensar en insania o muy perversa cordura.
La rijosidad del discurso hace inevitable pensar en qué pasará si, a pesar de lo que cada vez más parece una elección de estado, llegara a perder y no se diera la continuidad que busca. Ya una vez, en burda pantomima, se erigió en presidente legítimo y nombró gabinete alterno. Ahora con los instrumentos del poder en sus manos y con el evidente desprecio que manifiesta por las instituciones y leyes queda muy poco espacio para esperar madurez y cordura.
La sociedad ha depositado en el poder judicial la esperanza de que, ante el cinismo y descaro con el que se pretende torcer las disposiciones constitucionales, prive la sensatez y prevalezcan las leyes que hacen posible la convivencia social y el ejercicio de la democracia. Confía además, en que la fuerza del voto permita recuperar la institucionalidad y eliminar el gobierno de un solo hombre.
Para ello, sociedad y partidos deben, con realismo entender, su verdadera importancia y peso en el tablero de la política nacional. En el ajedrez político mexicano no es suficiente que el juego cambie para que muchas piezas presionen al rey. Las cúpulas partidistas no han entendido que el siguiente proceso electoral es de supervivencia y que su votación y peso político a futuro dependerá de la figura que postulen. Pensar, ilusamente, que conservando posiciones en el poder legislativo, sin base social que respalde les permitirá influencia, es no entender las lecciones que reciben hoy de una mayoría constituida con traiciones.
Un año bastó en Sonora para que el PRI se quedara sin representación en el Congreso local; ¿Cuánto tiempo duraran sus fracciones intactas en las Cámaras, pobladas de oportunistas “chapulines” o calculadores profesionales de la negociación y la componenda?
No hay lugar para el engaño, sociedad y partidos tienen que jugar unidos a tirar al rey, o saldrán del tablero.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
