OPINIÓN
El doble discurso de México: La empatía migrante
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Por Isabel Venegas //
Ya no son tiempos de seguir buscando soluciones reduccionistas y simples, sabemos que la necesidad de mirar al mundo con otros ojos es obligado porque ese mundo ya no es el que conocimos hasta hace poco.
Los recursos que generan los migrantes mexicanos en EEUU ayudan a nuestra economía enormemente: para el 2020 se espera batir todos los récords con la suma de unos 37,200 mdd. Comunidades enteras dependen de estos ingresos, la economía del país se ve fuertemente beneficiada de una generación de recursos que viaja principalmente por transferencias bancarias.
La criminalidad que va de la mano con la impunidad y la corrupción, nos obliga a abordar el tema de la inseguridad en casi en todos los espacios, a todas horas y desde perspectivas muy diversas. Hay para quienes la estrategia debe mejorarse urgentemente, y debe cambiarse porque no está funcionando, las implicaciones son de un tamaño descomunal aunque finalmente sigamos sin saber mucho de cómo o hacia donde se debe reencaminar.
Modificar las leyes, proponer más cárcel para los delincuentes y con ello requerir de más jueces, fiscales, peritos, jueces de los jueces, etc., da miedo pensar en lo que ese aparato consume en recursos y lo que se tendría que incrementar; claro está que hay prioridades y si debemos gastar más en seguridad ni modo, habrá que hacerlo. Visto en lo micro se parece a lo que sucede en nuestras casas, probablemente quisieras gastar en un viaje, en renovar el modelo del auto, en algún mueble nuevo, pero si sabes que el cancel de la entrada es endeble tal vez decidas “invertir” en reforzarlo o en contratar un sistema de vigilancia, pero ¿es eso suficiente? o ¿cuánto y hasta dónde es eficiente?
Si pudiéramos tener la certeza de que las casas que tienen cancel, alarma y doble chapa de seguridad no van a ser asaltadas, que los automóviles que tienen llave inteligente no pudieran ser robados, diríamos que valió la pena, aunque debemos aceptar un punto: ciertamente para los ladrones suele significar un factor que signifique poner esa propiedad en segundo lugar de la lista para robar, sin embargo, sigue estando en la lista… o tal vez, todo sea una cuestión al azar, quizá sea más bien el hecho de la cerrazón que producen las drogas y/o la desesperación al que ciertos grupos de la sociedad están llegando. Entender el mundo complejo al que nos enfrentamos implica dos cosas: asumir la realidad desde una perspectiva global y proponer soluciones mucho más innovadoras y creativas.
El crimen organizado que abarca desde el huachicol hasta el secuestro, la extorsión, y la droga, implica de la misma forma todos los ámbitos de gobierno, la vida cotidiana, el sector empresarial, etc. es un tumor que compromete a los órganos vitales de nuestro sistema social, replegando a la sociedad a un encarcelamiento general. Hoy vivir libre es un acto de rebeldía, es un hecho de valentía que desafía a la calle, y cuando se cansa de retar termina por hacer una cárcel para cada quien.
Canadá es el ejemplo de una posición diametralmente opuesta, un país en el que el consumo de la marihuana es legal y las tiendas que tienen licencia para distribuir productos a base de cannabis están situadas en la partes centrales de las grandes ciudades, al mismo tiempo que los niveles de delincuencia son casi nulos. Es un paraíso que atrae a muchos turistas, quienes en un gran porcentaje van apostando por asentarse y de a poco van transformando el entorno.
Grandes comunidades de extranjeros, mayoritariamente latinos y asiáticos comienzan a apoderarse del paisaje y con ello desencajan las dinámicas que para los residentes comienzan a generar interrogantes de cómo reaccionar, sin embargo las estadísticas siguen mostrando una alta aprobación del pueblo canadiense ante las propuestas del gobierno que planea recibir, según lo pronunciado por su ministro de inmigración Ahmed Hussen, a más de un millón de migrantes entre el 2019 y el 2021 con la intención de impulsar la economía.
«Gracias en gran parte a los recién llegados que hemos acogido a lo largo de nuestra historia, Canadá se ha convertido en el país fuerte y vibrante que todos disfrutamos», dijo Ahmed Hussen.
En México el fenómeno migratorio tenía un posicionamiento claramente mayoritario: la sociedad reclamaba un trato digno para los ciudadanos que salían de nuestro país en busca de mejores oportunidades; tan solo en los primeros tres meses del 2019 las remesas que se reportaron sumaban 7,699 millones de dólares, cifra que representaba un incremento del 7.1% a los 7,187 millones de dólares que se sumaron en el mismo periodo del año anterior y para el 2020 se espera batir todos los récords con la suma de unos 37,200 mdd. Comunidades enteras dependen de estos ingresos, la economía del país se ve fuertemente beneficiada de una generación de recursos que viaja principalmente por transferencias bancarias.
El impacto del ingreso que significan esas partidas obliga a pensar en el fenómeno que viven los compatriotas de los cuales aproximadamente el 48% son indocumentados, pero el 52% restante no deja de ser un argumento que fácilmente utiliza el Presidente Trump para generar niveles de popularidad que ya casi le aseguran la reelección con promesas de seguir obligando a México a controlar el flujo migratorio, a incrementar las deportaciones y a permitir políticas de control mucho más crueles e incluso, inhumanas. Mientras tanto en nuestra nación el conflicto de las caravanas migratorias tocó sus puntos más álgidos en ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez; de a poco va convirtiendo a comunidades que eran solidarias y fraternas con los que sabían en situación vulnerable, en grupos que ya no comparten la necesidad de tránsito, y van tomando forma de grupos hostiles y renuentes a apoyar. Hoy por hoy el debate en nuestro país raya en la intolerancia, en la falta de misericordia y va de los discursos que consideran a los migrantes como aquellos –que vienen huyendo de países con mayor crisis- a los que piensan –que son parte de maniqueos políticos, patrocinados para dañar o potenciar las campañas políticas de alguien, alguien que quiere manipular la agenda y capitalizar la tragedia-.
