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NACIONALES

Energías renovables: México a los tribunales por violar derecho internacional

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Por Edgardo Padilla //

Las energías renovables van en retroceso en nuestro país manteniéndose el uso del combustóleo y el carbón mineral en plantas viejas y obsoletas promovidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, los avances tecnológicos para el uso de la energía solar y la energía eólica, se encuentran en un gran momento para incursionar en una explotación masiva, con el firme propósito de salvar al planeta, que se ve enfermo por la extracción de petróleo y gas natural, que arrogan los gases de efecto invernadero, y ahora mayor daño es el uso de una nueva técnica de explosión de hidrocarburos, como lo es el Fraking.

Esta técnica es usada desde hace dos o tres décadas y se trata de zonas donde se encuentra petróleo y gas, que debido a su baja permeabilidad, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica del suelo; esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas y petróleo, seguidamente se realizará una serie de perforaciones horizontales en las Piedras llamadas Lupita, que pueden extenderse por varios kilómetros formas diversas y direcciones.

A través de estos pozos horizontales Se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua y arena, además de sustancias químicas que eleva la presión, por lo que la fuerza del flujo provoca la salida de los hidrocarburos por los poros de las piedras.

Este flujo disminuye rápidamente, por lo que se hace necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos.

Por este motivo, la fracción hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio, que virtualmente quedarán muertas por el desvío de lote cimientos de agua naturales dentro del subsuelo.

En mayor impacto ambiental se da en la disminución del agua, porque para fracturar un pozo se requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua.

En este punto, nada más en los Estados Unidos, se pretende llevar un rin manual de 9000 nuevo pozos, para exportarle el petróleo a México, lo que supone un volumen de agua equivalente para surtir de ella a 7 millones de personas en un año, por lo que el agua para uso doméstico disminuirá drásticamente y pondrá en peligro los ecosistemas y la realización del derecho humano al agua y a la alimentación.

EL ACUERDO DE PARÍS

Por otra parte, resulta ser de índole mundial, el cambio climático, que requiere la participación de todos los países.

EL ACUERDO DE PARÍS

El acuerdo de París presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta y sus principales elementos son los siguientes:

  • Objetivo a largo plazo. – es que los gobiernos acordaron mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles pre industriales y proseguir los esfuerzos para limitarla a 1.5 °C.

  • Contribuciones. – en el evento, los países presentaron planes de actuación para abatir el cambio climático y reducir sus emisiones de gases contaminantes, he aquí lo trascendente, en México, el gobierno de Andrés Manuel López obrador, va a apostar por el uso del combustóleo y el carbón mineral para seguir contribuyendo a la contaminación mundial.

  • Ambición. – los gobiernos acordaron comunicar sus planes de actuación cada cinco años fijando en cada plan objetivos más ambiciosos.

  • Transparencia. – los países acordaron informarse mutuamente y a la sociedad sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos para garantizar la transparencia y la supervisión.

  • Solidaridad. – la Unión Europea y otros países desarrollados seguirán financiando la lucha contra el cambio climático para ayudar a los países en desarrollo tanto a reducir sus emisiones cómo aumentar la residencia ante los efectos del cambio climático.

Lo que nos interesa es el hecho de reducir las emisiones de gases contaminantes que producen el efecto invernadero, motivando el cambio climático y no se puede entender este combate sin el uso de energías limpias y renovables, desmantelando de manera inmediata todas aquellas plantas de energía geotérmica que utilizan combustóleo o carbón mineral, para el mantenimiento de sus calderas para producir el vapor que mueven las turbinas que generan la energía eléctrica.

Es de resaltar las acciones contrarias de este gobierno mexicano en relación a los Acuerdos de París, puesto que ya desde el mes de enero del año 2019, desde el Senado de la República, el presidente de la Comisión de energía, el senador Armando Guadiana, mencionó que México tiene carbón suficiente para producir más electricidad, por lo que no se están pensando en abatir estas fuentes de energía, sino en incrementarlas.

Por su parte en ese mismo mes y año, el director general de la Comisión Federal de electricidad anunció una inversión de 10,000 millones de pesos en plantas de carbón mientras que en la rehabilitación de las centrales geotérmica e hidroeléctrica del país gastará sólo 980 millones de pesos respectivamente, según la estrategia programática el proyecto del presupuesto 2019, 2020.

