OPINIÓN
Las alianzas que funcionan
Educación, por Isabel Venegas //
La semana pasada proponía abordar el análisis de nuestra propia concepción como seres humanos, revisar desde dónde nos concebimos a nosotros mismos para que a partir de ahí podamos actuar en consecuencia de una madurez que asume los costos de cada toma de decisión u omisión. La incongruencia o ambivalencia de cada postura implica que las políticas que le exigimos a la autoridad sean a veces, del mismo nivel de absurdo.
En el terreno individual, cuando una persona se asume como un ser puro, de luz, inmaculado, cuya interacción con los demás o con el entorno es la que lo corrompe, necesita atender a esos factores externos para preservar la bondad. En ese sentido puede ser el pecado de los ancestros, la corrupción de los contemporáneos o las implicaciones de fenómenos que no está en sus manos controlar pero le afectan, le duelen y le transforman.
Por otro lado, concebir al ser humano con una tendencia negativa, significa asumirle como un ser al que hay qué “educar” para que “reflexione” y entienda lo que implica vivir en comunidad, lo que sus acciones (con inclinaciones de carne) le pueden representar a los demás y las consecuencias en un grupo social que convive por la necesidad de ayudarse, soportando del otro cada uno de los fallos que puede entender desde su lugar en ese espacio.
Claro está que en el terreno social la cosa no es determinante, ni absoluta. No somos enteramente blancos o negros, buenos o malos, y solemos viajar entre una postura y otra, cambiando a voluntad dependiendo de lo que se quiere justificar. Si alguien no puede dejar de tomar alcohol, suele pensar que es porque un trauma del pasado lo marcó y por el hecho ajeno a él, se ve imposibilitado para poner un alto a algo de lo que es plenamente consciente y que observa cuánto daño le provoca; si esa misma persona asiste a una terapia de hipnosis en la que “le curan” esa falla en su sistema de toma de decisiones, estará confirmando que a través de entes ajenos es que puede salir adelante. Seguramente una mañana querrá decir: ¡Qué libre soy para hacer con mi vida lo que quiero! ¡Porque soy absoluto dueño de mis acciones y decisiones! El empoderamiento de sí mismo que no termina por definir. Así viajamos en el juicio y la disculpa a nosotros mismos.
La pregunta entonces ya no en lo macro, ni en lo micro, sino en lo meso, en el nivel intermedio que se sitúa a nuestro lado, en la medianía de la cotidianidad ¿Cómo atendemos a los que están en circunstancias adversas? Por ejemplo, una situación que se ha visto agravada en los últimos años es el incremento en el consumo de drogas por las mujeres en situación de crisis, y se complica porque de ella se desprenden otros factores igualmente delicados, como la cantidad de embarazos adolescentes cuyos bebés son niños que nacerán con el consumo prematuro de las drogas, causando el síndrome de abstinencia desde sus primeros días de vida.
Creo que es una de las injusticias más grandes que puede haber dentro de una cadena a la que tal vez no podríamos encontrar la punta: ¿fue una adolescente que vivió dentro de un ambiente de violencia? ¿Su embarazo fue producto de una violación? ¿Simplemente quiso probar y de pronto se encontró ante la adicción? Y es que es muy fácil juzgar pensando en que pudiera resultar fácil para ella tomar la decisión y el control de su vida teniendo el mínimo deseo de estar bien con sus hijos, su entorno y consigo mismas.
El pasado jueves asistí como parte del Colectivo 50 + 1, a la firma de la alianza entre Gobierno y sociedad civil, para luchar en contra de la violencia y las adicciones, considerando un apoyo particular a la mujer, cuya desprotección la pone en un piso desigual provocando una vulneración a su persona con un riesgo particular a su capacidad de estabilidad cuando una circunstancia especial la hace quedar más frágil ante la propensión al uso de las drogas.
Según las cifras registradas por los propios centros de rehabilitación en Jalisco, el consumo de la marihuana ha tenido un incremento por encima de los 12 puntos porcentuales, registrados entre el 2004 a la fecha, con lo cual, se acerca a los niveles que maneja el alcohol y el tabaco, mientras que drogas como el crack y la cocaína registraron una baja durante el mismo periodo, sin embargo, esas cifras habrá que colocarlas en contraste con el resto del país, situándonos muy por encima del resto de los estados en cuanto a metanfetaminas se refiere, y poniendo esas cifras en perspectiva de género, es el 6.4% el aumento de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat).
Hace muchos años, las investigaciones apuntaban a que la adicción era preponderantemente fisiológica. Que si tú probabas la droga probablemente quedaras anclada a ella más allá de quererlo o no, era tu cuerpo el que generaba una reacción química que era casi imposible de poder controlar; sin embargo había un cabo suelto ¿Cómo es que había quiénes probaban la cocaína, por ejemplo, y lograban no engancharse a ella? ¿Eran personas cuya constitución biológica resultaba diferente? No, no era razón suficiente a pesar de las individualidades.
Los recientes trabajos encontraron un fallo en los planteamientos. En las primeras investigaciones basaban los experimentos en pruebas que mantenían a una rata a la que sometían a la posibilidad de elegir entre un bebedero con agua natural y otro con droga. En las primeras pruebas las ratas descubrían un sabor diferente al del estupefaciente y quedaban ahí, día tras día, dejaban de comer y tarde o temprano, terminaban por morir. Era contundente y aterrador, no había otra salida; pero olvidaban un factor: la variable de elección, así que los investigadores colocaron un centro de diversiones y diseñaron un ambiente “familiar” en el que la convivencia era armónica. Al instalar los dos bebederos con droga, las ratas del condominio de la felicidad, igual probaron de las posibilidades pero ninguna se enganchó. Era la tristeza, el abandono o la soledad la que apunta a que la adicción se vuelva casi obligada, sin la capacidad de evaluar la posibilidad de salir adelante ante circunstancias propias de la vida, cuando asumimos que la tristeza, el abandono, el dolor y la soledad, son parte de la propia alegría de vivir.
Es por eso por lo que me fascina la ciencia en todas sus ramas, no deja de tener sorpresas, no terminamos por encontrar apuntes, orientaciones, en la medida en la que se hacen preguntas siguen apareciendo más respuestas, pero también me encanta la solidaridad, la acción de mujeres en favor de otras que por su condición, por su historia y por sus recursos no han tenido un momento para reflexionar sobre otras formas de vida, otros enfoques y la conciencia de sí mismas.
Las políticas de gobierno funcionan, en la medida en la que la sociedad fortalece sus diálogos, reflexiona sus alcances y posibilidades, pero además asume sus propios retos, dentro de un proceso de empoderamiento real, es decir, asumir cada quien el control de sí mismo, buscando cada día ser mejor y más feliz, al tiempo en que entrelaza ayudas, alianzas, se abraza, se fortalece y multiplica su fuerza. Vamos por una semana en la que cada acción nos acerque a apropiarnos verdaderamente de lo que somos y lo que hacemos, por nosotros y los que nos rodean.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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