La guardia nacional ahora se ha apostado en la frontera sur justificando su operación (muchas veces demasiado cruel) por el gobierno federal desde la lógica: vale más que gastemos nuestros recursos en cuidar la entrada, haciendo más el juego a los compromisos adquiridos con el gobierno de EEUU que proponiendo estrategias que atiendan tanto a la población local como a la que solicita ayuda. Tal vez en un futuro no muy lejano estemos hablando de poner un “cancel” en esa parte del país: otro muro. Con sorpresa vemos cómo países enteros que ya habían probado las mieles de la globalización, de la pérdida de fronteras y de la unidad, terminaron por salirse de esos acuerdos y volvieron al punto de la trinchera de cada espacio, preservando sus ideologías, defendiendo sus banderas y en algunos casos incluso han vuelto a prohibir que se hable otro idioma que no sea el propio de la localidad.
Si vemos un patrón repetirse a lo largo y ancho del mundo, que también tiene proyecciones en el tiempo para atrás y hacia adelante, podemos hacer una predicción más-menos catastrófica para nuestro país por dos escenarios: abrir nuestras puertas al mundo nos rebasa y nos asusta, pero quedarnos encerrados con nuestro estado actual, parece todavía peor porque no solo son relaciones comerciales, sino vinculaciones académicas, familiares, artísticas e incluso gastronómicas; es el compendio de culturas que se encuentran en el nuevo mundo de la globalización – nacionalista, un mundo que mira hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, mientras debe estar inventando herramientas para ver al otro como hermano y no como rival.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
-Opinión, Por Miguel Anaya
En política, nada se improvisa. Lo que parece una casualidad o un hecho totalmente fortuito, en la mayoría de las ocasiones tiene un trasfondo que deja un mensaje para aquellos que saben descifrarlo.
La política mexicana recicla sus figuras, usándolas para comparaciones y discursos, no para gobernar. Aquí, la popularidad supera al liderazgo y la acción
La célebre frase “el rey ha muerto, viva el rey” no solo representaba la transición inmediata de poder en la Francia medieval, sino también el principio de continuidad en el ejercicio del mando, incluso si el anterior había fracasado estrepitosamente. Y en México, aunque ya no hay tronos ni coronas (pero sí hay palacios), la lógica persiste: los viejos soberanos nunca desaparecen del todo, porque en tiempos de crisis política, incluso los caídos se vuelven útiles.
El caso reciente de Enrique Peña Nieto lo ilustra bien. Tras años de silencio, exilio dorado y memes de alto voltaje, el expresidente volvió a la conversación pública con declaraciones que fueron tomadas por muchos como un gesto de «normalidad». Lo que antes era escándalo hoy es nostalgia. Aquella Casa Blanca que provocó marchas y editoriales indignados hoy apenas ocupa un párrafo en la memoria colectiva. Aquellos muertos, los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, los miles que desaparecieron bajo su sexenio, parecen haber sido arrastrados por el alud de nuevas tragedias más recientes, más frescas, más urgentes.
¿Peña regresó por nostalgia? ¿Por necesidad? ¿Por encargo? No lo sabemos. Lo que sí es claro es que su reaparición no es casual. Como dicta esa frase que se le atribuye a Félix Flores: “La política no es para el que le gusta, es para el que le entiende”. Y quien entiende la política sabe que cada palabra, cada aparición, cada silencio tiene una razón de ser. La política es un ajedrez, no un juego de dados.
En un escenario donde la clase política actual se ha desgastado tan rápidamente —por excesos, por improvisación o por arrogancia—, el terreno se vuelve fértil para que las figuras del pasado, incluso aquellas que parecían sepultadas por la historia, regresen al tablero. No porque hayan sido redimidas, sino porque no hay muchas más opciones con quién llenar el vacío. La orfandad de liderazgos reales, de estadistas con visión, obliga a echar mano de quien haya tenido al menos una figura reconocible. Aunque sea para recordar lo que no se debe hacer… o para sugerir que, después de todo, pudo haber sido peor.
La fragilidad de la memoria pública también juega su papel. El golpeteo mediático constante, la saturación informativa, la polarización política y el vértigo cotidiano que produce el México moderno han logrado que incluso las grandes tragedias se desvanezcan con rapidez. Lo que en otro país hubiera significado la cancelación vitalicia de una carrera política, aquí se transforma con el tiempo en una anécdota o un video en TikTok.
Y así, en plena era de la desmemoria funcional, un Peña Nieto puede volver al escenario, no como aspirante, sino como referente. Lo mismo puede pasar con otros nombres que hoy parecen impresentables, pero que mañana, si el desgaste lo permite, podrían ser reactivados para construir algún nuevo mito, servir de contrapeso o simplemente dar la cara cuando nadie más quiera hacerlo.
Porque, al final, la política mexicana no entierra del todo a sus muertos; los guarda, los recicla y los acomoda en la estantería de los recursos disponibles. Tal vez no para gobernar, pero sí para ser comparados, rehabilitados, usados. Porque en este país, donde a menudo se confunde popularidad con liderazgo y discurso con acción, lo importante no es lo que hiciste, sino con quién te comparan.
Y si el presente se descompone lo suficiente, incluso un pasado fallido puede parecer aceptable. El rey ha muerto. Viva el rey, aunque sea el mismo…
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