NACIONALES
Frustrada su aventura presidencial: Samuel García sumido en una crisis política y legal
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Samuel García, el joven político de Nuevo León, que hace unos días se jactaba en la FIL Guadalajara de su afinidad por «El Federalista», se encontró en el centro de una crisis constitucional que él mismo orquestó en el estado que gobernaba. En una semana que pareciera sacada de una novela de maquinaciones políticas, García, con su particular mezcla de desplantes y caprichos, se encaminó hacia su propia debacle.
La crisis alcanzó su clímax cuando, en un movimiento inesperado y casi dramático, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el gobernador interino de Nuevo León no sería el candidato de García, sino el elegido por el Congreso local. Este fallo, llegando justo en el límite del tiempo, no solo fue un revés legal, sino también un duro golpe a las aspiraciones presidenciales de García.
Apenas dos años después de asumir el cargo de Gobernador de Nuevo León, García ya se encontraba en una carrera precipitada hacia la presidencia, ignorando aparentemente la importancia de la necesidad de renunciar a su cargo seis meses antes de las elecciones, tal como lo estipula la Constitución, la adecuada operación política hubiera solucionado eso. Esta omisión, que muchos vieron como un desafío a las normas democráticas, preparó el escenario para su eventual caída.
En un intento desesperado por mantener el control, García anunció a través de las redes sociales que Javier Navarro sería el encargado del despacho gubernamental, apoyado por un amparo otorgado por un juez laboral en la Ciudad de México. Sin embargo, este amparo fue retirado poco después, de la resolución de la SCJN dejando a Samuel García sin apoyo legal.
El drama se intensificó en el Palacio de Gobierno y alcanzó su punto culminante con la llegada de Luis Enrique Orozco, el gobernador interino designado por el Congreso del Estado, que se vio obstaculizada y donde los medios de comunicación fueron excluidos, un acto simbólico de opacidad y control.
Luis Enrique Orozco como gobernador interino fue recibido con puertas cerradas, literalmente. En el interior del Palacio, Orozco se encontró con Javier Navarro, quien llevaba un mensaje privado de Samuel García: no habría necesidad de un gobernador interino, ya que García renunciaba a su licencia, y con ella, a sus sueños presidenciales de 2024.
El gobernador interino fue claro: se tenía que entregar el comunicado a las instancias correspondientes, en este caso, el Congreso.
Esa madrugada, Samuel García salió por la puerta trasera del palacio, la decisión final del gobernador con licencia de retirarse silenciosamente, evitando explicaciones y eludiendo a la prensa, lo que refleja una desconexión profunda entre sus palabras y sus acciones.
Se esperaba que Samuel García diera un mensaje a las 2 de la mañana del sábado 2 de diciembre, pero en lugar de eso, el ya excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano optó por el silencio. No apareció en un vídeo para explicar su decisión, dejando pendiente su declaración hasta el vídeo del sábado, donde Samuel señaló a los líderes nacionales de los partidos de la alianza, específicamente Marko Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI de haber reventado acuerdos.
Fuentes cercanas a las negociaciones reportan que Samuel García, como gobernador de Nuevo León había prometido a los municipios liderados por el PRI y el PAN entregarles sus fondos correspondientes antes de fin de año. Los alcaldes de la oposición se quejan de que García limita sus recursos financieros, y con el acuerdo parecía ofrecerles un respiro. Además, se contemplaba una tregua de no agresión en el ámbito político, pero, el dejar al Fiscal o al Vice Fiscal del estado al frente del gobierno, no le daba seguridad a Samuel, pues temía la investigación a su familia cercana -padre y hermano-, y a unos hermanos contratistas muy cercanos al gobierno, ¿por qué el miedo de García a poner la administración estatal en otras manos?
En una historia llena de giros inesperados y decisiones cuestionables, Samuel García dejó un vacío de liderazgo y muchas preguntas sin respuesta.
EL PROBLEMA LEGAL
En un acto que podría describirse como una mezcla de audacia y desdén legal, Samuel García publicó en el Periódico Oficial del Estado un acuerdo que anunciaba su decisión de no hacer efectiva su licencia y a la vez, su renuncia a la candidatura presidencial.
En este entramado, Samuel García parece ignorar la necesidad de un escrito formal al Congreso, demostrando un desprecio notable hacia el poder legislativo y el orden normativo. Esta maniobra plantea una pregunta crucial: ¿Qué artículo le permite a García, ya con licencia aprobada por el Congreso, reincorporarse en el cargo a su antojo?
Samuel García parecía confiar en que su voluntad prevalecería sobre el orden establecido, una jugada arriesgada que mostraba una notable desconexión con los procedimientos legales y democráticos.
La situación se torna más compleja cuando se considera que el propio Samuel García, al no ser gobernador en funciones, está cometiendo un acto de gobierno al publicar el acuerdo en el POE, lo que podría interpretarse como una usurpación de funciones públicas.
La crisis se intensificó cuando se evidenció que cualquier acción de García que aparentase ejercer poderes gubernamentales era ilegítima y potencialmente delictiva. Las instrucciones dadas a los funcionarios del estado, bajo su aparente autoridad, eran técnicamente nulas, poniendo a estos en una situación de responsabilidad administrativa y penal.
