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Energías renovables: México a los tribunales por violar derecho internacional

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Por Edgardo Padilla //

Las energías renovables van en retroceso en nuestro país manteniéndose el uso del combustóleo y el carbón mineral en plantas viejas y obsoletas promovidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, los avances tecnológicos para el uso de la energía solar y la energía eólica, se encuentran en un gran momento para incursionar en una explotación masiva, con el firme propósito de salvar al planeta, que se ve enfermo por la extracción de petróleo y gas natural, que arrogan los gases de efecto invernadero, y ahora mayor daño es el uso de una nueva técnica de explosión de hidrocarburos, como lo es el Fraking.

Esta técnica es usada desde hace dos o tres décadas y se trata de zonas donde se encuentra petróleo y gas, que debido a su baja permeabilidad, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica del suelo; esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas y petróleo, seguidamente se realizará una serie de perforaciones horizontales en las Piedras llamadas Lupita, que pueden extenderse por varios kilómetros formas diversas y direcciones.

A través de estos pozos horizontales Se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua y arena, además de sustancias químicas que eleva la presión, por lo que la fuerza del flujo provoca la salida de los hidrocarburos por los poros de las piedras.

Este flujo disminuye rápidamente, por lo que se hace necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos.

Por este motivo, la fracción hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio, que virtualmente quedarán muertas por el desvío de lote cimientos de agua naturales dentro del subsuelo.

En mayor impacto ambiental se da en la disminución del agua, porque para fracturar un pozo se requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua.

En este punto, nada más en los Estados Unidos, se pretende llevar un rin manual de 9000 nuevo pozos, para exportarle el petróleo a México, lo que supone un volumen de agua equivalente para surtir de ella a 7 millones de personas en un año, por lo que el agua para uso doméstico disminuirá drásticamente y pondrá en peligro los ecosistemas y la realización del derecho humano al agua y a la alimentación.

EL ACUERDO DE PARÍS

Por otra parte, resulta ser de índole mundial, el cambio climático, que requiere la participación de todos los países.

EL ACUERDO DE PARÍS

El acuerdo de París presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta y sus principales elementos son los siguientes:

  • Objetivo a largo plazo. – es que los gobiernos acordaron mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles pre industriales y proseguir los esfuerzos para limitarla a 1.5 °C.

  • Contribuciones. – en el evento, los países presentaron planes de actuación para abatir el cambio climático y reducir sus emisiones de gases contaminantes, he aquí lo trascendente, en México, el gobierno de Andrés Manuel López obrador, va a apostar por el uso del combustóleo y el carbón mineral para seguir contribuyendo a la contaminación mundial.

  • Ambición. – los gobiernos acordaron comunicar sus planes de actuación cada cinco años fijando en cada plan objetivos más ambiciosos.

  • Transparencia. – los países acordaron informarse mutuamente y a la sociedad sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos para garantizar la transparencia y la supervisión.

  • Solidaridad. – la Unión Europea y otros países desarrollados seguirán financiando la lucha contra el cambio climático para ayudar a los países en desarrollo tanto a reducir sus emisiones cómo aumentar la residencia ante los efectos del cambio climático.

Lo que nos interesa es el hecho de reducir las emisiones de gases contaminantes que producen el efecto invernadero, motivando el cambio climático y no se puede entender este combate sin el uso de energías limpias y renovables, desmantelando de manera inmediata todas aquellas plantas de energía geotérmica que utilizan combustóleo o carbón mineral, para el mantenimiento de sus calderas para producir el vapor que mueven las turbinas que generan la energía eléctrica.

Es de resaltar las acciones contrarias de este gobierno mexicano en relación a los Acuerdos de París, puesto que ya desde el mes de enero del año 2019, desde el Senado de la República, el presidente de la Comisión de energía, el senador Armando Guadiana, mencionó que México tiene carbón suficiente para producir más electricidad, por lo que no se están pensando en abatir estas fuentes de energía, sino en incrementarlas.

Por su parte en ese mismo mes y año, el director general de la Comisión Federal de electricidad anunció una inversión de 10,000 millones de pesos en plantas de carbón mientras que en la rehabilitación de las centrales geotérmica e hidroeléctrica del país gastará sólo 980 millones de pesos respectivamente, según la estrategia programática el proyecto del presupuesto 2019, 2020.

