Agustín del Castillo: La política secuestra el tema del agua; no hay solución a corto plazo

Por Francisco Junco

La crisis por la calidad del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha dejado de ser únicamente un problema sanitario o de infraestructura para convertirse en un campo de disputa política. Mientras autoridades estatales, diputados, partidos políticos y colectivos intercambian responsabilidades, el periodista y especialista en temas hídricos Agustín del Castillo advierte que el verdadero riesgo es que las decisiones de fondo sigan subordinadas a los intereses electorales.

A su juicio, el agua “está secuestrada por la política”, situación que impide construir soluciones técnicas de largo plazo para uno de los problemas públicos más graves que enfrenta Jalisco.

“El agua está secuestrada por los intereses políticos del partido en el poder y de los partidos de oposición. Ninguno tiene un discurso sostenible desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista del interés público; todos están viendo más bien hacia las elecciones de 2027”, aseguró en entrevista con Conciencia Pública.

Y es que la crisis actual no surgió de manera repentina ni corresponde exclusivamente a la administración encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro. El periodista explicó que el deterioro del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es consecuencia de decisiones acumuladas durante varias administraciones estatales que privilegiaron intereses políticos sobre criterios técnicos, provocando un rezago en infraestructura, mantenimiento, financiamiento y profesionalización del organismo operador.

El investigador señaló que el problema no tiene una solución inmediata debido a que requiere inversiones multimillonarias y proyectos cuya ejecución demandará varios años. Incluso si comienzan las obras anunciadas por el Gobierno del Estado, explicó, los habitantes de la metrópoli continuarán enfrentando durante un tiempo agua con problemas de color y olor, ya que la modernización de las plantas potabilizadoras y la construcción de nueva infraestructura no pueden realizarse en cuestión de semanas.

“Hay varias cosas que sí apuntan a la solución en el plan presentado por el Gobierno del Estado, pero termina siendo insuficiente si no atendemos el tema global de Chapala, particularmente”, apuntó.

No hay soluciones a corto plazo

El periodista Agustín del Castillo aseguró que, aunque el proyecto contempla la segunda línea del acueducto, lo cual es un acierto porque facilitará el proceso de potabilización del agua, insistió en que se debe avanzar hacia una infraestructura “más firme, más sólida, para que el agua mejore y, además, se utilice mejor”.

“Me parece que sí hay puntos que apuntan a la solución, pero simplemente pediría que no engañen a la gente diciéndole que esto va a ser una solución de corto plazo. No va a ser una solución de corto plazo, pero, si se hace todo lo que dice ese plan, sí estaremos solucionando una parte importante de la calidad del agua”, subrayó.

Como parte de su diagnóstico, recordó que una de las principales dificultades proviene del antiguo acueducto que conduce agua desde la zona de Ocotlán hacia Guadalajara, infraestructura construida en la década de 1950 y que actualmente recibe múltiples fuentes de contaminación durante su recorrido. A ello se suma el deterioro de la planta potabilizadora de Miravalle, con más de siete décadas de operación, lo que reduce la capacidad para garantizar agua que cumpla plenamente con las normas oficiales de calidad.

Agustín del Castillo afirmó que el gobierno encabezado por Pablo Lemus heredó un problema cuya magnitud fue construyéndose durante décadas y que hoy estalló de manera visible para la ciudadanía. Por ello, consideró que las críticas dirigidas exclusivamente a la actual administración simplifican una problemática mucho más compleja, aunque también advirtió que el nuevo gobierno deberá asumir plenamente su responsabilidad para impulsar las inversiones necesarias y transparentar cada una de las decisiones relacionadas con el rescate del SIAPA.

Subsidiar agua de garrafón

Respecto a las declaraciones emitidas por el secretario de Salud de Jalisco y otras autoridades sanitarias, quienes recomendaron a la población consumir agua embotellada para beber, el especialista consideró que esa medida sí resuelve un problema de salud pública, pero golpea económicamente a la población.