El artículo 89 de la Constitución de Nuevo León establece claramente el proceso para designar un gobernador interino, una responsabilidad que recae exclusivamente en el Congreso del Estado. Con la licencia de Samuel García efectiva y ratificada, el gobernador interino, según la ley, es la autoridad constitucional. García, aunque técnicamente sigue siendo el gobernador constitucional con licencia, no posee la calidad de servidor público en estos momentos.
La solución a este entuerto legal y constitucional es sencilla: aplicar la ley.
Para retomar su cargo de manera legítima, Samuel García debía permitir primero que el gobernador interino asumiera sus funciones y luego notificar oficialmente al Legislativo local su intención de dejar la licencia. Solo entonces podría reasumir su posición de gobernador de manera legítima y conforme a derecho.
Al final, lo que más pesó en Samuel García fue el miedo a posibles ilícitos que le pudieran surgir y provocar un conflicto judicial durante el interinato del ex vicefiscal como gobernador, más que la defensa de su ambicioso sueño de ser presidente.
Sí Samuel García hubiese sido más humilde y menos ambicioso cuando el pasado martes Dante Delgado le estructuró un acuerdo con los legisladores del Congreso de Nuevo León… Otra habría sido la historia, pero lo desechó.
Ahora, Nuevo León, lo que está en juego es más que la gobernabilidad de un estado; está a prueba el estado de derecho y la fortaleza de sus instituciones democráticas.
En X @DEPACHECOS
– Por Francisco Junco
El vicealmirante Salvador Camargo Vivero promovió un amparo para evitar una posible detención en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El recurso fue presentado por su abogado, Daniel Jiménez Valencia, quien precisó que su cliente no se encuentra actualmente en México, pero planea regresar en los próximos días.
La defensa solicitó protección judicial en el caso penal 305/2025, derivado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.
El expediente apunta a operaciones irregulares registradas durante la gestión de Camargo al frente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, entre febrero de 2024 y febrero de 2025.
Un exfuncionario portuario identificado como HRV declaró que en ese periodo habrían ingresado entre 20 y 23 embarcaciones con carga irregular.
Entre ellas destacó el buque Challenge Procyon, asegurado el 19 de marzo con 10 millones de litros de diésel provenientes de Estados Unidos, declarados falsamente como aditivo de aceites.
Según el testigo, Camargo y Javier Antonio Martínez, entonces gerente de Administración y Finanzas, autorizaron su ingreso por la aduana 290.
Martínez ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, lo que incrementó las sospechas sobre la participación del vicealmirante.
Sin embargo, en la demanda de amparo, la defensa sostuvo que Camargo no ha recibido notificación alguna que lo vincule directamente al proceso y que, además, las decisiones aduaneras no eran de su competencia.
El abogado también argumentó que Camargo dejó la dirección de ASIPONA dos meses antes de la incautación del Challenge Procyon, por lo que no tendría responsabilidad en los hechos más recientes.
Pese a ello, el juez Sexto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó conceder la suspensión inmediata contra una posible detención y dio un plazo de cinco días a la defensa para aclarar la demanda.
Hasta el momento, el abogado Jiménez Valencia no ha respondido al requerimiento judicial, lo que mantiene en duda si el amparo será admitido o desechado.
Este caso forma parte de las indagatorias de la FGR sobre contrabando de combustibles en el Golfo de México, un delito que representa pérdidas millonarias para el Estado y que ha expuesto presuntos actos de corrupción en estructuras portuarias y navales.
JALISCO
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
– Por Mario Ávila
Productores de maíz de diversos estados del país se manifestaron este jueves en Expo Guadalajara, sede del Congreso Internacional Agroalimentario 2025, en demanda un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, freno a importaciones y ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al evento asistió el secretario de Agricultura, Julio Berdagué Sacristán, quién fue testigo del reclamo realizado con pancartas y consignas, exigieron al gobierno un precio de garantía al maíz, ante el riesgo de que el grano se desplome hasta en 4 pesos si se deja al libre mercado, lo que según advirtieron, provocaría el colapso del campo mexicano.
Encabezados por Antonio Lizardi, de la agrupación Amigos por el Campo, los inconformes reclamaron incluso ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y señalaron que se ha incumplido la promesa de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mientras que el campo enfrenta abandono y precios cada vez más injustos.
Los manifestantes también denunciaron que, pese a la prohibición para sembrar maíz transgénico en México, se sigue importando este grano, lo que genera una sobreoferta que desplaza a la producción nacional.
“Nos dejaron a la deriva de los precios internacionales, donde no somos competitivos; no tenemos seguros agrícolas, las tasas de interés son altísimas, el cambio climático nos golpea desde hace cinco años y ahora permiten la importación de maíz blanco transgénico”, subrayaron.
– Por Mario Ávila
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina al senador de Jalisco , Carlos Lomelí Bolaños.
El legislador jalisciense de Morena sustituye en la responsabilidad al priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de este jueves 18 de septiembre.
La Comisión de Marina tiene como responsabilidades ratificar nombramientos en la Armada de México, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar la salida o tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
Además de agradecer la confianza depositada en él, Lomelí Bolaños, expuso: «Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen».
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
Presentan la Octava edición de Tecalitlán Los Sones
Vicealmirante solicita amparo ante indagatoria por huachicol fiscal
MC relanza iniciativa por igualdad salarial en el deporte
Impulsan campaña para prevenir el uso de taxis y plataformas pirata en Jalisco
