El agua: La factura de décadas de improvisación

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

La crisis del agua que hoy vive la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene una virtud: terminó por desnudar una realidad que durante años los gobiernos prefirieron ocultar. El problema no apareció de la noche a la mañana, ni es responsabilidad exclusiva de una administración.

Es la consecuencia de décadas de decisiones equivocadas, de inversiones pospuestas, de organismos capturados por intereses políticos y de una visión gubernamental que sistemáticamente privilegió el corto plazo sobre la planeación estratégica.

En entrevista con Conciencia Pública, el periodista Agustín del Castillo, probablemente uno de los mayores conocedores del tema hídrico en Jalisco después de más de tres décadas de investigación, hace una afirmación contundente: «el agua está secuestrada por la política». Difícilmente puede encontrarse una definición más precisa de lo que ha ocurrido.

El agua dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un campo de batalla electoral. Ese es, quizá, el mayor problema.

Mientras unos buscan responsabilizar exclusivamente al gobierno actual y otros pretenden descargar toda la culpa en administraciones anteriores, el ciudadano sigue enfrentando una realidad innegable: abre la llave de su casa y encuentra agua con color, olor o sabor que generan desconfianza.

La política se ha dedicado a repartir culpas. La ciudadanía únicamente quiere soluciones.

Sería profundamente injusto responsabilizar al gobernador Pablo Lemus de una crisis que comenzó a incubarse desde hace muchos años. El propio Agustín del Castillo identifica distintas etapas del deterioro institucional del SIAPA. Habla de gobiernos panistas, priistas y emecistas.

Señala cómo el organismo fue perdiendo capacidad técnica mientras aumentaba el peso de las cuotas políticas, los nombramientos por compromisos partidistas y la falta de mantenimiento de una infraestructura cada vez más envejecida.

Y en efecto, hasta el gobernador Francisco Ramírez Acuña las cosas operaban bien en el Siapa. Su director Antonio Aldrete Flore fue ejemplo de honestidad y de eficiencia. Venía de la iniciativa privada, sin la contaminación de la mala política; fue a servir y no a servirse.

En el gobierno de Emilio González Márquez fue cuando empezó a manejarse con sentido político y se entregó a grupos políticos panistas. Y allí empezó la catástrofe.

Después llegó el gobernador Aristóteles Sandoval y empeoró. Se reformo la ley y se le entregó la potestad de mandar al Ejecutivo y éste a su vez lo repartió en posiciones para los alcaldes metropolitanos.

Con Enrique Alfaro la situación empeoró. El Siapa se le entregó como posición a uno de sus familiares y éste recomendó a un incondicional que terminó de darle el tiro de gracia al organismo, sin que aumentara la tarifa en los últimos años, con una política populista y electorera. Pese a su ineptitud manifiesta, se le aguantó los seis años y ahora vemos el costo político que ello tuvo.

Y a Pablo Lemus le toca revivir a ese cadáver que le entregaron y que es lo que está tratando de realizar. La historia no comenzó ayer y quien gobierna hoy recibe la responsabilidad completa de resolver los problemas heredados.

En ese contexto debe analizarse el plan anunciado por el Gobierno de Jalisco.

A diferencia de otras ocasiones, el diagnóstico parece reconocer la magnitud del problema y plantea obras que diversos especialistas venían reclamando desde hace años: la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara, la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle y diversas inversiones para mejorar la conducción y tratamiento del agua.

Son decisiones técnicamente acertadas.

Pero aquí aparece la segunda advertencia de Agustín del Castillo: no engañar a la ciudadanía. Ninguna de esas obras resolverá la crisis en cuestión de semanas o de algunos meses.

La infraestructura hidráulica no funciona bajo los tiempos de la política electoral. Requiere proyectos ejecutivos, financiamiento, licitaciones, construcción y, posteriormente, operación. Pensar que una crisis construida durante varias décadas desaparecerá antes de las elecciones de 2027 sería alimentar expectativas imposibles de cumplir.

Y ahí radica uno de los mayores riesgos. Cuando la política promete soluciones inmediatas para problemas estructurales, inevitablemente termina generando frustración social.

Existe otro aspecto particularmente delicado. Las autoridades sanitarias recomendaron consumir agua purificada para beber y la recomendación puede ser correcta desde el punto de vista preventivo. Sin embargo, políticamente representa una confesión.

Cuando el Estado pide a la población comprar agua para proteger su salud, implícitamente reconoce que ha dejado de garantizar plenamente uno de los servicios públicos más elementales. Más grave aún.

Millones de familias tendrán que destinar una parte mayor de su ingreso para adquirir agua embotellada o garrafones cuyo precio continúa incrementándose conforme aumenta la demanda.

Agustín del Castillo plantea incluso una posibilidad que merece discutirse seriamente: si esa será la recomendación oficial durante varios meses, el gobierno tendría que explorar mecanismos para subsidiar el acceso al agua purificada entre los sectores más vulnerables.

No sería una solución definitiva, pero sí una medida de justicia social, porque el agua potable no puede convertirse en un privilegio reservado para quienes tienen capacidad económica.

La crisis también obliga a revisar el futuro del SIAPA, ya que desde desde hace años el organismo ha perdido credibilidad y en esta discusión pública hay quienes han lanteado su desaparición.

Sin embargo, desaparecer una institución no resuelve automáticamente los problemas que arrastra. Lo verdaderamente importante es reconstruirla. El SIAPA necesita una profunda reingeniería institucional y debe recuperar autonomía técnica.

Profesionalizar sus cuadros directivos, eliminar definitivamente las cuotas partidistas, transparentar cada peso que recauda y cada peso que invierte.

Abrir completamente su información a la sociedad, combatir las fugas que representan enormes pérdidas de agua, modernizar sus sistemas de medición, mejorar su eficiencia financiera. Y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana.

Nada de eso será posible mientras continúe funcionando bajo criterios predominantemente políticos.

Quizá la frase más importante pronunciada por Agustín del Castillo sea aquella donde advierte que «el interés electoral desplazó a las soluciones técnicas».

No habla únicamente del presente. Describe una cultura política que ha acompañado durante décadas la administración del agua en Jalisco.

Y en efecto, cada gobierno anuncia grandes proyectos. Cada administración inaugura obras. Cada sexenio promete resolver definitivamente el problema. Pero pocos aceptan que las políticas hidráulicas necesitan continuidad durante veinte o treinta años, independientemente del partido que ocupe el poder.

Esa continuidad nunca ha existido. Por eso la factura llegó.

Y le toca al gobernador Pablo Lemus la responsabilidad histórica de revivir a este cadáver, para ello se requiere voluntad, decisión y la inteligencia de rodearse de lo mejor que se tiene en materia técnica que la hay en Jalisco, como es el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) y su presidenta Mirna Avilés.

Hemos señalado que el gobernador Lemus tomó el toro por los cuernos, pues es ahora donde su inteligencia, capacidad y cabeza fría deben expresarse en acciones de gobierno para resolver el problema principal que vive la metrópoli.