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OPINIÓN

LUCHAS SOCIALES /// Derecho a la información, petróleo y gobierno

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Por Mónica Ortiz ///

Jalisco al igual que otros estados enfrenta la crisis por desabasto de combustible, producto de las estrategias federales contra el robo de gasolina y la corrupción que se dice imperaba al interior de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Para el presidente López Obrador el petróleo ha sido un asunto prioritario, desde que era candidato usó su calidad de oposición con énfasis en el hidrocarburo, su distribución, las refinerías y la petrolera, hasta la fecha ha marcado un evidente interés superior, razón por la que esta estrenada administración gubernamental federal se muestra implacable con el problema del huachicol, por encima incluso del grave conflicto de inseguridad fruto de la delincuencia organizada, el desempleo, los niveles de pobreza y la corrupción gubernamental que vive el país.

Para López Obrador la corrupción de Pemex y el petróleo son los problemas madre de nuestro país, tan es así que ya estamos los mexicanos inmersos y convencidos de la lucha contra los huachicoles y su estrategia, sin embargo para bien o para mal nuestro país es un enorme abanico de corrupción, opacidad, impunidad y delincuencia.

Jalisco es de los estados que ha sufrido mayor desbasto de gasolina, por lo que las implicaciones colaterales iniciaron en diversos sectores, como todo aquello que al moverse o detenerse provoca consecuencias, así la falta de movilidad para los ciudadanos, comerciantes, empresas, servicios privados y públicos etc.

PARA LÓPEZ OBRADOR LA CORRUPCIÓN DE PEMEX Y EL PETRÓLEO SON LOS PROBLEMAS MADRE DE NUESTRO PAÍS, TAN ES ASÍ QUE YA ESTAMOS LOS MEXICANOS INMERSOS Y CONVENCIDOS DE LA LUCHA CONTRA LOS HUACHICOLES Y SU ESTRATEGIA, SIN EMBARGO PARA BIEN O PARA MAL NUESTRO PAÍS ES UN ENORME ABANICO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, IMPUNIDAD Y DELINCUENCIA.

El mayor impacto fue el político usado mediáticamente en una secuencia de declaraciones entre el Gobernador Enrique Alfaro y el Presidente López Obrador, ocasionando aumento de politización en un asunto de interés público nacional, tan delicado que nos tiene en un trance de incertidumbre, mismo que de no tener un final consecuente y lógico, podría dejar a cualquier gobierno con etiqueta de incapaz de resolver a favor de la sociedad.

La exigencia del Ejecutivo Estatal al Federal, nos permite justificar que gozamos de gobiernos colgados del drama y el grito, acusándose uno al otro del truco publicitario o el abono a la popularidad, buscando que los reflectores ciudadanos se enfoquen para captar sectores sociales a favor o en contra según el interesado.

En este contexto las preguntas obligadas son: ¿Necesitamos realmente la información que los poderes ejecutivos dan a los medios? ¿Debemos tomar partido? ¿Somos víctimas de alguno de nuestros gobiernos? El derecho a la información y el acceso a la información pública son herramientas adecuadas y diseñadas para el convencimiento social mediante la certeza de la información emitida por el propio gobierno y sus respetivos sujetos obligados sobre las acciones, prácticas o políticas públicas que se implementan, deberíamos aumentar las maneras de comprobar lo que nos cuentan o nos gritan, además de la forma tradicional de recibir la información mediante el discurso, la entrevista y el comunicado gubernamental, para adquirir conciencia del ejercicio gubernamental y la participación ciudadana verificando, evaluando y analizando la información de interés público de las administraciones de gobierno, con el uso de la transparencia y el acceso a la información pública.

La falta de ejercicio en el acceso a la información pública, provoca corrupción, opacidad e impunidad, lo contrario confronta las realidades de la sociedad, así como el discurso y los dichos de los gobiernos vs los hechos verdaderos, quizás el acceso a la información pública puede parecer complicada para el ciudadano, pero no lleva gran ciencia inscribirse a la plataforma nacional de transparencia, mediante un correo electrónico para solicitar información bajo el amparo del ejercicio libre de nuestros derechos humanos y fundamentales, respecto de los actos gubernamentales y políticas públicas.

En este sentido permitir que los gobiernos cualesquiera que sean, nos emitan información estratégica, pública y gubernamental, con la ligereza de una conferencia, rueda de prensa o entrevista, convirtiéndola en el foco mediático y polarizado que enmarañe sus obligaciones y nuestros derechos a través del discurso hueco y estructurado para obtener una percepción negativa o positiva según el modo deseado.

