Agua sucia y cinismo

Luchas sociales

Agua sucia y cinismo

Subrayado

Mientras el Gobierno del Estado minimiza la gravedad de la situación, el SIAPA muestra una total ausencia de responsabilidad, dejándonos a los ciudadanos expuestos a un riesgo para la salud por negligencia oficial.

Por Mónica Ortiz

El agua es un recurso vital para cada uno de los ciudadanos que conformamos el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y todos los municipios de Jalisco. Sin embargo, el escándalo en torno al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha rebasado todo límite aceptable. El organismo atraviesa una crisis profunda, cuyo impacto representa un peligro latente para la salud pública.

Suministrar agua limpia es una obligación de las autoridades locales y un derecho humano inalienable; no obstante, la realidad es innegable: el agua que llega a los hogares está sucia y contaminada. Mientras tanto, las acciones para corregir el rumbo parecen meras tácticas dilatorias, arrastrando al SIAPA y a su entorno de un escándalo a otro.

Desde el punto de vista gubernamental, de poco sirve que se anuncie un Plan Estratégico Integral del Agua con 31 obras y 5 mil millones de pesos, cuando la crisis tiene tantas vertientes sin resolver. Estos planes ya son cuestionados por la oposición y por expertos que aseguran que el problema es mucho más urgente.

Por un lado, el SIAPA carga con una cartera vencida millonaria, donde los mismos gobiernos le deben; por el otro, sus empleados denuncian la falta de personal y de insumos para trabajar. Con los hechos que han trascendido públicamente, queda claro que avanzamos hacia una preocupante crisis sanitaria.

Es sumamente grave que hayamos llegado a este punto: mientras el Gobierno del Estado minimiza la gravedad de la situación, el SIAPA muestra una total ausencia de responsabilidad, dejándonos a los ciudadanos expuestos a un riesgo para la salud por negligencia oficial.

Ante esta grave situación y la evidente ausencia de las autoridades de control en el estado —como la Contraloría y la Auditoría Superior—, las acciones gubernamentales se tornan puramente dilatorias, mientras el SIAPA se limita a presentar auditorías externas para justificar números e informes.

Ante un suceso público tan evidente y con un riesgo sanitario latente para toda la sociedad, cabe preguntarse: ¿dónde están los mecanismos de control gubernamental para intervenir en la crisis del agua?, ¿por qué no se toman acciones inmediatas?

Es urgente que las autoridades diseñadas para equilibrar los brazos del poder y velar por la sociedad intervengan; la Contraloría y los órganos fiscalizadores deben abrir expedientes por responsabilidad administrativa y omisión, dado el impacto directo en la salud pública. ¿Qué más se necesita, más allá de lo que la sociedad, el gobierno local y el Congreso ya sabemos, para actuar frente a la caída del sistema de agua en Jalisco y su preocupante red de problemáticas generalizadas?

Es precisamente en este punto donde la omisión institucional deja de ser un problema administrativo para convertirse en un asunto que exige investigar posibles responsabilidades por actos de corrupción.

Es precisamente en este sentido donde la negligencia institucional exige una investigación seria e independiente para determinar si las omisiones que hoy observamos encubren actos de corrupción o si constituyen responsabilidades administrativas. Este fenómeno, que tanto daña el entorno social, se ve alimentado cuando la postergación de medidas urgentes y la falta de participación de las instituciones encargadas de auditar, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos terminan sellando y avalando la crisis.

Mientras las autoridades sanitarias ya lo anuncian como un problema grave de salud pública, los ciudadanos nos vemos obligados a defendernos mediante amparos masivos, quejas directas y diversas formas de manifestación ante los mil y un problemas que presenta el organismo. Si esto se generó durante años o si es consecuencia directa de actos de corrupción, exigimos que la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción dejen la simulación y demuestren su trabajo, porque hasta ahora parece que, para ellas, no hay nada que ver en el SIAPA.

Cerremos con la cereza del pastel: el caso de Elizabeth Castro sigue impune. Cómo llegó, qué hacía y cómo se mantuvo ahí son preguntas sepultadas por el tiempo; una táctica dilatoria para que la sociedad olvide un escándalo que esconde profundas redes de corrupción política.

Hoy, mientras el SIAPA se cae a pedazos, consumimos agua sucia y pagamos tarifas caras bajo un riesgo sanitario latente, «Lady SIAPA» va por su pensión dorada: ya se documentó su presencia tramitando su retiro en el IPEJAL. Un sutil y doloroso recordatorio de cómo triunfa la corrupción en México. Queda ahora esperar la transparencia del Instituto de Pensiones ante este bochornoso acto de cinismo e impunidad.