Durante el gobierno de Peña Nieto, varias empresas europeas y canadienses, de acuerdo a los planes presentados por el gobierno de México, en Paris, que decidió no modificar las plantas de producción de energía de la Comisión Federal de electricidad, ni siquiera se atrevieron a proponer la construcción y creación de plantas propias de energía solar y eólica, razón por la cual los inversionistas privados entraron a participar.

Resulta que es una verdadera tragedia la cancelación de los planes y programas de energía solar y eólica, porque afecta de muchas maneras al planeta, a la inversión privada y el empleo, y a la economía mexicana, esta última en principio porque la propiedad de la tierra tiene un dueño o es propiedad privada o es ejidal o es de la nación.

En ese sentido la tierra va a ser rentada a sus legítimos tenedores y propietarios, por lo que se pretende reactivar la economía de miles de mexicanos dueños de tierras que verdaderamente son insufribles por los vientos que por ahí corren, y que resultan magníficas para el producir la energía eólica; de igual manera los desiertos mexicanos en Sonora y Baja California así como algunos de San Luis Potosí y Tamaulipas, resultaban maravillosos para la producción de energía solar puesto que en esos lugares la producción de lluvia y de nubes se reduce a unos cuantos días al año permaneciendo soleado más del 90% del año.

Los verdaderos motivos de la presidencia de México, para mirar el desarrollo de estas industrias, son los costos de producción y los costos de venta de la propia energía, vayamos atendiendo el caso, mire usted, la venta de 1 MW producido mediante la técnica de energía solar tiene un costo en el mercado de aproximadamente $ 25 dólares, por su parte el costo aproximado de un MW producido por energía eólica, tiene un costo en el mercado de aproximadamente $35 dólares, en cambio el costo de 1 MW producido en las plantas geotérmicas del país tienen un costo de $120 dólares.

En cuanto su capacidad de producción las empresas nuevas tendrán un impacto en principio de un 5% del mercado nacional.

Además, dada la mejora en el costo de venta, desde luego que se van a vender primero la energía de este tipo de empresas, por lo que de manera inmediata para el año 2021 la Comisión Federal de Electricidad, de inmediato estará perdiendo entre el 5% y 10% de sus ingresos por venta de electricidad, y a la postre conforme vaya el crecimiento de estas nuevas industrias, la CFE se va quedar sin poder vender la energía que produce a un alto costo para el medio ambiente puesto que las plantas geotérmicas emiten gas de efecto invernadero 24 horas los 365 días del año.

Ante el embate del gobierno de la República por salvaguardar el interés nacional pagando el alto costo de matar el planeta, por conducto del Centro Nacional del Control de Energías (CENASE), así como la Comisión Nacional de Electricidad antes CFE, acatando la orden presidencial dictada en un mandamiento directo, sin intervención del Congreso de la Unión, desde febrero del año pasado, se han dedicado a desmantelar los proyectos nacionales sobre producción de energía solar y eólica, y a detener por todos los medios a su alcance y, los proyectos de inversión extranjera para la producción de energía limpia.

El escenario se ha ido ahora los tribunales, puesto que nuestra constitución marca que los acuerdos internacionales debidamente aprobados por el poder legislativa, se elevan a la categoría de suprema ley, justo de nivel constitucional y al violar los acuerdos de París, el gobierno de la República ha caído en violación a la propia constitución que dice defender.

Usted está informado, ahora usted tendrá su mejor opinión.

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JALISCO

Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador

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CIERTO O FALSO

“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”

ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR

“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”

LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST

FUEGO CRUZADO

“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

VOZ ALTA

Papa caliente: Notarios

José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.

JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.

Se vuelve crítico

La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.

DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.

Agua para Tlajo

Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.

GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.

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JALISCO

La transición del Poder Judicial

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.

Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.

El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.

Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.

La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.

Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.

Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.

Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

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NACIONALES

El Plan México

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.

Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.

El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.

El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.

En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.

Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.

Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.

Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.

En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.

En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.

La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.

Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.

El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.

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Tendencias

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