Durante el gobierno de Peña Nieto, varias empresas europeas y canadienses, de acuerdo a los planes presentados por el gobierno de México, en Paris, que decidió no modificar las plantas de producción de energía de la Comisión Federal de electricidad, ni siquiera se atrevieron a proponer la construcción y creación de plantas propias de energía solar y eólica, razón por la cual los inversionistas privados entraron a participar.

Resulta que es una verdadera tragedia la cancelación de los planes y programas de energía solar y eólica, porque afecta de muchas maneras al planeta, a la inversión privada y el empleo, y a la economía mexicana, esta última en principio porque la propiedad de la tierra tiene un dueño o es propiedad privada o es ejidal o es de la nación.

En ese sentido la tierra va a ser rentada a sus legítimos tenedores y propietarios, por lo que se pretende reactivar la economía de miles de mexicanos dueños de tierras que verdaderamente son insufribles por los vientos que por ahí corren, y que resultan magníficas para el producir la energía eólica; de igual manera los desiertos mexicanos en Sonora y Baja California así como algunos de San Luis Potosí y Tamaulipas, resultaban maravillosos para la producción de energía solar puesto que en esos lugares la producción de lluvia y de nubes se reduce a unos cuantos días al año permaneciendo soleado más del 90% del año.

Los verdaderos motivos de la presidencia de México, para mirar el desarrollo de estas industrias, son los costos de producción y los costos de venta de la propia energía, vayamos atendiendo el caso, mire usted, la venta de 1 MW producido mediante la técnica de energía solar tiene un costo en el mercado de aproximadamente $ 25 dólares, por su parte el costo aproximado de un MW producido por energía eólica, tiene un costo en el mercado de aproximadamente $35 dólares, en cambio el costo de 1 MW producido en las plantas geotérmicas del país tienen un costo de $120 dólares.

En cuanto su capacidad de producción las empresas nuevas tendrán un impacto en principio de un 5% del mercado nacional.

Además, dada la mejora en el costo de venta, desde luego que se van a vender primero la energía de este tipo de empresas, por lo que de manera inmediata para el año 2021 la Comisión Federal de Electricidad, de inmediato estará perdiendo entre el 5% y 10% de sus ingresos por venta de electricidad, y a la postre conforme vaya el crecimiento de estas nuevas industrias, la CFE se va quedar sin poder vender la energía que produce a un alto costo para el medio ambiente puesto que las plantas geotérmicas emiten gas de efecto invernadero 24 horas los 365 días del año.

Ante el embate del gobierno de la República por salvaguardar el interés nacional pagando el alto costo de matar el planeta, por conducto del Centro Nacional del Control de Energías (CENASE), así como la Comisión Nacional de Electricidad antes CFE, acatando la orden presidencial dictada en un mandamiento directo, sin intervención del Congreso de la Unión, desde febrero del año pasado, se han dedicado a desmantelar los proyectos nacionales sobre producción de energía solar y eólica, y a detener por todos los medios a su alcance y, los proyectos de inversión extranjera para la producción de energía limpia.

El escenario se ha ido ahora los tribunales, puesto que nuestra constitución marca que los acuerdos internacionales debidamente aprobados por el poder legislativa, se elevan a la categoría de suprema ley, justo de nivel constitucional y al violar los acuerdos de París, el gobierno de la República ha caído en violación a la propia constitución que dice defender.

Usted está informado, ahora usted tendrá su mejor opinión.

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La quimera del bienestar: La promesa del fondo de pensiones

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El tablero político de México, ese ajedrez implacable donde los peones y alfiles tejen estrategias de cara a elecciones y futuras jubilaciones, se encuentra nuevamente al centro de un huracán político y financiero: la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, promovido por Morena bajo la batuta del siempre carismático presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, envuelta en la seda de la solidaridad y el bien común, promete un paraíso pensionario a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, dos gigantes que resuenan en el imaginario de la seguridad social en México.

Sin embargo, la realidad, como un diablo en los detalles, sugiere una narrativa menos optimista. Los fondos prometidos, esa garantía de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores de avanzada edad, palidecen ante la necesidad colosal de 1.5 billones de pesos anuales requeridos para cubrir las pensiones prometidas a unos 25 millones de empleados. ¿No es acaso esta una promesa tan frágil como las hojas de otoño?