“Ahora lo que nos están diciendo es que necesitamos agua purificada de garrafón, que además está subiendo de precio. Está encareciéndose porque el mercado se está haciendo más atractivo y, obviamente, la demanda crece y también el precio. Tendrían que empezar por pensar cómo van a regularlo, porque el precio del agua purificada va en aumento”, acotó.

“Tendría que haber, si esta va a ser la apuesta, entonces, que empezar a generar un agua subsidiada, purificada, por parte del gobierno o del SIAPA, por parte de quien sea, para que esto sea viable”.

Agregó que plantear esta “solución” de salud pública significa “confesar el absoluto fracaso de una política pública que tiene décadas y que, en realidad, se vino a derrumbar con esta crisis reciente, pero que fue algo que cultivó pacientemente una clase política irreflexiva e irresponsable que, hasta ahora, está viendo que la gente compre agua purificada. Me parece terrible”.

Explicó que la responsabilidad de resolver el problema estructural de la calidad del agua no corresponde al sector salud, sino al organismo operador y a las instancias encargadas de la infraestructura hidráulica, por lo que descalificarlos por reconocer la situación no contribuye a resolver el problema.

Calificó como preocupante que la alternativa para miles de familias sea adquirir garrafones de agua purificada, lo que representa un gasto adicional para los hogares. Recordó que México ya es uno de los países con mayor consumo de agua embotellada.

Al revisar los antecedentes del deterioro institucional, Agustín del Castillo ubicó uno de los puntos de inflexión durante el gobierno estatal de Emilio González Márquez. Según explicó, fue en ese periodo cuando el SIAPA comenzó a convertirse en un espacio de reparto político de posiciones administrativas, privilegiando cuotas partidistas sobre perfiles especializados. Esa práctica, sostuvo, debilitó la capacidad técnica del organismo y abrió un proceso de deterioro que posteriormente continuó bajo distintas administraciones estatales con diferentes actores políticos.

De acuerdo con el periodista especializado, durante el gobierno de Aristóteles Sandoval el control del SIAPA se concentró aún más en el Gobierno del Estado mediante reformas legales que redujeron la participación efectiva de los municipios metropolitanos. Posteriormente, añadió, durante la administración de Enrique Alfaro persistió la utilización política del organismo, se frenaron los incrementos tarifarios bajo argumentos electorales, se acumuló un rezago financiero y se tomaron decisiones de infraestructura que hoy contribuyen a la crisis de calidad del agua.

Para el especialista, las consecuencias de esas decisiones son las que actualmente enfrenta la administración estatal y, sobre todo, los millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El especialista también cuestionó la decisión de privilegiar el antiguo acueducto proveniente de Ocotlán en lugar de impulsar oportunamente la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara. Explicó que el viejo sistema, al conducir agua a cielo abierto durante buena parte de su trayecto, está expuesto a descargas contaminantes provenientes de zonas agrícolas, urbanas e industriales, lo que incrementa considerablemente la dificultad para potabilizar el líquido antes de distribuirlo a la población. Afirmó que esa decisión terminó agravando un problema que ya existía y elevó los costos técnicos para recuperar la calidad del agua.

Un plan con medidas acertadas

Respecto al plan integral anunciado por el Gobierno de Jalisco para enfrentar la crisis, reconoció que contiene medidas técnicamente correctas, entre ellas la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, la construcción de la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara y diversas obras destinadas a evitar que el agua pase por zonas altamente contaminadas, como Las Pintas.

Uno de los aspectos que más preocupa al periodista especializado es que la discusión pública se encuentre dominada por el intercambio de acusaciones entre fuerzas políticas. Consideró que tanto los partidos en el gobierno como los de oposición han convertido la crisis del agua en un instrumento de confrontación electoral, desplazando el análisis técnico que debería orientar las decisiones públicas. Desde su perspectiva, el debate se ha concentrado en determinar responsables políticos, mientras las soluciones estructurales siguen postergándose.

