Egresos superan a los ingresos: Asfixia a Ipejal nómina anual de 15 mmdp para 54 mil pensionados

Por Mario Ávila

Cuando se aprobaron las reformas legales a la Ley del Ipejal, en el año 2009, apenas había una nómina de 8 mil 600 jubilados. De ahí en adelante se han integrado a este segmento 46 mil jubilados más, para hacer un total de 54 mil 600 jubilados hoy en día, a quienes se destina un pago de nómina mensual de mil 100 millones de pesos en el Instituto de Pensiones del Estado.

La edad promedio en la que hoy se llega a la jubilación es de 48 años, por lo que, dada la expectativa de vida, bien podrían recibir ingresos por jubilación durante 30 años, tras haber brindado 30 años de servicio y al menos 20 años de cotización al Ipejal. Así, quienes fueron contratados antes de 2009 reciben el 100 % del sueldo que obtuvieron en su último año de labores.

Sin embargo, el panorama no tiene visos de cambio, dado que cada mes se revisan alrededor de 350 expedientes de solicitud de jubilación, con excepción de octubre, noviembre y diciembre, cuando casi se duplica esa cifra. Con ello, al año se incorporan más de 5 mil nuevos trabajadores a la etapa de la jubilación.

Con ello, las cifras de los derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado se encuentran en una proporción de 2.4 trabajadores en activo por cada jubilado, cuando durante la reforma de la ley, en 2009, la relación era de siete trabajadores en activo por cada jubilado.

Estas cifras, reveladas tanto por los estudios actuariales elaborados por la empresa Valuaciones Actuariales del Norte, S.C., y firmados por el actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal, como por la información obtenida vía Transparencia, dejan ver que la situación más apremiante es garantizar los recursos económicos para cubrir la partida más cuantiosa de los gastos fijos del Ipejal.

Los mismos datos del estudio actuarial y de la página de Transparencia del propio Ipejal indican que el gasto es muy superior a los ingresos y que, mes a mes, no hay manera de evitar estos compromisos. Tampoco ha sido posible, hasta el momento, obtener mayores recursos de los diversos rubros de ingresos: aportaciones de derechohabientes y entidades patronales, intereses por préstamos en sus diferentes modalidades, intereses de inversiones y diferencial cambiario positivo.

Los ingresos superan a los egresos

En concreto, desde el año 2021 los ingresos del Ipejal no han sido suficientes para cubrir el rubro de los egresos y, en la estadística de gastos de 2025, la nómina de pago a los pensionados requirió de 15 mil millones de pesos, lo que ha significado, año tras año, el mayor gasto del Instituto.

Otro dato que resalta es que el promedio de la pensión de los jubilados es de alrededor de 20 mil pesos, lo que representa un gasto mensual de mil 100 millones de pesos que, multiplicados por 13.3 (dado que a los pensionados se les pagan 12 meses y 40 días de aguinaldo), generan una cifra muy cercana a los 15 mil millones de pesos anuales.

En contraste, las aportaciones de los trabajadores en activo y de las entidades patronales, como el Gobierno del Estado, los gobiernos municipales y los organismos públicos descentralizados, corresponden únicamente a 24 pagos quincenales.

Dan pensionados al nuevo director el beneficio de la duda

Fernando Quesada Gómez ha llegado al Ipejal sin cuestionamientos por parte de las organizaciones que agrupan a pensionados y jubilados. Aunque ha pedido algunos días de plazo para asumir sus funciones como director general, ya ha sostenido algunas comunicaciones con líderes de derechohabientes, tanto en activo como jubilados, para transmitirles confianza de que las determinaciones que tomará serán distintas.

Los dirigentes de las organizaciones de jubilados saben que una de las funciones que desempeñó el nuevo director durante su paso por el banco Santander fue en el área de inversiones, por lo que confían en que una de sus principales acciones en el Ipejal será evitar pérdidas en las inversiones, una constante en el Instituto desde el gobierno de Emilio González Márquez a la fecha.

En particular, Quesada Gómez respondió de inmediato a las solicitudes que por escrito le plantearon los integrantes del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal y les agradeció la felicitación por su nombramiento.

Y les garantizó: «Ratificarles que los canales de comunicación entre el Ipejal y el Colectivo Pro Defensa del Ipejal se mantendrán como se han venido desarrollando desde la anterior administración. Asimismo, los avances, planteamientos, propuestas y asuntos discutidos en las mesas de trabajo también seguirán vigentes».

