¿Quién manda sobre el agua?

Opinión, por Gabriel Torres Espinoza 

La propuesta de José Luis Tostado de analizar la desaparición del SIAPA tiene una virtud evidente. Rompe la comodidad del silencio. Nos obliga a mirar una contradicción administrada durante años con notable conveniencia. El agua es municipal cuando hay que responder por el agua turbia, pero se vuelve del gobierno estatal cuando hay que anunciar obras, deuda, plantas, acueductos y… licitaciones. Esa contradicción es la crisis misma.

El artículo 115 constitucional señala que el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición de aguas residuales son servicios a cargo de los municipios. Pueden coordinarse, asociarse o convenir con el Estado. Pero no pueden desaparecer de la escena como si el SIAPA fuera una criatura ajena. El organismo puede operar las tuberías, pero la obligación de origen tiene rostro municipal.

En ese punto, Tostado acierta. El SIAPA se ha convertido en un cuarto oscuro institucional. Sirve para que todos entren a robar cuando hay presupuesto y para que todos salgan cuando hay responsabilidades. Los alcaldes pueden decir que el problema es del organismo. El gobierno estatal puede decir que el servicio es municipal. Los diputados pueden pedir explicaciones que no llegarán. Y, mientras tanto, la gente abre la llave y recibe la prueba física de la incompetencia pública de todos los gobiernos.

Pero una cosa es abrir correctamente la pregunta y otra muy distinta es tener la respuesta. Desaparecer el SIAPA puede sonar fuerte. La desaparición de un organismo no purifica el agua. Tampoco repara redes, acredita laboratorios, limpia tanques ni identifica contaminantes. Cambiar el nombre del responsable no resuelve la contaminación de fondo.

El riesgo es mayor porque el agua metropolitana no cabe en los límites de un ayuntamiento. Las fuentes, plantas, líneas de conducción, tanques, redes, drenajes y descargas forman un sistema integrado. Si cada municipio intenta hacerse cargo por separado de un problema hidráulicamente común, podríamos pasar de un organismo opaco a varias opacidades pequeñas: tarifas distintas, capacidades desiguales, responsabilidades fragmentadas y, otra vez, un derecho conculcado.

El SIAPA tiene ley, patrimonio, estructura y facultades. Su problema no está en el sustento legal, sino en la operación putrefacta que lo sostiene. Es un organismo estatal que opera una obligación municipal. Ahí nace el problema. El Estado nombra, administra y anuncia, pero los municipios deben responder constitucionalmente. La ciudadanía queda atrapada entre ambos ámbitos de gobierno, sin respuestas.

Justo por eso la propuesta debe tomarse en serio. Para eliminar el SIAPA habría que saber qué se quiere construir en su lugar. Un regreso simple a los municipios sería insuficiente. Un organismo estatal con otro nombre repetiría la misma ambigüedad. Una privatización encubierta bajo el lenguaje de la eficiencia sería todavía más peligrosa.

La discusión no es si el SIAPA vive o muere. La discusión es quién debe mandar sobre el agua, quién la entiende, quién la supervisa y quién responde cuando falla. También debe preguntarse quién decide las obras, con qué estudios y con qué vigilancia del Congreso. En la crisis actual, el problema no es la falta de dinero. Es la ausencia de un diagnóstico público y de una conducción en la que los expertos en agua pesen más que los políticos constructores y los intereses inmobiliarios.

Tostado abre una puerta incómoda, y eso tiene mucho valor ahora. Si desaparecer el SIAPA significa que los municipios asumirán con exactitud su obligación constitucional, que habrá datos públicos, control vecinal, conducción técnica y una nueva arquitectura metropolitana, entonces la propuesta merece discutirse a fondo. Si solo significa repartir culpas, preparar otra deuda o cambiar la fachada del mismo modelo, será un fracaso más.

La gente no necesita saber qué nivel de gobierno reparte mejor las culpas. Demanda agua limpia, información cierta y autoridades que respondan. El SIAPA puede ser reformado, sustituido o desmontado. Pero, antes de desaparecer al organismo, hay que impedir que huya la responsabilidad. De lo contrario, Jalisco solo habrá cambiado el nombre del problema. El agua seguirá turbia y los responsables de ello seguirán enriqueciéndose con un mal servicio.