El beneficio de esta sociedad en plena era de la información, son sin duda los derechos humanos y la democracia, deberán ser aplicadas de manera consiente y con amplio sentido social, ejercer la participación ciudadana, sus herramientas y a la sociedad civil organizada, como medio las solicitudes de información vía transparencia, nos salva del protagonismo político de los gobiernos y de las simulaciones, incluso de las dictaduras con ideologías de izquierdas ilusorias que se adjudican bienestar, patriotismo simulado y confianza ciega por el amor al país, seguro es que en Venezuela vivían con Maduro, un nivel irreal del ejercicio a la información pública.

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OPINIÓN

La pobreza crece

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La tasa de crecimiento de la población en pobreza extrema se incrementará 6.3% en México al cierre de este año, la mayor expectativa para los países de América Latina. El índice de las personas en esta situación pasará de 11.1% de la población a 17.4%, detalló el Informe especial COVID-19 N⁰ 5 de la CEPAL.

Por su parte CONEVAL en su reporte “Medición de pobreza 2020” expone que la población en situación de pobreza creció, de 51.9 millones de personas en 2018, a 55.7 en 2020. De ellos, en pobreza extrema se encontraron en 2020, 10.8 millones, contra 8.7 que había en 2018, y en pobreza moderada 43.2 millones de personas en 2018, contra 44.9 en 2020. En cuanto a la población vulnerable por el nivel de ingresos, la misma comisión señala que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema creció de 17.3 millones de personas en 2018 a 21.9 millones en 2020 y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza no extrema se fue de 61.8 millones en 2018 a 66.9 en 2020.

El presidente López Obrador al ser cuestionado sobre estos números, dio la respuesta que niega pero no precisa, simplemente, él tiene otros datos, añadiendo que nunca se había entregado tanto dinero a los pobres como en esta administración, y puede tener razón si se piensa en una forma de entrega directa, más no en la acción institucional programada y por tanto susceptible de evaluar, pues el programa PROSPERA tenía alcances mayores y brindaba más oportunidades a las familias que las dispersas ayudas individuales que este régimen auspicia. Lo que se ha logrado indiscutiblemente, es ponerle color al dinero que se regala, pues toda la estructura que lo canaliza tiene el mismo color del partido en el gobierno.

Para el presidente, cumplir sus compromisos de campaña es una prioridad y lo está haciendo sin importar los costos. Rescatar Pemex y volver a hacerlo palanca del desarrollo, no subir las tarifas de luz, gas y gasolina, no tener un gobierno rico con pueblo pobre, rescatar la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos y no incrementar la deuda gubernamental ni los impuestos, serían los principales, sin embargo en todos ellos, a pesar de sus afanes no ha logrado cumplir más que uno de ellos y eso parcialmente, que es el de no tener un gobierno rico con pueblo pobre.

El gobierno ya no es tan rico pero el pueblo sigue siendo pobre y creciendo su pobreza. La pandemia cayó como anillo al dedo, así lo expresó en su momento, y se ha convertido en la justificación para los pobres o nulos resultados en materia económica. La economía nacional ya venía en un severo deterioro desde antes de la pandemia y la persistencia de la misma hace difícil adjudicar a la ineficiencia gubernamental el fracaso de las intenciones.

Se debe reconocer que la distribución directa de recursos ha sido un eficaz instrumento para que la presión social no se desborde, sin embargo es mayor el mérito de las remesas que mandan nuestros paisanos a sus familias, lo que mantiene el consumo interno como sostén de la economía, junto con la bocanada de aire que representan las exportaciones automotrices y agropecuarias.

A la luz de los resultados que arrojan las evaluaciones de los organismos oficiales e independientes, las políticas y acciones gubernamentales que ha puesto en práctica el régimen no son, ni serán, suficientes para disminuir la pobreza y la desigualdad. Alarma que ante la evidencia se oponga la imprecisión de los otros datos y sobre todo que se piense que la transferencia directa de efectivo será suficiente para mejorar el nivel de vida y proporcionar bienestar, que se niegue la posibilidad de reconsiderar y rectificar y se empeñen en la continuidad y el acrecentamiento de esta política clientelar y paternalista, a pesar de que las finanzas nacionales se encuentran severamente presionadas por la creciente necesidad de flujos de capital para cubrir las ayudas individualizadas y los costos crecientes de las obras emblemáticas de la administración.

