OPINIÓN
El presupuesto del INE: La burocracia dorada, entre el deber y el dinero
Opinión por Pedro Vargas Ávalos //
El Instituto Nacional Electoral (INE) es una organización sumamente importante, lo cual nadie pone en tela de duda. Pero sus integrantes no suelen estar a la altura de miras de la institución, y por ello generan constantes discusiones.
El origen de esos problemas, los encontramos en el procedimiento de nombramiento de los consejeros de esa entidad: el sistema de cuotas coronado por el de agandalle, hizo trizas la imparcialidad que debe imperar en toda actuación del órgano plebiscitario.
Cuando se nombró a la mayoría de los altos funcionarios del INE, los partidos políticos que controlaban el Congreso federal, se despacharon con la cuchara grande y designaron como consejeros a quien se les antojó, repartiéndose alegremente las plazas (PRI, PAN y PRD) menospreciando a las demás formaciones partidistas.
Acostumbradas las entonces dominantes cúpulas políticas, como estaban de arreglar todo “en lo oscurito”, nunca se imaginaron que la ciudadanía iría a imponer su voluntad y a base de sufragios, escoger una vía distinta -a la que ellas significaban- para la nación. Esta senda, fue la que abandera Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), apoyado por varios partidos de menores dimensiones. En los comicios de 2018, los mexicanos despertaron y dieron un golpe de autoridad, de tal magnitud, que imposibilitó se pudiese alterar su resultado. Sin embargo, los encargados de regular la contienda comicial, continuaron en sus funciones, presumiendo que gracias a ellos fue la jornada histórica de julio de aquel recordado año.
Ya en ejercicio el nuevo gobierno, instauró un sistema de rígida austeridad y de combate sin cuartel a la corrupción. Esto implicó profundos cambios en la conducta de los servidores públicos, especialmente los de más elevado rango, quienes, dependientes del gobierno general se ajustaron a ese lineamiento sobrio; en cambio, los directivos de varios organismos autónomos se inconformaron: vivir en la justa medianía, como recomendaba Juárez a sus colaboradores, no era aceptable para la cúpula dorada de la burocracia enquistada en esas unidades independientes. Por ello recurrieron al amparo, a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las normas legales que incomodan a los amparistas son esencialmente el artículo 127 constitucional reformado (que ordena ningún servidor público gane más que el primer mandatario) y la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP); empero tampoco les gusta el ordenamiento de Austeridad Republicana (LFAR) en vigor desde noviembre 20 de 2019, aniversario de la Revolución maderista de 1910.
Aperturados los procedimientos solicitados por los burócratas contrariados, el máximo tribunal mexicano les otorgó una suspensión provisional, para que los funcionarios de esos organismos (INE, CNDH, INAI, CREE, COFECE, IFT, etc.) siguieran cobrando más que el presidente, AMLO, quien había puesto el ejemplo desde el arranque de su período, disminuyéndose su sueldo. La resolución final está pendiente y se espera con ansiedad.
Cada uno de esos organismos disconformes, se puede decir que son millonarios, a contrapelo de la inmensa mayoría de ciudadanos, cuyos ingresos son parcos o a lo sumo intermedios. De allí la frase recurrente de “INE rico, pueblo pobre”, tomando como símbolo de los institutos autónomos al electoral.
Así las cosas, esta institución tan contestataria de la Cuatro T, solicitó a la Cámara de diputados federal, además de su planilla de egresos que dijo era de 13,084.17 millones de pesos, un presupuesto precautorio de 5,743.57 millones, para cubrir un proceso de revocación de mandato (ya aprobado por el Congreso) y una posible consulta popular. A esa enorme cifra se le debe agregar lo que se otorga a los partidos políticos, arrojando un gran total de 24, 649 millones de pesos. Esto prueba que la democracia mexicana es la más cara del mundo.
Deliberado ese proyecto en la Cámara baja, que tiene como facultad constitucional exclusiva, aprobar el presupuesto de egresos de la federación (PEF), se consideró excesivo y se rebajaron del gran total propuesto por el INE, una suma mayor a los 4,900 millones, aprobándose la gran cantidad de 19,736 millones 593 mil 972 pesos, es decir, un monto mayor al ejercido en este año 2021 (19,593 millones), cuando hubo la elección más grande de nuestra historia, además de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
A pesar de lo antedicho, las oposiciones al régimen se pusieron furiosas por el recorte, (y otros reveses presupuestarios) llegando los panistas -que son los más furibundos- a emitir la sentencia revanchista de que por ello la reforma eléctrica actualmente en proceso, ya estaba muerta.
La avalancha de críticas por esa rebaja al INE, las encabezan comentócratas exorgánicos, consejeros electorales (como Jaime Rivera y desde luego, el inefable Ciro Murayama, junto a su centavero caudillo Lorenzo Córdova ) y los ya clásicos impugnadores del lopezobradorismo, encabezados por el fatídico Claudio X. González, el empresario que asegura no serlo, pero que recibió jugosisimos ingresos de las archimillonarias donaciones que los macroempresarios le otorgan (claro, todas deducibles de impuestos…¡faltaba más!).
Para el auto nombrado “izquierdista” Lencho Córdova, presidente del INE, su corporación se defenderá jurídicamente, porque el mentado recorte pone en entredicho no solo la revocación de mandato, sino que hace imposible “seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos”.(El Financiero, 14-nov.2021).
El deber y el dinero deberían corresponderse proporcionalmente, y los servidores públicos tienen la obligación de poner el ejemplo, desempeñando sus cargos con honradez, sobriedad y espíritu republicano. La frase de que “no debe haber gobierno opulento en un pueblo pobre”, es muy cierta, así como que los funcionarios deben cumplir sus compromisos sin estar sujetos a recibir enormes emolumentos. Y mucho menos si la ley suprema de la nación lo prohíbe.
En un reciente evento al que asistió el Lic. Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, afirmó que la Corte ha trabajado y logrado notables avances en su programa de mejorar la impartición de la justicia, modernizar al poder judicial de la federación y abatir la corrupción, remarcando que, eso se ha logrado no obstante que han recibido anualmente menos de seis mil millones de pesos, en relación a su antecesor.
Esa información es aleccionadora para la administración pública, y en cuanto a los responsables de ella, les dijo el ministro Zaldívar: “la falta de presupuesto, no puede ser excusa para no cumplir con sus obligaciones” (Animal Político. Com, 17-nov.021).
Y como se expresó el jefe del gobierno federal, hablando de los directivos del INE, que vale para los demás organismos autónomos: “Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos (los dirigentes ganan el doble de lo que recibe el presidente)…que le bajen a los viáticos, a las comidas” (del erario cada Consejero -excepto tres- gasta anualmente alrededor de 135 mil pesos) y remata el primer mandatario: “el presupuesto, de 19 mil millones, ¿Cómo no les va a alcanzar?”.
Y eso mismo dicen cuando menos, el 70% de los mexicanos, de los que a diario trabajan duro para sustentar a sus familias, y, aunque no lo aprueben, para mantener la burocracia dorada que amenaza no cumplir con su deber, si no se le da el dinero que exige. Son como decía el célebre Voltaire: Los que creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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