En un gesto que rozaría lo desesperado, diversas fuentes de financiamiento han sido sugeridas: desde las ganancias de proyectos faraónicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta los remanentes de entidades paraestatales y adeudos públicos. ¿Pero qué certeza existe de que estos fondos estén disponibles cuando las hojas del calendario caigan en el momento de pagar las pensiones?

El esquema propuesto parece un mosaico de aspiraciones y fondos contingentes, donde la certeza financiera brilla por su ausencia. La diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier, ambos estandartes de la propuesta, han hablado con la confianza de quienes ven tierras fértiles en el horizonte, pero los expertos y la crítica advierten que el terreno podría estar minado de desafíos insuperables.

España, un modelo a seguir en materia de pensiones, ofrece una tasa de reemplazo del 80% del salario, sustentado por contribuciones significativas tanto de empleadores como de trabajadores. En contraste, México aporta apenas un 9%, y los trabajadores, un mínimo del 1%. ¿Cómo se espera entonces alcanzar un ideal del 100% con aportaciones tan modestas?

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, -sí, aunque usted no lo crea hay quien cobra como secretario del trabajo en México- ha sugerido que recursos incautados y parte de las utilidades de empresas estatales podrían abonar al fondo. Aun así, las sombras de la duda se ciernen sobre la viabilidad de estas fuentes, con críticos como Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, apuntando a las lagunas y los riesgos de depender de recursos que bien podrían no materializarse.

Este enfoque disperso y fragmentado hacia el financiamiento revela una estrategia más de emergencia que de planificación a largo plazo. La opacidad en el manejo y asignación de los fondos sólo añade incertidumbre a un sistema que debería caracterizarse por su previsibilidad y solidez.

A la sombra de esta propuesta se teje también una trama de urgencia electoral, percibida por observadores como un intento de ganar el favor popular sin un plan robusto que asegure la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los trabajadores mexicanos, en su justa demanda de seguridad en la vejez, podrían encontrarse en un laberinto burocrático para reclamar derechos que, por ley, les corresponden.

El debate, enriquecido por contribuciones de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llama a una evaluación meticulosa y basada en evidencia. Se pide a los legisladores un diálogo abierto y constructivo, imperativo para garantizar que las decisiones tomadas hoy no se conviertan en las cadenas del mañana para las finanzas públicas y la dignidad de los trabajadores al final de su vida laboral.

En este escenario, lleno de promesas y sombras, el Fondo de Pensiones del Bienestar se perfila como una criatura mitológica: imponente en la narrativa, pero esquiva en la realidad tangible. La esperanza de jubilaciones dignas se entreteje con el temor de que la realidad no cumpla con las promesas hechas en tiempos de campaña.

Mientras tanto, la oposición y los expertos señalan que la propuesta podría estar más orientada a cosechar votos que a sembrar las bases de un sistema pensionario robusto y equitativo. La crítica no es menor: se alega que el plan puede llevar a un incremento de la presión fiscal sin resolver de manera fundamental las deficiencias estructurales del sistema de pensiones actual. La preocupación es palpable: ¿se está comprometiendo el futuro fiscal del país a cambio de un beneficio político inmediato?

La falta de claridad en la operatividad del fondo y la indefinición de los mecanismos para la devolución de recursos son talones de Aquiles que podrían desmotivar a los trabajadores a ejercer su derecho a reclamar los ahorros que, con esfuerzo, han acumulado durante años. La posible complicación administrativa, largos tiempos de espera y trámites excesivos podrían ser un calvario para aquellos que se aventuren a reclamar lo que es legítimamente suyo.

El análisis no termina en la crítica: el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras voces autorizadas sugieren que la propuesta requiere un replanteamiento profundo. Se advierte sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean insuficientes y de que las aportaciones gubernamentales adicionales necesarias distraigan fondos de áreas cruciales como educación, salud y seguridad.

La posible expropiación de cuentas inactivas, aunque negada oficialmente, sigue siendo una sombra que planea sobre la iniciativa, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y sus beneficiarios. Las figuras prominentes en la defensa del fondo, como Carlos Ramírez y Abraham Vela, ex presidentes de la CONSAR, reiteran que, aunque la propuesta no constituye una expropiación directa, la manipulación de cuentas inactivas sin una estrategia clara es una maniobra arriesgada y potencialmente injusta.