Ante la dimensión que adquiere el crecimiento de la pobreza y la nula efectividad de las políticas sociales para procurar un mejor equilibrio social, se hace necesario buscar mejores formas de mejorar el ingreso, más allá de los decretos que eleven el salario mínimo. Bien que las nuevas formas de democracia sindical que están emergiendo como consecuencia del TMEC repercutan en mejoras salariales, mal que esto se haya impuesto desde el exterior por un acuerdo y no como consecuencia de una política nacional. La línea seguida por el actual gobierno actúa sobre los efectos de la pobreza mientras desatiende las causas. Absorto en obtener rentabilidad electoral con la política social se descuida la política económica y a los actores determinantes de la economía nacional, se sataniza a la clase media y empresarial y se escatiman apoyos a las actividades productivas, micros y medianos empresarios.

Se ha comprobado históricamente, que el gobierno no puede sustituir a la libre empresa como generador de riqueza y desarrollo, insistir en recuperar ese papel podrá dar rentabilidad política electoral, pero mantendrá creciendo el número de pobres.

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OPINIÓN

Los muchos frentes de Enrique Alfaro: Entre la espalda y la UdeG

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

El gobernador de Jalisco parece estar buscando cerrar frentes, apagar fuegos y concentrarse en las batallas que no puede eludir. A nivel discurso últimamente toma decisiones basadas en el bien común, en la sensatez e incluso en la democracia, pero en realidad está metiendo reversa en algunas cosas para reducir los frentes de combate y eso es finalmente sensato.

El anuncio de la imposición de un Basurero en Tala fue un problema desde el principio. No había claridad en los estudios, ni objetivos o tiempos claros y la cantaleta de que se trataba de un Centro de Economía Circular no convenció ni a propios ni a extraños. Los pobladores de Tala armaron un frente de resistencia que se podría convertir en un problema serio, con apoyo amplio a nivel estatal y esto podía implicar poner a Caabsa en el centro del huracán mediático y Caabsa no tiene muchos argumentos con qué defenderse. 

Se trataba de un masivo dolor de muelas en potencia.

Y ya hay un dolor de muelas organizado, capaz, bien avituallado y bastante entrenado para los conflictos: La UdeG. El grupo cuenta con amplia experiencia en enfrentar gobernadores desde hace varios sexenios y las hostilidades del Gobernador con la UdeG lejos de estarse enfriando están escalando y en esta circunstancia lo mejor es no tener la atención dividida en varios problemas a la vez.

Así que el gobernador decidió salir en un video afirmando que había escuchado a la gente de Tala y que iban a buscar un nuevo lugar para poner la basura. El tiempo corre y aunque se desactivó una bomba, no estamos del otro lado, porque donde pongan el basurero va a generar resistencia. Tal vez si socializan lo suficiente y si hacen un proyecto de calidad, un verdadero Centro de Economía Circular e involucran a las comunidades en la toma de decisiones, a lo mejor la cosa se vuelve más manejable. Tristemente conociendo los antecedentes de Caabsa y de Alfaro, esto es de dudarse.

También tomaron medidas para desinflar el problema y el fiasco que se veía venir con la famosa reforma 2.0 y el ataque al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción que incluía quitarles el sueldo, una medida que ya ha resultado inconstitucional en otras entidades federativas y antes de que le viniera el batazo federal que corrigiera la plana, salió de nuevo en un video el Gobernador a decir que siempre no se les quitaba el sueldo pero puso ahí unas cláusulas que, a falta de estudiarlas, parecen traer destinatario claro al interior del CPS. Recula a medias pues y sigue buscando desactivar al CPS pero ya dio un paso atrás.

Otro frente está en el escenario nacional. En la medición de presidenciables de El Universal, Alfaro no pintó y por primera vez desde antes de que comenzara la pandemia, la encuesta de Mitofsky que circuló la semana pasada, coloca al gobernador con más desaprobación que aprobación.

Según Mitofsky algo cambió de febrero a la fecha pues la tendencia de Alfaro ha sido desde entonces a la baja y por primera vez se encuentra en un punto de cruce de popularidad con Amlo que ha venido ganando terreno poco a poco a pesar de que la 4t es prácticamente inexistente en Jalisco. Alfaro registra 45 puntos de aprobación y AMLO 44.7. 

Falta entender cuál es la estrategia de AMLO el mayor y más difícil de entender entre todos los frentes. ¿Qué se negoció para iniciar el conflicto con la UdeG? Si hacemos caso a la voz popular que afirma que “amor que no se refleja en el presupuesto no es amor del bueno” veremos que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco está registrada en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no tiene recursos asignados.

La presa El Zapotillo, que este año recibió 300 millones de pesos, tampoco aparece con una partida definida.

¿Dónde está entonces el amor?

Las partes, los expertos y los mirones en el conflicto Alfaro-UdeG, hemos estado muy atentos a las acciones del Gobierno Federal cuyo poder, de accionarse, sería el fiel de la balanza. Pero quien pide una auditoria al Museo de Ciencias Ambientales no es la federación, es el Congreso Estatal mientras AMLO brilla por su ausencia incluso a nivel presupuestal.

