Cuatro cuestionamientos sobre la crisis del agua

Opinión, por Iván Arrazola

Si analizamos la crisis del agua desde la perspectiva de la toma de decisiones públicas, queda claro que el problema ya rebasó al Gobierno de Jalisco. No estamos únicamente frente a una falla en la infraestructura hidráulica, sino frente a una serie de cuestionamientos que ponen a prueba la capacidad del gobierno para conducir una de las crisis de servicios públicos más importantes de los últimos años.

El primer cuestionamiento recae sobre la capacidad institucional del SIAPA. Desde hace años, el organismo enfrenta críticas por la calidad del servicio, las fugas, la intermitencia en el suministro y los constantes incrementos en las tarifas. Para muchos ciudadanos resulta difícil justificar aumentos en el costo del agua cuando la percepción del servicio continúa deteriorándose.

A ello se suman señalamientos sobre problemas administrativos, como el uso político de la nómina. Sobre esa crisis institucional apareció el problema más grave: el agua contaminada que comenzó a llegar a cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. Ni los cambios en la dirección del SIAPA ni los relevos en la Comisión Estatal del Agua han logrado disminuir la percepción de que el problema sigue sin resolverse.

Tampoco la ampliación de la estructura burocrática parece haber generado los resultados esperados. La creación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, durante la administración de Enrique Alfaro, buscaba fortalecer la coordinación y la conducción de la política hídrica; sin embargo, frente a la magnitud de la crisis, surge un cuestionamiento legítimo sobre la eficacia del diseño institucional. ¿Se requiere una estructura administrativa de estas dimensiones?

El segundo cuestionamiento está dirigido al discurso gubernamental. La Secretaría de Salud sostiene que no existe evidencia de un incremento en enfermedades asociadas al agua; sin embargo, recomienda no utilizar agua de la llave para beber, preparar alimentos o cepillarse los dientes, y optar por agua purificada o de garrafón. Esa recomendación genera una pregunta legítima: si el agua no representa un riesgo sanitario extraordinario, ¿por qué la autoridad recomienda no consumirla? Además, esa decisión traslada el costo inmediato de la crisis a las familias, que deben asumir el gasto de adquirir agua purificada.

El tercer cuestionamiento se concentra en la viabilidad del plan presentado por el Gobierno del Estado. La administración anunció un proyecto superior a los 25 mil millones de pesos para modernizar el sistema hidráulico mediante nuevas plantas potabilizadoras, acueductos, colectores y renovación de redes. Sin embargo, los anuncios no garantizan resultados.

Una parte importante de esos recursos aún depende de procesos presupuestales y financieros que deben ser aprobados por el Congreso e, incluso, requerirán de un endeudamiento por parte del gobierno, mientras especialistas han cuestionado la ausencia de un diagnóstico técnico integral que justifique el orden de las inversiones.

A ello se suma que la oposición en el Congreso ha manifestado que no respaldará el financiamiento si el proyecto no cuenta con una justificación técnica sólida. En consecuencia, además del reto técnico, el gobierno enfrenta un reto político para construir los acuerdos necesarios que permitan materializar la estrategia.

El cuarto cuestionamiento proviene de la ciudadanía y de los especialistas. Las imágenes de personas mostrando botellas con agua negra, amarilla o con sedimentos frente a Casa Jalisco reflejan una profunda pérdida de confianza en las instituciones. Mientras las autoridades sostienen que no existe evidencia suficiente para declarar una emergencia sanitaria, algunos vecinos aseguran haber registrado afectaciones en la salud de sus familias y organizaciones, como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, han solicitado investigaciones más profundas sobre posibles contaminantes y la adopción de medidas de protección sanitaria. Estos testimonios no sustituyen la evidencia científica, pero sí evidencian que existe una brecha importante entre la narrativa oficial y la percepción ciudadana.

A ello se suma otro elemento que no debe minimizarse. Diversos colectivos han advertido que la crisis del agua podría politizarse conforme se acerquen los procesos electorales. La preocupación es que el debate deje de centrarse en la solución del problema para convertirse en un espacio de confrontación política. Esa posibilidad resulta especialmente delicada porque, aunque existe un amplio consenso respecto a la gravedad de la crisis, no ocurre lo mismo con las soluciones. El Gobierno apuesta por un programa de infraestructura; especialistas consideran que primero debió construirse un diagnóstico independiente; organizaciones ambientales plantean atender las fuentes de contaminación y restaurar las cuencas; y la ciudadanía exige respuestas inmediatas.

En ese contexto, el principal desafío del Gobierno de Jalisco no consiste únicamente en resolver un problema técnico, sino en responder a estos cuestionamientos con información, evidencia y resultados.

La discusión ya no debería centrarse solamente en el monto de la inversión anunciada, sino en la capacidad del Estado para recuperar la confianza ciudadana, construir acuerdos políticos y demostrar que las decisiones adoptadas resolverán de manera efectiva uno de los problemas públicos más importantes que enfrenta Jalisco.