«A cada uno de estos temas —abundó— se les dará seguimiento por cada dirección correspondiente, con especial atención en los asuntos relacionados con la Dirección de Servicios Médicos. Este modelo de trabajo se mantendrá hasta no acordar, en conjunto, nuevas vías para fortalecer la comunicación institucional».

Por su parte, la dirigencia de la agrupación Jubilados Libres A.C., encabezada por la maestra Vicky Alcántar, confía en que con el nuevo director, Fernando Quesada Gómez, y con el apoyo de la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración, «se podrán iniciar las correcciones del desastre que dejó Juan Partida Morales en el Ipejal».

Uno de los agravios que denunciaron los miembros de Jubilados Libres fue el retraso recurrente en los depósitos de las pensiones aplicado durante el año 2025 y recriminaron que en el año en curso esos atrasos dejaron de ser excepcionales para convertirse en el nuevo calendario oficial de pagos.

A decir de la maestra Vicky Alcántar, esos pagos retrasados provocaron que miles de jubilados que tradicionalmente recibían su pensión entre los días 23 y 25 de cada mes ahora la reciban entre los días 28 y 30, «afectando la economía de las familias de los jubilados con la única intención de ganarse alrededor de 6 millones de pesos por los rendimientos que ese dinero les deja durante una semana en el banco, sin que luego se explique el destino de esos recursos».

Por cierto, los agremiados de Jubilados Libres han sostenido reuniones, por separado, con los representantes de la clase trabajadora en el Consejo de Administración del Ipejal, Ilich González Contreras y José Miguel Leonardo Cisneros, a las que también han acudido Argelia Hernández Sandoval, una abogada que no había participado en ninguna agrupación, y Crescencia Gutiérrez Mares, representante de los trabajadores jubilados que pertenecieron al sindicato de burócratas.

En ambas reuniones con los dirigentes sindicales asumieron el compromiso de restablecer el calendario tradicional de pagos, con el propósito de eliminar los retrasos que afectan a miles de jubilados y pensionados.

Los créditos hipotecarios, en su mínima expresión en el Ipejal

Otro compromiso que, en particular, asumió el líder de la Sección 47 del SNTE, Ilich González Contreras, fue derogar el acuerdo del 15 de marzo de 2022, suscrito por su antecesor, Arnoldo Rubio Cárdenas, mediante el cual se despojó a las personas que cumplen 60 años de edad del derecho de acceder a un crédito hipotecario dentro del Ipejal.

Sobre el tema, el representante del magisterio coincidió con la inconformidad de Jubilados Libres respecto a que «resulta absurdo que, mientras la expectativa de vida de la población aumenta, se restrinja el acceso a los créditos para vivienda, precisamente a quienes se encuentran en una etapa de plena experiencia laboral y aún cuentan con capacidad económica para adquirir un patrimonio».

En particular, Vicky Alcántar planteó también la inconformidad por la ineficiencia del Departamento de Vivienda del Ipejal, donde solo se pudieron colocar menos de 200 créditos hipotecarios durante el año 2025, cuando la estructura administrativa cuenta con cerca de 200 trabajadores, lo que para ella es una prueba irrefutable de que esa área del Instituto está sobredimensionada.

Vale la pena recordar que el uso de los créditos hipotecarios se vino abajo desde las polémicas reformas a la Ley del Ipejal de 2009, ya que se estableció que el alcance del crédito sería del 30 % proyectado de la nómina, con un plazo máximo de 15 años.

Esto significa que el interés de los bancos y del Ipejal es prácticamente el mismo y ronda el 11 %. La gran diferencia radica en que un banco presta hasta 1.2 millones de pesos a 25 o 30 años, mientras que en el Instituto de Pensiones del Estado, con un sueldo de 18 mil pesos mensuales, el crédito a 15 años es de apenas 520 mil pesos, cantidad insuficiente para adquirir una vivienda en el mercado inmobiliario.

Aceleran la quiebra la corrupción y el mal manejo de las finanzas

Según el último estudio actuarial, el Ipejal tenía viabilidad hasta el año 2030; sin embargo, se señala que, con las reformas a la ley generadas en la recta final de la administración de Enrique Alfaro, se garantizó una viabilidad financiera hasta el año 2036.