Es curioso que Alfaro, tan enamorado de quejarse de que la Federación trata mal a Jalisco, hoy hace mutis ante el apretón presupuestal. ¿Sabe algo o ejerce prudencia? ¿Va con un libreto o juega obligado, cada vez más encerrado entre la Espalda del Presidente y el Conflicto con la UdeG?

Es una posición difícil.

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OPINIÓN

Más poder al Consejo Directivo del Ipejal

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Los defensores de la reciente Reforma al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) tienen como principal argumento el que nada de lo aprobado afecta retroactivamente a ningún afiliado ni pensionado que no esté dentro de los considerados VIP. Dichos defensores han desacreditado a quienes están procediendo al amparo, auguran que serán desechados e improcedentes pero ninguno garantiza ni el rescate al Ipejal, ni mayores afectaciones en un futuro a los pensionados y afiliados del Instituto.

La semana pasada manifesté mi preocupación particularmente por el artículo 153, al que se hace un agregado, una nueva fracción que da otra facultad al Consejo Directivo del Ipejal ahora sobre la posibilidad de modificar y reducir el monto de las pensiones, adecuándolas a lo establecido en el artículo 39 y 70 fracción II, aquí es donde hay verdadero riesgo de lo que puede pasar en un futuro.

Si bien es cierto que todos los artículos deben quedar armonizados, en el caso del 153 básicamente era innecesario, para la aplicación de las modificaciones al 39 y sobre todo al 70 fracción II, en el que se establece el tope salarial, el Consejo no debe tener la facultad de reducir el monto de las pensiones, puesto que es una función ya expresa en el mismo artículo fracción I y IX, incluso para efectos de la reducción de las consideradas pensiones VIP objeto de ésta iniciativa, nunca se determinó la causa de utilidad pública ni en la justificación de la iniciativa, ni en el estudio actuarial, entonces esta adhesión de fracción a dicho artículo, ¿fue diseñada para su aplicación en un futuro?.

Apegándonos a la redacción de ésta nueva facultad en la fracción XIX de la nueva reforma al Ipejal, son dos facultades, la de modificar y la de reducir, ésta última sobre todo que puede ser la llave de solución rápida para el futuro inmediato ante el inminente escenario visible y justificado del quebranto financiero, pues los artículos sobre los que habrán de adecuar las reducciones establecen los máximos de cotización y por consiguiente el máximo de pensión, es decir los topes, pero en ninguno de esos artículos se establece un mínimo de reducción de una pensión. Por lo anterior, mientras no apliquen el tope máximo, podrían ser reducidas todas las pensiones en cualquier momento que así lo determine el Consejo Directivo del Instituto. Pero la desconfianza de interpretación y aplicación de la ley se eleva aún más porque la facultad se la dan al mismo organismo que ha permitido el quebranto del propio Instituto.

En la reforma de 2009 se vendió la salud financiera del Instituto por los siguientes 50 años, un fracaso tangible a menos de la mitad de ese tiempo, el verdadero trasfondo fue precisamente hacer a un lado al Congreso de Jalisco de toda injerencia sobre el manejo del Ipejal, para concentrar las facultades básicamente en el presidente del instituto, un personero del gobernador en turno ante un consejo que por su actuación y silencio, cuando menos público, ha sido cómplice de la entrega total al Poder Ejecutivo.

Hoy es prácticamente lo mismo, una reforma disfrazada de terminar con las pensiones VIP, pero que agrega una facultad más a ese poderoso Consejo a modo para que en el futuro el problema del pago de pensiones se resuelva, sin reforma, con la reducción de las pensiones.

Sin establecer lo que se debe entender para efectos de la aplicación de la ley en el artículo 3 lo referente a causa de utilidad pública, así como pensión digna, esta fracción vuelve mas incierto el futuro de las pensiones, pues será el Consejo quien pagará los estudios actuariales que así determinen la causa y se proceda con las reducción a cualquier pensión y no sólo a las VIP, porque además a partir de esta reforma se entiende que ya no existirá ninguna de ellas, es decir, otro elemento para pensar que esa modificación no fue pensada para aplicar a quienes se les reducirá la pensión en los próximos meses, sino para tener vigencia y aplicarla cuando se considere necesario unilateralmente desde la administración del Ipejal.

Para esta modificación los amparos difícilmente procederán, pero el tiempo nos volverá a dar la razón, aunque esta vez quisiéramos equivocarnos, pero el futuro del Ipejal no se resolverá con estas superficiales modificaciones, por el contrario, la historia parece repetirse.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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