La propuesta de Lemus frente a la crisis del agua

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

El agua que sale del grifo en decenas de miles de hogares tapatíos no es agua: es un líquido turbio, de tonos amarillos y verdosos que recuerdan el tamarindo podrido, con olor a descomposición y una calidad que los estudios más elementales califican como no apta para el consumo humano, ni para cocinar, ni siquiera para lavar trastes.

Este no es un problema estacional ni un malestar pasajero. Es una crisis profunda que lleva años incubándose y que, en los primeros meses de 2026, ha explotado en el rostro de las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

El tema duele porque toca lo más básico de la dignidad humana: el derecho al agua potable. Mientras la ciudad vive la fiesta del Mundial, miles de ciudadanos abren la llave y reciben una desagradable sorpresa que les recuerda, cada día, el fracaso acumulado de las políticas hídricas.

Las protestas ya están en la calle: manifestantes se han plantado frente a Casa Jalisco, en la Minerva y han anunciado esta semana llevar la protesta frente a Catedral.

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), ha elaborado un pliego petitorio de 17 puntos que van desde que se declare alerta sanitaria en todos los municipios y colonias afectadas, hasta la exigencia de transparencia total sobre los recursos que se destinarán a resolver el problema, proyectos ejecutivos claros y el rechazo absoluto a cualquier intento de privatización del servicio.

Ante esta realidad, el gobernador Pablo Lemus tiene la responsabilidad histórica de encabezar, con determinación y sentido de urgencia, un plan estratégico integral que oriente las políticas públicas hacia la recuperación de un agua de calidad para los jaliscienses.

No se trata solo de apagar incendios. Se requiere sanear las finanzas del organismo operador, revisar su operación, el recurso humano, los procesos administrativos, los aspectos financieros y, por supuesto, la infraestructura hidráulica que hoy se encuentra rebasada.

Es necesario decirlo con claridad: este problema no nació ayer. El gobierno de Pablo Lemus ha heredado una crisis gestada durante casi dos décadas por la inacción y la irresponsabilidad de administraciones anteriores.

LOS QUE PATEARON EL BOTE

Gobiernos que prefirieron patear la pelota hacia adelante en lugar de enfrentar los problemas estructurales. El caso más emblemático es el del exgobernador Enrique Alfaro, quien con su estilo maximalista y grandilocuente llegó a declarar que su administración había resuelto el abastecimiento de agua para los próximos 50 años. Frases grandiosas, inversiones magnificadas y, al final, una realidad muy distinta: una fantasía comunicacional que hoy se desmorona frente a las llaves de los hogares tapatíos.

La crisis actual tiene varias aristas: insuficiencia en el abastecimiento, infraestructura obsoleta, agua de mala calidad que llega contaminada —particularmente a través del canal de la Atequiza— e inundaciones recurrentes en la metrópoli que agravan el panorama.

Actuar con responsabilidad implica enfrentar estas vertientes de manera simultánea. Y en ese sentido, el gobierno estatal ha presentado una propuesta que merece ser analizada con rigor.

Se habla de una inversión total de 25 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones ya están en operación para atender lo más urgente. Entre las obras estratégicas destacan la construcción de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara que vendrá a sustituir al actual, cuya vida útil quedó ya rebasada, su condición actual representa un riesgo real de colapso que dejaría sin agua a la mayor parte de los seis millones de habitantes de la zona metropolitana, conforme han alertado los técnicos.

Igualmente prioritaria, es la renovación casi total de la planta de tratamiento de Miravalle que “trata” más del 50% del agua que llegan a través de las tuberías a las casas de los tapatíos, una instalación obsoleta que ya cumplió con creces su vida útil.

De los 25 mil millones, 20 mil requieren aprobación del Congreso del Estado. Ahí radica uno de los grandes desafíos políticos del momento.

La semana pasada, el director del SIAPA, Ismael Jáuregui, tenía programada una reunión con los diputados para explicar los detalles del plan, pero no acudió. La razón oficial: aún no se había presentado formalmente el proyecto ante el Poder Legislativo. Esta ausencia generó críticas fuertes y abrió un flanco de desconfianza. 

El gobierno de Pablo Lemus no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso. Depende de negociaciones con otras fuerzas políticas, principalmente con Morena, Hagamos y Futuro, en un escenario donde Morena tampoco controla la mayoría. En este contexto, la operación política, la información clara, la sensibilización y la argumentación técnica se vuelven indispensables.

No basta con tener un buen plan sobre el papel; es necesario defenderlo con argumentos, transparencia, rendición de cuentas y comunicación efectiva.

Aquí entran en juego figuras clave: el jefe de gabinete, Alberto Esquer, quien se ha convertido en el brazo operador del gobernador Pablo Lemus; el secretario general de gobierno, Salvador Zamora; los responsables de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Ernesto Maroquínde la Comisión Estatal del Agua —ahora bajo la dirección de Luis Barbosa Niño y el propio director del SIAPA.

El trabajo en equipo, la presencia institucional y la capacidad de diálogo con los legisladores y la sociedad serán determinantes para que los 20 mil millones restantes sean aprobados y se traduzcan en obras reales.

Es positivo que, por fin, exista una propuesta integral y que se destinen recursos significativos. Sin embargo, el plan no puede limitarse a lo urgente. Quedan pendientes temas estructurales de mayor calado como la renovación masiva de tuberías obsoletas cuyas fugas provocan hundimientos constantes, la ampliación de colectores y la posible construcción de un drenaje profundo para enfrentar las inundaciones.

Estos podrían formar parte de una segunda etapa, pero no deben perderse de vista.

CRISIS TÉCNICA Y CRISIS DE CONFIANZA

La crisis del agua en Guadalajara no es solo técnica o financiera; es también una crisis de confianza. Los ciudadanos están hartos de promesas incumplidas y de obras anunciadas con bombo y platillo que después no resuelven el problema de fondo.

Por ello, la transparencia plena sobre el uso de los recursos, la publicación de los proyectos ejecutivos y la garantía de que el servicio no será privatizado son exigencias legítimas que el gobierno debe atender con seriedad.

El gobernador Pablo Lemus tiene la oportunidad de marcar una diferencia sustancial respecto a sus antecesores. Más allá de los reflectores del Mundial y de las agendas políticas nacionales, el problema que más duele a los tapatíos hoy —incluso por encima de otros temas como la inseguridad— es el del agua.

Estar presente, encabezar personalmente las explicaciones cuando sea necesario y empujar el plan con todo el peso de la institución es parte de la responsabilidad que implica gobernar.

Ojalá que en las próximas semanas se concrete la aprobación de los recursos, se aclaren todas las dudas de los diputados y se inicien las obras con la velocidad que la emergencia demanda.

La sociedad jalisciense está dispuesta a apoyar soluciones serias, siempre y cuando haya información veraz, rendición de cuentas y resultados tangibles, porque el agua no es un lujo. Es un derecho.