No obstante, el resultado de ese estudio actuarial se basó en cifras de 2022 y 2023 y, contrastado con la realidad, particularmente con la información del portal de Transparencia del propio Ipejal, se observa que justamente desde 2022 se han acelerado las pérdidas anuales entre ingresos y egresos, por lo que se ha tenido que recurrir a la venta de algunas propiedades para cubrir los pagos mensuales.

Como en los últimos estudios actuariales, una de las principales recomendaciones es aumentar las aportaciones del trabajador activo y del empleador del 33 % al 50.31 % de la nómina.

Otra recomendación reiterada es migrar al Ipejal al sistema de cuentas individuales puras, dado que, según el estudio actuarial, «es el único sistema que garantiza viabilidad financiera», aunque advierte que con ello se transfiere el riesgo al trabajador.

Asimismo, se establece a manera de advertencia: «El no tomar medidas correctivas condena a la institución a una descapitalización, pues el monto de los egresos por concepto de pensiones seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en riesgo la seguridad económica de los actuales y futuros pensionados e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones».

Por cierto, el déficit actuarial de la generación actual de trabajadores y pensionados asciende a 301 mil 498 millones de pesos.

Hoy en día, el estado financiero del Ipejal indica que, en un mes de 2026, los ingresos del Instituto ascienden a 973.1 millones de pesos, mientras que los egresos alcanzan mil 335.2 millones de pesos.

Entre los ingresos destacan las aportaciones por 478.2 millones de pesos; intereses de préstamos en todas sus modalidades, 265.8 millones; intereses de inversiones, 193.3 millones, y diferencial cambiario positivo, 35.8 millones.

En los egresos mensuales figuran el pago de la nómina de pensionados, con mil 98.3 millones de pesos; servicios subrogados, 128.2 millones; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, 27.3 millones; pago al IMSS, 23.7 millones, y diferencial cambiario negativo, 57.76 millones de pesos.

Mucho ojo con los “goles” en la asignación de pensiones

Dado que el pago mensual de la nómina de pensiones es el gasto de mayor impacto en las finanzas del Ipejal, los representantes de los trabajadores en activo y jubilados, como Vicky Alcántar y Alfonso Gamiño Ruvalcaba, han pedido con insistencia que se atienda especialmente el tema de las pensiones doradas y de aquellas que, rayando en la ilegalidad, son aprobadas por el Consejo de Administración.

Incluso han señalado desde hace varios años como ejemplo el caso del diputado José María Martínez, quien, según sus cuentas, empezó a trabajar siendo menor de edad y, para cubrir algunos años en los que no tuvo aportaciones, recurrió a documentación elaborada por la Dirección Jurídica de Tonalá, que lo apoyó en el trámite de una pensión que hoy permanece inmóvil, ya que regresó como trabajador activo.

Otro caso más reciente es la pensión que se otorgó en 2021 por más de 100 mil pesos mensuales a Ana Violeta Iglesias Escudero, exmagistrada del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal), quien supuestamente comenzó a laborar desde los 14 años de edad, cuando la ley prohíbe el trabajo para menores de 15 años e incluso establece sanciones de cárcel y multa para quien los contrate.

Ni qué decir de las pensiones que representan el modelo de la ilegalidad, como las de los líderes del magisterio José García Mora y Arnoldo Rubio Contreras, a quienes se les sumaron sueldos de diferentes plazas que supuestamente desempeñaban en escuelas públicas en ambos turnos, al mismo tiempo que ejercían el cargo de secretarios generales del SNTE.

Por cierto, tal como se denunció en las páginas de este mismo medio en la edición de junio de 2019, el exlíder de la Sección 47 del SNTE, Arnoldo Rubio Contreras, recibió su primer cheque de pensión, con fecha del 1 de octubre de 2012, por un monto de 104 mil 505.80 pesos.

Sin embargo, cuando su hijo, Arnoldo Rubio Cárdenas, llegó a la Secretaría General del SNTE y a la representación en el Consejo de Administración del Ipejal, la pensión de su padre se elevó, en octubre de 2018, a 156 mil 451.71 pesos. Ese mismo año, en diciembre, al cobrar su aguinaldo, el cheque que recibió Arnoldo Rubio Contreras fue de 205 mil 857.51 pesos. A partir de enero de 2019, el sindicalista alcanzó una pensión mensual de 158 mil 344.79 pesos.