SIAPA se cierra a la discusión pública

Del Castillo afirmó que el problema se agrava por la falta de apertura institucional para discutir públicamente las alternativas de solución. En ese sentido, criticó la resistencia del SIAPA y de funcionarios estatales para acudir al Congreso de Jalisco a explicar la situación financiera, técnica y operativa del organismo. A su juicio, esa actitud alimenta la desconfianza ciudadana y fortalece la percepción de opacidad en torno a un proyecto que requerirá inversiones por varios miles de millones de pesos.

El especialista sostuvo que la transparencia será un elemento indispensable para recuperar la confianza pública. Consideró que el Gobierno del Estado debe explicar con claridad cómo se generó la crisis, cuál será el destino de los recursos anunciados y cuáles serán los mecanismos de supervisión para garantizar que las inversiones realmente se traduzcan en mejoras para el servicio. De no hacerlo, advirtió, persistirá la sospecha de que las grandes obras hidráulicas pueden convertirse nuevamente en espacios de discrecionalidad y confrontación política.

Profunda reingeniería para reestructurar el SIAPA

Respecto a las declaraciones del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, sobre la posibilidad de replantear el futuro del SIAPA, Del Castillo consideró que el debate no debe centrarse en desaparecer al organismo operador, sino en emprender una profunda reingeniería institucional que fortalezca su capacidad técnica, financiera y administrativa. Señaló que la discusión debe enfocarse en construir un organismo eficiente y transparente, capaz de responder a las necesidades metropolitanas, más que en plantear soluciones que podrían fragmentar aún más la gestión del agua.

La discusión sobre el futuro del SIAPA representa una oportunidad para replantear integralmente el modelo de gestión del agua en la metrópoli. Sin embargo, advirtió que ello solo será posible si las decisiones dejan de responder a cálculos políticos de corto plazo y comienzan a sustentarse en evidencia técnica, planeación de largo alcance y participación ciudadana.

“Necesitamos politizar correctamente el tema, con conocimiento técnico y responsabilidad cívica”, sostuvo, al insistir en que la prioridad debe ser garantizar el interés público y no la rentabilidad electoral de la crisis.

Para Agustín del Castillo, el principal riesgo que enfrenta Guadalajara no es únicamente la persistencia de la mala calidad del agua, sino que la crisis siga utilizándose como una herramienta de confrontación entre partidos políticos. Advirtió que, conforme se acerque el proceso electoral de 2027, aumentará la tentación de utilizar el tema como bandera de campaña, relegando nuevamente las soluciones estructurales que demanda el sistema hidráulico metropolitano.

“El agua va a convertirse en un rehén de la política electoral de corto plazo”, alertó. Desde su perspectiva, tanto quienes hoy gobiernan como quienes buscan convertirse en alternativa han privilegiado el desgaste político de sus adversarios antes que la construcción de acuerdos para rescatar un servicio público esencial.

“Todos están viendo cómo llevan agua a su molino para ver si ganan las elecciones”, afirmó, al considerar que el debate público ha perdido de vista el interés colectivo.

El periodista insistió en que la solución pasa por construir un verdadero proceso democrático donde participen autoridades, especialistas, universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, privilegiando siempre los criterios técnicos sobre los intereses partidistas.

Subrayó que fortalecer al SIAPA representa una mejor alternativa que desmantelarlo. Para ello, dijo, será indispensable profesionalizar nuevamente al organismo, eliminar los nombramientos derivados de compromisos políticos, mejorar la eficiencia en la cobranza, combatir las pérdidas físicas de agua, transparentar el ejercicio de los recursos y crear mecanismos ciudadanos permanentes de vigilancia. Solo bajo esas condiciones, explicó, el organismo podrá recuperar la capacidad financiera necesaria para responder a los desafíos que enfrenta la metrópoli.

La solución integral exige mucho más que nuevas fuentes de abastecimiento. Entre las acciones prioritarias mencionó la modernización de las plantas potabilizadoras, la ampliación de la infraestructura hidráulica, el combate a las fugas en la red, el uso de tecnologías para reutilizar aguas grises, el fortalecimiento de los sistemas de medición y una mejor regulación del consumo industrial y de los pozos particulares. A su juicio, únicamente un enfoque integral permitirá garantizar agua suficiente y de calidad para las próximas décadas.