La universidad que Sonora necesita rescatar

Opinión, por Víctor Hugo Celaya

Estudié Economía en la Universidad de Sonora (UNISON) en una época en la que la institución era un espacio vivo de formación, reflexión y compromiso con el futuro del estado. Sin recursos para asistir a universidades de prestigio nacional o internacional, la UNISON me abrió las puertas.

Gracias al apoyo de autoridades universitarias y del gobierno estatal, logramos traer economistas de primer nivel a los programas de verano. Fui consejero técnico de la Escuela de Economía y presidente de AIESEC, experiencias que fortalecieron mi convicción de que la educación es la vía más sólida para transformar realidades.

Terminé la carrera entre los primeros lugares de mi generación y obtuve una beca de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para cursar una maestría en Saint Louis University, en Missouri. Fui el primer egresado de mi generación en realizar estudios de posgrado en el extranjero.

La UNISON representó para mí, y para miles de sonorenses, el principal instrumento de movilidad social. Por eso me preocupa profundamente lo que hoy ocurre en mi alma mater.

Dos huelgas, un mismo problema

El 16 de abril de 2026, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) estalló una huelga que duró 21 días y dejó sin clases a más de 40 mil estudiantes en seis ciudades. Apenas se resolvió ese conflicto, el 15 de mayo el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS) inició otra huelga, aprobada por 1,008 de sus 1,579 integrantes. Al momento de escribir esta columna, los campus continúan cerrados.

El STAUS exige un incremento salarial de 10.8% y un aumento de 5% en prestaciones. La Rectoría ofrece 4% de incremento salarial, 1% adicional para los tabuladores más bajos y 0.96% en prestaciones. El reclamo de los académicos es legítimo: han perdido cerca de 40% de su poder adquisitivo desde 1990. Sin embargo, la autoridad tampoco miente cuando argumenta que sus recursos son limitados. El problema es estructural y va mucho más allá de Sonora.

Un drama nacional

Las universidades públicas estatales del país acumulan, desde 2018, un déficit financiero de 50 mil 400 millones de pesos, de los cuales 42 mil 600 millones corresponden precisamente a estas instituciones. Para 2026, el presupuesto federal contempla apenas un aumento nominal de 1.79% para las universidades estatales, cifra que se convierte en una caída real de 2.1% al considerar la inflación y el deflactor del PIB. Al menos ocho universidades recibieron menos recursos que el año anterior.

México invierte apenas 4,430 dólares anuales por estudiante de educación superior, 70% menos que el promedio de la OCDE, que asciende a 15,102 dólares. El gasto en educación superior acumula una caída real de 40% desde 2015. Además, el presupuesto de 2026 ni siquiera incluye una política salarial clara para las universidades públicas.

Esta situación erosiona la capacidad de formar profesionistas de alto nivel. Durante décadas, las universidades públicas estatales alimentaron con talento a la administración pública, al sector productivo y al desarrollo regional.

Ese pilar se está debilitando justamente cuando México más lo necesita.

Cinco ejes para un nuevo modelo

No podemos seguir financiando las universidades con presupuestos inerciales, insuficientes y sujetos a la negociación política anual. Se requiere un nuevo modelo nacional de financiamiento universitario: transparente, predecible y de largo plazo. Propongo cinco ejes fundamentales:

1. Actualización automática por inflación.
El presupuesto federal y estatal debe ajustarse cada año, como mínimo, conforme al incremento en el costo de la vida.

2. Fondo nacional de fortalecimiento.
Crear un fondo especial, cofinanciado por la Federación y los estados, destinado a recuperar el poder adquisitivo salarial y modernizar la infraestructura académica, tecnológica y científica.

3. Programa multianual de recuperación salarial.
Implementar un plan de cinco a diez años, con metas graduales y recursos etiquetados, que atienda el rezago acumulado durante más de tres décadas.

4. Vinculación a resultados.
El financiamiento debe ligarse a compromisos claros de calidad académica, investigación pertinente, eficiencia administrativa, transparencia y vinculación con las necesidades productivas regionales.

5. Compromiso estatal estratégico.
Los gobiernos estatales deben ver a sus universidades como palancas fundamentales del desarrollo regional. En Sonora, la UNISON debe convertirse en una pieza clave para impulsar la energía solar, el manejo del agua, la agricultura de precisión, la minería responsable, la logística fronteriza y la inteligencia artificial.

La contradicción insostenible

México habla de reindustrialización, nearshoring, transición energética, semiconductores e inteligencia artificial. Recientemente firmó la modernización de su tratado comercial con la Unión Europea.

Sin embargo, mantiene a sus universidades públicas en una asfixia financiera crónica que les impide formar el capital humano que esos proyectos requieren. Los países que lideran la innovación —Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Japón— invierten fuertemente en sus universidades públicas.

Corea del Sur destina 4.8% de su PIB a educación; México apenas 3.19%, su nivel más bajo desde 2018.

Para Sonora, esta urgencia es todavía mayor. Su ubicación fronteriza, su potencial energético, su minería estratégica y su cercanía con Arizona y California representan una oportunidad histórica. Pero sin una universidad fuerte, moderna y bien financiada, será muy difícil capitalizarla.

El verdadero reto no es atraer inversiones. Es construir la capacidad humana, científica y tecnológica para sostenerlas y hacerlas crecer desde México. Ese es el desafío que la Universidad de Sonora —y el país entero— debe asumir con seriedad y urgencia.

Los 40 mil estudiantes sonorenses que hoy permanecen sin clases nos lo exigen.