OPINIÓN
El presupuesto del INE: La burocracia dorada, entre el deber y el dinero
Opinión por Pedro Vargas Ávalos //
El Instituto Nacional Electoral (INE) es una organización sumamente importante, lo cual nadie pone en tela de duda. Pero sus integrantes no suelen estar a la altura de miras de la institución, y por ello generan constantes discusiones.
El origen de esos problemas, los encontramos en el procedimiento de nombramiento de los consejeros de esa entidad: el sistema de cuotas coronado por el de agandalle, hizo trizas la imparcialidad que debe imperar en toda actuación del órgano plebiscitario.
Cuando se nombró a la mayoría de los altos funcionarios del INE, los partidos políticos que controlaban el Congreso federal, se despacharon con la cuchara grande y designaron como consejeros a quien se les antojó, repartiéndose alegremente las plazas (PRI, PAN y PRD) menospreciando a las demás formaciones partidistas.
Acostumbradas las entonces dominantes cúpulas políticas, como estaban de arreglar todo “en lo oscurito”, nunca se imaginaron que la ciudadanía iría a imponer su voluntad y a base de sufragios, escoger una vía distinta -a la que ellas significaban- para la nación. Esta senda, fue la que abandera Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), apoyado por varios partidos de menores dimensiones. En los comicios de 2018, los mexicanos despertaron y dieron un golpe de autoridad, de tal magnitud, que imposibilitó se pudiese alterar su resultado. Sin embargo, los encargados de regular la contienda comicial, continuaron en sus funciones, presumiendo que gracias a ellos fue la jornada histórica de julio de aquel recordado año.
Ya en ejercicio el nuevo gobierno, instauró un sistema de rígida austeridad y de combate sin cuartel a la corrupción. Esto implicó profundos cambios en la conducta de los servidores públicos, especialmente los de más elevado rango, quienes, dependientes del gobierno general se ajustaron a ese lineamiento sobrio; en cambio, los directivos de varios organismos autónomos se inconformaron: vivir en la justa medianía, como recomendaba Juárez a sus colaboradores, no era aceptable para la cúpula dorada de la burocracia enquistada en esas unidades independientes. Por ello recurrieron al amparo, a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las normas legales que incomodan a los amparistas son esencialmente el artículo 127 constitucional reformado (que ordena ningún servidor público gane más que el primer mandatario) y la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP); empero tampoco les gusta el ordenamiento de Austeridad Republicana (LFAR) en vigor desde noviembre 20 de 2019, aniversario de la Revolución maderista de 1910.
Aperturados los procedimientos solicitados por los burócratas contrariados, el máximo tribunal mexicano les otorgó una suspensión provisional, para que los funcionarios de esos organismos (INE, CNDH, INAI, CREE, COFECE, IFT, etc.) siguieran cobrando más que el presidente, AMLO, quien había puesto el ejemplo desde el arranque de su período, disminuyéndose su sueldo. La resolución final está pendiente y se espera con ansiedad.
Cada uno de esos organismos disconformes, se puede decir que son millonarios, a contrapelo de la inmensa mayoría de ciudadanos, cuyos ingresos son parcos o a lo sumo intermedios. De allí la frase recurrente de “INE rico, pueblo pobre”, tomando como símbolo de los institutos autónomos al electoral.
Así las cosas, esta institución tan contestataria de la Cuatro T, solicitó a la Cámara de diputados federal, además de su planilla de egresos que dijo era de 13,084.17 millones de pesos, un presupuesto precautorio de 5,743.57 millones, para cubrir un proceso de revocación de mandato (ya aprobado por el Congreso) y una posible consulta popular. A esa enorme cifra se le debe agregar lo que se otorga a los partidos políticos, arrojando un gran total de 24, 649 millones de pesos. Esto prueba que la democracia mexicana es la más cara del mundo.
Deliberado ese proyecto en la Cámara baja, que tiene como facultad constitucional exclusiva, aprobar el presupuesto de egresos de la federación (PEF), se consideró excesivo y se rebajaron del gran total propuesto por el INE, una suma mayor a los 4,900 millones, aprobándose la gran cantidad de 19,736 millones 593 mil 972 pesos, es decir, un monto mayor al ejercido en este año 2021 (19,593 millones), cuando hubo la elección más grande de nuestra historia, además de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
A pesar de lo antedicho, las oposiciones al régimen se pusieron furiosas por el recorte, (y otros reveses presupuestarios) llegando los panistas -que son los más furibundos- a emitir la sentencia revanchista de que por ello la reforma eléctrica actualmente en proceso, ya estaba muerta.
La avalancha de críticas por esa rebaja al INE, las encabezan comentócratas exorgánicos, consejeros electorales (como Jaime Rivera y desde luego, el inefable Ciro Murayama, junto a su centavero caudillo Lorenzo Córdova ) y los ya clásicos impugnadores del lopezobradorismo, encabezados por el fatídico Claudio X. González, el empresario que asegura no serlo, pero que recibió jugosisimos ingresos de las archimillonarias donaciones que los macroempresarios le otorgan (claro, todas deducibles de impuestos…¡faltaba más!).
Para el auto nombrado “izquierdista” Lencho Córdova, presidente del INE, su corporación se defenderá jurídicamente, porque el mentado recorte pone en entredicho no solo la revocación de mandato, sino que hace imposible “seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos”.(El Financiero, 14-nov.2021).
El deber y el dinero deberían corresponderse proporcionalmente, y los servidores públicos tienen la obligación de poner el ejemplo, desempeñando sus cargos con honradez, sobriedad y espíritu republicano. La frase de que “no debe haber gobierno opulento en un pueblo pobre”, es muy cierta, así como que los funcionarios deben cumplir sus compromisos sin estar sujetos a recibir enormes emolumentos. Y mucho menos si la ley suprema de la nación lo prohíbe.
En un reciente evento al que asistió el Lic. Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, afirmó que la Corte ha trabajado y logrado notables avances en su programa de mejorar la impartición de la justicia, modernizar al poder judicial de la federación y abatir la corrupción, remarcando que, eso se ha logrado no obstante que han recibido anualmente menos de seis mil millones de pesos, en relación a su antecesor.
Esa información es aleccionadora para la administración pública, y en cuanto a los responsables de ella, les dijo el ministro Zaldívar: “la falta de presupuesto, no puede ser excusa para no cumplir con sus obligaciones” (Animal Político. Com, 17-nov.021).
Y como se expresó el jefe del gobierno federal, hablando de los directivos del INE, que vale para los demás organismos autónomos: “Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos (los dirigentes ganan el doble de lo que recibe el presidente)…que le bajen a los viáticos, a las comidas” (del erario cada Consejero -excepto tres- gasta anualmente alrededor de 135 mil pesos) y remata el primer mandatario: “el presupuesto, de 19 mil millones, ¿Cómo no les va a alcanzar?”.
Y eso mismo dicen cuando menos, el 70% de los mexicanos, de los que a diario trabajan duro para sustentar a sus familias, y, aunque no lo aprueben, para mantener la burocracia dorada que amenaza no cumplir con su deber, si no se le da el dinero que exige. Son como decía el célebre Voltaire: Los que creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
Entregan la presea “La Paz hecha a mano”
Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay y vuela rumbo a México
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