En conclusión, el Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque noble en su intento de proporcionar una jubilación más generosa para los trabajadores mexicanos, se enfrenta a un mar de incertidumbre y escepticismo. Requiere un debate transparente, amplio y fundamentado en análisis financieros sólidos de esos que no sabe, ni le gusta hacer a la 4T.

Los trabajadores de México merecen un sistema de pensiones que no solo sea generoso en su retórica, sino eficaz y justo en su implementación. La verdadera medida del éxito de esta iniciativa será si puede pasar de las palabras a los hechos sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad social. Hasta el momento, no se ve cómo.

En X @DEPACHECOS

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Segunda llamada

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

A inicios de este mes se llevó a cabo el primer debate presidencial, un ejercicio poco esperado y poco visto por los votantes mexicanos. Como suele suceder las candidatas punteras se enfrascaron en descalificaciones y señalamientos y mostraron poco de sus propuestas para mejorar la situación del país, por su parte, Jorge Álvarez Maynez, con una sonrisa un poco extraña, a diferencia de sus redes sociales mostró una imagen apagada.

Los debates que deberían tener la función de comparar ideas, mostrar planes, proyectos, conectar con las y los ciudadanos, se han convertido en un show donde los candidatos que se saben abajo suelen atacar al que va a la cabeza en las encuestas.

A pesar de que la mayoría de los mexicanos son ajenos a dedicar dos horas de su día, (generalmente domingo), a escuchar propuestas de personajes que no conocen ni desean conocer, los resúmenes informativos y los videos de Tik-Tok son seguidos y replicados por bastantes ciudadanos.

Lo que vimos en el debate del 7 de abril, fue a una Claudia Sheinbaum segura, preparada y tranquila de que a pesar de tener muchos señalamientos a su gestión y a la administración federal que promueve, sigue arriba en las encuestas y parece que sus seguidores continuarán fieles a su causa. Su principal contrincante no lo encuentra en los partidos o candidatos, sino en la posible alta participación ciudadana del próximo 2 de junio.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, mostró una imagen contrariada, parece que la sobreasesoría a sus gestos, imagen personal y lenguaje corporal pesaron más de lo que ayudaron, no fue ella misma y se notó. Los partidos de oposición se decantaron por Xóchitl porque es una persona fresca, sin señalamientos y eso venía a avivar la esperanza de poder refrescar la muy dañada imagen del PRI y del PAN, sin embargo, es claro que le cuesta desmarcarse de los partidos, se encajona cuando le preguntan por Marko Cortés y sobre todo, por “Alito”.

De Máynez, se puede comentar que si bien, presenta propuestas un poco más elaboradas, es notorio que aún no consigue la atención del electorado mayor de 29 años, del ciudadano que solo ve dos opciones para votar y que piensa que decantarse por una tercera vía podría ser equivalente a desperdiciar el voto.

Es de destacar el crecimiento en las redes sociales del zacatecano, desde la jingle de su campaña que ha sido un éxito en las listas de reproducción de México y algunos países más, hasta el click que ha tenido con los jóvenes en las universidades. Aunque Máynez se ve lejos del triunfo, la campaña despunta y podría conseguir una buena cantidad de sufragios con los jóvenes que votan por primera vez y que lo ven como una opción viable o una moda. En México hay 40 millones de posibles electores de 29 años o menos.

Este domingo 28 de abril se llevará a cabo el segundo debate, para Xóchitl, es de las últimas oportunidades para repuntar, es momento de romper cadenas y hacer lo que corresponde.

En sus mismas palabras, expresa que no le han gustado las imposiciones desde la casa de campaña:

En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”.

A pesar de que los debates no tienen la mayor audiencia, lo que se replica posterior a ellos sí influye en el electorado. La participación de las candidatas y el candidato es de las últimas oportunidades para demostrar que son mejores, o al menos dejar alguna frase o concepto contundente que haga pensar al elector que vale la pena tachar su nombre en la boleta.

Si Xóchitl no es contundente en el debate, si Claudia vuelve a tener un día de campo, si Máynez sigue con su tendencia en redes sociales, se ve muy difícil que el resultado pronosticado desde hace meses para la elección presidencial, pueda cambiar.

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Los roba viejitos

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi //

Aunque parezca una contradicción, los miembros de la 4ª Transformación imponen leyes, normas y reglamentos no obstante su público rechazo a la Ley. Los legisladores de MORENA se han apropiado de los cuerpos legislativos para legalizar lo que la voz del amo les ordena.

Mientras el Peje vomita ilegalidades cuando de cumplir leyes se trata, sus legisladores se afanan en legalizar lo que en su eterna campaña abominaba de los regímenes “conservadoneoliberales”.

¿Hasta qué punto los “compaleros de partido” del Prejidente deben ser sumisos, dóciles, abyectos?

La iniciativa de ley promovida por MORENA para adueñarse del dinero de las AFORES, de los ciudadanos de 70 años en adelante, es la muestra de que, cuando quieren, las leyes son inapelables, estupendas, magníficas, celestiales incluso.

Cuando las leyes les molestan es porque no les permiten hacer lo que les da la gana; porque son “obsoletas” o, como dicen en su cantaleta, confeccionadas por los conservadores.

Hasta ahora no se sabe con certeza cómo se van a pillar los 40 mil millones de pesos calculados. Mañosamente no se incluyeron mecanismos para obligar a emplearlos en la “cosa pública”; es decir no habrá manera de saber qué se hará con ese dinero; qué Secretaría lo administrará, cómo se repartiría entre las dependencias o los municipios y entidades. La tradicional opacidad de la casa, es la marca en esta “ley robaviejitos”.

No se incluyó ese candado porque lo que la 4ª Transformación necesita urgentemente es dinero. Dinero para la nómina; dinero para el Ejército y la Marina. Pero, sobre todo, urge “para ayer” dinero, mucho dinero, para la campaña de la candidata.

Pero esa huizachada no es contra el dinero “maldito” de los fifís, de los conservadores y de los ricos. Es dinero de la clase trabajadora, de los pobres, pues.

MORENA decidió, vía sus leguleyos, coger el dinero de los ancianos mayores de 70 años. Sin recato, sin pudor, vergüenza ni se diga, MORENA aprobará rapidísimo, con la mano en la cintura, esa medida que, según los expertos en Derecho, es inconstitucional.

Así que la Suprema Cortesana de la Nación tendrá que intervenir de nuevo para restaurar la legalidad en ese rubro. El” piñazo” será duro y a la cabeza. Y el revire hacia la Presidente Piña inmediato.

La esperanza de MORENA está en el tiempo. Si hay tardanza en la reacción para impedir este robo a plena luz del día contra los ancianos, podrán refaccionar sus campañas.

Todo apunta a que se echará abajo esa maniobra legaloide, pero después de las elecciones. Es decir, el gobierno de AMLO tendrá “oxígeno” financiero merced a la “ley robaviejitos”.

¡Ah!, porque cuando se apropie de esos 40 mil millones de pesos no habrá poder sobre la tierra que haga regresarlos a las AFORES.

No pocos “sesentones” están meditando si votan por los “robaviejitos”.

Hay un sentimiento de desilusión, enojo y decepción de este sector social. Seguramente la mano que mueve la cuna de MORENA calculó muy bien el daño que significa esa “expropiación” para los planes a perpetuidad que tienen en mente.

Debe ser muy grande el bache económico del partido en el poder para aventurarse a aprobar la “ley robaviejitos” en plena campaña. ¿Dirá algo al respecto la candidata Sheinbaum? ¿Seguirá con su frialdad -cual paleta de la Flor de Michoacán- y el mimetismo pejista?

¿Cómo aprovechará Xóchitl ese resbalón de MORENA? ¿Hará alguna cancioncita de sonsonete sobre los “robaviejitos” el Máynez?

Mientras tanto, en una región del occidente de México, la lucha del MC por preservar el poder tiene en ascuas a no pocos. Aunque usted no lo crea, Chema Martínez, con toda la mala fama que lo rodea como político, está a tiro de piedra de la candidata de los naranjas, Verónica Delgadillo. Ambos luchan por la alcaldía de Guadalajara. También en Zapopan” el candidato de bien muchos partidos”, Kumamoto, se acerca peligrosamente a Frangie.

Si el MC pierde los principales municipios, Lemus no la pasará muy bien, puesto que alrededor de un 65 o 70 por ciento de los votantes de Jalisco se asientan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Señoras y señores… ¡hagan sus apuestas!

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